Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133797
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el pronunciamiento recurrido y se remiten los autos a la instancia anterior para que, con la integración que corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (doctr. art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.797, "Rubio, Roberto Miguel -Fiscal General del Departamento Judicial de Trenque Lauquen- seguida a Canibano, Facundo Martín s/recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 15.033 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud,
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de febrero de 2020, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y revocó el fallo pronunciado por el Juzgado en lo Correccional n° 1 de ese Departamento Judicial que había condenado a Facundo Martín Canibano a la pena de un año y tres meses de prisión en suspenso por ser autor responsable de los delitos de daño, lesiones leves agravadas y amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real entre sí (arts. 183, 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo última parte y 55, todos del Código Penal). En consecuencia, lo absolvió en orden a todos los delitos imputados (v. fs. 192/195).
El señor Fiscal general departamental -doctor Roberto Miguel Rubio- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 214/220 vta.), el cual fue concedido por resolución de la Cámara interviniente (v. fs. 221/223).
El señor Procurador General sostuvo el recurso y aconsejó su procedencia (v. fs. 234/237 vta.). Dictada la providencia de autos a fs. 239 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Fiscal general departamental denunció la arbitrariedad de la sentencia de la Cámara en cuanto a que dicho órgano, frente a hechos que se enmarcan en un contexto de violencia familiar y de género, realizó una interpretación irrazonable de la garantía del ne bis in idem, lo que -con fundamento legal en la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer- podría poner en juego la responsabilidad del Estado frente a los derechos de las víctimas, mediando gravedad institucional e interés público (v. fs. 215).
Adujo que la absolución dictada con base en que un reenvío al juez de instancia infringe la garantía del ne bis in idem, carece de fundamento legal y demuestra un desvío notorio de la ley y de la doctrina legal aplicable (v. fs. 215 vta.).
Entiende que dicha decisión constituyó un grave error judicial que pone en riesgo la garantía de justicia.
Así, la decisión del tribunal intermedio, especialmente la referencia genérica a la afectación de la garantía contra la doble persecución o juzgamiento por fuera de la ley y los cánones de valoración mayoritarios, se apartó de la doctrina legal aplicable en función de la interpretación que nuestro máximo tribunal ha delineado respecto a los supuestos de afectación y los efectos ante la violación a tal garantía (v. fs. 218).
En tal entendimiento -argumentó el recurrente- la remisión a jueces hábiles para que dicten una nueva sentencia no implicaba juzgar dos veces el mismo hecho, conforme lo ha establecido la Corte de la Nación en estos casos (v. fs. 218 vta.).
De tal modo, concluyó en la carencia de un relato, motivación y justificación autónoma de la alegada garantía, sin base legal ni jurisprudencia que la sustente, lo que torna autoritaria y arbitraria la decisión arribada, que dirige necesariamente a su descalificación por aplicación de la doctrina de arbitrariedad de sentencias, que exige que éstas sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 218 vta. y 219).
II. El señor Procurador General al emitir su dictamen aconsejó el acogimiento del recurso (v. fs. 234/237 vta.), postura con la cual coincido.
III. La competencia de esta Corte ha sido abierta para el tratamiento de las cuestiones federales articuladas en la vía recursiva en examen (v. fs. 221/223).
IV. Tal como se relata en los antecedentes, el juez del fuero correccional, el 7 de octubre de 2019, condenó a Facundo Canibano a la pena de un año y tres meses de prisión en suspenso por los delitos de lesiones leves agravadas por ser la víctima persona con la que hubo mantenido relación de pareja y por mediar violencia de género; daño y amenazas calificadas por el uso de arma, todos en concurso real entre sí (arts. 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 149 bis primer párrafo última parte, 183 y 55, todos del Código Penal).
Así las cosas, el abogado de confianza de Canibano, el doctor Mario Alberto Martín, interpuso recurso de apelación, en el cual sólo se agravió de la valoración de la prueba como así también de la regulación de honorarios.
La Cámara de Apelación del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, por fuera del tratamiento de los planteos del abogado defensor, consideró que la sentencia debía anularse por no describir "...cuál fue el hecho penalmente relevante que tuvo por probado..." en inobservancia a la norma del art. 371 del Código Procesal Penal (v. fs. 193).
Precisó que la normativa procesal impone al juzgador al momento de confeccionar el veredicto y sentencia consignar: "...'una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados...'" (fs. cit.).
Añadió que la omisión sobre la descripción del hecho no podía presumirse a partir de las pruebas ni de la valoración realizada, por lo cual dispuso la revocación de la sentencia y la libre absolución del justiciable, "...como la única opción válida y respetuosa de las garantías constitucionales que informan nuestro sistema de enjuiciamiento..." (fs. cit.).
Puntualizó que "...admitir como solución, un reenvío al juez de la instancia para subsanar la omisión de la cual resulta exclusivo productor, conlleva una clara afectación a la garantía constitucional 'ne bis in idem' prevista en los arts. 8vo. 4 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos..." (fs. cit.).
V. Asiste razón al recurrente en cuanto señala que la solución absolutoria presenta un error de gravedad, por cuanto no se asienta en razones mínimamente fundadas, lo que la coloca en la categoría de la arbitrariedad.
Los jueces de la Cámara de Trenque Lauquen sostuvieron que la aplicación del principio "ne bis in idem", con expresa cita de los tratados que integran el bloque constitucional, imponía la libre absolución del condenado como única definición del caso, pues el reenvío implicaba vulnerar ese principio. Sin embargo, la propia letra de los tratados que citan, al definir esa garantía, no respaldan -desde su literalidad- dicha posibilidad.
En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.7) dispone que "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país". En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma señala (art. 8.4) que "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos" (los destacados me pertenecen).
Consecuentemente, partiendo de las definiciones de la normativa integrante de la Constitución nacional, única en la que los magistrados sustentaron la solución absolutoria, no es posible entender que el supuesto de autos de por sí encaje en los parámetros que allí se fijan, puesto que para analizar la infracción de esa garantía se exige la previa existencia de una condena o absolución firme.
Ahora bien, es sabido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha otorgado un alcance más amplio a esta garantía, vedando la renovación de actos del proceso aún sin una decisión exculpatoria que haya adquirido firmeza. En tal sentido ha señalado la imposibilidad de volver a realizar actos procesales previamente invalidados, siempre que la declaración de nulidad repose en "...consideraciones rituales insuficientes" o se deban "...al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. en causa "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°).
En sentido contrario, no ha considerado que se vulnere ese principio cuando las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Así, se estableció que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un ne bis in idem prohibido (ver, en lo pertinente, el voto del doctor Soria en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
Frente a lo dicho, y aún por fuera del acierto o error respecto de la nulidad decretada, el Tribunal de Alzada omitió explicar razonada y motivadamente por qué en el caso no cabía aplicar el procedimiento previsto en el art. 461 del Código Procesal Penal.
Es decir, al no surgir ni de la letra convencional ni del alcance jurisprudencial otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la pretendida incompatibilidad entre el reenvío y el ne bis in idem en un supuesto -según la opinión de la Cámara- de incumplimiento de una forma sustancial del proceso, no encuentra fundamento legal en cuanto a que tal decisión ingresa dentro de los parámetros de la doctrina de la arbitrariedad por falta de fundamentación.
No debe olvidarse que más allá de su excepcionalidad, esta doctrina también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso (conf. doctr. Fallos: 299:17; 331:2077), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 131:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine (conf. causas P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; P. 132.936, sent. de 18-VIII-2020; e.o.).
Cabe además agregar, tal como lo advierte el recurrente y lo argumenta el señor Procurador General en su dictamen, que el caso en examen -un supuesto de violencia de un hombre contra una mujer en el marco de una relación de pareja-, se ve alcanzado por las obligaciones asumidas por el Estado nacional en la Convención de Belém do Pará, en particular la norma del art. 7.f. de la mencionada normativa convencional que, obliga al Estado a "...establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos".
Sin embargo, la Cámara no apreció con perspectiva de género el conflicto subyacente y ventilado en un juicio correctamente cumplido, cuando antepuso una mirada que hizo pie en las formas de la sentencia no discutidas por la propia defensa ni el propio imputado.
Por estas razones, corresponde dejar sin efecto el fallo del Tribunal de Alzada, por no poder considerárselo una derivación razonada del derecho vigente, art. 496 del Código Procesal Penal (conf. CSJN Fallos: 311:1229; 315:2607; 319:1625; 322:963; e.o.; SCBA causa P. 124.987, sent. de 27-XII-2017).
VI. Por todo lo expuesto, y sin que lo que antecede importe un adelanto de opinión acerca del fondo del litigio, corresponde hacer lugar al recurso fiscal, revocar el pronunciamiento recurrido, y devolver la causa a la instancia anterior para que, con la integración que corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor fiscal, se revoca el pronunciamiento recurrido y se remiten los autos a la instancia anterior para que, con la integración que corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (doctr. art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia