Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133229
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.229-RC, "Serrano, Hernán Ezequiel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 88.704 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de septiembre de 2018, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Hernán Ezequiel Serrano contra la sentencia unificatoria de penas del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza que lo condenó a la pena única de treinta y tres años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas dispuesta en autos el 26 de febrero de 2013; la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas impuesta en la causa n° 3.420 del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón; y la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas en el marco de la causa n° 2.660 del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata (arts. 1, 106, 450, 451, 454 inc. 1, 530 y 531, CPP; 40, 41, 55 y 58, Cód. Penal; v. fs. 105/109 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 130/140 vta.), el cual fue concedido por la aludida instancia (v. fs. 164/167).
Oído el señor Procurador General a fs. 172/176 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 178), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa denunció arbitrariedad, infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), y la violación del debido proceso legal, el derecho de defensa y la garantía a la revisión amplia del fallo condenatorio (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 132 vta.).
Sostuvo que acudió al Tribunal de Casación Penal para reclamar por el excesivo monto de pena impuesto por el órgano de grado, cuestionando el sustancial alejamiento del mínimo previsto conforme las reglas del concurso aplicable al caso, así como para denunciar la falta de fundamentación en su determinación, y manifestó que las respuestas brindadas a sus planteos habrían consistido en afirmaciones inmotivadas y arbitrarias que meramente convalidaron la condena impuesta, pero sin debida explicación sobre cómo se llegó a esa conclusión (v. fs. 133 y vta.).
Con ese marco, por un lado, señaló que en lo que atañe a la construcción de la pena ninguno de los fallos anteriores refirió cómo llegó a determinar dicho monto punitivo, en tanto no se advierte la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso concreto, lo que habría impedido el ejercicio de una adecuada defensa a fin de controlar si la misma resultó razonable y ajustada a derecho (v. fs. 133 vta. y 134).
Al respecto enfatizó que -a su entender- es fundamental conocer el iter determinativo de la pena y la manera en que se conectó en abstracto con su defendido. En apoyo de su postura citó el voto minoritario del doctor Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estévez", sentencia de 8-VI-2010, e indicó que "...extraída la escala legal aplicable para adecuarla al caso en concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes", siendo -a su criterio- ese punto de ingreso, "el mínimo legal", para luego evaluar "...la existencia de agravantes y atenuantes", a las cuales considera que correspondería asignarles "...un monto de punición para luego de sumados y debitados ellos llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar" (fs. 134 vta. y 135).
Por otro lado, se refirió a la revisión de la fundamentación de la pena de prisión y alegó que el Tribunal de Casación se limitó a considerar que ella no era irracional o desproporcionada, sin exhibir cuál fue el razonamiento efectuado a fin de graduar dicha sanción, incumpliendo así con su deber de efectuar una adecuada revisión integral del fallo (v. fs. 135 vta. y 136).
Consideró que el a quo debió adentrarse al estudio de si correspondía alejarse del mínimo legal y por qué razones, cuáles eran las circunstancias tenidas en cuenta para ese alejamiento y si ellas resultaban debidamente fundamentadas, proceso que -expresó- el órgano revisor no cumplió, provocando "...la desnaturalización del derecho al recurso [...], en un aspecto fundamental como lo es el monto de pena a ejecutar" (el destacado figura en el original; v. fs. 137).
En opinión de la defensa el fallo impugnado sólo contendría explicaciones genéricas, sin indicación de la significación que en la escala aplicable atribuyó a cada pauta atenuante y agravante valorada, proceder que estimó necesario en el caso teniendo en cuenta el alejamiento del mínimo legal. Denunció la violación del debido proceso y de la defensa en juicio (v. fs. 137 vta./138 vta.).
Finalmente, en sustento de su postura citó los precedentes P. 83.260, P. 87.172 y P. 96.240 de este Tribunal, y los fallos "Miara, Samuel y Castillo de Miara, Beatriz", sentencia de 15-VII-1997 y "Squilario", sentencia de 8-VIII-2006, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 138/139 vta.).
Por todo lo expuesto solicitó que se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos a la instancia anterior para que, debidamente integrado, se dicte una nueva sentencia conforme a derecho sobre la cuestión discutida (v. fs. 140).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General en cuanto al rechazo del recurso interpuesto.
III.1. La decisión del a quo, confirmatoria del fallo de unificación del tribunal de origen, aparece respetuosa de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales y de los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también de las normas nacionales y supranacionales involucradas, en tanto abordó y se expidió debidamente sobre los motivos de queja llevados a su conocimiento.
III.2. Corresponde considerar que en el recurso de casación la defensa denunció la inobservancia de los arts. 106 y 210 del Código Procesal Penal y la de los arts. 40 y 41 del Código Penal. En esa articulación cuestionó el monto de la pena única impuesta argumentando que se encontraba sustentado en una mera remisión a las pautas de los arts. 40 y 41 del Código fondal.
Esencialmente, se agravió del apartamiento del mínimo legal y cuestionó que se haya utilizado el sistema composicional -a su entender- sin explicación alguna. En su opinión, la pena única no debió superar los quince años de prisión con más la declaración de reincidencia.
III.3. Frente a esos reclamos, el órgano revisor, interpretando el art. 58 del Código Penal, señaló que no pueden coexistir penas impuestas en forma independiente y se refirió a las dos hipótesis de unificación que establece la norma, esto es, de penas y de condenas (v. fs. 106 y vta.).
En ese sentido y con relación al caso, afirmó que la pena única impuesta a Serrano resultó de una derivación lógica del método composicional, siendo inferior a la suma de las condenas recaídas, y que no resultaba irracional o desproporcionada ni contrarrestaba la naturaleza de los ilícitos comprendidos en la pena única cuestionada (v. fs. 106 vta.).
En dicho marco, señaló que la consideración de los factores para la determinación de la pena, incluyendo aquella resultante de la aplicación del proceso unificatorio del art. 58 del Código Penal, es una facultad propia de los jueces de mérito y que está a cargo de quien la impugne la demostración de la existencia de algún vicio o defecto que descalifique esa decisión, circunstancia que no halló presente en la vía casatoria pretendida.
Asimismo, en lo referido a la pretendida falta de fundamentación en el juicio de mensura punitiva, señaló que no puede soslayarse que las pautas atenuantes y agravantes fueron adecuadamente valoradas por los tribunales de instancias. Ello sumado a que el sentenciante de grado efectuó una reducción del monto en dos años por debajo de la suma aritmética de las tres sentencias condenatorias a unificar (v. fs. 107).
Resaltó que el recurrente no atacó ninguna de las circunstancias anteriormente meritadas, sino que se limitó a reclamar un monto de pena inferior con la sola afirmación de que se debió fijar el mínimo legal "...en atención al juego del concurso real de delitos, siendo que debe partir del mínimo mayor" (fs. 107).
Agregó que no hay un método que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas, sino que debe atenderse a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad y tenerse en mira una adecuada reinserción social de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, permita tildar de excesivo el monto de la pena escogido (v. fs. 107/108).
También se refirió a la doctrina de esta Corte que ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo de la escala penal, como también en cuanto establece que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 56.481, sent. de 27-II-1996 y P. 38.661, sent. de 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (conf. causa P. 79.708, sent. de 18-VI-2003; v. fs. 108 y vta.).
Concluyó en que el quantum aplicado resultó ecuánime dentro de los parámetros fijados en los arts. 55 y 58 del ordenamiento sustantivo (v. fs. 108 vta. y 109).
IV. El fallo casatorio reseñado dio cabal respuesta al reclamo que la defensa llevó a la instancia revisora, y de su lectura resulta que, lejos de haber limitado su competencia como se denunció, abordó la queja otorgando debido tratamiento a los agravios planteados en el recurso de casación en lo relativo a la construcción y fundamentación del método de unificación de penas.
Frente a lo así resuelto, conforme resulta de la reseña de los agravios traídos a esta instancia, se advierte que el impugnante no ha reparado en los fundamentos expuestos en el fallo en crisis y que su presentación contiene tan solo la enunciación de un criterio discrepante, circunstancia que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Con fundamento en todo lo antes transcripto, cabe destacar que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras de ese cometido, desde que abordó los argumentos de la parte y los descartó proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni el recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que citó en su impugnación.
La afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación se limitó a responder mediante afirmaciones que no se condicen con las constancias de la causa y que el tránsito por esa instancia resultó "aparente", ha sido expuesta huérfana de todo sustento argumental y, por tanto, indemostrada.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis, se advierte que abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme los estándares asignados por la Corte nacional a partir del precedente "Casal".
Al respecto, cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia vicios de tal magnitud.
Por lo demás, la denuncia de afectación de las garantías constitucionales aludidas se formalizó de manera genérica al no referirse concretamente a las constancias de la causa y sin demostrarse su conexión con la situación juzgada en estas actuaciones.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y, devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/04/2021 16:43:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/04/2021 09:31:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2021 11:57:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2021 13:55:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2021 14:00:58 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia