Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133343
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada en el nivel de la determinación de la pena y se dispone el reenvío al órgano de origen a fin de que se resuelva conforme a derecho (arts. 496, CPP; 40 y 41, Cód. Penal).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.343, "Naranjo, Benjamín Eduardo y Ramírez, Pedro Luis s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 91.069 y su acum. 79.963 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante resolución de fecha 14 de febrero 2019 y aclaratoria de fecha 16 de abril de 2019, admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Benjamín Eduardo Naranjo y Pedro Luis Ramírez contra las sentencias dictadas por el citado órgano jurisdiccional en las que, por un lado, en el marco de la causa 79.963, hizo lugar al recurso de casación deducido a favor de los nombrados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Martín, que condenó a Naranjo a la pena de once años y un mes de prisión y a Ramírez a la pena de diez años y once meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes; en consecuencia, Casación descartó una pauta agravante y ordenó el reenvío de las actuaciones para la determinación de la pena.
Por otro lado, en causa 91.069 rechazó el carril de la especialidad nuevamente presentado por la defensa de los imputados luego de cumplirse con el reenvío y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martín que readecuó las penas, respectivamente, en diez años y once meses de prisión, accesorias legales y costas y diez años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 77/79 y 85/86).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 102/108), dictada la providencia de autos (v. fs. 110) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Naranjo y Ramírez contra las sentencias dictadas el 23 de noviembre de 2017 (legajo casatorio 79.963) y el 13 de noviembre de 2018 (legajo casatorio 91.069) por la Sala V del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 64).
I.1. En primer lugar, reseñó los antecedentes del caso.
Recordó que el Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Martín, con fecha 12 de julio de 2016, condenó a Eduardo Benjamín Naranjo a la pena de once años y un mes de prisión y a Pedro Luis Ramírez a la pena de diez años y once meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes (v. fs. 65 vta.).
Contra ello, la defensa interpuso recurso de casación (legajo casatorio 79.963) en el que, por un lado, tachó de arbitraria la valoración de la prueba en lo que respecta a la existencia del hecho y a la autoría penalmente responsable de los nombrados y, por el otro, cuestionó la aplicación de la agravante prevista en el art. 119 inc. "d" del Código Penal. Finalmente, criticó el monto de pena impuesto (v. fs. 65 vta. y 66).
El 23 de noviembre de 2017, la Sala V del Tribunal de Casación Penal hizo lugar parcialmente a la impugnación en cuanto al planteo de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y suprimió la agravante relativa a la falta de utilización de preservativo en los abusos sexuales, reenviando las actuaciones a jueces hábiles para la readecuación de las penas.
La defensa oficial presentó reserva de impugnar el fallo casatorio ante esta Corte en los aspectos no alcanzados por el reenvío (v. fs. 66 y vta.).
El Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martín, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, readecuó la pena de Naranjo en diez años y once meses de prisión y la de Ramírez en diez años y nueve meses de prisión (v. fs. 66 vta.).
Contra ello, la defensa presentó nuevo recurso de casación (legajo 91.069). En la memoria, se agregó la afectación del principio de proporcionalidad y la necesidad de ponderar el tiempo de duración del proceso como pauta atenuante de la pena. A su vez, se denunció que mientras la falta de utilización del preservativo implicó la agravación de la pena en un año y dos meses de prisión en la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, el Tribunal del reenvío redujo la condena sólo en dos meses, resultando esto violatorio del principio constitucional contra la reformatio in pejus (v. fs. cit.).
El 13 de noviembre de 2018, el Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso (v. fs. 67).
I.2. En cuanto al fondo del reclamo, por un lado, tachó de arbitraria la valoración de la prueba (v. fs. 67 vta.).
En tal sentido, recordó que en el recurso de casación se cuestionó que se hubiera tenido por probada la coautoría de sus asistidos únicamente con base en la declaración de la víctima, S. M. A., a la que calificó de contradictoria. Agregó que también se hizo referencia al resultado de la pericia de ADN que excluyó a sus defendidos como aportantes genéticos (v. fs. 68 vta./69 vta.).
Frente a ello, el señor defensor oficial alegó que el Tribunal intermedio se limitó a trascribir los argumentos expuestos por el órgano de mérito sin evaluar de manera objetiva la prueba ni tomar en consideración las objeciones planteadas por la defensa, realizando una revisión meramente aparente (v. fs. cits.).
I.3. Como segundo agravio, planteó la afectación al principio contra la reformatio in pejus (art. 18, Const. nac.).
Sostuvo que las penas impuestas en el juicio de reenvío y luego confirmadas por la casación son arbitrarias por desmesuradas e irrazonables (v. fs. 68 vta. y 69).
Explicó que los jueces del Tribunal en lo Criminal n° 4 redujeron las penas de modo insignificante y sin dar fundamentos para ello, lo que afectó al principio contra la reformatio in pejus (v. fs. 69).
Puntualizó que fueron dos los agravios vinculados con el monto de la pena: el primero, referido a la falta de ponderación por el órgano de mérito de la duración del proceso como pauta atenuante. El segundo, vinculado a la afectación de la reformatio in pejus con sustento en que mientras la sentencia de condena de primera instancia estableció que la falta de utilización de preservativo implicó la agravación de la pena en un año y dos meses de prisión, luego de que el Tribunal de Casación Penal descartara dicha pauta, la condena se redujo sólo en dos meses (v. fs. 69).
En lo que hace a la duración del proceso, recordó lo establecido en los arts. 7.5. y 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica (v. fs. 69 y vta.).
Insistió en la violación del principio contra la reformatio in pejus y explicó que el Tribunal del reenvío tenía una limitación jurisdiccional: su decisión estaba vinculada al juicio anterior por lo que al haberse reducido la condena en sólo dos meses se quebrantó el citado principio constitucional (conf. art. 435, CPP). En tal sentido, manifestó que "...si en la primigenia sentencia del TOC n° 2 departamental fijó como incidencia de la agravante excluida por el Tribunal de Casación el valor de un (1) año y dos (2) meses, la resultante de la reducción de dicho monto será la que determine el máximo de la pena que se podrá imponer a [sus] asistidos en el nuevo pronunciamiento" (fs. 70).
Manifestó que la respuesta del Tribunal de Casación Penal ante las críticas formuladas por la defensa violó la garantía de revisión integral (8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP) dado que lo fallado no respetó los principios de mínima intervención penal, razonabilidad y proporcionalidad de la pena, debido proceso legal, imparcialidad del juzgador, igualdad de partes, pro homine y reformatio in pejus (conf. "Casal", CSJN; "Herrera Ulloa", CIDH; v. fs. 70/72 vta.).
II. Al igual que el señor Procurador General (v. fs. 102/105), considero que el recurso procede parcialmente por los siguientes motivos (art. 496, CPP).
III. Previo ingresar al fondo del reclamo, corresponde aclarar que teniendo en consideración el alcance del juicio de admisibilidad (conf. art. 486, CPP), sin perjuicio del acierto o error del mismo, siendo que la defensa oficial no dedujo queja ante esta Corte (v. informe de fs. 133), se abordará el único agravio por el que fue admitida la impugnación: errónea revisión del monto de la pena.
En función de lo expuesto, no corresponde efectuar consideración alguna sobre los planteos dirigidos a cuestionar el modo en que el juzgador tuvo por probados los hechos por haber sido desestimados por extemporáneos (v. fs. 78).
Tampoco se analizarán los agravios relativos a la afectación del principio contra la reformatio in pejus, plazo razonable del proceso como pauta atenuante, mínima intervención penal, razonabilidad y proporcionalidad de la pena, debido proceso legal, imparcialidad del juzgador, igualdad de partes y pro homine . Ello en tanto ninguno de ellos fue analizado en el juicio de admisibilidad -que se ciñó a tratar únicamente las críticas vinculadas al "modo en que el juzgador [...] tuvo por probados" los hechos y el planteo de revisión aparente en el monto de la pena- sin hacer ninguna consideración expresa sobre los mismos y sin que pueda entenderse que fueron implícitamente admitidos.
IV. Sentado lo anterior, el agravio de errónea revisión del monto de la pena es procedente pues -como a continuación se demostrará- el órgano de Alzada formuló consideraciones genéricas y dejó sin respuesta los concretos planteos de la parte relativos a la afectación al principio contra la reformatio in pejus y a la falta de ponderación de la duración del proceso como pauta atenuante sobreviniente (conf. arts. 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP y 496, CPP).
Veamos.
IV.1. En el recurso de casación contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 que readecuó la pena oportunamente impuesta a Naranjo y a Ramírez, la defensa oficial de primera instancia, en lo que aquí importa, tachó de arbitrario el fallo (v. fs. 1/4 del expediente 91.069).
Alegó que, frente al pedido de ponderar la duración del proceso como pauta atenuante, el sentenciante sostuvo que sólo correspondía tratar las atenuantes y agravantes previamente establecidas en el juicio de reenvío sin que resultara posible agregar otras nuevas. Frente a esto, la defensa indicó que se desconoció el carácter dinámico de los procesos penales e insistió en la necesidad de ponderar la duración del proceso como pauta atenuante.
Por otra parte, manifestó que "...la sentencia original de fecha 12 de julio de 2016, al momento de graduar la pena [...] estableció que la agravante por falta de utilización de preservativo implicaba una agravación de un año y dos meses de prisión para cada uno de los imputados; por lo cual a fin de no afectar la reformatio in pejus, por lo menos, la disminución de la pena debería haber sido esa" (fs. 4).
IV.2. Ante tales planteos, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, rechazó el recurso por improcedente (v. fs. 55/60).
Puntualizó que "... para la determinación de la pena no se atiende a la consideración fragmentaria y aislada de las pautas que se ponderan, pues el proceso individualizador no constituye un mero cálculo matemático y atiende a la apreciación de los aspectos objetivos del hecho y a las calidades del autor (art. 40 y 41, Cod. Penal)" (fs. 57 vta.).
Agregó que la condena debe guardar proporción con el hecho atribuido, respetando siempre las escalas penales y teniendo en consideración los fines de prevención general y de prevención especial en la ejecución (conf. "Fermín Ramírez", CIDH; v. fs. 58).
Con dicho marco conceptual, resolvió que atendiendo a la calificación legal del hecho atribuido a Benjamín Eduardo Naranjo y a Pedro Luis Ramírez, dada la gravedad de los hechos, la magnitud de la escala penal, las atenuantes y agravantes ponderadas así como los fines de prevención especial, las penas impuestas a los nombrados resultan "...racionalmente proporcionadas al [...] principio de culpabilidad por el acto adjudicado, montos de pena que por otra parte, se encuentran cercanos al mínimo de la escala penal aplicable" (fs. 58 vta.).
IV.3. De la reseña expuesta en los puntos anteriores se desprende que los concretos agravios llevados por la defensa oficial quedaron sin respuesta.
En efecto, el Tribunal de Casación Penal hizo consideraciones genéricas respeto de los fines de la pena y de los principios de proporcionalidad y culpabilidad, agregando que las particularidades del caso (características del hecho, atenuantes y agravantes ponderadas) permitían afirmar que la pena impuesta a los nombrados, además de ser cercana al mínimo legal, era razonable.
Sin embargo, no abordó los puntuales planteos vinculados a la falta de ponderación de la duración del proceso como pauta atenuante sobreviniente así como tampoco la denuncia de violación al principio contra la reformatio in pejus, originada en el modo en que se redujo la pena luego de la obliteración de la agravante cuando, tal como señala el señor Procurador, era un planteo que no se sustentaba en meras conjeturas del recurrente sino que se asentaba en que el propio órgano de juicio había determinado el peso específico de cada una de las circunstancias agravantes, sin respetar luego el impacto proporcional en la determinación de la pena una vez eliminada una de ellas (conf. a contrario sensu , mi voto en P. 126.227, sent. de 26-X-2016).
V. En definitiva, al no haber recibido respuesta concreta la crítica efectuada por la defensa oficial en el recurso de casación, se incumplió con el estándar de revisión fijado por la Corte nacional a partir del caso "Casal" (Fallos: 328:3399 y precedentes subsiguientes sobre el punto) en cuanto a la denuncia de afectación del principio contra la reformatio in pejus y a la desestimación del pedido de atenuación de la condena por violación del plazo razonable de duración del proceso (conf. "Centurión, Luis Alberto y Baini, Andrés Maximiliano y otros s/ presentación", CSJN, sent. de 6-XII-2016).
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto con el alcance indicado, revocar el fallo impugnado en el nivel de la pena y disponer el reenvío al Tribunal de Casación Penal a fin de que se resuelva conforme a derecho (arts. 496, CPP; 40 y 41, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada en el nivel de la determinación de la pena y se dispone el reenvío al órgano de origen a fin de que se resuelva conforme a derecho (arts. 496, CPP; 40 y 41, Cód. Penal).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/04/2021 12:12:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/04/2021 13:38:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/04/2021 15:11:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/04/2021 16:47:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/04/2021 18:34:35 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia