Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.139, "Mansilla Sebastiani, Daniel Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 88.465 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Torres , Kogan, Soria .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de octubre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Daniel Alberto Mansilla Sebastiani contra la sentencia unificadora pronunciada el 9 de noviembre de 2017 por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón, que lo condenó a la pena única de dieciocho años de prisión y once pesos con veinticinco centavos de multa, accesorias legales, costas y declaración de segunda reincidencia, comprensiva de la pena de nueve años de prisión y multa de once pesos con veinticinco centavos, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, aplicada en la presente causa 4.462 por sentencia dictada el 4 de octubre de 2017, por resultar autor responsable de los delitos de portación ilegal de arma de guerra, robo calificado por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad en concurso ideal con disparo de arma de fuego criminis causae , violación de domicilio y tenencia simple de estupefacientes; y de la pronunciada el 13 de octubre de 2010 por el citado tribunal departamental en la causa 3.212 por la que se lo condenó a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por ser autor responsable de dos delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, un robo simple y otros dos robos agravados por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo justificarse en grado de tentativa (v. fs. 94/88 -sent. de casación- con relación a fs. 12/16 y 31/36 -ambas sents. dictadas en las causas 3.212 y 4.462 , respectivamente- y 60/63 vta. -sent. de unificación-).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/103 vta.), el que fue concedido por el órgano intermedio en función a los planteos de pretensa índole federal que fueran invocados y la errónea aplicación de la ley sustantiva vinculada con los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal (v. fs. 104/105).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 111/114 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 115 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció que el reseñado fallo dictado por la Casación incurrió en el vicio de arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que afectó la defensa en juicio (derecho a ser oído), el debido proceso legal, el principio de inocencia y el derecho al recurso, alegando -además- infracción a los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal -arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 168 y 171 de la Constitución provincial- (v. fs. 98 y 101/102).
Afirmó que la decisión del tribunal a quo constituyó un tránsito aparente por dicha instancia que frustró el derecho al doble conforme, en tanto restringió inadecuadamente la capacidad de rendimiento de la impugnación deducida, ello con relación al tratamiento del agravio vinculado con la imposición de la pena única aplicada a Mansilla (v. fs. 98/vta. y 101 vta./102).
Sostuvo, en ese orden de ideas, que los magistrados votantes en dicho pronunciamiento sólo "...se avocaron aparentemente a tratar la cuestión relativa a la validez de la construcción de la sentencia del Tribunal a quo y sus fundamentos, restringiendo inadecuadamente la capacidad de rendimiento del recurso" (fs. 98 y vta.).
Explicó que ante el tribunal casatorio se solicitó la revisión de la pena única aplicada sobre la base de considerar que ésta había sido "...una severa y extensa sanción -máximo imponible- sin exteriorización de los correspondientes motivos por parte del juzgador y [...] a[l] verificarse una mera suma aritmética [...], habiendo el juzgador dejado de lado una atenuante considerada en la primera sentencia, debió seguir similar criterio -no ponderar- la agravante de ‘ multiplicidad de antecedentes penales con delitos de similar factura ’ contenida en la sentencia dictada en la presente causa [en primera instancia]" -el destacado figura en el originial- (fs. ídem vta. y 99).
Refirió que el tribunal intermedio rebatió los argumentos de la defensa mediante "...una respuesta de pura forma, apartada de las constancias de la causa y [...] quedando in pectore los argumentos [empleados]", ello así en tanto estableció -con su sola afirmación- que "...el quantum punitivo atribuido al condenado Mansilla se encontraba dentro de los límites que establecen las escalas penales de los delitos atribuidos" y que no estaba impuesto "...ningún método para unificar las penas, resultando así [...] la suma aritmética de las penas [...] un camino legalmente incuestionable para su cuantificación" -el destacado figura en el original- (v. fs. 99 y vta.).
Señaló, en ese contexto, que al desentenderse el órgano revisor del contenido del agravio, sin dar ninguna respuesta plausible, se verificó un apartamiento de las constancias de la causa, pues se prescindió del planteo que tuvo a la vista (v. fs. cit. vta.).
Insistió con que el tratamiento dispensado por la Casación a sus reclamos tendientes a satisfacer el derecho al doble conforme, significó un tránsito meramente aparente por esa instancia y, por añadidura, una infracción al derecho a ser oído que se deriva del derecho de defensa en juicio (v. fs. 100 y 101).
Hizo mención, en sustento de su postura, del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 328:3399), en cuanto definió que el recurso contemplado en art. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe garantizar un examen integral de la decisión recurrida, y reiteró -una vez más- que la revisión emprendida en la instancia intermedia al convalidar "... la cantidad de pena [-única-] escogida " resultó aparente -el destacado figura en el original- (v. fs. 100 vta./101 vta.).
Requirió, por las razones expuestas, que se deje sin efecto la unificación de penas dispuesta -en el caso- de un modo contrario al pretendido y se ordene el reenvío de las actuaciones al tribunal a quo a fin de que -debidamente integrado por jueces hábiles- se expida en los términos peticionados por la defensa técnica (v. fs. 102 vta. y 103).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 111/114 vta.), pues el recurso no prospera.
III. En primer lugar, debo señalar que la decisión del tribunal del recurso cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denunció, en tanto abordó y se expidió respecto de los agravios vinculados con la fijación de la pena única y el monto punitivo que finalmente se impuso que habían sido llevados a su conocimiento.
III.1. En efecto, la defensa oficial de Daniel Alberto Mansilla Sebastiani denunció en el recurso de casación la inobservancia de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal y cuestionó que la pena única establecida en la sentencia unificadora fue el resultado de una mera suma aritmética, habiéndose dejado de lado -sin razón valedera- el método compositivo, en vulneración de la finalidad resocializadora de la sanción a tenor de lo normado en el art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y advirtió que pese a tratarse de la imposición de una pena única, continúa teniendo vigencia el principio de culpabilidad por el hecho consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional que, en el caso, consideró comprometido (v. fs. 70/73 -recurso casatorio-).
III.2. El Tribunal de Casación Penal al momento de abordar tales agravios -a través del sufragio emitido por el juez doctor Mancini, que concitó la adhesión simple del juez doctor Kohan-, consideró que la pena fijada en la sentencia unificadora resultaba acorde a derecho, "...toda vez que el qua[n]tu[m] punitivo atribuido al nombrado [procesado] se encuentra dentro de los límites que establecen las escalas penales de los delitos atribuidos", y recordó que "...tampoco se ha establecido ningún método para unificar las penas, de manera que la suma aritmética de las mismas, al no estar vedada por el ordenamiento, resulta un camino legalmente incuestionable para su cuantificación, máxime cuando este no resulta contrapuesto con el llamado sistema composicional, sino que es justamente la hipótesis de máxima que admite la composición entre ambas penas a la que el juzgador puede legítimamente recurrir respetando siempre su deber de fundar suficientemente tal decisión" -el destacado figura en el original- (fs. 85 vta. y 86).
Agregó, seguidamente, que "...la individualización judicial de la pena es una función propia del Juzgador, quien debe valorar las particularidades del caso atendiendo a las pautas fijadas por los arts. 40 y 41 del C.P. por lo cual, siempre que se expresen las razones que justifican la decisión, en base a la sincera convicción, no hay obstáculo para que el Sentenciante determine qué circunstancias ponderables son las que concurren y a partir de las mismas gradúe el monto de pena a imponer", y que "La ley penal concede a los Magistrados la potestad de elegir la pena y valorar las circunstancias para su determinación, pero siempre dentro del ámbito que la misma ley deja para esa decisión. El art. 41 del C.P. enumera cuales son los criterios decisivos para fijar la pena, que orientaran al Juez sobre los elementos a tener en consideración para tal tarea" (fs. 86 y vta.).
Trajo a colación, con relación al caso concreto que tenía bajo estudio, que "...el Tribunal [en lo Criminal nº 4 de Morón] que dictó la unificación, expresó, respecto de aquellas circunstancias atenuantes ponderadas en la anterior sentencia [dictada en el marco de estos actuados] (causa n° 3212) vinculadas con las promesas de enmienda y reincorporación [a la sociedad] expresadas por Mansilla, que el nombrado no sólo faltó a su palabra, sino que antes del vencimiento de la pena allí impuesta incurrió en otra seguidilla de delitos de igual índole", y coincidió con lo así observado al ponderar que "...la pretensión defensista de que se aplique una pena cercana al mínimo lejos está de adecuarse a la entidad de los delitos cometidos por Mansilla[,] con las agravantes [valoradas] y con el justo valor asignado a la atenuante [anteriormente] señalada" (fs. 86 vta. y 87).
Descartó, también, que en el supuesto de autos se hubiesen vulnerado garantías constitucionales cuando además de valorarse como agravante la condena anterior impuesta, ella se tuvo en cuenta como base para imponer la pena única, puesto que -según lo explicó- ambas circunstancias funcionan en planos diferentes, resultando el instituto de la unificación de penas una imposición legal para los casos en que se deba juzgar a una persona que esté cumpliendo pena por otro delito -art. 58 del Código Penal- (v. fs. 87).
Concluyó, por los fundamentos expuestos, en que la cantidad de pena única aplicada en el caso por el sentenciante de origen, no resultó arbitraria ni presentó fisuras lógicas o jurídicas que pudieran invalidarlo como acto jurisdiccional válido (v. fs. 87).
III.3. De lo transcripto con anterioridad surge con claridad que el tribunal del recurso, lejos de limitar su competencia revisora, abordó las quejas referidas a la pena única y al monto de la sanción impuesta, otorgando debido tratamiento a los motivos de agravio planteados por el impugnante en oportunidad de interponer el recurso de casación, sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna.
Es que la defensa oficial no ha reparado en lo resuelto por el órgano que llevó a cabo la labor revisora, oponiendo -en cambio- su propio criterio discrepante, circunstancia esta que constituye un mecanismo inidóneo de disenso, ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Así, se pone en evidencia que la decisión del tribunal intermedio cuenta con la debida fundamentación exigida constitucionalmente y el recurrente no alcanzó a evidenciar la afectación de los preceptos supralegales que denunció, como así tampoco la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Es sabido que la doctrina sobre la arbitrariedad de las sentencias es particularmente restringida y que, en ese sentido, la parte que aduce la existencia de una cuestión federal bajo aquel cauce debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de esa cuestión por la vía del caso excepcional de arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren abastecidos en la especie.
III.4. Por otro lado, cabe destacar que lo decidido por el Tribunal de Casación Penal en cuanto convalidó la aplicación al caso del método aritmético por encontrarlo ajustado a derecho -v. esp. fs. 85 vta. y 86-, se halla en sintonía con la doctrina de esta Corte que en repetidas oportunidades decidió que aun la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 del Código Penal (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; P. 118.606, resol. de 6-VIII-2014; P. 124.282, resol. de 26-VIII-2015; P. 126.750, sent. de 7-III-2018; P. 129.574, sent. de 6-VI-2018; P. 129.275, sent. de 10-X-2018; P. 131.114, sent. de 26-XII-2018, P. 131.354, sent. de 8-v-2019; P. 131.431, sent. de 4-III-2020; e.o.).
En rigor, como se dijo, el agravio sólo representa una diferente visión sobre la manera en que debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena -única-, y esa forma de recurrir no representa una crítica eficaz para intentar evidenciar que el juzgador hubiera incurrido en transgresión al momento de fijar el monto de la sanción.
En consecuencia, resulta huérfana de todo sustento argumental -y por lo tanto indemostrado- que la revisión llevada a cabo por el tribunal intermedio constituyó un mero tránsito aparente por esa instancia que conlleve a la frustración del derecho al doble conforme o que comprometa el debido proceso legal, el derecho de defensa en juicio (derecho a ser oído), el principio de inocencia y el derecho al recurso, tal como lo alegó el recurrente (art. 495, CPP -cit.-).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/05/2021 12:22:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2021 19:47:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 15:37:46 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:49:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 08:47:26 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia