Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132776
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.776, "Ruiz, Alan Joel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 88.855 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de septiembre de 2018, rechazó los recursos de la especialidad interpuestos por las defensas particulares en favor de Franco Emanuel Vera y Alan Joel Ruiz contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó al primero de los nombrados a la pena de prisión perpetua por resultar coautor del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego y por cometerse en poblado y en banda, en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causae, y al segundo a la pena de prisión perpetua por resultar coautor de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego y por cometerse en poblado y en banda en grado de tentativa y homicidio criminis causae y autor del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra, todos en concurso real entre sí (v. fs. 118/132).
Contra esa decisión el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Alan Joel Ruiz y la defensora de confianza de Emanuel Franco Vera, recurso de inconstitucionalidad (v. fs. 143/152 vta. y 175/179 vta.).
La Sala I del Tribunal de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto a favor de Vera, decisión contra la que no se ha interpuesto queja según el informe obrante a fs. 202; y declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Ruiz (v. fs. 180/184 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 204/207, dictada la providencia de autos a fs. 208 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa de Alan Joel Ruiz denunció la errónea aplicación del art. 45 del Código Penal en función del art. 80 inc. 7 del mismo cuerpo normativo, la violación al principio de culpabilidad por el acto -arts. 18 y 19 de la Constitución nacional- con relación al suceso que terminó con la vida de Hernán Díaz, y de la doctrina legal de esta Corte que citó en su presentación (v. fs. 150/152).
Sostuvo que el a quo consideró acreditada la existencia de un plan común previamente acordado conforme el esquema de la coautoría funcional, con división de tareas, lo que le permitió imputar a cada uno de los partícipes la realización del todo en cuanto injusto común (v. fs. 148 vta.), pero en esa interpretación -a su entender- se omitió explicar de qué modo consideraba probado que ese acuerdo excedía la realización de un robo mediante el empleo de un arma de fuego, y que se habría limitado a afirmar que no es necesaria la premeditación sino tan solo una decisión que puede incluso surgir súbitamente en la ejecución del hecho.
Señaló que las instancias previas entendieron que, sin perjuicio de que la figura en trato no requiere premeditación, la decisión de dar muerte surgió ante la actitud de una de las víctimas del desapoderamiento que acudió a auxiliar a su hermano, y que esa circunstancia habría desencadenado la reacción de uno de los asaltantes, quien sin mediar palabra alguna apuntó a la cabeza y disparó ante la amenaza al éxito de la empresa delictiva.
Expresó que la afirmación de que existió coautoría a partir de que cada uno de los intervinientes realizó un aporte relevante para la concreción del hecho, resulta válida solo en referencia al plan común destinado a emprender un robo con arma de fuego, pero que aparece dogmática y arbitraria si se pretende extenderla a la realización del homicidio agravado que se atribuyó a todos los coimputados del robo.
Agregó que de los hechos que se tuvieron por acreditados y en especial del contenido de los testimonios de las víctimas, puede advertirse que no existió por parte de su asistido ni del coimputado Vera aporte alguno a la ejecución del homicidio, así como tampoco codominio de ese hecho, y que la acción sobreviniente fue imprevista y no planificada.
Añadió que tal modo de decidir, responsabilizando al coautor del robo por el homicidio ejecutado por fuera del plan común, implicó la errónea aplicación del art. 45 del Código Penal y la infracción al principio de culpabilidad, ya que ningún elemento de prueba fue invocado en la sentencia que permita tener por acreditado que Ruiz aunara su voluntad a la repentina decisión del coautor del robo de dar muerte a la víctima para lograr la impunidad, con la particular subjetividad diferenciable del dolo mismo que caracteriza la modalidad agravada del homicidio del art. 80 inc. 7 del mismo cuerpo normativo.
Por último, aludió al principio versari in re illicita y a la imposibilidad de imputar ese tramo final del suceso al imputado Ruiz (v. fs. 150/151).
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso interpuesto.
III. En lo que interesa destacar, las instancias anteriores tuvieron por demostrado que "...el día 15 de febrero del año 2016, siendo aproximadamente las 20:00 horas, en la intersección de las calles Bulera y colectora de Ruta Tres de la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, tres sujetos de sexo masculino, actuando de consuno y conforme un plan de acción común, munido uno de los mencionados de un arma de fuego tipo revólver [...] interceptaron a Hernán Díaz, Matías Alexis Díaz, Brian Emanuel Aguilera y Leonardo Maximiliano Nicholson, para seguidamente apoderarse ilegítimamente de un celular propiedad de Matías Alexis Díaz, siendo que uno de los agresores le pega un culatazo en la cabeza a Matías Alexis Díaz, quien producto del golpe retrocede unos pasos, siendo que su hermano Hernán Díaz intenta socorrerlo y es en ese momento que con el fin de facilitar su accionar y procurar su impunidad uno de los reos le efectúa un disparo en la cabeza provocándole con dicho accionar una herida de arma de fuego que [...] desencadenó posteriormente su muerte" (fs. 121 vta.).
Asimismo, se tuvo por demostrada la participación de Ruiz en el hecho descripto en carácter de coautor funcional, el que fue calificado del modo indicado en los antecedentes de la presente.
Frente al cuestionamiento de la parte en torno a la intervención que le cupo a su asistido en el suceso cuestionado y la aplicación de la figura agravada de homicidio (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), el órgano intermedio se ocupó de las críticas del recurrente y procedió a analizar los elementos probatorios ponderados en la instancia de origen, para luego confirmar la valoración efectuada (v. fs. 122/129 vta.)
El tribunal revisor hizo mención a que "...los defensores se limitaron a criticar la ausencia y/o no acreditación del elemento subjetivo distinto del dolo, que requiere el delito de homicidio criminis causae ; sin argumentar ni rebatir los fundamentos que brindó el Tribunal" (fs. 128), luego refirió que "...la precisa reconstrucción del contexto histórico en que los imputados atentaron contra la vida de Hernán Díaz, en especial a partir de los testimonios de Matías Díaz, Leonardo Nicholson y Brian Aguilera, permite afirmar la conexidad ideológica reclamada por el tipo aplicado" (fs. 128).
En función de ello, el a quo expresó que: "...una vez que los partícipes se hicieron con la mochila, uno de ellos le solicitó a Hernán Díaz que le entregara su remera, impartiéndole un golpe con la culata del arma que portaba.// Frente a la agresión, uno de los hermanos de la víctima (Matías Díaz), acudió a auxiliarlo, preguntándole si se encontraba bien.// Tal actitud desencadenó la reacción de uno de los -hasta ahí- asaltantes, quien inmediatamente, sin mediar palabra de por medio, apuntó a la cabeza de Hernán y disparó, lo que ocasionó su muerte.// La circunstancia de que uno de los partícipes haya procedido a golpear con el arma a la víctima fatal, a la vez que le solicitaba sus pertenencias, demuestra la clara intención de impedir cualquier reacción inmediata por parte de las víctimas del robo que pueda, de alguna u otra forma, frustrar el atraco.// Y, en este punto, resulta dable afirmar que la reacción de Matías Díaz fue receptada como una amenaza al éxito de dicha empresa delictiva, por lo que el disparo mortal tuvo la finalidad no solo de asegurar el resultado buscado sino cualquier otra reacción de las restantes víctimas y, así, lograr su impunidad. // Claro está que, ante tamaña reacción -disparo mortal- no era necesario acabar con la vida de las restantes personas, como refiere la Defensa, ya que la amenaza latente de sufrir igual mal garantizaba la concreción de los fines buscados, impidiendo la reacción de las restantes víctimas" (fs. 128 vta./129).
Asimismo, los magistrados compartieron lo expresado por el señor fiscal adjunto en el memorial de fs. 111/114 quien sostuvo que en el caso "...se verifica la existencia de una coautoría funcional, en virtud de que todos los intervinientes, realizaron cada uno de ellos un aporte relevante para la concreción del hecho -ver testimonios de las víctimas y el rol que se les adjudica a cada uno de los intervinientes-, existiendo acuerdo de voluntades y teniendo el pleno dominio del hecho" (fs. 129 y vta.).
IV. Ante lo así resuelto, concuerdo con el señor Procurador General en cuanto propone el rechazo de los agravios relacionados con la falta de demostración de la coautoría funcional y la violación al principio de culpabilidad, en tanto la decisión atacada, en lo que respecta a la determinación de la intervención del imputado Ruiz en el hecho ejecutando un plan común y tal como surge de lo precedentemente reseñado, cuenta con fundamentos suficientes cuya razonabilidad no ha sido eficazmente controvertida por el impugnante (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, ninguna de las razones brindadas por el a quo mereció tratamiento y crítica concreta del señor defensor oficial, lo cual determina la insuficiencia de su intento por evidenciar desajuste normativo alguno respecto del encuadre del suceso al que ha limitado su queja ni las lesiones constitucionales que denunció (art. 495, CPP).
Adviértase que el recurrente cuestionó la aplicación del art. 80 inc. 7 citado, a partir de considerar que no estaría acreditada la concurrencia del especial elemento subjetivo que exige dicha figura, para lo cual, sin discutir los hechos, insistió en su interpretación acerca de la existencia de una acción sobreviniente e imprevista por parte de quien efectuó el disparo moral, la que -desde su posición defensista- no estuvo dentro del plan originario del desapoderamiento armado y que, entonces, solo cabría atribuirla al coimputado que acometió con el arma contra Hernán Díaz. Empero, en ese cometido, no se ocupó de rebatir de modo alguno los fundamentos específicos del fallo que cimentaron el rechazo de la hipótesis ensayada, dejando a sus reclamos en el terreno de la mera reiteración de argumentaciones y sin contrarrestar la concreta decisión del a quo sobre la existencia de una clara intención de los sujetos activos de impedir cualquier reacción inmediata por parte de las víctimas del robo (v. esp. fs. 128 vta./129).
Cabe poner de resalto que el a quo compartió el criterio expuesto por el tribunal de juicio, el que no se aparta del sustentado por esta Corte en cuanto ha establecido que del art. 80 inc. 7 del Código Penal "...no resulta, ni expresa ni implícitamente que su elemento 'subjetivo' del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito...", tal como parece interpretar la defensa al exigir la concurrencia de una preordenación anticipada, deliberada o resuelta de antemano en cuanto al homicidio finalmente cometido (doctr. causas P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 126.412, sent. de 15-VIII-2018; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; e.o.).
Tampoco el razonamiento coincidente de ambas instancias para justificar la atribución objetiva y subjetiva de la coautoría funcional del acusado en el homicidio del nombrado Hernán Díaz, en función de las situaciones de hecho probadas en el veredicto y la participación atribuida a Ruiz, le ha merecido al señor defensor oficial algún cuestionamiento específico que pudiera poner en jaque lo así resuelto con base en la plataforma fáctica acreditada (art. 495, cit.).
Por lo demás, respecto del asunto de quién efectuó el disparo mortal, esta Corte tiene dicho que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común. Desarticular tal coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (v. causa P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 131.347, sent. de 29-V-2019; e.o.).
También que "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, t. 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (conf. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993)" (conf. doctr. -en lo pertinente- causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 98.727, sent. de 2-VII-2008; P. 104.031, sent. de 3-VI-2009; P. 104.036, sent. de 11-V-2011; P. 131.347, cit., e.o.).
V. En mérito de lo expuesto, corresponde mantener la significación jurídica establecida en las instancias previas respecto del homicidio calificado atribuido al imputado a la que estuvo limitada la queja, perdiendo todo sustento la denuncia de infracción a los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional y la invocación del principio versari in re illicita, las que no vienen acompañadas de ningún desarrollo autónomo a los extremos antes tratados y desestimados.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/04/2021 11:26:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/04/2021 16:35:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2021 16:54:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 10:25:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 10:37:50 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia