Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133664
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (conf. art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, se resuelve dar intervención a la Subsecretaría de Control Disciplinario a los fines de que se investiguen las circunstancias y motivos que llevaron a la Sala II del Tribunal de Casación a requerir -dos veces- la elevación del expediente en papel desde el órgano de juicio, provocando tal proceder la frustración en ambas oportunidades, del debate fijado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.664, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 93.380 y su acumulada N° 93.428 del Tribunal de Casación Penal, Sala II" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de mayo de 2019, declaró formalmente admisibles y procedentes los recursos de queja interpuestos y rechazó los de casación planteados por el representante de la particular damnificada, doctor Emiliano Montini y por la señora Fiscal General interina de San Isidro, contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro que desestimó los recursos de la especialidad deducidos por la particular damnificada y por el Ministerio Público Fiscal y confirmó la resolución dictada por el Juzgado Correccional n° 6 departamental que declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de Bernardo Aguirre y en consecuencia, sobreseyó al nombrado en orden al delito de homicidio culposo (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.188-, 84, Cód. Penal y 323 inc. 1, CPP; v. fs. 71/77 vta.).
Contra lo así decidido el señor Fiscal ante la aludida sede, doctor Carlos Arturo Altuve, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 86/91 vta.), que fue concedido por el tribunal recurrido (v. fs. 97/99 vta.).
La Procuración General dictaminó a fs. 105/112 vta. Dictada la providencia de autos a fs. 114 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor fiscal denunció inobservancia del art. 67 del Código Penal, apartamiento de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la causa P. 118.658 y arbitrariedad de la sentencia (v. fs. 88).
Luego de transcribir diversos parágrafos del fallo en crisis y reseñar el derrotero procesal de la presente, indicó que Casación se apartó de las constancias de la causa al identificar solo al primer llamado a citación a juicio -de fecha 13 de febrero de 2013- como último acto interruptivo del curso de la prescripción de la acción penal. Entendió que tal proceder implica una causal de arbitrariedad en tanto se aparta de la letra expresa de la ley (v. fs. 88 vta./89 vta.), citando la causa P. 118.658 en apoyo de su postura.
Impugnó la interpretación otorgada al art. 67 inc. "d" del Código de fondo en cuanto caracterizó el precepto "citación a juicio" como "primera citación a juicio", ya que -en su opinión- se añadió un contenido temporal y de exclusividad que no surge de su letra, puesto que de haberlo así querido el legislador lo hubiera consignado expresamente tal como lo hizo en el inc. "b" de la norma en trato (v. fs.90 y vta.).
Aseveró que se omitió otorgar eficacia interruptiva del curso de la prescripción a actos procesales contemplados por el texto de la norma, lo cual desnaturaliza el art. 67 del Código Penal y lo vuelve ineficaz, dando como ejemplo de lo dicho, la notificación a las partes de la radicación de la causa (en el Juzgado en lo Correccional n° 6), ante la excusación del anterior juez interviniente, a los efectos de que ejerzan la facultad de promover las recusaciones que estimen pertinentes, actividad procesal que tuvo lugar el 28 junio de 2016 (v. fs. 90 vta.).
Indicó también como otros actos interruptivos a los proveídos de designaciones de audiencias de debate para los días 28 de agosto de 2017, 5 de diciembre de 2017 y 7 de febrero de 2018, lo que demuestra la intención del Ministerio Púbico Fiscal de mantener vigente la acción penal.
Finalmente, con cita del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Demaría, Jorge Luis" requirió se declare erróneamente aplicado el art. 67 del Código Penal y se descalifique por arbitraria la sentencia impugnada (v. fs. 91).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo deducido por el fiscal (v. fs. 105/112 vta.), sin embargo, estimo que el recurso es insuficiente (art. 495, CPP).
Para una mejor comprensión corresponde que inicialmente efectúe una breve reseña del derrotero procesal de la presente causa.
III.1. Conforme surge de lo relatado a fs. 1 vta./2 vta.; 16 vta. y 17, el Juzgado Correccional n° 6 de San Isidro, mediante decisorio del 28 de marzo de 2018, sobreseyó totalmente en causa PP-2226 a Bernardo Aguirre en orden al delito de homicidio culposo, por haberse extinguido la acción penal por prescripción (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 63, 67 y 84, Cód. Penal; 323 inc.1, 324 y 327, CPP).
Para así decidir, estimó que la causa se había radicado ante esa sede a consecuencia de la excusación resuelta por la jueza a cargo del Juzgado Correccional n° 2 departamental, quien con fecha 13 de febrero de 2013 había citado a juicio a las partes. Consideró que la citación a juicio era un acto único e irrepetible en cada proceso, momento mediante el cual se pone en conocimiento de las partes el inicio de la etapa de juicio, y la posibilidad de realizar -además de los planteos preliminares previstos en la norma-, el ofrecimiento de prueba que pretenden hacer valer en juicio.
Entendió que la referida citación a juicio es el único acto que debe tenerse en cuenta a la luz del art. 67 inc. "d" del Código Penal, rechazando el planteo de la particular damnificada vinculado al cómputo de la prescripción que tomaba en consideración el plazo de inhabilitación conjunta.
Apreció transcurrido el plazo legal de cinco años previsto en el art. 62 inc. 2 en función del art. 84 ambos del Código Penal (vigente al momento del hecho) y, no habiéndose verificado ninguna de las causales interruptivas de la prescripción estipulada en el art. 67 del ordenamiento de fondo, declaró extinguida la acción penal.
III.2. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, mediante sentencia dictada el 9 de agosto de 2018, confirmó el auto apelado en cuanto resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción respecto de Bernardo Aguirre y su sobreseimiento en orden al delito de homicidio culposo.
Luego de analizar la normativa aplicable destacó que los presentes obrados se iniciaron el 27 de febrero de 2010 en virtud del siniestro vial acaecido en la Ruta Panamericana Km. 21 Capitán San Juan de San Martín, mano a Capital federal; que el 28 de marzo de 2011 el señor fiscal interviniente dispuso convocar a Bernardo Aguirre a prestar declaración (llevada a cabo el 18 de abril de 2011); que posteriormente formuló requisitoria de elevación a juicio por ante el juez de Garantías y tras concluir la etapa de control de la imputación, el expediente fue remitido al Juzgado Correccional n°2 departamental, siendo que la magistrada interviniente dispuso la citación a juicio en los términos del art. 338 del Código Procesal Penal, el día 13 de febrero de 2013.
Que luego, el 28 de mayo de 2016, la jueza se excusó de seguir interviniendo en virtud de la decisión anulatoria de la Sala II del Tribunal de Casación Penal relacionada con la suspensión de juicio a prueba propiciada por la defensa particular.
Consiguientemente, el expediente ingresó al Juzgado Correccional n° 6 -a cargo el juez Archelli-, quien notificó a las partes de la radicación de la causa y fijó audiencia a tenor del art. 404 del Código Procesal Penal (para el día 28 de junio de 2016), la cual fue luego suspendida a pedido del doctor Altinier, fijándose una nueva que finalmente se celebró el 28 de agosto del 2016, rechazándose el instituto de la suspensión de juicio a prueba.
Que el 19 de mayo de 2017 el juez dictó resolución sobre las cuestiones probatorias pertinentes y fijó audiencia de debate para el 28 de julio de 2017 la que se frustró por haber requerido el expediente el Tribunal de Casación Penal, designándose una nueva para el día 5 de diciembre de 2017, la cual no se celebró por idénticas razones.
Posteriormente se fijó otra para el día 7 de febrero de 2018 que tampoco se llevó a cabo ante la falta de concurrencia del imputado, ordenándose primero su inmediata detención (con allanamiento del domicilio) y ante lo infructuoso de tales medidas, su rebeldía y captura. Finalmente, el imputado Aguirre compareció a la sede judicial ante la citación para tramitar el certificado de antecedentes penales a efectos de dar curso al pedido de prescripción de su abogado (v. fs. 5 vta. y 6).
Ante ello, la Cámara aseveró que el decreto de la jueza Prada de fecha 13 de febrero de 2013 fue el último acto interruptivo de la prescripción en el presente proceso, no siendo posible efectuar una interpretación extensiva tal como lo proponen los acusadores estatal y particular, habida cuenta la enumeración taxativa prevista en el art. 67 del Código Penal (v. fs. 9 y vta.).
III.3. El tribunal intermedio, rechazó los recursos homónimos presentados por la fiscalía y la particular damnificada, al considerar acertada la decisión el Tribunal de Alzada en el sentido que "...el auto emanado del tribunal en lo criminal n°2 departamental, no constituye un supuesto de 'equivalencia', como lo entiende la fiscalía, sino de simple 'reiteración' inhábil para enervar la decisión adoptada en origen, que aparece ajustada a derecho".
Es decir que el último acto interruptivo del curso de la prescripción es el de fecha 13 de febrero de 2013 y la reedición posterior de los llamados no tiene la virtualidad de renovar la facultad persecutoria del Estado (v. fs. 76 y vta.).
También compartió el rechazo de la variable interpretativa del art. 62 del Código Penal por la que sostenían que, ante la falta de legislación en el caso de la aplicación de penas conjuntas, correspondía imponer un tiempo de diez años de prescripción.
Apuntó que se exhibieron los argumentos mediante los cuales se estimaron improcedentes los agravios traídos por las partes, entendiendo que "...no resulta arbitraria la conclusión arribada por la alzada" (fs. 76 vta.).
Indicó que los jueces explicaron detalladamente los motivos por los que entendieron se encontraba extinguida la acción penal por prescripción, respecto de Bernardo Aguirre sin que se lograra demostrar en el caso violación a normas constitucionales, o el apartamiento en el derecho en el caso, abasteciendo de esta manera el requisito de fundamentación que todo pronunciamiento jurisdiccional debe respetar, sin que los embates de la particular damnificada y del Ministerio Público Fiscal logren desvirtuar lo allí dispuesto, pues solo se trata de un argumento que desde distinta posición, no se traduce en una crítica razonada del contenido por el cual se agravia (v. fs. 77).
III.4. De otro lado, cabe señalar que esta Corte mediante resolución del 24 de octubre de 2018 rechazó la queja traída por la defensa particular de Bernardo Aguirre contra el pronunciamiento de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, dictado el 28 de diciembre de 2017, que había declarado inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la asistencia técnica de Bernardo Aguirre, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente al resolutorio de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que confirmó el auto de grado que había rechazado la solicitud de suspensión del proceso penal a prueba requerida a favor del encartado (causa P. 130.282-RQ, "Aguirre, Bernardo s/ recurso de queja en causa n°84.655 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", que se encuentra archivada).
IV. Como lo adelanté, en el acotado margen competencial habilitado por esta Corte, es decir, ceñido únicamente a la denuncia de arbitrariedad del pronunciamiento, el recurso no prospera pues los argumentos traídos por el señor representante del Ministerio Público Fiscal no son suficientes para demostrar que la decisión sea de tal tenor (art. 495, en función del art. 15, ley 48).
La fiscalía propone que la notificación a las partes de la radicación de la causa en el Juzgado en lo Correccional n° 6 con fijación de audiencia a tenor del art. 404 del Código Procesal Penal (del 28 de junio de 2016), sea considerada acto interruptivo, al igual que las designaciones de audiencias de debate (v. fs. 91 vta.), pero se abstiene de brindar motivos que demuestren que la interpretación diversa que viene dándosele en el caso, contraríe la norma sustantiva al punto de hacer incurrir a los magistrados que así la vienen sosteniendo en una causal de arbitrariedad.
Sin embargo, aún sin ingresar en el análisis estricto de ley sustantiva, cabe indicar que la otorgada en este caso por la instancia y ratificada luego por la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro y el Tribunal de Casación, está dentro del marco de las interpretaciones posibles. Es decir, aquella postura que solo otorga efecto interruptor al primer auto de citación a juicio -en el caso de autos, el de fecha 13 de febrero de 2013 dictado por la señora jueza a cargo del Juzgado en lo Correccional n° 2 de San Isidro-.
Conforme se ha expresado en diversas oportunidades, para evidenciar que un pronunciamiento es contrario a la Constitución nacional en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, no basta la mera disconformidad del apelante, en tanto dicha doctrina no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348).
Y en el caso, no se llega a advertir que la decisión criticada pueda llegar a considerarse un supuesto de ese tenor (conf. causas P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; e.o.), aun cuando pueda ser opinable la postura antes expuesta y criticada por el recurrente.
En otras palabras, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento atacado, el recurrente no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (conf. causas P. 130.851, sent. de 13-III-2019; P. 128.955, sent. de 21-XI-2018 y P. 120.296, sent. de 12-IV-2017).
Resta señalar que en la recientemente resuelta causa P. 125.100 (sent. de 16-VI-2020) esta Suprema Corte ingresó al examen de ley sustantiva en virtud de la habilitación que en términos del art. 494 del Código Procesal Penal estaba cumplida en el caso -circunstancia aquí ausente-.
Finalmente, no se advierte vulneración a lo resuelto en causa P. 118.658, sentencia de 11-II-2016, donde se debatió el efecto interruptivo de la prescripción de la acción penal de las sentencias de revisión.
V. Por último, y por fuera de lo antes expuesto, estimo necesario dar intervención a la Subsecretaría de Control Disciplinario a los fines de que se investiguen las circunstancias y motivos que llevaron a la Sala II del Tribunal de Casación a requerir -dos veces- la elevación del expediente en papel desde el órgano de juicio, provocando tal proceder la frustración en ambas oportunidades, del debate fijado.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan. Concuerdo con mi distinguida colega en que -en el marco de conocimiento habilitado para ante esta Corte (v. resolución de admisibilidad de fs. 97/99 vta.)- el recurso del señor Fiscal se revela insuficiente para demostrar la existencia de algún vicio descalificante de la decisión impugnada (art. 495, CPP y su doctr.).
Ello impide avanzar en consideraciones que quedaron marginadas del ámbito competencial, con anuencia del recurrente, las que habrían posibilitado el análisis de otra interpretación tendiente a encaminar el proceso, en el que se investiga un luctuoso suceso de las características que dan cuenta las actuaciones traídas, hacia sus instancias decisivas.
Con esa aclaración, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al sufragio de la colega que inicia el acuerdo, doctora Kogan, con el alcance establecido por el doctor Genoud.
En efecto, a tenor de los términos en que ha sido admitida ante este Tribunal la vía impugnativa extraordinaria en abordaje deducida por el fiscal (v. fs. 97/99 vta. -resol. de 18-II-2020-), comparto los fundamentos expresados por dichos magistrados en cuanto a que el recurso debe ser desestimado por razones de insuficiencia (art. 495, CPP), sin que resulte menester efectuar otras consideraciones que exceden el acotado ámbito con que se abrió la competencia revisora de este Tribunal.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan con el mismo alcance con que lo han hecho los doctores Genoud y Pettigiani. Tal como lo expusieron mis colegas, dados los términos en que fue habilitada la competencia revisora de esta Corte, el recurso interpuesto por el señor Fiscal se muestra insuficiente para demostrar la configuración de arbitrariedad o algún otro supuesto de excepción que permita revertir lo decidido (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (conf. art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, se resuelve dar intervención a la Subsecretaría de Control Disciplinario a los fines de que se investiguen las circunstancias y motivos que llevaron a la Sala II del Tribunal de Casación a requerir -dos veces- la elevación del expediente en papel desde el órgano de juicio, provocando tal proceder la frustración en ambas oportunidades, del debate fijado.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2021 09:57:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2021 12:34:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2021 12:42:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2021 13:06:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2021 13:27:11 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia