Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132553
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.553, "E., I. M. y C., I. N. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 84.942 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Pettigiani , Torres, Kogan .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de mayo de 2018, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a I. M. E. a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fuera acreditada, homicidio criminis causae cometido mediante la utilización de arma de fuego en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego, y homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego, todos en concurso real entre sí (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 44, 41 bis, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 párrafos segundo y tercero, Cód. Penal); y a N. I. C. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil, homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego y homicidio agravado por su conexión con otro delito y por su comisión con armas de fuego en concurso real con robo agravado por cometerse con arma de fuego, en lugar poblado y en banda (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 párrafo segundo, 189 bis inc. 2 párrafo tercero, Cód. Penal; v. fs. 266/312 con relación a fs. 138/147 vta.). Asimismo, había denegado las excarcelaciones de N. I. C. e I. M. E..
Frente a esa decisión, el señor defensor de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 319/335), que fue concedido por el órgano recurrido (v. fs. 336/340).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 345/353 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 355) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Preliminarmente, considero necesario efectuar una breve reseña del derrotero procesal de la presente causa.
I.1. El día 20 de marzo de 2013, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora absolvió a I. M. E. y a N. I. C. por el hecho ocurrido el día 6 de marzo de 2012 y por el cual resultara damnificado Ezequiel Insfran (causa n° 126, hecho IV); también absolvió a N. I. C. por el hecho intimado en causa n° 127, ocurrido el 24 de febrero de 2012 en el que resultara damnificado Norberto Carlos Roldán y por el hecho correspondiente a la causa n° 126 bis ocurrido el 13 de marzo de 2012 en el que resultara víctima Fabricio Leonel Ayala (v. fs. 88 vta. y 89). Asimismo, condenó a I. M. E. a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fuera acreditada en concurso real con homicidio criminis causae cometido mediante la utilización de un arma de fuego, en concurso real con robo calificado por uso de arma de fuego; y a N. I. C. a la pena de tres años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil, del que resultó victima Pablo Andrés Rojas (v. fs. 89 y vta.).
I.2. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, el día 3 de septiembre de 2013, hizo lugar al recurso interpuesto por la fiscalía especializada (al que adhirieron los representantes del particular damnificado Lucas Ayala Rigali, doctores Flavia Verónica del Vigo y Martín Novile) y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento apelado con respecto a N. I. C. y a I. M. E., los condenó con relación al hecho IV teniendo a los nombrados como coautores penalmente responsables del delito de homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego, del que resultara damnificado Ezequiel Insfran. Asimismo, revocó parcialmente el pronunciamiento dictado en la instancia de origen con relación al hecho V respecto de N. I. C. y, por consiguiente, lo tuvo por coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su conexión con otro delito y por su comisión con armas de fuego, en concurso real con robo agravado por cometerse en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, del que resultara víctima Fabricio Alex Leonel Ayala (causa n° 126 bis, hecho V). Finalmente, conforme a lo considerado, remitió a la instancia de origen para la determinación de la pena (v. fs. 91/106).
I.3. Tras esa decisión, las defensas de los imputados interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley que fueron desestimados por esta Suprema Corte (causa P. 121.636, resol. de 26-III-2015), con sustento en que "...en atención a los términos de lo resuelto por la Alzada, para llevar a cabo el escrutinio reclamado es necesario que, previamente, el órgano de mérito dicte la decisión que determine si se encuentran abastecidos los recaudos fijados por el citado art. 4° de la ley 22.278 para la imposición de pena y establezca si, en el caso, corresponde aplicarla" (fs. 107/111).
I.4. Reingresadas las actuaciones, el Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 15 de marzo de 2016, celebró la audiencia respectiva a tenor de lo normado en el art. 4 de la ley 22.278 en las causas n° 126 y acumuladas seguidas a los jóvenes I. M. E. y N. I. C., dando cumplimiento a lo resuelto por esta Corte.
Luego de la excusación de las magistradas integrantes del citado órgano (v. fs. 118/122) y que fuera aceptada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantía departamental (v. fs. 126/127), se procedió a integrar el Tribunal de la especialidad y se realizó una nueva audiencia el 10 de mayo de 2017 a los mismos fines que la antes mencionada (v. fs. 128/137 vta.).
Mediante sentencia del 16 de mayo de 2017 el órgano de la instancia condenó a I. M. E. a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fuera acreditada, homicidio criminis causae cometido mediante la utilización de arma de fuego en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego, y homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego, todos en concurso real entre sí; y a N. I. C. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil, homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego y homicidio agravado por su conexión con otro delito y por su comisión con armas de fuego en concurso real con robo agravado por cometerse con arma de fuego, en lugar poblado y en banda (v. fs. 138/147 vta.). En la misma denegó la excarcelación de N. I. C. y de I. M. E. (art. 169 inc. 11, a contrario sensu , Cód. Penal).
Para así decidir, luego de especificar que ese Tribunal se encontraba compelido a decidir "...dentro del estrecho margen impuesto por la Excma. Cámara Departamental" que remitió los obrados a la instancia de grado para que se impongan los montos de pena correspondientes a los respectivos encartados (v. fs. 140 y 144), indicó que llegaban firmes los atenuantes meritados por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil: la corta edad, que al momento de los hechos tenían los imputados C. y E., la ausencia de precedentes condenatorios de ambos justiciables, la historia vital de I. M. E. y su pedido de disculpas a los familiares de la víctima en el suceso ventilado en la causa n° 126 bis, tanto en ocasión de prestar declaración en la primer jornada del debate, como al momento de expresar sus ideas finales, a los que agregó que en ninguno de los dos hechos, quienes efectuaron los disparos que impactaron en las víctimas fueron N. I. C. ni I. M. E., por lo que estimó que su menor participación "...constituye un claro atenuante a la hora de individualizar las sanciones a imponer" (fs. 142).
En el mismo sentido destacó que llegaban firmes las agravantes de las sanciones a imponer, las que fueron analizadas en la cuestión quinta del veredicto originario, esto es, la "...'nocturnidad para lograr la indefensión' [...] ya que [...] operó como un factor facilitador del acometimiento que colocó a la víctima en un mayor grado de indefensión'", "'La extensión del daño provocado' refiriéndose al suceso que damnificara a Fabricio Alex Leonel Ayala..." y "...el pésimo concepto vecinal de sendos enjuiciados" agregado de oficio por el órgano juzgador (v. fs. 142 vta. y 143).
Así, luego de mencionar los atenuantes y agravantes computados estableció la pena antes referida.
I.5. Contra ello, la defensa oficial del fuero especializado dedujo recurso de casación (v. fs. 151/173 vta.), en el que denunció, en primer lugar, vulneración a la garantía de la especialidad que debe regir en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En otro andarivel se quejó de arbitrariedad en la valoración de la prueba, por entender que no existía ningún indicio acerca de la participación del imputado C. en el hecho V, y para reafirmar esa postura refirió que por ese suceso resultó condenado el coimputado mayor de edad Ayusa, conocido por el apodo "el perro", por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora en causa n° 5729/3. En consecuencia, solicitó la absolución de C. en orden al delito de homicidio criminis causae . Y respecto a E. entendió que en el hecho IV, más allá del reconocimiento positivo en rueda de personas, no habría otros elementos de cargo que lo incriminen. Cuestionó el rechazo de la excarcelación por exceso del plazo razonable. Por último, se agravió de la sanción y el monto de pena impuestos, por haberse procedido con desconocimiento de la normativa de fondo que rige el fuero.
I.6. Obran a fs. 250 y 251 constancias de las audiencias de visu celebradas por el señor Presidente de la Sala II del Tribunal de Casación Penal con cada uno de los imputados.
En esa instancia, el doctor Mario Luis Coriolano presentó escrito el 14 de febrero de 2018, luego de celebradas las mencionadas audiencias de visu , en el que efectuó un planteo de previo y especial pronunciamiento por violación al plazo razonable de duración del proceso; también alegó sobre la falta de revisión de la revocación de la absolución y, en subsidio, se quejó por la pretendida ausencia de fundamentación en la elección de la pena (v. glosado entre las fs. 255 y 256 sin foliar por el Tribunal intermedio).
I.7. Mediante sentencia del 17 de mayo de 2018, la Sala II del órgano casatorio rechazó, con costas, el recurso de casación deducido por la defensa de los imputados I. M. E. y N. I. C. contra la sentencia dictada por el Tribunal Único de Responsabilidad Penal y Juvenil de Lomas de Zamora (v. fs. 266/312).
I.8. Contra esta decisión, la defensa oficial interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio (v. fs. 319/335).
I.8.a. En primer lugar, denunció la violación al principio de culpabilidad respecto del encausado N. I. C. y la aparente revisión del juicio de coautoría en el hecho V (v. fs. 326 vta.).
Aseveró, en línea con lo planteado en el recurso de casación, que el a quo efectuó una revisión aparente de la sentencia de condena, toda vez que C. no disparó contra Fabricio Alex Ayala, ni se pudo demostrar su presencia en el lugar del hecho, lo que resultaría de la declaración del joven E. que lo excluyó de la escena del hecho.
Destacó que el órgano recurrido para descartar la alegación de la defensa hizo punto en la falta de coincidencia en un tramo de la declaración de E. y C., circunstancia que en su parecer sería irrelevante (v. fs. 327).
Luego de transcribir un párrafo del fallo impugnado, resaltó que lo descripto sólo demostraría que C. pertenece al grupo de quienes cometieron el homicidio, pero no que efectivamente hubiera participado en su perpetración (v. fs. cit.).
Indicó que de mantenerse la postura que el nombrado participó en el ilícito se debió justificar cuál fue su aporte, sin el cual el suceso se hubiera frustrado (v. fs. 327 vta.)
Denunció la vulneración del estado de inocencia y del principio de culpabilidad al haberse subsumido el hecho en las previsiones del art. 45 del Código Penal. Sostuvo que no se brindaron los fundamentos para justificar la aplicación al caso de la teoría del dominio funcional para imputarle a C. la muerte de Ayala, y estimó que en autos no concurren los elementos requeridos a ese efecto (v. fs. 327 vta./329), desde que se encuentra probado que la víctima murió por el disparo efectuado por un tercero y que, entonces, "...no puede atribuirse el hecho imputado [...] en calidad de coautor" (fs. 329 cit.).
Concluyó ese tramo reclamando la absolución de C. "...en tanto no se encuentra acreditada siquiera su presencia en la escena del hecho" y "...eventualmente de C. y E. por la falta de fundamentación del aporte indispensable sin el cual el homicidio no se hubiera cometido" (fs. 329 vta.)
I.8.b. En segundo lugar, la defensa denunció la violación del plazo razonable de duración del proceso y de la prisión preventiva, a la luz de los postulados básicos del Fuero Penal Juvenil (v. fs. 329 vta.).
Estimó que en el tratamiento de ese agravio el Tribunal de Casación no respetó un estándar mínimo en la materia, desde que existe "...ausencia de toda referencia a pautas del fuero" (fs. 330).
I.8.c. En tercer orden, denunció que el tribunal revisor no fundamentó la necesidad de imponer pena ni la determinación de su monto, tal como lo exigen las reglas propias del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (v. fs. 330 vta.).
Con invocación de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias, peticionó la descalificación del fallo en crisis como acto jurisdiccional válido (v. fs. 332 vta.).
A ello agregó que en ese pronunciamiento se omitió toda consideración a la audiencia de visu mantenida en la instancia casatoria pues no se efectuó ninguna mención alusiva a la impresión que dejó en los sentenciantes, tampoco a su situación y necesidades actuales (v. fs. 333).
Afirmó que la respuesta dada a los agravios casatorios resultó ser una fundamentación aparente que coloca al pronunciamiento impugnado dentro de la doctrina de las sentencias arbitrarias.
En apoyo de su postura, invocó el precedente "Alvarado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit.).
Concluyó que el fallo cuestionado no abasteció los estándares mínimos de revisión de todo pronunciamiento judicial de condena en los términos de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni los específicos que impone el sistema penal juvenil, lo que habría derivado en el apartamiento de la doctrina del precedente "Maldonado" de la Corte federal (v. fs. 333 vta. y 334).
En suma, denunció la violación del debido proceso y la defensa en juicio, y de lo sostenido por esta Corte en la causa P. 110.354 en materia de revisión de la condena (v. fs. 334 cit.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 345/353 vta.), este recurso no prospera.
III. El tribunal intermedio tuvo por acreditado el denominado hecho IV en estos términos: "...el día 6 de marzo del año 2012, en el horario aproximado de las 20 horas, en ocasión en que Ezequiel Insfran se encontraba a bordo de su motocicleta Yamaha YBR-250 dominio 525 RGI, con Matías Isaac Servín como acompañante, aguardando sobre la calle Mendoza la habilitación para el cruce del semáforo ubicado en la intersección de dicha arteria con 25 de Mayo, de la localidad de Villa Caraza, del Partido de Lanús, fueron interceptados por al menos dos sujetos de sexo masculino a bordo de al menos una motocicleta, y coactuando al efecto, esgrimieron al menos un arma de fuego a fin de intimidar a los primeros mencionados, con el objeto de desapoderarlos del rodado Yamaha ya mencionado, y luego de la resistencia de Insfran, quien aceleró su motocicleta para embestir a sus atacantes, uno de los individuos efectuó un disparo, apoderándose luego ilegítimamente de la motocicleta y huyendo del lugar, en tanto Insfran recibió heridas de carácter grave" (fs. 274 vta. y 275).
En lo atinente al hecho V preliminarmente indicó que la intervención de I. M. E. no fue motivo de agravio al momento de decidir el recurso de apelación contra el fallo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, por lo cual estableció que ese aspecto del decisorio ha adquirido firmeza (v. fs. 276 vta.).
Aseveró que el hecho referido cuya autoría se atribuyó a los imputados C. y E. fue correctamente acreditado, el que así se describió: "...el día 13 de marzo del año 2012, en el horario aproximado de las 22 horas, en ocasión en que Fabricio Alex Ayala, se hallaba en el interior de su rodado marca Peugeot 207 de color blanco, [...] sobre la vereda del estacionamiento sito en Máximo Paz y pasaje Bogotá de la localidad y partido de Lanús, fue interceptado por cuatro sujetos de sexo masculino, quienes actuando en forma conjunta, arribaron al lugar a bordo de dos motocicletas y portando todos ellos cascos. De dichos rodados descendieron los dos que se hallaban ubicados en el lugar de acompañantes, munidos con al menos un arma de fuego, y con la finalidad de apoderarse del vehículo tal como se lo habían propuesto, le efectuaron un disparo que provocó su deceso, desapoderándolo del rodado citado y pertenencias personales, entre ellas su teléfono celular, dándose a la fuga con el botín producto del injusto" (fs. 276 vta. y 277).
En cuanto a la prueba de la intervención de los imputados reseñó las declaraciones brindadas por I. M. E., quien admitió su participación en el hecho, y por N. I. C. que se desvinculó del mismo suceso (v. fs. 277/278 vta.). Resaltó que la admisión de E. sobre su intervención en el ilícito "...debe evaluarse meticulosamente, pues su relato excluye la participación de C., aspecto de sus dichos que no puede corroborarse, pues siquiera encuentra coincidencia con lo que sobre el asunto manifestó el propio C." (fs. 278 vta.).
Descalificó la declaración de C. por inconsistente, ya que refiere haber visto a E. luego de concluido el ilícito, lo que se contrapone con lo afirmado por el propio E. (quien sostuvo que luego del hecho regresó a su hogar y no vio a nadie más) y que, además, se enfrenta con el dato que emerge de los fotogramas que mostrarían a los vehículos involucrados en un horario y lugar que no resulta compatible con lo manifestado por C..
A ello adunó lo declarado por Damián Emanuel Martínez quien relató "...haber vist
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.