Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133955
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.955, "B., S. A. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 61.784 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 3 de junio de 2020, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de S. A. B. contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, en cumplimiento del reenvío dispuesto por esta Corte en el marco de la causa P. 125.961 (sent. de 29-VIII-2018, v. fs. 742/744), confirmó la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana que, luego de celebrar el juicio oral en orden a los delitos de abuso sexual agravado por ser el encargado de la guarda en concurso real con exhibiciones obscenas, declaró la nulidad del debate y dispuso que, una vez firme la decisión, se oficie a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental para que designe a los magistrados para la realización de un nuevo debate.
En el juicio de admisibilidad del art. 486 del Código Procesal Penal, el a quo equiparó a definitiva la decisión del órgano de mérito a tenor del rendimiento de la garantía contra el doble juzgamiento (conf. art. 482, CPP). De seguido, recordó las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal y concluyó que la denuncia de afectación a la citada garantía cuenta con la suficiencia y carga técnica necesarias (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN -v. fs. 776/778-).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 788/792 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 794) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, se reseñarán los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, alegó que el órgano de mérito, en lugar de ordenar la celebración de nuevo juicio, debió absolver a su asistido en tanto el fiscal no hizo una imputación válida (v. fs. 768).
De seguido, tachó de arbitrario el fallo y se agravió de la violación de la garantía de ne bis in idem así como de la afectación de los principios de preclusión y progresividad (conf. arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4., CADH y 14.7., PIDCP).
Explicó que se llevó adelante un proceso válido ante el Tribunal de la instancia lo que, a su entender, exigía que se dictara un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad de su asistido. Por ello, consideró que no resulta válido "...retrotraer el proceso penal a etapas ya superadas cuando se cumplieron las formas esenciales del juicio, esto es acusación, defensa, prueba y sentencia" (v. fs. 771).
Sostuvo que tal como lo puso en evidencia el fiscal en el recurso de casación oportunamente interpuesto "...la totalidad del proceso y juicio fue[ron] válido[s] [...] la intimación efectuada al imputado al citárselo a declarar en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal, así como en la requisitoria de elevación a juicio fueron en los mismos [términos] siempre, y así fue convalidado por la Alzada [...] valiendo luego esas expresiones en la intimación efectuada por la fiscalía [...] en su alegato de inicio, idéntica a su vez en el alegato final. Respecto del cual la asistencia técnica tuvo la posibilidad concreta de materializar acabadamente la defensa" (fs. 771 y vta.).
Agregó, ninguna de las partes planteó la nulidad ni el tribunal la advirtió al inicio del juicio por lo que, a su entender, correspondía dictar un veredicto absolutorio (v. fs. 771 vta.).
De seguido, frente a la afirmación del a quo referida a que no se configuró la afectación de la garantía contra el doble juzgamiento pues no recayó una sentencia absolutoria, alegó que, ante la imposibilidad de sostener la acusación fiscal por deficiencias, el órgano de mérito luego de desarrollar la totalidad del juicio le dio al acusador la posibilidad de mejorar su acusación cuando debió absolver a B. conforme los principios de in dubio pro reo y pro homine (v. fs. 772 vta. y 773).
Trajo a colación el caso "Mohamed" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y citó el art. 461 del Código Procesal Penal. Explicó que tanto en el fallo como en la norma citada se hace referencia a la celebración de un nuevo juicio cuando las causas terminan con absolución o condena, pero no para casos como el presente en los que se anula el veredicto sin dictar sentencia (v. fs. 773).
Luego de recordar lo establecido en los arts. 8.4. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.7. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, afirmó que la Corte nacional sostuvo que la garantía contra el doble juzgamiento no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado sino también el sometimiento a un nuevo juicio por el mismo hecho y el solo desarrollo del proceso desvirtuaría el derecho invocado, dado que el gravamen no se disiparía ni aún con el dictado de una sentencia absolutoria (v. fs. 774).
Por último, refirió que, si el vicio es advertido recién en la oportunidad de dictar sentencia y no fue causado por el imputado, la garantía en cuestión impide que se declare la nulidad. En su apoyo, citó los fallos "Polak", "Alvardo", entre otros, de la Corte nacional.
II. Tal como lo propuso el señor Procurador General en su dictamen el recurso no puede prosperar (art. 495, CPP).
III. Previo ingresar al fondo del reclamo, se hará una reseña de lo acontecido en el expediente.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, luego de celebrar un juicio oral contra B. en el que se investigaba la comisión de los delitos de abuso sexual agravado por ser el encargado de la guarda en concurso real con exhibiciones obscenas, por mayoría, anuló el veredicto por defectos en la acusación fiscal y ordenó la celebración de un nuevo juicio, con fundamento en lo previsto en los arts. 201, 203, 205 inc. 3, 206 y 207 del Código Procesal Penal (v. fs. 606/637 vta., en especial, 633/637).
En tal sentido, el voto de la mayoría estimó que el alegato fiscal no cumplió con los recaudos necesarios para permitir el ejercicio de una defensa suficiente ni para afirmar o rechazar la tesis acusatoria. Recordó que la acusación debe contener un relato claro, preciso y circunstanciado de los hechos y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Aclaró que, si bien la imputación sostenida en el juicio es la misma que la mantenida durante la investigación penal preparatoria, la acusación, en el alegato final, se sistematiza a través de la labor interpretativa del Fiscal.
Puntualizó que, sin embargo, el fiscal no detalló concretamente la conducta imputada pues no especificó en qué momento se realizó, en perjuicio de quién ni en cuántas oportunidades. Sólo hizo referencia a un período de tiempo indeterminado, "...a partir de septiembre de 2007" sin indicar su finalización ni las víctimas en concreto, haciendo referencia a un conjunto impreciso de niños (alumnos de un establecimiento educativo).
A su entender, el fiscal imputó "...categorías jurídicas carentes de sindicación precisa de las presuntas víctimas, ubicando sucesos -y no acciones- que no se relatan ni se detallan en circunstancias de tiempo y lugar" (fs. 635).
Por tales motivos, siendo que el Tribunal no puede fallar sobre una plataforma fáctica distinta a la de los sucesos que constituyeron la intimación efectuada al imputado, anuló el alegato fiscal por violación del derecho de defensa e inobservancia de formas legalmente establecidas.
IV.2. En lo que aquí importa, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia de fecha 14 de febrero de 2019, luego del reenvío dispuesto por esta Corte en causa P. 125.961 (sent. de 29-VIII-2018, v. fs. 742/744), analizó la denuncia de violación a la garantía contra el doble juzgamiento y la rechazó por improcedente.
Afirmó que conforme lo establecido en los arts. 8.4. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el caso "Mohamed" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prohibición contra el doble juzgamiento consiste en que la persona que ya fue absuelta por sentencia firme no puede ser sometida a proceso por el mismo hecho (v. fs. 753 vta.).
A su entender, para la operatividad de la garantía se requiere la existencia de una sentencia absolutoria firme, lo que no aconteció en el caso (v. fs. cit.).
Sentado ello, estimó que " Mutatis mutandi , no se aprecia el motivo de por qué habría de ser distinta la solución en el caso de que, en lugar de que se revoque por parte del Tribunal superior la absolución dictada por un órgano inferior, simplemente el órgano de mérito nulifique la acusación y el juicio oral previo, puesto que en ambos casos no existió lo que exige la garantía que es, concretamente, la existencia de una sentencia absolutoria firme, ausente en ambos casos" (fs. 754 vta.).
Asimismo, recordó que el art. 461 del Código Procesal Penal, faculta a la casación a anular el fallo y a disponer el reenvío en los casos en que sea necesaria la celebración de un nuevo debate por graves defectos en el procedimiento o quebrantamiento de formas esenciales (v. fs. 754 vta. y 755).
De seguido, explicó que, de admitir la hipótesis de la defensa, se produciría la absurda consecuencia de que cada vez que exista algún vicio que invalide el veredicto y/o el debate previo, el único camino factible sería la absolución del imputado (v. fs. 754 vta. y 755).
V. Como se adelantara, corresponde desestimar el planteo referido a la pretensa violación de la garantía que protege contra la persecución penal múltiple (conf. mutatis mutandi, mi voto en causa P. 132.259, sent. 20-X-2020).
VI.1. Más allá del alcance otorgado por el a quo a la garantía en cuestión, el recurso es notoriamente insuficiente (conf. art. 495, cit.).
En primer lugar, se advierte una contradicción en la argumentación en cuanto el recurrente sostiene que el fiscal no formuló una imputación válida (v. fs. 768) para luego aseverar que el proceso resultó válido y respetuoso de los principios de acusación, defensa, prueba y sentencia (v. fs. 771).
VI.2. Por fuera de ello, corresponde recordar que esta Corte ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento que la propia Corte federal le ha otorgado a la garantía conocida como ne bis in idem frente a la tensión que presentan los principios procesales de progresividad y preclusión (v. voto del doctor Soria en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
Allí se sostuvo que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "consideraciones rituales insuficientes" o "al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. en causa "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°) y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Tomando en consideración los precedentes del Máximo Tribunal federal se coligió que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un bis in idem prohibido.
VI.3. Con dicho marco, se advierte que la parte no demostró que la anulación dispuesta por el tribunal de primera instancia y confirmada por la casación respondiera a meras cuestiones formales.
En efecto, ninguna consideración hizo aquella, respeto a los déficits que el órgano de mérito le endilgó a la acusación fiscal efectuada en el alegato de cierre del juicio, como tampoco controvirtió los perjuicios concretos que -a criterio del juzgador- imponían invalidar el veredicto y celebrar un nuevo juicio (afectación del derecho de defensa e imposibilidad por parte del juzgador de pronunciarse sobre la hipótesis de la acusación debido a su falta de precisión; v. punto IV.1. del presente).
De este modo, no demostró de qué manera la solución del órgano de mérito, fundada en la existencia de un vicio esencial -déficits en la acusación final del fiscal- que derivó en la afectación del derecho de defensa y en la consecuente imposibilidad del juzgador de pronunciarse sobre el fondo del asunto (conf. art. 203, 205 inc. 3 y concs., CPP), habría quebrantado la garantía invocada.
Por otra parte, los argumentos de la defensa relativos a que ninguna de las partes pidió la nulidad del veredicto y que éste fue invalidado recién al final del juicio, no resultan eficaces para conmover lo fallado. En efecto, el recurrente no se hizo cargo de que el propio texto de la normativa procesal aplicada por el juzgador exige declarar de oficio las nulidades que impliquen violación de normas constitucionales (conf. art. 203, cit.); tampoco demostró de qué manera, siendo que el acto procesal invalidado fue el alegato de cierre del fiscal, la sanción procesal en cuestión debió dictarse con anterioridad (conf. art. 205 inc. 3, CPP).
En definitiva, no evidenció arbitrariedad en la aplicación de la normativa procesal citada para anular el veredicto (arts. 201, 203, 205 inc. 3, 206 y 207, CPP; v. fs. 633/637) así como tampoco que la misma hubiera quebrantado la garantía que protege contra la persecución penal múltiple, desentendiéndose del marco normativo aplicado.
En cuanto al argumento de que B. debió haber sido absuelto a tenor del rendimiento de los principios in dubio pro reo y pro homine , se trata de manifestaciones genéricas y dogmáticas sin ningún anclaje en las particularidades del caso, cualidades que quedan en evidencia a la luz de la posición -si bien minoritaria- del órgano de mérito que, por el contrario, apreció debidamente acreditada la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo.
Por lo demás, no rebatió la reducción al absurdo que formulara el Tribunal de Alzada respecto del planteo de la absolución como única alternativa ante el incumplimiento de las formas procesales.
En lo que respecta a la cita genérica del precedente "Alvarado", entre otros de la Corte nacional, como acertadamente lo puso de manifiesto el señor Procurador General (v. fs. 791 vta./792 vta.), la parte no explicó de qué manera resultaría aplicable al presente a pesar de las notorias diferencias fácticas y jurídicas.
En suma, dado que el juicio anulado carece de efectos, mal podría afirmarse que su reedición implique juzgar dos veces el mismo hecho, pues como ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en estos casos, hay sólo uno que puede considerarse válido (CSJN Fallos: 312:597 y 326:1149, cit.).
Finalmente, resulta pertinente aclarar que S. A. B. cuenta con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia que a su respecto se dicte (conf. doctr. causa P. 109.736 y precedentes allí citados).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 16:21:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/04/2021 19:27:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 12:43:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 13:50:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 14:27:39 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia