Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132554
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.554, "Altuve, Carlos Arturo -fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 84.176 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a B. R., A. y T. S., R." con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el dictado del pronunciamiento del 15 de mayo de 2018, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por el señor defensor particular a favor de R. T. S. y de A. B. R. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata que los había condenado a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores responsables del delito de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía en grado de tentativa. En consecuencia, casó el fallo en cuanto a la significación jurídica del hecho, a la participación criminal del nombrado B. R., y al monto de la pena, estableciendo que R. T. S. queda condenada a la pena de seis años y ocho meses de prisión como autora responsable del delito de lesiones graves, agravadas por el vínculo, según las previsiones del art. 90 en función del 80 inc. 1 del Código Penal, y a A. B. R., a la pena de cinco años de prisión, como partícipe secundario del delito de lesiones graves, agravadas por el vínculo, según las previsiones legales del art. 90 en función del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 77/86 vta.).
Contra esa decisión, el señor fiscal ante el Tribunal casatorio planteó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 91/106 vta.), el que fue concedido por la Sala interviniente (v. fs. 124/127 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 150/158), dictada la providencia de autos (v. fs. 161) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor fiscal denunció la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado por exhibir una fundamentación aparente al descartar la existencia del dolo homicida en el hecho, la errónea aplicación del art. 90 del Código Penal e inobservancia del art. 80 inc. 1 en función del art. 42 del mismo ordenamiento (v. fs. 97 vta. y 98).
Alegó que, en el proceso de subsunción del hecho, los magistrados de la instancia intermedia se apartaron sin dar razón suficiente de los datos objetivables emergentes de la prueba colectada en el proceso, a partir de los cuales los jueces de mérito infirieron el dolo de matar (v. fs. 98 vta.).
Previo a desarrollar los motivos de agravio, efectuó un repaso de la materialidad ilícita y de la prueba rendida en el juicio (v. fs. 98 vta./102), para concluir que "De los elementos que describe el tribunal de instancia se desprende una reiteración en el accionar con la intención de homicidio respecto de la niña, en la que quienes agreden y/o permiten la agresión, son mayores de edad que la tienen a su disposición, o mejor dicho, tienen el deber de cuidado y asistencia por ser sus padres" y que "La víctima se encontraba originariamente en un estado de indefensión dado la edad e imposibilidad de repeler los golpes. Colocada en un estado de vulnerabilidad progresivo, la niña padeció por mucho tiempo este constante acometimiento lesivo" (fs. 102).
Afirmó que "...el dolo en el actuar de los padres estuvo dado en el aspecto cognitivo y volitivo que requiere el conocimiento de la antijuridicidad en el sentido de que la conducta emprendida viola el deber de cuidado necesario que todo padre tiene con sus hijos y la previsibilidad del resultado típico al pegarle sistemáticamente a una niña tan pequeña con palos en la cabeza (en más de 8 oportunidades), lo que implica que aceptaron la conducta típica" (fs. 102 vta.).
Expuso que los dichos de la víctima en Cámara Gesell despejan toda duda acerca de que las conductas de los imputados iban dirigidas a quitarle la vida y, en el mismo sentido, destacó que existieron factores determinantes que revelaron dicha intencionalidad, tales como el arma empleada, la direccionalidad que se le dio, la persistencia en el ataque y el número de heridas (v. fs. 102 vta. y 103).
En particular, reparó en el informe de la médica de policía -incorporado por lectura-, doctora Mónica Pilar Méndez, que da cuenta de las lesiones y heridas que presentaba la niña en distintas partes del cuerpo, acerca de las cuales sostuvo que "...guardan compatibilidad con las circunstancias narradas por la menor G. de que su madre la golpeó con un palo en la cabeza". Es así que reprodujo la parte pertinente del referido dictamen en cuanto había constatado las siguientes lesiones en la víctima: "...herida contuso cortante, con eritema circundante alargada, de 25 mm de largo, de color rojo, con dos áreas de falta superficial de sustancia de 3 mm cada una aproximadamente, en región frontal izquierda [...], que puede haber sido causada por el choque de elemento duro y alargado sobre la superficie corporal, de una evolución aproximada de entre 1 y 3 días; [...] lesión contuso cortante alargada, de 2 cm, en región occipital alta, en vías de cicatrización compatible con lesión provocada por el choque de elemento duro y alargado sobre la superficie corporal, de una evolución aproximada de entre 3 y 7 días. [...] [H]acia la izquierda de la lesión anterior se observan dos lesiones cicatrizadas, alargadas, de larga data. [...] [D]os heridas contuso cortantes, en región occipital izquierda, alta, con costra hemática, de posible mismo mecanismo de producción que las lesiones anteriores, de una evolución aproximada de 1 a 3 días; [...] herida contuso cortante de 30 mm de largo, con restos hemáticos secos, compatible con lesión producida por elemento duro, alargado, aplicada con violencia contra la superficie corporal; [...] por fuera de la lesión anterior se observa lesión cicatrizada, alargada, de larga data; [...] en región parieto temporal izquierda se observan zonas de alopecia más marcadas que en el resto del cuero cabelludo; [...] varias lesiones cicatrizadas en cuero cabelludo, por encima de pabellón auricular izquierdo; [...] se observa edema inflamatoria de pabellón auricular izquierdo, que puede haber sido causada por tironeamiento y presión ejercida sobre el mismo, de reciente data" (fs. 103 y vta.).
Adujo que "...los medios utilizados (palos, plancha), el modo en que fueran empleados y la zona corporal de la víctima hacia donde se aplicar[o]n –cabeza- constituyen extremos cabalmente demostrativos del verdadero designio homicida de los acusados, lo que convierten al decisorio atacado en arbitrario por apartamiento de las constancias de la causa" (fs. 104).
Adunó a ello, que el tribunal intermedio se desentendió por completo de la prueba presuncional a partir de la cual el órgano de juicio acreditó el dolo homicida respecto de ambos acusados, y que además "...omitió considerar que tanto el padre como la madre ejercieron violencia sobre la menor. La madre con acciones concretas: pegando con un palo en la cabeza de la niña y quemándola con una plancha. El padre, si bien lo hizo en menor medida, ello no significa un dato menor, dado que tenía conocimiento de la situación de hecho generada en ese clima de violencia doméstica y tenía el deber de actuar y poner cese a la actividad violenta de su cónyuge y no lo hizo. Más aún, contribuyó con su aporte al castigo de G., es decir, el orden legal lo colocó de garante de la protección de su hija e incumplió el mandato que obliga a actuar ante determinada situación de peligro" (fs. 104 vta.).
Efectuó consideraciones en orden a la posición de garante de B., entendiendo que "...desde una óptica tripartita, las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al luctuoso episodio, no hacen más que reafirmar su inactividad y el quebrantamiento del deber jurídico que les imponía actuar para evitar el resultado típico final" (fs. 105).
En suma, destacó que la no evitación del resultado estando al alcance de B. la posibilidad de impedirlo, lleva a la omisión impropia de las enjuiciadas al terreno del tipo comisivo (v. fs. 105 vta.).
Finalmente, con mención del art. 647 del Código Civil y Comercial de la Nación, manifestó que la citada norma incorpora en el régimen de los derechos y deberes de los progenitores la "...prohibición de malos tratos", concluyendo -en ese marco- que el enjuiciado B. debió ocurrir -pudiendo hacerlo, y no lo hizo- en auxilio de su propia hija que estaba siendo sometida a un "...ataque brutal" por parte de quien por entonces era su pareja, y al optar por abstenerse su pasividad resultó determinante del evento, debiendo responder como coautor (v. fs. 105 vta. y 106).
II. El señor Procurador General sostuvo el remedio impetrado, propiciando hacer lugar al mismo (v. fs. 150/158).
III. El recurso intentado progresa parcialmente.
III.1. El tribunal en lo criminal tuvo por acreditado que "...tiempo antes del once de julio de 2014, en el interior de la vivienda [...] de la localidad de Villa Elisa -partido de La Plata-, dos personas mayores de edad, una femenina y otro masculino, ambos progenitores de la víctima, aprovechando el estado de indefensión y actuando sin riesgo y sobre seguro sometieron a golpes en diferentes partes del cuerpo y maltratos a G. E. B. T., de tan solo cinco años de edad, con la clara intención de darle muerte, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad" (fs. 12).
En función de ello, condenó a A. B. R. y a R. T. S. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas para cada uno de ellos, por encontrarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía en grado de tentativa en los términos de los arts. 42 y 80 incs. 1 y 2 del Código Penal, hecho acaecido desde tiempo antes del once de julio del año 2014 en la localidad de Villa Elisa y del que resultó víctima su hija G. (v. fs. 25 vta.).
III.2. En el recurso de casación, la defensa particular de R. T. S. y A. B. R. -en lo esencial- tildó a esa sentencia condenatoria de arbitraria por considerar que fue errónea la valoración de la prueba y por haber incurrido en una transgresión del principio in dubio pro reo. A su vez, planteó la falta de acreditación del dolo homicida en cabeza de los nombrados y reclamó, en consecuencia, en favor de recalificar el ilícito investigado como lesiones leves agravadas en los términos previstos en los arts. 89 y 92 del Código Penal. Por último, cuestionó la calidad de coautor responsable asignada a B. R., por no haber ejercido el dominio del hecho -a su entender- (v. fs. 29/36).
III.3.a. A su turno y en el marco apuntado, se pronunció la Sala II del Tribunal de Casación penal, haciendo lugar al recurso de casación interpuesto.
Para así decidir, comenzó señalando que teniendo en consideración las características particulares de la conducta desplegada por ambos encausados -que surgían tanto de la descripción de la reseñada materialidad fáctica como de los elementos de convicción evaluados por el tribunal de mérito y, particularmente, de la agresión sufrida por la víctima-, resultaba "...evidente que A. B. R. y R. S. T., no actuaron con dolo de matar" (fs. 79 vta.).
En esa senda, argumentó que el fallo dictado en sede originaria tuvo por probado que "...la madre [-R. T. S.-]le pegaba a la niña con un elemento duro, romo y alargado como ser un palo, que le provocaron las lesiones constatadas, además de corroborar que no era factible que se produjeran como consecuencia de un juego o caída. Que la madre aplicaba violencia física sobre la menor. El padre [-A. B. R.-] tal como lo relataran Marcela Ledesma y Carolina Martin, tenía conocimiento de la situación de hecho con el deber de actuar y poner fin a la violencia desplegada por su cónyuge" y que, además, ponderó la directa imputación que la víctima [-G. E. B. T.-] le formulara desde su testimonio, corroborado por las declaraciones de Luciana [Leonor] Bielevich [-abogada de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata-], Marcela [Paola] Ledesma [-licenciada en psicología de la Dirección antes mencionada-], Andrea [Hernández] Masón [-perito psicóloga del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil departamental-] y Mónica [Pilar] Méndez [-perito médica-] (v. fs. 79 vta. y 80).
Expresó que, sin embargo -a su modo de ver- "...no se tuvo por probado que hubo una acción deliberada y conjunta por parte de los padres, enderezada a culminar con la vida de la niña mediante golpes y maltratos" (fs. 80).
Sostuvo que surgió de la pericia psicológica practicada por la licenciada María Elina del Rosario Hiriart, que la madre de la víctima tiene tendencia a la mendacidad y minimización de las problemáticas, con inconvenientes además en el ejercicio de las funciones del rol materno, de sostén y amparo, y destacó por importante y esclarecedor el testimonio de la víctima en Cámara Gesell en cuanto afirmó que la madre le pegaba y el padre también a veces, cuyos dichos fueron corroborados por los peritos intervinientes (v. fs. 80 y vta.).
De allí, entendió que debía hacerse lugar al planteo de la defensa, dirigido contra la determinación del dolo homicida "...la cual no se encuentra debida y racionalmente establecida" (fs. 80 vta.).
Consideró relevante recordar las concretas características del suceso ilícito que ha sido objeto de juzgamiento y, en tal sentido, expresó que "Ambos progenitores [...] lograron colocar a su hija en una situación de objetiva indefensión, y desde un punto de vista externo y puramente objetivo, el delito de lesiones y el homicidio frustrado son totalmente semejantes. La única y sola diferencia radica en el ánimo del sujeto, que uno tiene tan solo una intención de lesionar y en el otro una voluntad de matar" (fs. 80 vta. y 81).
Puntualizó que es "...[el] elemento interno, salvo que el propio acusado lo reconozca, [el que] debe inferirse por el juzgador de una pluralidad de datos, suficientemente acreditados con la prueba, que hagan aflorar y salir a la superficie ese elemento subjetivo escondido en el interior del sujeto" (fs. 81).
Explicó que cuando se trata de distinguir el delito de homicidio o asesinato imperfecto, de las lesiones consumadas, la distinción ha de encontrarse en el dolo y que "...la intención homicida sólo puede obtenerse por inferencia de los datos y circunstancias que constan en el relato histórico, reveladores del ánimo homicida" (fs. 81 y vta.). Sostuvo, entonces, que "Esa inferencia debe aparecer de modo expreso en la sentencia y debe ser razonable, de tal manera que la conclusión obtenida acerca de la intención del sujeto surja naturalmente de los datos disponibles" (fs. 81 vta.).
Indicó que para conocer cuál fue la intención del agresor, matar o lesionar, debía recurrirse a la valoración de una pluralidad de "circunstancias" de fuente jurisprudencial, meramente ejemplificativas y no excluyentes entre sí, entre las cuales mencionó: a) La dirección, el número y la violencia de los golpes; b) Las condiciones de espacio y tiempo; c) Las circunstancias conexas con la acción; d) Las manifestaciones del propio culpable, palabras precedentes y acompañantes a la agresión y actividad anterior y posterior al delito; e)Las relaciones entre el autor y la víctima y f) La misma causa del delito (v. fs. 81 vta. y 82).
Reseñó como "...signos externos [y] objetivables de la voluntad de matar", entre otros y como más significativos, los siguientes: a) Los antecedentes de hecho y las relaciones entre el autor y la víctima; b) La clase de arma utilizada; c) La zona o zonas del cuerpo a que se dirige la agresión; d) El número de golpes inferidos; e) Palabras que acompañaron a la agresión y su actividad anterior y posterior al hecho; f) Las condiciones de lugar y tiempo y circunstancias conexas o concomitantes con la acción; g) La causa o motivación de la misma; h) La entidad y gravedad de las heridas causadas y, en función de ello, concluyó en que "...de la prueba analizada, no surge la voluntad de matar, por más detestable que pueda resultar el hecho" (fs. 82 y vta.).
III.3.b. Por otra parte, con relación a la participación criminal de A. B. R., luego de señalar que no merecía objeción alguna la determinación de la base fáctica a analizar, ni la caracterización conceptual que efectuaron los jueces de origen de lo que debía entenderse por coautoría funcional, expresó que, sin embargo, "...esos dos aspectos no encuentran una mutua correspondencia en este caso, desde que los hechos correctamente establecidos en el fallo no llegan a dar cuenta de la presencia de una coautoría funcional" (fs. 83).
En resumen, dijo que en el caso no llegaba a darse una coautoría funcional, pues "...el imputado B., no ha realizado ninguno de los elementos típicos del delito en cuestión a lo que se suma que [...] no contó con el dominio final del suceso" (fs. 83 vta. y 84).
Concluyó que "...el aporte efectuado por B., no resultó de una entidad tal que pueda suponer que ante su ausencia el hecho no podría haberse perpetrado" y que no cabía otra solución más que la de encuadrar su protagonismo como cómplice secundario -art. 46, Código Penal-, y explicó que, si bien es innegable que el tipo penal aplicado admite la construcción omisiva, "...se ha demostrado que la omisión solo facilitó lo que sin ella igualmente podría haberse producido" (fs. 84).
Por último, dispuso recalificar el suceso en los términos reseñados en los antecedentes como lesiones graves agravadas por el vínculo -art. 90 en función del art. 80 inc. 1, ambos del Código Penal-, "...pues los agravios físicos que sufriera la menor, han puesto en peligro su vida, al comprometer severamente la región occipital de la víctima, en este caso agravadas por el vínculo...", debiendo responder como autora responsable R. T. S. y como partícipe secundario A. B. R. -por su comisión por omisión- (v. fs. 84 vta.).
IV. El reclamo que fuera reseñado en el apartado I en relación con la subsunción típica que corresponde asignarle al hecho es procedente, porque -tal como lo alega el representante del Ministerio Público Fiscal- el fallo impugnado es arbitrario.
V.1. Es que asiste razón al recurrente en cuanto sostuvo que el pronunciamiento impugnado descartó con base en afirmaciones dogmáticas, en función de una cita genérica de diversos elementos de prueba y exteriorizando un fundamento aparente (v. fs. 97 vta. y 98), que los padres de la víctima hayan actuado en el caso con dolo de matar, en la medida que concluyó que de esas constancias no surgía debida y racionalmente acreditada "...una acción deliberada y conjunta" por parte de ambos progenitores enderezada a culminar con la vida de la niña mediante "...golpes y maltratos" (fs. 79 vta./80 vta.).
En efecto, el tribunal revisor luego de mencionar las piezas convictivas recabadas por el a quo, destacó que -en el caso- se tuvo por acreditado que la madre le pegaba a la niña con un elemento duro, romo y alargado como ser un palo -verbigracia: en la cabeza, en la nuca, en la frente, etc.- que le provocaron las lesiones constatadas, las que no era factible que se produjeran como consecuencia de un juego o caída; así como que el padre tenía conocimiento de la situación de hecho con el deber de actuar y poner fin a la violencia desplegada por su cónyuge, y que ambos progenitores lograron colocar a su hija en una situación de objetiva indefensión (v. fs. 79 vta./81).
Sobre esa base, explicó que desde un plano puramente externo y objetivo el delito de lesiones y el de homicidio frustrado son totalmente semejantes, y qu
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