Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133520
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Juan Alberto Bottegal por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.520, "Esquivel Díaz, Federico Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 98.728 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, el día 27 de junio de 2019, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa particular de Federico Alejandro Esquivel Díaz contra la decisión del Juzgado de Ejecución Penal que, a su vez, rechazó el pedido de libertad condicional con fundamento en que el delito por el cual fue condenado (art. 165, Cód. Penal) está excluido del régimen de la libertad condicional. En consecuencia, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y confirmó el rechazo de la libertad condicional (v. fs. 19/25).
Frente a ello, el defensor particular, doctor Juan Alberto Bottegal, presentó un " habeas corpus originario" ante el Tribunal de Casación Penal.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el día 27 de agosto de 2019, luego de afirmar que el habeas corpus es inadmisible, conforme el criterio sentado por esta Corte en las causas P. 128.850 y P. 128.958, abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y lo desestimó (v. fs. 26/32).
Contra lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 37/48).
El Tribunal de Alzada declaró admisible la impugnación por estimar que las denuncias de inconstitucionalidad de los arts. 14 del Código Penal y 100 de la ley 12.256 cuentan con la carga técnica necesaria (v. fs. 59/62).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 68/72), dictada la providencia de autos (v. fs. 74) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance del juicio de admisibilidad, reseñé únicamente los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 14 del Código Penal y 100 de la ley 12.256, sin que corresponda efectuar consideración alguna sobre la denuncia de afectación al debido proceso por haber quedado fuera del ámbito de competencia de esta Corte (conf. art. 486, CPP).
En tal sentido, la defensa tachó de inconstitucionales los arts. 14 del Código Penal y 100 de la ley 12.256. En particular, alegó que la diferenciación establecida en el segundo párrafo del art. 14 del Código Penal es arbitraria por carecer de fundamentos válidos que le den sustento (v. fs. 38 y 44).
Recordó que los principios de humanidad, resocialización, readaptación y progresividad deben ser rectores en la ejecución de las penas privativas de la libertad (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5.6., CADH y 10.3., PIDCP -v. fs. cit.-).
De seguido, aclaró que más allá de la presunción de validez constitucional de las leyes, es condición necesaria que éstas no lesionen garantías individuales. En tal sentido, afirmó que el art. 14 del Código Penal, al privar a su defendido del acceso a la libertad condicional, independientemente de su comportamiento carcelario y con sustento únicamente en el delito cometido, afecta las garantías de igualdad ante la ley y progresividad en la ejecución de la pena (conf. arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.; 24, CADH; 26, PIDCP y regla 60 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos -v. fs. 38/41 vta.-).
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la impugnación.
Coincido con la solución propuesta.
III. El recurso es notoriamente insuficiente en tanto la defensa se limitó a efectuar consideraciones genéricas y dogmáticas sin hacerse cargo de lo debatido y resuelto en el caso (conf. art. 495, CPP).
III.1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, en lo que aquí interesa, descartó la existencia de arbitrariedad o gravedad en la denegatoria de la libertad condicional.
Argumentó que Esquivel Díaz fue condenado a trece años y cuatro meses de prisión en orden al delito de homicidio en ocasión de robo, configurándose un impedimento infranqueable para la concesión de la libertad condicional (conf. art. 14, Cód. Penal; v. fs. 28).
De seguido, se limitó a transcribir textualmente un fallo de dicha Sala en el que, en primer lugar, se recordó que la inconstitucionalidad de las normas es un recurso de ultima ratio que debe sustentarse en motivos graves y manifiestos, recordando que las leyes dictadas por el Congreso se presumen válidas (v. fs. 28 y vta.).
Continuando con la trascripción textual, se afirmó que la "norma cuestionada" responde a criterios de política criminal y de técnica legislativa en los que no puede inmiscuirse el Poder Judicial ya que de lo contrario se quebrantaría el principio de división de poderes (conf. arts. 16 y 75 inc. 20, Const. nac. y 166, Const. prov.; v. fs. 29 y vta.).
Con cita del mismo precedente, se afirmó que las limitaciones del art. 14 del Código Penal no colisionan con derechos y garantías constitucionales, sino que responden a cuestiones de política penitenciaria dirigidas a lograr la resocialización del interno (v. fs. 30 y vta.). Se agregó que la libertad condicional no está prevista en la Constitución nacional y que es facultad del legislador establecer cuándo y en qué casos procede (v. fs. 30 vta. y 31).
Puntualmente, en lo que respecta a la denuncia de afectación de los principios de resocialización y progresividad en la ejecución de la pena, se sostuvo que tampoco resultan válidas pues "...'el condenado podrá lograr una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena, al obtener un cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro (art. 14 de la ley de ejecución penal nacional 24.660)'". Se agregó que también existe la posibilidad de acceder al régimen de salidas transitorias (conf. art. 100, ley 12.256; v. fs. 31). Concluyó que, siendo que el legislador excluyó la posibilidad de acceder a la libertad condicional para supuestos como el de autos y que dicha norma resulta constitucional, la decisión impugnada es ajustada a derecho (v. fs. 31 vta.).
Finalizada toda la cita textual, concluyó que la acción de habeas corpus resulta inadmisible (v. fs. 31 vta.).
III.2. Frente a ello, la defensa particular se limitó a formular consideraciones genéricas y dogmáticas que -como tales- no lograron controvertir eficazmente el fallo de casación (art. 495, CPP). Veamos.
III.2.a. Por un lado, en cuanto a la denuncia de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, la defensa particular se limitó a reiterar dogmáticamente el pedido de inconstitucionalidad del art. 100 cuando el Tribunal de Casación indicó que la citada norma es una de las herramientas disponibles para garantizar la ejecución progresiva de la pena (v. fs. 31).
III.2.b. Por otra parte, las manifestaciones de la defensa, vinculadas con la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, son insuficientes (conf. art. 495, cit.).
Conforme se advierte de la reseña, el recurrente realizó consideraciones genéricas sobre la violación del principio de igualdad ante la ley, humanidad, resocialización, readaptación y progresividad en la ejecución de la pena sin hacerse cargo de lo debatido y resuelto en el caso.
De este modo, no controvirtió eficazmente las consideraciones del a quo vinculadas a que la decisión del legislador de excluir determinados delitos del régimen de la libertad condicional forma parte de las atribuciones propias del Poder Legislativo que, como tales, resultan ajenas al control judicial e implicarían un quebrantamiento del principio de división de poderes. Tampoco se hizo cargo de conmover debidamente el fundamento de que la libertad condicional no tiene recepción en la Constitución nacional y que la decisión de excluir ciertos delitos del acceso a ésta no compromete ninguna garantía individual pues existen otras herramientas legales para garantizar la ejecución progresiva de la pena.
III.2.c. En función de lo señalado en los puntos precedentes, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
IV. Si bien lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para sellar la suerte del reclamo, es pertinente agregar que la pretensión de la defensa se aparta de reiterados precedentes de esta Corte en lo que se desestimaron planteos análogos a los aquí traídos (causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.747, sent. de 4-VII-2018; P. 131.225, sent. de 17-IV-2019; P. 132.300, sent. de 25-VIII-2020, mutatis mutandi ; e.o.).
IV.1. En tal sentido, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que el régimen de la libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal), es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario.
No debe olvidarse que tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretende evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo, son potestad exclusiva del legislador y goza de un amplio margen de libertad; es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso.
IV.2. Ahora bien, el art. 14 del Código Penal (conf. ley 25.892, B.O., 26-V-2004), establece que "La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá en los casos previstos en los artículos 80 inciso 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo".
En el caso de autos, Esquivel Díaz está cumpliendo una pena de prisión por haber sido condenado como autor del delito de homicidio en ocasión de robo (conf. art. 165, Cód. Penal) por lo que la norma en cuestión le impedía el acceso a la libertad condicional, tal como fue afirmado por el Juzgado de Ejecución y luego confirmado en las siguientes etapas recursivas.
En definitiva, el art. 14 del ordenamiento penal, en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional lo que hace, en palabras de la Corte, es determinar "...la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional..." (CSJN Fallos: 334:559).
Sin embargo, esa pérdida del derecho a aspirar al régimen de libertad condicional no importa privar al interno del acceso a otros mecanismos de atenuación paulatina de las restricciones propias de las penas de encierro carcelario a los que tiene derecho, en línea con el fin de reforma y readaptación social que el art. 5, inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asigna a las penas privativas de la libertad (conf. en lo pertinente, dictamen de la Procuración General de la Nación, CSJN causa A.558.XLVI RECURSO DE HECHO "Arévalo, Martin Salomón").
En efecto, la finalidad resocializadora -a remolque del régimen de progresividad de la ejecución de la pena- aunque con otra intensidad en razón del delito de la condena, no está ausente en el caso destacándose la atenuación en cuanto a la rigurosidad del régimen introducida por el art. 56 quater a partir de la ley 27.375 –Boletín Oficial de 28-VII-2017-, debiendo resolver el magistrado interviniente la adecuación -en su caso- de la situación de Esquivel Díaz a la legislación vigente (conf. mi voto, causa P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Juan Alberto Bottegal por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2021 12:51:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/02/2021 15:25:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/02/2021 10:49:53 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 10:15:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 12:03:42 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia