Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134260
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.260, "K., J. F. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.947 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de febrero de 2019, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a J. F. K. a la pena de trece años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual calificado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, en concurso real con abuso sexual agravado por mediar acceso carnal; en ambos casos bajo la modalidad de delito continuado y agravado, a su vez, por la calidad de encargado de la guarda del sujeto activo y por recaer sobre una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente; enlazados aquellos en forma ideal al mismo tiempo con promoción de la corrupción de una menor de edad, agravado por la calidad de guardador del autor (v. fs. 35/39).
La señora defensora oficial adjunta ante esa instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 46/50 vta.), el que fue concedido por el órgano inferior (v. fs. 51/52 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 63/66 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 68, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora defensora denunció la violación de las normas que regulan la determinación de la pena (arts. 40 y 41, Cód. Penal), con la consecuente afectación de los principios de culpabilidad por el acto y proporcionalidad de la pena.
Luego de transcribir parágrafos de la sentencia en crisis, señaló que la incorporación de la atenuante referida a la personalidad "borderline" del encartado, esto es un "...trastorno que se caracteriza -según el Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM IV)-por la desregulación emocional y las relaciones interpersonales caóticas, en tanto revela una mayor dificultad del justiciable para motivarse conforme a derecho, debió significar la reducción de la pena al mínimo legal de la escala, en lugar de la exigua modificación decidida, que, por inmotivada, resulta [...] arbitraria" y violatoria de los principios constitucionales citados (v. fs. 48).
Con sustento en el precedente "Maldonado" de la Corte federal, alegó que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor y que, en el marco de un derecho penal compatible con la Constitución nacional, no es posible eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho (v. fs. 48 vta.).
Expresó que la discrecionalidad con la que cuentan los jueces no debe ser confundida con arbitrariedad y que la sanción aplicada en el caso se compadece con los paradigmas propios del "derecho penal del enemigo", los que son contradictorios con un derecho penal regulado por el principio de culpabilidad (v. fs. 49/50).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la vía intentada (v. fs. 63/66 vta.). Coincido con su opinión.
III.1. Preliminarmente cabe señalar que el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes había condenado a J. F. K. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor de los delitos que constan en los antecedentes de la presente.
III.2. Ese fallo fue impugnado por la defensa y la Sala II del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 5 de diciembre de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo por haberse inobservado el art. 168 de la Constitución provincial, al no haber brindado el órgano de la instancia el debido tratamiento a la alegada diminuente de pena vinculada con la personalidad "borderline" del imputado K..
III.3. Remitidas las actuaciones, el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mercedes, previa audiencia de visu con el imputado (v. fs. 3), dictó sentencia el 26 de abril de 2018, aclaró que había quedado incólume la fijación de los hechos en cuanto se estableció que "...M. R. G., hoy de quince años de edad -pues nació el 15 de junio de 2001- convivía en el domicilio ubicado en la calle El Malambo n° …, del barrio 'Rayito de Sol', de la localidad bonaerense de Marcos Paz con su madre V. M. C., el concubino de su progenitora -J. F. K.- y un hijo de éste de sólo tres años de edad -J. K.-. Que, posteriormente, todos se mudaron a otra morada en la calle Beruti n° …, también de Marcos Paz. Que [...] desde que M. R. contaba con siete años de edad (2008) y hasta los doce años (2015) indistintamente en ambos domicilios -aun cuando no pudieron llegar a establecerse con exactitud las fechas respectivas, ni con precisión la cantidad de veces que ello ocurrió- la muchachita era constreñida por parte de su padrastro K. a padecer que el protervo le diera frecuentemente libidinosos besos a la par que le efectuara tocamientos inverecundos en sus partes íntimas así como también a ser accedida carnalmente por vía vaginal, aprovechando aquél tanto la clandestinidad que le brindaban las horas nocturnas en que la madre de la joven dormía como en las ocasiones en que se quedaba 'a su cuidado' a solas con ella en ambas fincas antes citadas" (fs. 7 y vta.). También tuvo por firme la responsabilidad penal del encausado, la ausencia de eximentes, el cómputo como atenuante de la carencia de antecedentes penales computables y como agravantes que los abyectos actos de K. comenzaron cuando M. R. G. tenía solo siete años de edad.
Explicó que en su nueva intervención la única cuestión a tratar estaba referida al mérito de la personalidad "borderline" del nombrado como circunstancia atenuante de la culpabilidad y de la pena. Entendió que dicha pauta encuentra anclaje en el art. 41 inc. 2 del Código Penal entre "...las condiciones personales..." del encausado y que en el caso debía ponderarse como atenuante; en consecuencia, disminuyó la sanción a trece años y nueve meses de prisión como autor responsable de los delitos antes referidos (v. fs. 6/11).
III.4. Contra esa decisión, la defensa oficial presentó un nuevo recurso de casación en el que cuestionó la pena impuesta por su arbitrariedad, y denunció la afectación de los principios de proporcionalidad y culpabilidad por el acto. Consideró que ante la atenuante incorporada la pena debió reducirse al mínimo legal previsto para el caso, esto es, diez años de prisión (v. fs. 16/20).
III.5. Como se indicó el órgano revisor desestimó la queja dirigida contra la fijación y monto de la sanción impuesta.
Para así decidir explicó que, atento el ámbito de conocimiento que le fue asignado al tribunal, "...el modo en que los magistrados se expidieron sobre la incidencia que la referida circunstancia de atenuación incorporada tuvo respecto de la sanción a imponer, [...] resultó en el caso respetuoso de lo normado en los arts. 106 del C.P.P., 40 y 41 del Código Penal" (fs. 37 vta.).
Expresó que de la lectura del fallo en crisis "...resulta que ha sido satisfecha en debida forma la exigencia de fundamentar la decisión jurisdiccional, todo lo cual impide afirmar que la elección del monto de pena haya sido arbitraria en el caso" (fs. cit.).
Recordó que los jueces de grado tienen la potestad de seleccionar la clase y el monto de la pena a imponer, siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala de la figura de que se trate, sin que en esta situación particular se verifique violación a dichos límites.
Agregó que "...el régimen de atenuantes y agravantes consagrado en los arts. 40 y 41 del Código Penal no establece un sistema automático de aumento o disminución de cantidades fijas de pena, como tampoco la imposición de una determinada especie de pena" (fs. 38).
Aseveró que no hay normativa legal que pueda entenderse transgredida, pues "...el deber del a quo en tal faena se circunscribe a ceñirse a los límites de la escala penal pertinente, quedando todo lo restante inmerso en el ámbito de la discrecionalidad, que entonces, así entendida, muy lejos está de la arbitrariedad ya que no puede predicarse tal vicio de un acto que se realiza debidamente en el marco legal que lo regula, como así ocurrió en esta situación concreta (arts. 106 y ccdtes., C.P.P., 40, 41, C.P." (fs. 38).
En ese marco desestimó el agravio sobre la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la pena por entender que se trató de un mero disenso de la defensa con la cuantía de la sanción impuesta al procesado, que no logró evidenciar que el fallo incurriera en alguna transgresión legal (v. fs. 38 y vta.).
IV. En virtud de lo reseñado, se advierte que la decisión en crisis cuenta con debida fundamentación y que, en rigor, el reclamo en análisis se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en que debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, particularmente en cuanto a la incidencia que la atenuante incorporada debió tener -a criterio de la impugnante- en la cuantía de la sanción finalmente impuesta.
Resulta oportuno recordar que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Sumado a que nuestro Código Penal no prevé una pauta legal determinada respecto de cómo el juez debe ingresar a la escala penal para efectuar la dosimetría (conf. causa P. 106.963, sent. de 16-V-2012).
Así entonces, dado que la sanción debe guardar proporcionalidad con la magnitud del ilícito, es decir, con la gravedad de la lesión al bien jurídico afectado por el hecho, el reclamo traído resulta expuesto de manera dogmática en tanto la recurrente no realizó, en concreto, un análisis circunstanciado del contenido injusto de los hechos atribuidos a K. a fin de demostrar que la sanción punitiva impuesta es contraria a las normas constitucionales y convencionales que citó (conf. causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015; P. 120.920, sent. de 11-V-2016; P. 129.449, resol. de 29-IX-2017; e.o.).
En suma, sus desarrollos no cuestionan debidamente los argumentos que, con pie en la insuficiencia recursiva, llevaron al Tribunal de Casación a sostener que debía ser desestimada la crítica que se limitaba a atacar el monto de la pena impuesto por estimarse excesivo.
Con relación a la arbitrariedad denunciada, no se evidencia en lo resuelto por el tribunal revisor la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de la discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
Por último, las alegaciones referidas al "derecho penal del enemigo" resultan extemporáneas, dado que no fueron llevadas a conocimiento de la instancia anterior (arg. art. 451, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia la violación de las normas que regulan la determinación de la pena (arts. 40 y 41, Cód. Penal), con la consecuente afectación de los principios de culpabilidad por el acto y proporcionalidad de la pena.
Luego de transcribir parágrafos de la sentencia en crisis, señaló que la incorporación de la atenuante referida a la personalidad "borderline" del encartado, en tanto revela una mayor dificultad del justiciable para motivarse conforme a derecho, debió significar la reducción de la pena al mínimo legal de la escala, en lugar de la exigua modificación decidida, que, por inmotivada, estima arbitraria y violatoria de los principios constitucionales citados (v. fs. 48).
Con sustento en el precedente "Maldonado" de la Corte federal, alegó que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor y que, en el marco de un derecho penal compatible con la Constitución nacional, no es posible eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho (v. fs. 48 vta.).
Expresó que la discrecionalidad con la que cuentan los jueces no debe ser confundida con arbitrariedad y que la sanción aplicada en el caso se compadece con los paradigmas propios del "derecho penal del enemigo", los que son contradictorios con un derecho penal regulado por el principio de culpabilidad (v. fs. 49/50).
II. Como se indica en el voto del ponente, el órgano revisor desestimó la queja dirigida contra la fijación y monto de la sanción impuesta, en el entendimiento de que "...el modo en que los magistrados se expidieron sobre la incidencia que la referida circunstancia de atenuación incorporada tuvo respecto de la sanción a imponer, [...] resultó en el caso respetuoso de lo normado en los arts. 106 del C.P.P., 40 y 41 del Código Penal", habiendo sido satisfecha la exigencia de fundamentación de lo así resuelto, "...todo lo cual impide afirmar que la elección del monto de pena haya sido arbitraria en el caso" (fs. 37 vta.).
III. Sentado ello, coincido con los colegas que me preceden en la insuficiencia del reclamo.
Así esgrimido, de la mano de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia por déficit de fundamentación y eventual vulneración de garantías constitucionales, no logra justificar la presencia de tales vicios.
Es sabido que los aspectos referentes al monto de la pena resultan, por regla, privativos de los jueces de mérito, y ajenos al cariz federal invocado, salvo que excepcionalmente se demuestre una total falta de motivación de la determinación judicial de la pena establecida susceptible de conllevar a la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido. Por ejemplo, cuando la sentencia no explica por qué el monto fue individualizado cerca del máximo posible de la escala penal sin que las circunstancias del caso particular permitan atender esa elección (conf. doctr. CSJN Fallos: 332:494).
Aquí en cambio la parte reclama la imposición del mínimo legal de diez años de prisión, merced a la gravitación de esa atenuante, sin tomar en consideración que también modula la definitivamente impuesta, y con cariz aumentativo, que los abyectos actos de K. comenzaron cuando la víctima contaba con tan solo siete años de edad, a la par que, por efecto del concurso real de uno de los delitos involucrados, la pena individualizada se encuentra suficientemente alejada del máximo posible.
En consecuencia, se advierte que la decisión en crisis halla adecuada motivación en las circunstancias comprobadas del caso, reposando la queja de la impugnante en una visión diferente sobre la manera en que debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, particularmente en cuanto a la incidencia que la atenuante incorporada debió tener -a su criterio- en la cuantía de la sanción finalmente impuesta, lo cual no denota ni la arbitrariedad invocada, ni los agravios de índole constitucional que sin mayor esfuerzo argumental pretende enlazar con aquel reclamo (arts. 495, CPP y 15, ley 48). Para más, las alegaciones perfiladas ahora con referencia al "derecho penal del enemigo" resultan novedosas, al no haber sido postuladas ante la instancia anterior (arg. art. 451, CPP).
Sin perjuicio de lo que se lleva dicho, cabe recordar que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; e.o.), siendo la referida doctrina consolidada de este Tribunal.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/04/2021 16:43:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/04/2021 09:31:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2021 11:57:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2021 17:12:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2021 19:07:09 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia