Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132280
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.280, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 81.207 y su acumulada n° 81.224 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguidas a Verón, Alejandro Esteban o Rivadeneira, Alejandro Rene O Rivadeneira, Rene Alejandro" y acumulada P. 132.965-Q caratulada "Verón, Ariel Esteban o Rivadeneira, Alejandro Rene s/ queja", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud , Pettigiani , Torres.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de abril de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor agente fiscal y acogió de modo parcial el deducido por la defensa oficial en favor de Ariel Esteban Verón o Alejandro Rene Rivadeneira o Rene Alejandro Rivadeneira, interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, que por mayoría, había dictado veredicto absolutorio respecto del nombrado con relación al "hecho II", y lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (art. 166, segundo párrafo in fine, Cód. Penal -hecho I-), homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal -hecho III-), y robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (art. 166, inc. 2 in fine , Cód. Penal -hecho IV-), todos en concurso material. En consecuencia, casó el fallo, lo absolvió en orden al delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (hecho I), ponderó dos circunstancias atenuantes, y finalmente, lo condenó a la pena de dieciséis años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, por los restantes delitos (v. fs. 267/278).
Frente a lo así decidido, el señor fiscal ante dicha instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 282/289), lo propio hizo el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, quien articuló idéntica vía a favor del imputado (v. fs. 290/299 vta.). El Tribunal de Casación Penal admitió el primero y declaró inadmisible el deducido por la defensa (v. fs. 300/302 vta.), ello motivó la interposición de queja ante este Corte que tramitó como P. 132.965-Q, la cual fue resuelta de modo favorable por resolución del 4 de marzo de 2020 concediendo el recurso deducido a favor del imputado (v. fs. 447/450).
Oído el señor Procurador General a fs. 317/321 vta. 457/462, dictada la providencia de autos de fs. 322, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor fiscal de Casación?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la defensa oficial a favor de Ariel Esteban Verón o Alejandro René Rivadeneira o René Alejandro Rivadeneira?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció la inobservancia del art. 80 inc. 7 del Código Penal y la errónea aplicación del art. 165 del mismo cuerpo normativo; invocó error in iudicando al confirmarse el encuadre legal de la conducta reprochada al encausado en el injusto identificado como "Hecho III" (v. fs. 283 vta.).
Luego de una reseña de lo decidido por Casación sobre el punto, el recurrente hizo referencia respecto a que la diferencia existente entre el tipo penal del art. 80 inc. 7 y el del art. 165, ambos del Código de fondo, pasa por la conexión subjetiva que requiere el primero, la cual consideró acreditada en el caso de autos, y la desvinculación subjetiva final que rige la figura del homicidio en ocasión de robo (v. fs. 283 vta./284 vta.).
Repasó los que consideró "escasos" argumentos esgrimidos por parte de Casación para descartar la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código citado: "...imposibilidad de establecer el momento en que la víctima extrajo el arma con la que repelió la agresión" y la "...ausencia de acreditación que en el ánimo del autor el fin delictuoso haya funcionado como motivo específicamente determinante del homicidio"; a su vez, describió las circunstancias fácticas que arriban firmes a esta instancia y concluyó en que el imputado Verón dio muerte a Mattos al ver frustrado su plan criminal (v. fs. 285 y vta.).
Afirmó que la conexión final -o causal- exigida para la configuración del delito previsto en la norma citada (conexión ideológica de la muerte con la comisión), surge de manera clara de los hechos acreditados; a la par que resaltó una contradicción entre las circunstancias probadas y la subsunción legal que fue confirmada por Casación: los jueces del Tribunal Criminal entendieron que el imputado disparó a Mattos "... a los fines de consumar el robo que tenían planificado ", sin embargo al encuadrar los mismos, los magistrados sostuvieron "... no encuentro acreditada la conexión ideológica particular que reclama la figura del Art. 80 inc. 7 del C.P. consistente en plus de voluntad o ultrafinalidad indudablemente encaminada para poder consumarlo, apareciendo como una relación de medio a fin ", razonamiento que tildó de absurdo y arbitrario (v. fs. 285 vta. y 286, el destacado figura en el original).
Afirmó que no se trató de una muerte ocasional, sino la conducta de matar para robar, coincidiendo en ese punto con la postura que adoptara el voto en disidencia al afirmar que el imputado Verón no terminó la frase "esto es un...", porque algo vio que lo hizo dar muerte a Mattos al ver obstaculizado el otro delito que fue a cometer, el robo al mercado (v. fs. 286).
Destacó que los testigos presenciales Víctor Benítez y Mariana Nieto, fueron contestes en señalar que el imputado se paró frente a la víctima y antes de terminar la frase le realizó un disparo al pecho a la altura del corazón, observando en ese momento que Mattos tenía un arma en su mano con la que le efectuó disparos a Verón; el imputado en una primera instancia tuvo como mira el robo en el mercado pero sin siquiera terminar el anuncio que había comenzado, al ver a Mattos con un arma y ante la frustración de lo que tenía pensado hacer le disparó directamente al pecho a una distancia no mayor a 50 cm, con el claro fin de darle muerte (v. fs. 286 y vta.).
Señaló que "Verón dirigió su impulso homicida hacia el dueño del mercado, efectuándole un disparo directamente a una zona vital y a muy cercana distancia. Ello, al advertir la decisión de este de oponerse a la consumación de otro delito que tenía planeado. Lo expuesto resulta coherente con la circunstancia de que el imputado no haya alcanzado a terminar el anuncio que había iniciado. Mató sin dudas ante la frustración de su empresa delictiva"; por ende, su conducta excedió el marco legal del art. 165 del Código Penal (v. fs. 287).
Finalmente, citó abundante doctrina de esta Suprema Corte, y concluyó en la arbitrariedad del pronunciamiento en examen (v. fs. 287 vta. y 288).
II. El señor Procurador General, al emitir el dictamen aconsejó hacer lugar al recurso interpuesto (v. fs. 317/321 vta.).
III.1. Entiendo que el recurso no puede prosperar, pues aparece un obstáculo que impide atender en esta instancia al planteo del Ministerio Público Fiscal.
III.2. A partir del precedente "Colman" (causa P. 117.199, resol. de 21-V-2020) esta Corte interpretó que, cumplida la doble conformidad revisora respecto de la significación jurídica y la pena impuesta al supuesto de hecho objeto de litigio, el Ministerio Público no posee legitimación recursiva para hacer ingresar a la competencia de esta Corte planteos de la ley sustantiva que pretendan agravar la calificación legal y -por ende- la pena. Ello, sin perjuicio de tener expedita la vía extraordinaria federal, apta para garantizar el debido proceso y demás derechos constitucionales que el mencionado sujeto procesal pueda esgrimir.
En este sentido, el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, en el recurso oportunamente admitido, denunció un agravio de ley sustantiva -inobservancia del art. 80 inc. 7 del Código Penal e incorrecta aplicación del art. 165 del Código Penal- que, según lo expuesto en el párrafo anterior, quedó fuera del margen competencial.
Y si bien expresó que se encontraba acabadamente demostrada la "arbitrariedad del razonamiento", no surge del recurso en análisis un desarrollo autónomo consecuente con dicho anuncio, pues todos los argumentos expuestos en el recurso hicieron pie en el planteo de errónea aplicación de ley sustantiva.
En definitiva, el recurrente focalizó todo el esfuerzo argumental para demostrar que la prueba reunida en la causa permitía subsumir los hechos en una calificación más gravosa en los términos del art. 80 inc. 7 del Código citado, y ello quedó fuera del marco competencial de esta Corte por la doctrina citada, por lo que cabe sin más rechazar el recurso (conf. art. 15, ley 48, en función del art. 495, CPP).
Por lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial denunció la arbitrariedad de la sentencia recurrida por falta de fundamentación en la determinación del monto de pena impuesto, que implicó la violación al debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
Alegó que el Tribunal de Casación Penal incorporó dos pautas atenuantes requeridas oportunamente por esa defensa, a su vez, lo absolvió por el hecho n° I; y finalmente, redujo la pena a dieciséis años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 294/295).
Indicó que esa adecuación de pena por parte del a quo lo fue sin justificación alguna de cómo arribó a dicho monto, y que sólo redujo quince meses de prisión la sanción original pese a la incorporación de dos circunstancias atenuantes: la falta de escolarización del encartado y vivir en una villa de emergencia (v. fs. 295).
Adujo que la circunstancia denunciada va en contra de la normativa y doctrina legal que establece que los jueces deben expresar las razones por las cuáles disponen de una cierta cantidad de pena para quien resulte autor penalmente responsable de un delito cuyo monto oscila entre un mínimo y un máximo; cita en apoyo el precedente P. 81.527 de esta Suprema Corte (v. fs. cit. y vta.).
Agregó que dicha falta de justificación no se suple con la calificación de los hechos ni la ponderación de atenuantes y agravantes pues, debe explicar porque se aleja del mínimo de la escala penal y cómo impactan aquellas en la pena seleccionada (v. fs. 296).
El recurrente también sostuvo que, al interponer el recurso de casación, esa defensa se había agraviado de que el tribunal de origen se había alejado excesivamente del mínimo de la escala penal, aspecto que -según dijo- no recibió respuesta por el Tribunal intermedio, quien sólo brindó una fundamentación aparente; agregó que esa circunstancia se repitió en la instancia de revisión en donde se impuso una nueva pena sin justificación del alejamiento de dicho mínimo; citó en sustento de su postura el precedente P. 113.858 de esta Corte y el fallo "Aranda" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 296/297).
Por otro lado, sostuvo que al haberse casado el fallo de origen se está frente a una nueva sentencia que exige una debida fundamentación en lo que se refiere a la expresión de mérito de las circunstancias objetivas y subjetivas de ponderación a tenor de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 298).
Afirmó que en primera instancia se habían valorado una circunstancia atenuante con dos pautas agravantes, mientras que en la instancia revisora se valoraron tres pautas atenuantes y dos agravantes, por tal motivo, afirmó desconocer como en la sentencia impugnada se salvaguardó el principio de proporcionalidad a partir del nuevo cuadro de situación descripto (v. fs. 299).
Por último, consideró estériles las fórmulas utilizadas por Casación al mencionar como fundamento "...las características de los hechos" y "...las otras circunstancias valoradas por el Tribunal", por considerarlas genéricas y no permitir conocer los fundamentos de la nueva decisión (v. fs. cit.).
Por todo lo expuesto, solicitó que se case la sentencia recurrida y se reenvíen los autos al a quo para que -debidamente integrado- se dicte nueva sentencia conforme a derecho.
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. dictamen de fs. 457/462).
III. De conformidad con la resolución dictada por esta Corte a fs. 447/450, se abordará la denuncia de arbitrariedad formulada por la parte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En ese sentido, coincido con el señor Procurador General y considero que el recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, cabe recordar que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, condenó a Ariel Esteban Verón o Alejandro Rene Rivadeneira o Rene Alejandro Rivadeneira a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (art. 166, segundo párrafo in fine , Cód. Penal -hecho I-), homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal -hecho III-), y robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (art. 166, inc. 2 in fine , Cód. Penal -hecho IV-), todos en concurso material (v. fs. 191/228, sent. de condena).
III.2. Frente a esa decisión, la defensa del nombrado interpuso recurso de casación (v. fs. 44/57 vta., legajo n° 81.224). Puntualmente, y en lo que interesa destacar, denunció la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la insuficiente motivación de la sanción impuesta (v. fs. 54 vta./57); destacó que esa parte había solicitado oportunamente la valoración como pautas atenuantes el nivel socio económico y cultural bajo de Verón y la precarización habitacional, petición que ya había sido desoída por el sentenciante de origen; también alegó que el monto de pena aplicado se había alejado del mínimo de la escala penal previsto para las figuras endilgadas (v. fs. 57).
III.3. El tribunal intermedio abordó el pedido de la defensa y destacó que "...la precariedad de las condiciones de vida del imputado -evidenciado en el informe de concepto y el interrogatorio de identificación formulado al encartado- son circunstancias que sin duda se erigen como reveladoras de un alto grado de vulnerabilidad que inciden en el marco de libertad de elección, y en consecuencia limita su culpabilidad por lo que tales circunstancias deben gravitar como atenuantes en el marco de las pautas para la determinación de la pena que fija el artículo 41, inciso segundo del Código Penal en cuanto se refiere a las condiciones personales" (fs. 274 vta. y 275).
Al momento de resolver, el Tribunal de Casación tuvo en cuenta la absolución de Verón respecto al delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (hecho I), a su vez atendió las características de los hechos enrostrados y apreció de modo favorable la falta de escolarización del encartado y la circunstancia de vivir en una villa de emergencia como pautas atenuantes; tuvo en cuenta también las otras pautas valoradas oportunamente por el sentenciante de origen en los términos de lo dispuesto en los arts. 40 y 41 del Código Penal; finalmente, asumió competencia positiva y redujo la pena impuesta condenándolo a dieciséis años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 275 y vta.).
En lo que se refiere a las pautas valoradas por el juzgador de origen, el tribunal ponderó como circunstancia atenuante el buen concepto del que gozaba Verón, extremo que se acreditó por intermedio del informe ambiental; en el área de las agravantes, valoró como tal a la pluralidad de agentes y el empleo de medios mecánicos (v. cuestiones cuarta y quinta de la sent. de condena a fs. 214/217 vta.).
III.4.a. Sentado ello, se puede advertir que los agravios de la defensa fueron revisados y se proporcionaron las razones por las cuales se acogió de modo favorable a sus intereses el reclamo vinculado a las atenuantes postuladas, imponiendo un monto de pena sensiblemente menor al que había sido aplicado por la instancia de origen. Es decir, que la decisión puesta en entredicho cuenta, en este aspecto, con fundamentación suficiente que la pone a salvo de la tacha de arbitrariedad por supuesto déficit motivacional (doctr. art. 495, CPP).
En definitiva, el recurrente se limita a manifestar su parecer personal y disconformidad con el fallo recurrido, sin controvertir de manera eficaz los fundamentos brindados por casación quien luego de absolver a Verón por uno de los hechos y ponderar dos atenuantes, redujo la pena impuesta considerando para ello además las otras pautas oportunamente sopesadas por el juzgador de origen.
Cabe recordar, que es doctrina de esta Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; e. o.). El disenso de la parte acerca de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (causas, por muchas, P. 64.969, sent. de 12-III-2003 y P. 73.338, sent. de 25-VI-2003).
En consecuencia, el planteo se devela insuficiente (art. 495, CPP).
III.4.b. Las consideraciones vertidas precedentemente también alcanzan para desechar por su insuficiencia el planteo de la defensa respecto a que el Tribunal revisor brindó un tratamiento aparente al agravio vinculado con que el monto de pena aplicado en la instancia de origen se había alejado excesivamente del mínimo de la escala penal (art. 495, CPP).
Recordemos que el Tribunal de Casación acogió de modo favorable la petición de la defensa de computar dos pautas atenuantes, a la par que absolvió a Verón con relación al hecho I, y en ese marco, asumió competencia positiva y realizó una nueva dosificación de la sanción penal reduciéndola de dieciocho años de prisión a dieciséis años y nueve meses de prisión.
El nuevo quantum de pena aplicado por parte del órgano revisor implicó un nuevo tratamiento a la cuestión que -como bien lo advirtió el señor Procurador General en el dictamen- significó un abordaje implícito del planteo.
Cabe aquí reiterar que es doctrina de esta Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causa P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; entre muchas otras).
III.4.c. Por último, con relación a la denuncia de afectación al principio de proporcionalidad
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