Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gabriel Andrés Juricich por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.301, "Silva, Walter Sebastián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 74.059 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza que había condenado a Walter Sebastián Silva a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por ser autor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma, en grado de tentativa y homicidio agravado criminis causa , en grado de tentativa, en concurso real; en consecuencia, casó la sentencia al nivel de la determinación del monto de pena y condenó al nombrado a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por los mismos delitos (v. fs. 88/104 vta.).
Contra esa decisión, la defensa particular del imputado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 116/151), el que fue concedido a fs. 152/153.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 168), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En primer término, la defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia recurrida por haber convalidado la aplicación de una doble valoración prohibida en materia penal (v. fs. 126).
Cuestionó la calificación legal establecida en ambas instancias y sostuvo que -a su entender- se trató de un solo y único hecho -una presunta tentativa de robo con lesiones- y que, no obstante, se mantuvo una doble imputación, esto es, robo calificado por el uso de armas y homicidio criminis causa , los dos en grado de tentativa y en concurso real. Afirmó que la construcción de ese concurso quebrantó la prohibición antes aludida y que, entonces, se aplicó erróneamente la ley sustantiva.
Alegó que no se acreditó el elemento subjetivo específico diferente del dolo exigido por el art. 80 inc. 7 del Código Penal, que su asistido intervino en una legítima defensa de un tercero y que, en su caso, el suceso debió subsumirse en el art. 165 del mismo cuerpo legal, fijándose la pena en cinco años de prisión (v. fs. 127).
Entendió que, más allá de que el agravio no fue llevado a las instancias previas, por aplicación del art. 435 del Código Procesal Penal, tal circunstancia no resultaría óbice para su análisis (v. fs. 127/128).
Luego de realizar distintas consideraciones sobre la reformatio in melius, concluyó afirmando que a su defendido se le aplicó una pena mayor de la que hubiese correspondido si los delitos juzgados hubieran sido consumados. Denunció la afectación de los principios de igualdad ante la ley, de razonabilidad y de legalidad (v. fs. 129).
I.2. Por otra parte, tildó de arbitraria la sentencia recurrida por inobservancia del art. 165 del Código Penal, en contraposición con el art. 80 inc. 7 del mismo cuerpo legal, lo que implicó -a su entender- la violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Precisó que los dos aspectos cuestionados de la sentencia, uno relativo a la calificación legal del suceso en análisis y otro a la participación que en el mismo cupo al imputado, tienen como objetivo corregir la injusta pena impuesta a su asistido.
Afirmó que en ambas instancias no sólo se eligió la calificación más gravosa, sino que se desdobló un único hecho encuadrándolo en tipos penales más severos que la sana crítica aconsejaría.
Resaltó que no se produjo desapoderamiento de ningún objeto, por lo cual el robo es tentado, y que tampoco se produjo ninguna muerte, considerando por ello que lo correcto sería aplicar la figura del art. 166 inc. 1 por las lesiones y la del inc. 2 por el robo con arma en grado de tentativa.
Con cita de precedentes de esta Corte, también discurrió sobre las diferencias entre el homicidio criminis causa e, como delito doloso de dolo directo, y el homicidio en ocasión de robo donde el dolo puede admitir cualquiera de sus tres formas, destacando que en ambos tipos legales se discute si la tentativa es posible.
I.3. También denunció arbitrariedad al haberse violentado las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio por indebido control casatorio en lo atinente a la determinación de la pena impuesta.
Refirió que los magistrados deben explicar por qué y cómo cada una de las pautas valoradas inciden en el grado del injusto o de la culpabilidad en el caso concreto (v. fs. 143) y afirmó que la simple indicación de las pautas a valorar y del articulado del Código Penal que da marco normativo a dicho proceder sentencial no basta para cumplir con la exigencia de debida fundamentación que el Máximo Tribunal nacional ha construido a partir de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (v. fs. cit.).
Consideró que no puede evaluarse como agravante el daño físico ocasionado a la víctima si la calificación fue la de homicidio criminis causae , para luego insistir con la denuncia de violación del non bis in idem y finalizar este tramo solicitando se case la sentencia y que se fije una pena que no supere el mínimo legal de la figura del art. 166 del Código Penal (v. fs. 144/147).
I.4. En subsidio, denunció que el pronunciamiento impugnado no respetó los parámetros establecidos por las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio. Reiteró que el revisor debió aplicar la reformatio in melius y que, al no hacerlo, dejó sin atender cuestiones para las cuales la ley le ha otorgado competencia, dictando así un fallo que solo aparentemente satisface la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto propicia el rechazo del recurso.
III. Inicialmente, debo señalar en concordancia con el dictamen antes aludido que la competencia de esta Corte quedó abierta para el examen de los agravios relacionados con la denuncia de violación de la ley sustantiva, en concreto, de los arts. 166 inc. 2 y 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 152/153), y que de ese modo ha quedado marginado cualquier otro agravio contenido en la articulación interpuesta, sin que la defensa se haya quejado de esa limitación establecida en el auto de su concesión.
Con relación a los planteos admitidos, también concuerdo con el señor Procurador General en que los agravios traídos son fruto de una reflexión tardía.
En el recurso de casación la defensa técnica del imputado formuló cuestionamientos relacionados con la prueba del hecho y la participación de su asistido en el mismo; criticó la apreciación de diversos elementos probatorios y argumentó que en realidad hubo una riña y que Silva habría acudido en ayuda de uno de los sujetos que se encontraban en lucha; alegó la violación a los principios procesales de la sana crítica racional en la valoración probatoria por falta de fundamentación en la reconstrucción del hecho y la ausencia de prueba en la acreditación de la autoría. A todo evento, reclamó la aplicación del in dubio pro reo y, en su defecto, que el hecho fuese calificado como lesiones en riña (v. fs. 25/65). Cabe señalar que el defensor no se presentó a la audiencia convocada en la instancia intermedia (v. fs. 79/80 y 87).
En el pronunciamiento en crisis, el a quo reseñó los planteos casatorios (v. fs. 89 y vta.) y les dio respuesta en los términos de la impugnación llevada a su conocimiento (v. fs. 59/102).
Conforme resulta de lo anteriormente expuesto, ningún reclamo de los aquí traídos, sustentados en la inobservancia de la ley sustantiva que abrió la competencia de esta Corte, fue efectuado por la defensa en esos términos ante la instancia de Casación, resultando entonces que los argumentos traídos en la vía recursiva en examen, conforme fueron reseñados en el apartado I de la presente, son novedosos y, por tanto, resultan extemporáneos. En rigor, constituyen una variación argumental sustancial que lo tornan inaudible ante esta Corte (doctr. art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 126.079, sent. de 21-III-2018; P. 131.533, sent. de 11-IX-2019; P. 132.720, sent. de 29-IV-2020; e.o.).
No modifica la cuestión lo normado por el art. 435 del Código Procesal Penal - reformatio in melius - invocado por el recurrente, pues que el órgano jurisdiccional interviniente tenga la facultad de abordar un agravio para mejorar la situación del imputado no quiere decir que esté obligado a hacerlo, toda vez que la no utilización de la facultad, frente a la falta de embate formulada oportunamente por el impugnante, no significa transgresión legal alguna (doctr. causas P. 102.166, sent. de 22-IV-2009; P. 126.571, sent. de 22-III-2017; entre muchas otras).
IV. Por otra parte, lo alegado en derredor de los principios constitucionales invocados carece de un desarrollo argumental autónomo y fue vinculado con las pretensiones antes desestimadas, por lo que también deberá ser rechazado (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud , votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gabriel Andrés Juricich por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/04/2021 14:48:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2021 15:34:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2021 18:39:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2021 19:02:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2021 20:38:29 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia