Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130792
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.792, "Orkzynski, Uriel Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 36.842 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de noviembre de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental que -a través del trámite de juicio abreviado- condenó a Uriel Alejandro Orkzynski a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores -ésta de efectivo cumplimiento- más la imposición de reglas de conducta por el término de dos años, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal (v. fs. 38/48).
El defensor particular del nombrado -doctor Daniel Alejandro Iñigo- dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 84/98), siendo concedido sólo el último por el órgano inferior (v. fs. 99/102).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 119/123), dictada la providencia de autos (v. fs. 124), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 128/130) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El letrado de confianza del imputado Orkzynski dedujo la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley y se agravió de la errónea aplicación de los arts. 62 y 67 del Código Penal (v. fs. 89 vta.).
Sostuvo que la defensa anterior había solicitado la extinción de la acción penal del delito de lesiones culposas y que la Cámara, merced a un análisis erróneo y arbitrario de la ley penal sustantiva, invocando precedentes jurisprudenciales inaplicables al caso y haciendo meras afirmaciones dogmáticas, rechazó el planteo de prescripción y afirmó que la acción penal se encontraba vigente, pese a que habían transcurrido cuatro años desde el último acto interruptivo previo a la sentencia condenatoria de primera instancia (v. fs. 90).
Indicó que el acto procesal que revestía ese alcance era el auto de citación a juicio (v. fs. 393, expediente principal), y atendiendo a que las lesiones graves culposas cuentan con un máximo de pena en abstracto de tres años (arts. 62 inc. 2 y 94, Cód. Penal), al momento de dictarse la sentencia de primera instancia, la acción penal ya estaba prescripta. Agregó que como dicha figura concurre idealmente con el homicidio culposo y, conforme inveterada doctrina de esta Corte, aun en los casos de concurso ideal, la prescripción corre y opera para cada delito por separado, ese era el plazo de prescripción que debía computarse (v. fs. 90).
Explicó que en el fallo impugnado se estableció que "...la sentencia dictada por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, en relación [con] la denegatoria de la petición por parte del encausado de obtener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, interrumpe el curso de la prescripción", creando así, de forma extralegal, una nueva causal de interrupción de las acciones penales (v. fs. 90 y vta.).
Alegó que ello resultaba absolutamente contrario a la ley penal sustantiva vigente, por lo que debía hacerse lugar al presente recurso, revocarse la sentencia y declararse la prescripción de la acción penal del delito de lesiones graves culposas (v. fs. 90 vta.).
I.2. Por otra parte, cuestionó la revisión llevada a cabo por el a quo de la sentencia condenatoria, conforme el precedente "Casal" de la Corte federal y los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Objetó que la Cámara haya dicho que la defensa pretendía reinterpretar la prueba, pues tergiversó el planteo de esa parte que sólo quería la revisión del fallo, y de este modo dejó sin respuesta y tratamiento los agravios formulados. "En concreto, el planteo de que de todos y cada uno de los elementos probatorios surge de manera palmaria que el accidente automovilístico objeto de autos, se produce por la existencia de agua sobre la calzada , [es] hecho absolutamente imprevisible por parte del encausado, lo cual lo hace inevitable, por su sorpresa, configurándose un claro caso de caso fortuito o de fuerza mayor, en los términos del art. 1370 del Código Civil" (fs. 91 vta., el destacado figura en el original).
Adujo que, al no revisar las pruebas y la supuesta responsabilidad penal del encausado, el Tribunal de Alzada incumplió su función constitucional y convencional más importante. De este modo, consideró que desconoció arbitrariamente la jurisprudencia del caso "Casal" de la Corte federal y del precedente "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 91 vta. y 92).
Por último, señaló que lo dicho por la Cámara en cuanto a que el imputado debió representarse la existencia de agua sobre la calzada, constituye sólo un fundamento aparente, que afirma arbitrariamente obligaciones al encausado, sin identificarse siquiera de qué modo aumentó el riesgo permitido violando el deber de cuidado (v. fs. 92 vta.).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso intentado (v. fs. 119/123).
III. Discrepo con la solución propuesta, pues a mi modo de ver, la vía extraordinaria intentada prospera parcialmente.
IV.1. En lo que atañe al primero de los planteos, la Cámara señaló que de la lectura de las constancias del expediente principal surgía que la defensa había solicitado a favor del encartado la suspensión del juicio a prueba y, previa vista del agente fiscal de intervención, en fecha 28 de mayo del año 2013, el titular del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental había rechazado tal solicitud (en el marco de la audiencia preliminar del art. 338 del rito); decisión que, apelada, fue confirmada por ese Cuerpo el 19 de noviembre del año 2013, con fundamento en la oposición del titular del Ministerio Público Fiscal, motivando la interposición del recurso de Casación que fuera concedido por el Tribunal de Alzada, siendo finalmente rechazado por improcedente por la Sala V del Cimero Tribunal provincial merced al fallo de 4-XI-2014.
Explicó que en el escenario descripto se imponía resolver si se hallaba extinguida por prescripción la acción penal resultante de la figura imputada o si, por el contrario, las resoluciones dictadas a su respecto, resultaron de entidad interruptora de la acción, e impedían la declaración perseguida por el letrado defensor.
Trajo a colación la doctrina del fallo "Padula" para sostener que el "...caso sometido a estudio del Tribunal constituye una de esas excepciones puesto que el rechazo del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, tiene sustento en la imposibilidad de acordarlo, razón por la cual el gravamen no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena. Es que la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal". En el marco de dicha interpretación, de las constancias precedentemente reseñadas se advierte que la defensa requirió un pronunciamiento que ponga "fin al proceso", que lo torna "equiparable a una sentencia definitiva", por lo cual estimó que "...independientemente de que dicha sentencia consista en la confirmación o rechazo de la denegatoria de suspensión del juicio a prueba, también cabría atribuirle carácter interruptor, pues tal acto procesal revela claramente el mantenimiento de la voluntad persecutoria del estado y ello por cuanto 'la sentencia dictada por el Tribunal de Casación interrumpe el curso de la prescripción'..." (fs. 41 y vta.).
Concluyó que bajo tal lineamiento jurisprudencial interpretativo, y a la luz de lo normado por el art. 67 del digesto fondal, la acción penal no se encontraba extinguida, por cuanto -según ese criterio- debía otorgarse efecto interruptor a la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal -Sala V- de fecha 4-XI-2014; y, además, tomando en consideración el término de tres años previsto en el art. 62 inc. 2 del digesto de fondo, para la conducta tipificada en el art. 94 del citado ordenamiento normativo, no había transcurrido desde aquella fecha hasta el dictado de la sentencia (20-II-2017), el aludido y necesario período (v. fs. 41 vta.).
IV.2. El agravio prospera, pues le asiste razón al recurrente cuando sostiene que el Tribunal de Alzaba realizó una interpretación errónea del art. 67 del Código Penal.
La citada norma -texto según ley 25.990, que rige el caso- establece entre las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal, los siguientes hitos: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
En autos, el tribunal revisor, a resultas de hacer saber el trámite que tuvo un pedido de suspensión de juicio a prueba por parte del letrado particular de Orkzynski -en tanto fue denegado por el Juzgado en lo Correccional, confirmado ello por la Cámara y con posterioridad por el Tribunal de Casación Penal- consideró que esta última decisión -que rechazó el recurso impetrado- tenía capacidad para interrumpir el curso de la prescripción del delito de lesiones graves culposas. Ello sustentado en lo expuesto en el precedente "Padula" donde se estableció que "...si bien es doctrina del Tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen -por regla- la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 307:1030; 310:195, entre otros), corresponde hacer excepción en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (Fallos: 304:1817, 308:1107; 312:2480)" (fs. 41).
De ello se sigue que la Cámara ubica en un mismo estándar el concepto de sentencia equiparable a definitiva con el de sentencia condenatoria al que alude el apartado "e" del art. 67 del Código Penal, en la medida que la decisión de la Sala V del Tribunal de Casación que confirmó la denegatoria del beneficio solicitado fue tomada como hito interruptor de la prescripción de aquel delito.
Por ello acierta el recurrente al decir que el a quo efectuó una interpretación arbitraria desde que la sentencia tenida con capacidad para enervar el curso de la prescripción no es aquella a la que se refiere el aludido art. 67 del Código Penal.
IV.3. Sentado lo anterior, y en cuanto a los demás recaudos del instituto de la prescripción, corresponde señalar lo que sigue.
IV.3.a. En primer lugar, hay que destacar que siendo que los hechos aquí en juzgamiento -a tenor de la sentencia obrante a fs. 18/25 vta.- habrían acontecido el 30 de julio de 2010, es de aplicación -como se dijo más arriba- el art. 67 del digesto de fondo, según texto de la ley 25.990 (B.O. de 11-I-2005; arts. 18, Const. nac.; 2, Cod. Penal y 9, CADH) por ser el vigente al momento de su ocurrencia.
IV.3.b. De otra parte, si bien he adscripto a la tesis del paralelismo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal en supuestos de concurso ideal de delitos a partir de votar en las causas P. 66.793 ("J., J. s/ Abuso de armas", sent. de 9-XII-2003) y P. 85.149 ("T., J. H. Calumnias e injurias en concurso ideal", sent. de 29-IX-2004), solución que indudablemente, en mi opinión, ha sido receptada en la nueva formulación del quinto párrafo del art. 67 del Código Penal (conf. ley 25.990; doctr. causas P. 71.400 y P. 81.549, sents. de 27-II-2008; P. 71.635, sent. de 9-IV-2008; P. 93.042, sent. de 16-IV-2008; P. 73.735, sent. de 23-IV-2008; P. 83.402, sent. de 23-IV-2008; P. 98.044, sent. de 14-V-2008; P. 76.668 y P. 97.373, sents. de 18-VI-2008; P. 78.001, sent. de 2-VII-2008; P. 61.381, sent. de 3-IX-2008; P. 70.903, sent. de 18-XI-2008; P. 87.980 y P. 71.307, sents. de 26-XI-2008; P. 93.837, sent. de 3-VI-2009; e.o.), cabe referir que éste no ha sido un punto puesto en entredicho en el sub examine, de modo que no es dable fiscalizar su acierto o error.
Nótese que bajo tales presupuestos fue solicitada la declaración de prescripción por la impugnante, en su escrito de fs. 716/729 del principal, agraviándose de que no se hubiera procedido a establecerla de oficio, merced al último acto interruptor dado por la citación a juicio de fecha 26 de marzo de 2013 (conf. art. 67, cuarto párrafo inc. "d", ley 25.990), el criterio de que la prescripción corre separadamente respecto de cada delito también en caso de concurso ideal (art. 54, Cód. Penal), y el plazo de tres años establecido para las lesiones imprudentes (arts. 62 inc. 2, 94 y 67 último párrafo -según ley 25.990 cit.-, todos del Cód. Penal; v. fs. 725), por lo que al dictarse la sentencia de condena de fecha 20-II-2017, el delito de lesiones graves culposas se hallaba extinguido.
Concedido el recurso, se formó el incidente respectivo, elevándose junto con el principal (v. fs. 740 del referido); para luego el 17 de abril de 2017, en cumplimiento de la manda del art. 444 del Código Procesal Penal, hacer saber a los interesados la concesión del recurso de apelación de mentas y la radicación ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, a la par que se fijó audiencia para que comparezca el defensor apelante a los fines del art. 447 del Código Procesal Penal, siendo de todo ello notificado el señor Fiscal General, doctor Héctor Tanus, el día 19 del mismo mes y año (v. fs. 31 y vta. del legajo respectivo), sin que formulara argumentación alguna, ni refutara los agravios de la contraparte, cuando tal era la ocasión propicia al efecto (según doctr. causa P. 115.077, sent. de 24-IV-2013).
Para más, como se reseñara, la Cámara denegó la solicitud de la defensa en este punto en razón de una diversa interpretación del alcance de los actos procesales susceptibles de enervar el curso de la prescripción de la acción penal, en particular, en lo tocante al inc. "e" del cuarto párrafo del art. 67 del digesto penal, mas reputó que el plazo que debía computarse era el de tres años, examinando en paralelo cada delito, y no el de pena mayor (v. fs. 41 vta.).
Notificadas las partes (v. fs. 48 vta. y 56), el imputado recurrió, habiendo -luego en ciertas vicisitudes procesales- deducido su abogado de confianza recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante esta Corte (v. fs. 84/98 vta.), siéndole concedido sólo el último indicado (v. fs. 99/102), con notificación nuevamente al señor Fiscal General, doctor Héctor Tanus (v. fs. 102 vta.). Recibido el legajo ante esta Corte y subsanado lo concerniente a la falta de notificación al particular damnificado, se confirió traslado al señor Procurador General en los términos del art. 487, párrafo segundo, del Código ritual (v. fs. 116), y posterior dictado de autos para resolver del 30 de julio de 2018 (v. fs. 124), que se notificó a las partes (v. fs. 125), sin que se presentase la memoria a que refiere el último párrafo del precepto antes citado.
En su dictamen el señor Procurador General si bien reputó insuficiente el reclamo, dijo no compartir los fundamentos del a quo para asignar efecto no interruptor a las decisiones adoptadas en el trámite de incidencia previa al juicio y el dictado de la sentencia definitiva, acordando con la posición de la defensa acerca de los actos que revestían ese alcance, no obstante hallándose fuera de controversia la existencia de un concurso ideal entre los delitos de lesión y homicidio culposo, estimó que ello impedía reputar que hubiese operado respecto de las lesiones la extinción de la acción penal por prescripción, a tenor de la interpretación que efectuó del término "separadamente" que no había sido puesto en tela de juicio (art. 67, último párrafo, Cód. Penal).
IV.3.c. Entonces, tomando en cuenta el catálogo de causales de interrupción de la prescripción de la acción penal previstos por el mentado art. 67 del Código Penal, en su cuarto párrafo, desde el auto de citación a juicio de fecha 26 de marzo de 2013 (v. fs. 393 del principal) hasta el dictado de la sentencia condenatoria -no firme- fallada por el órgano de la instancia el día 20-II-2017 (v. fs. 18/25 vta.), ha transcurrido el máximo de duración de la pena correspondiente al delito de lesiones graves culposas -tres años-, computando la prescripción separadamente para los ilícitos involucrados, puesto que ese extremo así determinado en las instancias previas no había merecido objeciones de parte interesada, siendo impropia cualquier otra decisión a su respecto (conf. doctr. arts. 435 y 480, CPP).
IV.3.d. Tampoco se ha establecido que en el plazo a computar el procesado Orkzynski hubiese cometido otro delito con entidad interruptora, a la luz de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y de la Dirección de Antecedentes Personales de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 140 y 142).
IV.3.e. De todo lo expuesto se sigue que corresponde hacer lugar al planteo formulado por el defensor y declarar la extinción de la acción penal, por prescripción, respecto de Uriel Alejandro Orkzynski en orden al delito de lesiones graves culposas (arts. 2, 54, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 94, del Código Penal -texto según ley 25.189-). Por tanto, deben volver las actuaciones a la instancia de grado para una nueva individualización de la pena de conformidad con lo aquí resuelto.
V. Ahora bien, el agravio restante por el que cuestiona la revisión emprendida por la Cámara en lo que refiere al otro delito -homicidio culposo- debe ser desestimado.
V.1. En esta parcela del fallo, el a quo indicó que se encontraba debidamente demostrado en el sub lite la autoría del prevenido en el suceso investigado, sobre todo a partir de la concordancia que dimanaba del contenido del acta de procedimiento, croquis ilustrativo, declaraciones testimoniales, dictámenes mecánicos, certificados médicos, informe cadavérico, fotografías, historias clínicas, autopsia, pericias toxicológicas, informe planimétrico, pericia accidentológica e informes médicos (v. fs. 43 vta. y 44). "De allí es que el pronunciamiento condenatorio se justifica con la ponderación de la prueba que acredita la base fáctica establecida en la sentencia, donde fue descripto que el día 30 de julio del año 2010, siendo aproximadamente las 14,45 horas, a la altura del kilómetro 173 de la ruta nacional nro. 8, un vehículo marca Ford modelo Focus dominio EAD-820 el cual circulaba en dirección hacia la localidad de Arrecifes que era conducido por Uriel Alejandro Orkzynski invadió el carril contrario y colisionó con la parte delantera del vehículo marca Ford, modelo Eco Sport, dominio IYT-157 que circulaba por la mencionada ruta en dirección a Capitán Sarmiento, resultando del evento relatado el deceso inmediato del conductor del rodado embestido José Luis Antelo y las lesiones constatadas sobre los demás tripulantes, tod
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