Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133168
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.168-RC, "Buch, Néstor Fernando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 82.401 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan .
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires mediante el pronunciamiento dictado el 1 de febrero de 2018, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul con sede en Tandil, que condenó a Néstor Fernando Buch a la pena única de dieciséis años de prisión y accesorias legales, comprensiva de la pena de catorce años de prisión impuesta el 25 de marzo de 2009 en la causa n° 1.185 del mismo tribunal, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el hecho cometido en la ciudad de Azul el 8 de enero de 2007, y de la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, fijada el 17 de noviembre de 2010 en la causa n° 581/1963 del Juzgado en lo Correccional n° 1 de Tandil, por el delito de administración fraudulenta, hecho cometido en la ciudad de Azul en el año 2006 (v. fs. 38/42).
Frente a ello, la señora defensora oficial adjunta ante el tribunal intermedio dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 47/56 vta.) que fue concedido por la referida Sala interviniente (v. fs. 59/61).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 68/72), dictada la providencia de autos (v. fs. 73), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora defensora denunció que el Tribunal de Casación dictó una sentencia arbitraria por no contar con una debida motivación, apartándose de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afectando la defensa en juicio, el derecho a ser oído y el debido proceso legal. En apoyo de sus reclamos citó los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 y 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 49 vta.).
En opinión de la defensa, la Sala V del Tribunal de Casación habría brindado un tratamiento aparente al agravio por el que se cuestionó la imposición de una pena única de dieciséis años de prisión, restringiendo así la capacidad de rendimiento del recurso deducido (v. fs. 50).
Puntualizó que en la impugnación anterior se había solicitado al tribunal intermedio que advirtiera que, al determinarse la sanción única, el órgano de la instancia tuvo en cuenta una pena que debió tenerse como no pronunciada, a tenor de lo normado en el art. 27 del Código Penal, y que el a quo desatendió los fundamentos dados por esa parte, apartándose de las constancias de la causa (v. fs. 50 y vta.).
Sostuvo que la decisión en crisis afectó el derecho al recurso, convirtiendo al trámite por la instancia casatoria en un tránsito meramente aparente (v. fs. 51).
Asimismo, afirmó que fueron unificadas dos penas mediante la errónea aplicación de la hipótesis prevista en el art. 58 del Código Penal, y que -desde su punto de vista- se estaría frente a un supuesto de unificación de sentencias, ya que no se verificó infracción alguna a las reglas concursales ni se explicitaron motivos que justificasen la aplicación de la norma sustantiva referida (v. fs. 52 vta.).
Expresó que la pena de ejecución condicional que integró el pronunciamiento unificador se encontraba vencida, por haber transcurrido desde su dictado el plazo establecido en el art. 27 del Código Penal, lo que impedía la aplicación al caso de las reglas contenidas en el citado art. 58 del Código Penal y 18 del Código Procesal Penal, por lo que el pronunciamiento cuestionado produjo la renovación de los efectos adversos de aquella decisión y en contra de su asistido, en violación a la prohibición del non bis in idem (v. fs. 53 vta.).
En suma, solicitó que se revoque el fallo y se remitan los autos a la instancia anterior para que, integrado por jueces hábiles, se dicte uno nuevo con arreglo a lo peticionado (v. fs. 56).
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 68/72).
III. Coincido con ese dictamen: el recurso no prospera.
IV.1. Surge de la reseña de antecedentes que el Tribunal Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul con sede en Tandil decidió atender el pedido fiscal y unificar las sentencias dictadas respecto del condenado Néstor Fernando Buch. A tal fin, desechó fundadamente el criterio opuesto sustentado por la defensa en cuanto a que una de las penas -la recaída en la causa n° 581/1963- se hallaba vencida (v. fs. 3/7).
En su recurso de casación, la señora defensora oficial -en lo que interesa- había insistido con la tesis sobre la imposibilidad de someter al proceso unificador la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, porque -desde su óptica- se encontraba vencida a tenor del art. 27 del Código Penal. Allí también cuestionó que se emplease el método de suma aritmética para la unificación dispuesta, en desmedro del composicional (v. fs. 18/24 vta.).
A su turno, el Tribunal de Casación abordó y desestimó ambos planteos.
Sostuvo que, si bien era cierto que el término previsto en el primer párrafo del art. 27 del Código Penal había fenecido el 17 de noviembre de 2014 con relación a la condena de ejecución condicional, en tanto debíase tener en cuenta la fecha del pronunciamiento originario y no la de su firmeza -como se hizo en el fallo unificador-, de los antecedentes del caso surgía que el delito de homicidio agravado por el uso de armas había sido cometido el 8 de enero de 2007, esto es, después de la administración fraudulenta por la que fuera condenado bajo aquella modalidad, hecho que fue perpetrado durante el año 2006.
En atención a ello señaló que, dado que ambos ilícitos fueron cometidos con anterioridad a la primera condenación, al momento de dictarse dicha sentencia condenatoria por el homicidio agravado -el 25 de marzo de 2009- el fallo debió haber comprendido a ambos ilícitos y que, tratándose del supuesto de unificación de condenas, al no hacerse así, se violaron las reglas de los arts. 55 y 58 del Código Penal.
Concluyó que el argumento técnico empleado por la defensa no podía ser acogido, pues colocaba en contradicción las soluciones que establecen los arts. 27 y 58 del digesto sustantivo.
Por otra parte, en cuanto al agravio dirigido contra la determinación del monto de pena, el órgano intermedio puso de manifiesto que el Tribunal Criminal había fijado la sanción en seis meses por debajo de lo que hubiese correspondido establecer mediante el sistema aritmético, por lo que concluyó que el reclamo no se correspondía con las circunstancias de la causa, dado que la pena impuesta no resultó de una mera suma como se había alegado (v. fs. 41).
IV.2. Conforme se adelantó, el recurso no puede prosperar, pues frente a la respuesta dada por el tribunal intermedio en el marco de los agravios llevados a su consideración, la parte no demuestra que la revisión emprendida haya importado un menoscabo a los estándares emergentes del citado fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con mengua de la capacidad de rendimiento de la impugnación deducida (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP), ni que se hubiese afectado el debido proceso y la defensa en juicio del acusado (art. 495, CPP).
En efecto, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General, a cuyos términos también remito -fs. 68/72-, de lo reseñado en los párrafos que anteceden emerge que el Tribunal de Casación Penal abordó los reclamos de la defensa en lo referente a la unificación dispuesta por aplicación del art. 58 del Código Penal, motivando debidamente la decisión.
El a quo, al abordar el planteo de la defensa en cuanto a que Buch no cometió nuevos delitos, afirmó que "...ello solo lo fue con posterioridad al dictado de la pena de ejecución condicional, pero esto en modo alguno quita otro dato de la realidad, en el caso, [...] que había cometido un homicidio agravado por el uso de arma de fuego en enero de 2007, es decir, antes del dictado de la condena condicional y no después, resultando aplicable el art. 58 del C.P. por la violación de las reglas del concurso real." (fs. 40 vta.).
De seguido expresó los motivos que lo llevaron a descartar la pretendida aplicación de la regla contenida en el art. 27 de ese cuerpo normativo, señalando que la "virtual" desaparición de una pena de ejecución condicional se produce cuando no se reitera el obrar delictuoso, pero que en el caso -volvió a decir- Buch "...cometió un delito antes de ser condenado a prisión de ejecución condicional, lo que opera es una unificación de condenas, conforme lo previsto en el art. 58 del C.P." (fs. 41), por haberse inobservado las reglas del concurso material.
El tribunal intermedio también se ocupó del agravio vinculado con la determinación del quantum de la pena única y con el método empleado en el procedimiento de unificación.
En concreto, expresó que la sanción quedó establecida en "...seis meses menos de prisión de lo que hubiera fijado de emplear el método aritmético" (fs. 41, cit.), por lo que entendió que la argumentación de la defensa se encontraba alejada de lo que ocurrió en la causa, "donde se compuso pena" (fs. cit.).
La defensa no rebatió la fundamentación esgrimida por el órgano revisor para rechazar los planteos llevados a su conocimiento. Conforme fue reseñado, concuerdo con el señor Procurador General en que las críticas se asientan únicamente en un criterio discrepante con las razones esgrimidas por el a quo para resolver del modo en que lo hizo, técnica que resulta insuficiente para demostrar las infracciones constitucionales y convencionales alegadas en la impugnación en análisis (art. 495, CPP).
En consecuencia, sin que haya sido evidenciada infracción alguna en la decisión del Tribunal de Casación, corresponde que el recurso traído sea rechazado en todos sus términos (art. 495, cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2021 12:13:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 13:27:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2021 09:24:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2021 15:31:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2021 16:09:10 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia