Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133921
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.921, "Mujica, Diego Jorge s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 88.546 del Tribunal de Casacón Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de noviembre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Diego Jorge Mujica contra la sentencia de unificación de sentencias dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza que en el marco del procedimiento previsto en el art. 18 del rito -con integración unipersonal- resolvió, el 27 de noviembre de 2017, imponer al nombrado la pena única de treinta y cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, omnicomprensiva de la de siete años y ocho meses de prisión, accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia dictada en la presente -por el hecho ocurrido el 26 de septiembre de 2014- y de la pena única de veintiséis años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, el 10 de septiembre de 2012 -comprensiva a su vez de la de doce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de San Martin en causa n° 1.409, y de la pena única de catorce años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas con declaración de reincidencia dictada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 15 del Departamento Judicial de Morón en causa n° 44.742, que por su parte comprende la de un año y cuatro meses de prisión en causa n° 1.064/03 del Juzgado en lo Correccional n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza; y a su vez la pena única de trece años de prisión en causa n° 44.742 con fecha 28 de noviembre de 1997 -unificadora de la de ocho años de prisión por los hechos ocurridos el 16 y 21 de diciembre de 1995; y de cinco años de prisión dictada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 6 del Departamento Judicial de Morón en causa n° 23.799 por el hecho ocurrido el día 9 de diciembre de 1991- (v. fs. 138/144 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 148/156 vta.), que fue concedido parcialmente por el tribunal intermedio (v. fs. 161/165 vta.). Surge del informe efectuado a fs. 190 que la defensa no interpuso queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 176/182), dictada la providencia de autos (v. fs. 184), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto -en lo que interesa destacar conforme el juicio de admisibilidad referido en los antecedentes- impugnó la pena única impuesta denunciando la errónea aplicación de los arts. 2, 55 y 58, todos del Código Penal; la afectación de los principios de legalidad -art. 18, Constitución nacional- y retroactividad de la ley penal más benigna -arts. 9, Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-; y tildó de arbitraria la sentencia impugnada (v. fs. 150 vta.).
Mediante un repaso de las sentencias condenatorias que registra su asistido -v. fs. 151 y vta.- señaló que por las fechas de los ilícitos allí enunciados, resulta que -en su mayoría- fueron cometidos durante la vigencia del art. 55 del Código Penal en su redacción anterior a la ley 25.928 -que rezaba- "Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor, y como máximo la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder del máximum legal de la especie de pena de que se trate" (fs. 151 vta.).
Alegó que "Dicha acumulación, conforme consolidada jurisprudencia, como la invocada por el Defensor en el recurso de casación, no podía superar los veinticinco años de prisión" (fs. 151 vta. y 152).
Indicó que la ley 25.928 publicada en el boletín oficial el 10 de septiembre de 2004 modificó dicho límite temporal llevándolo a cincuenta años, y que la sentencia de unificación vulneró el principio de ley penal más benigna, pues "...concedió preeminencia a la norma vigente en la actualidad y dictó una pena única de 34 años y 6 meses de prisión, exorbitando el límite legal de 25 años que debió haber imperado en la determinación judicial de la pena" (fs. 152).
Afirmó que es arbitrario el fallo de la instancia revisora ya que contiene una autocontradicción en sus términos, en tanto que "...afirma por un lado que deben aplicarse al caso las reglas del concurso material aunque no lo sea stricto sensu , y a renglón seguido cancela su propia aseveración al sostener que, no obstante, no debe aplicarse la disposición del artículo 55 anterior a la ley 25.928 que fijaba el tope máximo en 25 años de prisión" (fs. 152 vta. y 153).
Destacó que tal inconsistencia descalifica el fallo como acto jurisdiccional válido dada la arbitraria interpretación de la norma sustantiva, por cuanto el art. 58 del Código Penal dispone la aplicación de los arts. 54 a 57 del texto legal "...tanto para la unificación de condenas como de penas, sin distinciones" (fs. 153). Por eso, criticó la interpretación que pretende distinguir y limitar el alcance del citado art. 58 a través del art. 55 solo según se configure o no un concurso real, con el argumento empleado por la Casación de que "...la finalidad en tal caso es solo ejecutar una pena total y no salvaguardar las normas concursales" (fs. 153 vta.).
Sobre la violación al art. 2 del Código Penal y, de modo similar, el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, planteó que las penas o condiciones más severas de punición establecidas por una ley no son aplicables a los hechos producidos antes de su entrada en vigencia. A lo que adunó la transgresión al principio de legalidad pues el texto de las normas aludidas no condiciona su aplicación a circunstancia alguna ni excluye su operatividad para la hipótesis de pena única (v. fs. 153 vta. y 154).
En definitiva, insistió en que son aplicables las reglas del concurso real, en la versión del art. 55 del Código Penal anterior a la ley 25.928. Texto que, a su juicio, imponía un límite de 25 años como máximo de la pena privativa de la libertad, el que reclama sea fijado en este caso.
II. Al igual que el señor Procurador General estimo que la impugnación deducida debe ser rechazada por insuficiente (v. fs. 176/182).
III.1. La decisión que objeta la parte encuentra su génesis en el pronunciamiento unificatorio llevado a cabo por el señor juez Deane, miembro del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, emitido el 27 de noviembre de 2017.
Dicha sentencia unificó dos condenas firmes impuestas a Diego Jorge Mujica.
En cuanto a la primera de ellas, el magistrado expuso que se trataba de la dictada el 29 de Mayo de 2015 en la cual "[...] fue condenado a la pena de 7 años y 8 meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso con declaración de reincidencia, por resultar coautor materialmente responsable de los delitos de robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda, abuso de armas criminis causa , con concurso ideal con resistencia a la autoridad, privación ilegal de la libertad agravada y portación ilegal de arma de guerra agravada, en calidad de autor, todos ellos en concurso material entre sí; por los [hech]os cometidos el día 26 de Septiembre de 2014 en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, Pdo. de La Matanza" (fs. 86 vta.).
Respecto de la segunda condena, se trató a su vez de una sentencia de unificación que también incluía diversos fallos de unificación previos. Señaló el doctor Deane: "Por otro lado, a fs. 26/30 vta. surge la copia del pronunciamiento unificatorio dictado por el Juzgado de Garantías nro. 6 del Depto. Judicial Morón -Secretaria de Transición- y la resolución que lo confirma efectuada por la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Deptal. -vid. copia de fs. 38/42- en cuanto se impuso al nombrado la pena única de 26 años y 10 meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de la pena de 12 años y 6 meses de prisión impuesta por el Tribunal Oral Criminal Federal nro. 4 de San Martin en causa nro. 1409 por el delito de secuestro extorsivo agravado; y de la a su vez pena única de 14 años y 4 meses de prisión, accesorias legales y costas con declaración de reincidencia dada en la referida causa nro. 15-44742-4 del ex Juzgado en lo Criminal y Correccional nro. 15 del Depto. Judicial Morón" (fs. 86 vta. y 87). Esta sentencia -de unificación- del Juzgado de Garantías n° 6 del 17 de febrero de 2012 fue confirmada por la Cámara el 10 de septiembre de ese año, adquiriendo firmeza.
En definitiva, las penas cuya unificación asumió el juez del Tribunal en lo Criminal n° 5 fueron la de 7 años y 8 meses de prisión y la de 26 años y 10 meses de prisión.
El doctor Deane reseñó que, corridas las vistas de rigor, el señor agente fiscal entendió procedente la unificación entre las mismas y, remitiéndose a las agravantes y atenuantes valoradas en los respectivos fallos, requirió que en definitiva se imponga la pena única de 34 años y 6 meses de prisión y que, por su parte, al expedirse el señor defensor oficial solicitó la aplicación del método composicional y la imposición de 30 años de prisión, más su declaración de reincidencia (v. fs. 87 y vta.).
El magistrado aclaró que, al contrario de lo que había sostenido en la sentencia del 29 de mayo de 2015 (cuando se condenó a Mujica a 7 años y 8 meses de prisión) correspondía la unificación por cuanto así lo había decidido la Sala III del Tribunal de Casación Penal por aplicación del art. 58, primer párrafo in fine , del Código Penal (v. fs. 87 vta.).
A continuación, consideró que se hallaban incólumes las pautas mensurativas valoradas en todos los pronunciamientos sucesivamente acumulados, adoptó el método aritmético para arribar al quantum punitivo y, en definitiva, resolvió imponer a Diego Jorge Mujica la pena única de 34 años y 6 meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia.
III.2. En el recurso de casación la defensa reclamó -en lo que aquí interesa- la aplicación de un máximo de 25 años de prisión con el argumento de que el art. 55 del Código Penal que regía el caso -según el art. 2 del mismo cuerpo legal- era el previo a la ley 25.928 en virtud de la fecha de comisión de algunos de los ilícitos materia de condena (v. fs. 103 vta. y sigs. del legajo respectivo).
III.3. El tribunal intermedio aludió a las dos hipótesis reguladas en el art. 58 del Código Penal: unificación de sentencias -si se violaron las reglas concursales del art. 55 del mismo código- y unificación de penas -supuesto en el cual no se violaron las reglas concursales, sino que debe aplicarse el principio de pena única pues no puede cumplirse más de una simultánea o sucesivamente-.
El doctor Borinsky indicó que en este último caso "...ambas penas conservan su vigencia pues han pasado en autoridad de cosa juzgada y no se han conculcado las reglas concursales..." (fs. 142 y vta.), expresó que "...al no configurarse un supuesto de concurso real - strictu sensu -, no corresponde la aplicación de las disposiciones ahora reclamadas por la parte" y añadió: "Si bien -como lo señalé más arriba- estas situaciones no configuran un concurso material - strictu sensu -, se le aplican sus reglas solo en virtud de que se está ejecutando una pena y debe garantizarse la unidad de su cumplimiento, mas las razones exhibidas son las que me llevan a concluir que no corresponde la aplicación de las disposiciones del art. 55 del Código Penal -anterior a la reforma de la ley 25.928- que fijaba el tope máximo de la sanción en veinticinco años de prisión", por lo cual rechazó la pretensión (v. fs. 142 vta. -del voto del doctor Borinsky, que concitó la adhesión simple del doctor Violini-).
IV. Como se adelantara, el recurso no puede prosperar (art. 495, CPP).
A esta conclusión se llega por diversas razones:
IV.1. En el presente proceso, tramitado con integración unipersonal ante el Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza, fueron oídas en un comienzo las pretensiones de las partes referidas a la unificación de penas y la defensa solicitó que la condena fuera a 30 años de prisión (según consta en la reseña efectuada más arriba), con lo cual no puede ponerse más tarde en contra de sus propios actos alegando que el máximo legalmente posible era el de 25 años pues, en aquella ocasión, admitió uno superior (causa P. 126.136, sent. de 6-IX-2017, e. o.).
IV.2. Por otra parte, fue en la sentencia unificadora del 17 de febrero de 2012 dictada por el Juzgado de Garantías n° 6 de Morón -que impuso 26 años y 10 meses de prisión- en la que fueron incluidas las condenas impuestas en los años 1992, 1997 y 2004, todas por hechos cometidos con anterioridad al dictado de la ley 25.928 (B.O. de 10-IX-2004).
Por esa razón, la Cámara de Apelación y Garantías que revisó dicho fallo estableció que regía el art. 55 del Código Penal en su texto anterior a la ley 25.928 (el destacado me pertenece) . Sin embargo, el Tribunal de Alzada explicó que, por aplicación de la reforma de la ley 23.077 que incorporó el art. 227 ter al Código Penal (vigente al momento de los hechos respectivos) el máximo superaba los 25 años y, por ende, la pena de 26 años y 10 meses de prisión se hallaba dentro del rango permitido por la ley (estableció el máximo en 37 años y 6 meses, como lo explicitó el juez que adhirió al primer votante). Así, confirmó la decisión recurrida, la que quedó firme.
Como se advierte, en esa ocasión quedó fijada la posición que reclama aquí la defensa, en cuanto al texto vigente del art. 55 del Código Penal, aunque no el máximo de la escala que pretende.
Entonces, considerando que ahora se aborda la unificación de una pena impuesta en el año 2015 -a 7 años y 8 meses de prisión- con la, a su vez, pena única de 26 años y 10 meses de prisión impuesta en el año 2012, la parte debió demostrar, y no lo hizo, que esa discusión podría renovarse en el presente proceso.
IV.3. De todos modos, cabe señalar lo siguiente.
Aquí, el Tribunal de Casación aseveró que en los casos de unificación de penas -y no de condenas- no correspondía aplicar el art. 55 del Código Penal pues no se trata de un auténtico concurso real, y a modo de obiter dictum -ya que no aplicó dicha norma-, sostuvo que en el texto anterior a la ley 25.928 el máximo era de 25 años.
Sobre este argumento del a quo cabe preguntarse, tal como lo sugieren el recurrente y el dictamen de la Procuración General, qué disposiciones regirían la unificación si no se aplicara el art. 55 del Código Penal. Pero la Casación no se hizo cargo de explicarlo y, por el contrario, es claro que ese precepto brinda la regla para fijar la pena unificada.
En cualquier caso, aun aceptando que el art. 55 en su versión previa a la reforma de la ley 25.928 es la vigente por aplicación del art. 2 del Código Penal -coincidiendo, además, con el criterio de la Cámara expuesto en el proceso mencionado antes- tal determinación no sería de utilidad a los fines que persigue la defensa pues, según la doctrina legal de esta Suprema Corte, el límite máximo que surge de ese régimen es superior al que postula en su recurso.
En efecto, el mentado art. 55 del Código Penal -en la aludida redacción- establecía que el máximo de la escala penal en los casos de concurso "...no podrá exceder del máximum legal de la especie de pena que se trate".
Es así que, para la determinación del tope máximo previsto para las penas privativas de libertad, remitía a las escalas penales correspondientes a los delitos de la parte especial, sin realizar distinción o exclusión alguna. Por lo cual la reforma de la ley 23.077 "Defensa a la democracia", que introdujo al Código Penal, entre otros, el art. 227 ter el que refiere que "El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional...", es plenamente aplicable al caso (conf. mi voto en causa P. 131.026, sent. de 18-V-2020; e. o.).
Como ya lo he expuesto (conf. causa cit.) si bien hay una amplia corriente del pensamiento doctrinario especializado que entiende que el límite temporal debe ser el de veinticinco años, nunca ha sido expresamente reconocido por nuestro legislador.
Por el contrario, hace más de una década que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal; conf. ley 25.928, B.O. de 10-IX-2004), por lo cual el incremento del monto de pena privativa de libertad temporal para el caso de unificación y concursos, a 37 años y 6 meses de prisión (arts. 55 -según versión anterior ley 25.928-, 79 y 227 ter, Cód. Penal) no vulneraría precepto constitucional alguno (art. 18, Const. nac.; conf. voto de la doctora Kogan, que acompañé, en causas P. 116.101, sent. de 12-III-2014 y P. 107.756, sent. de 4-V-2016).
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que "El propio art. 55 en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate", agregando que por sí misma, "...esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución Nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" ("Estévez", sent. de 8-VI-2010; conf., en el sentido indicado, lo resuelto por esta Corte en el precedente P. 127.708, sent. de 13-XII-2017).
V. Por estas razones, el monto de pena única finalmente impuesto a Mujica se enmarca dentro del límite máximo que establecía el art. 55 del Código Penal en su contenido anterior a la reforma introducida por la ley 25.928 del año 2004.
A todo evento, la denuncia de afectación al principio de legalidad no fue llevada a conocimiento del tribunal intermedio y, por ende, resulta extemporánea por ser novedosa y debe rechazarse (doctr. art. 451, CPP).
En conclusión, las objeciones del impugnante no demuestran la errónea aplicación de la ley de fondo ni la infracción de normas constitucionales que conduzcan a revertir lo decidido en la instancia de origen y confirmado por el revisor (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plat
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