Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133392
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.392, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 29.264 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Peñalba, Raúl Cesar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Pettigiani , Torres , Kogan .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de agosto de 2018, en virtud de lo decidido por esta Corte en causa P. 114.611, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor fiscal contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, que condenó a Raúl César Peñalba a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de homicidio simple (v. fs. 297/301 con relación a fs. 32/55).
Contra ello, el señor fiscal ante aquella instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 303/308 vta.), el cual fue concedido por auto dictado el 24 de octubre de 2019 (v. fs. 315/317).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 336/342 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 344), presentada la memoria por parte del señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Se encuentra legitimado el señor fiscal para recurrir la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. A los fines de expedirme acerca de la viabilidad del recurso Fiscal estimo necesario efectuar un racconto de lo sucedido en estas actuaciones.
II.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, por sentencia dictada el 12 de diciembre de 2006, condenó a Raúl César Peñalba a la pena de quince años de prisión por haber sido hallado penalmente responsable del delito de homicidio en perjuicio de Sara Nidia Balbi (art. 79, Cód. Penal; v. fs. 32/55).
II.2. Contra esta decisión, el señor agente fiscal interpuso recurso de casación a través del cual cuestionó la calificación legal aplicada en la instancia anterior, y solicitó la condena en los términos del art. 80 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 61/71 vta.). A su vez, la señora defensora oficial ante la instancia casatoria, doctora Susana Edith De Seta, se pronunció por la inadmisibilidad del recurso fiscal y, subsidiariamente, por su improcedencia. A su vez, peticionó como acción de revisión la disminución del monto de pena aplicado al mínimo legal (v. fs. 102/106 vta.).
II.3. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de marzo de 2011, hizo lugar al recurso presentado y condenó a Raúl César Peñalba a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de homicidio agravado por ensañamiento (v. fs. 107/115 vta.).
II.4. Contra este pronunciamiento, el defensor oficial ante la instancia intermedia, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue registrado bajo el número P. 114.611 (v. fs. 125/134 vta.), el cual fue concedido por resolución de esta Corte del 10 de junio de 2013 (v. fs. 156/157).
II.5. El 4 de junio de 2014, esta Suprema Corte -por mayoría de fundamentos- dictó sentencia y rechazó el recurso extraordinario (v. fs. 167/176), ello motivó que la defensa dedujera recurso extraordinario federal (v. fs. 181/189), el cual por resolución del 6 de mayo de 2015 fue denegado por inadmisible (v. fs. 199/200 vta.). Contra ello se interpuso queja por denegatoria de recurso federal (v. fs. 256/260 vta.).
II.6. El 11 de octubre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja al considerar que para el caso era aplicable la doctrina sentada en el expediente "Casal" (Fallos: 328:3399), y declaró procedente el recurso extraordinario dejando sin efecto la sentencia apelada. Finalmente, ordenó devolver los autos para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a la doctrina aludida (v. fs. 266).
II.7. Vueltas las actuaciones, esta Suprema Corte dictó nueva sentencia el 15 de marzo de 2017, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en su oportunidad por la defensa oficial, revocó en lo pertinente el fallo de la Sala III del Tribunal de Casación Penal de fs. 107/115 vta., y remitió las actuaciones a la instancia anterior para que se adoptaran las medidas pertinentes a fin de asegurar el examen del pronunciamiento impugnado -por jueces hábiles- merced a los agravios postulados, ello a fin de garantizar el derecho del imputado Raúl César Peñalba a obtener la revisión integral de la sentencia de condena dictada en su contra, de conformidad con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 270/273).
II.8. A consecuencia del reenvío, el Tribunal intermedio dictó nueva sentencia, el 16 de agosto de 2018, en la cual rechazó por improcedente el recurso deducido por el señor agente fiscal y confirmó la sentencia de condena del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Necochea que había impuesto a Raúl César Peñalba la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio (v. fs. 297/301).
III. Contra este último pronunciamiento, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen (v. fs. 303/308 vta.).
Denunció la errónea aplicación del art. 79 del Código Penal y la inobservancia del art. 80 inc. 2 del mismo cuerpo legal, y que por ello se incurrió en absurdo y arbitrariedad al haberse apartado el fallo de las constancias comprobadas de la causa, como también de la doctrina legal de esta Corte sentada en los precedentes P. 46.104, P. 46.668, P. 123.200 y P. 128.494 (v. fs. 305 vta. y 306).
Alegó que el argumento del tribunal revisor referido a que la prueba reunida no permitió demostrar la intención de Peñalba de matar haciendo sufrir de un modo cruel, aparece desconectado de la materialidad fáctica que se tuvo por acreditada.
Señaló que a la instancia casatoria arribó firme el hecho que dio cuenta que durante la noche del 30 de septiembre del año 2005, tras mantener una discusión con Nidia Sara Balbi dentro de la vivienda que a ella pertenecía, ubicada en calle 33 n° 195, Raúl César Peñalba la agredió físicamente mediante golpes y un cuchillo, con el que le produjo treinta y un heridas de arma blanca en distintos lugares del cuerpo, que determinaron su muerte por shock hipovolémico secundario a las múltiples heridas, sobre todo en vasos cervicales de gran calibre.
Sumó a lo anterior, la circunstancia de que Peñalba llegó al lugar en actitud cordial, terminó discutiendo con la víctima, subiéndose sobre ella y golpeando su cabeza contra el piso, dejándola en manifiesta situación de indefensión, siendo que Balbi era una mujer de sesenta y tres años, a la que dirigió además varias puñaladas de cuchillo (v. fs. 306 vta.).
El recurrente consideró que aquella acción despiadada encuadró en la calificación legal de ensañamiento, desde que aumentó deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima.
Trajo a colación lo afirmado por la testigo presencial del hecho -Altamiranda- quien contó los pormenores de las circunstancias que presenció, en especial que pudo ver al imputado que "...agarró a Nilda de los pelos, la tira al piso, se sube sobre ella y la golpea fuertemente contra el piso. Se asusta y vuelve a la cocina, temía correr igual suerte, ingresando Raúl con todas las manos ensangrentadas..." (fs. 306 vta. y 307).
Agregó que el cumplimiento del requisito subjetivo de la figura en cuestión resultó del propio modo de matar que muestran las ilustrativas fotografías de los autos principales, en las que se aprecia el estado en que quedó el rostro de la víctima sobre un lago hemático, como las lesiones cortantes que presentaba en el tórax, cuello, miembros superiores e inferiores, siendo todas de carácter vital y propias de un obrar frío y reflexivo (v. fs. 307 y vta.).
En conclusión, sostuvo que la conducta que desplegó el imputado debe calificarse como homicidio agravado con ensañamiento (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), toda vez que de las constancias de la causa surge que dio muerte a la víctima apuñalándola con saña, circunstancia puesta de manifiesto al someterla a sufrimientos innecesarios que consistieron en acrecentar deliberadamente la agresión, como forma de sadismo que puede recordar a la institución del tormento (v. fs. 308).
IV. El señor Procurador General sostuvo el recurso interpuesto y aconsejó hacer lugar al mismo (v. dictamen de fs. 336/342 vta.).
A los argumentos de origen, añadió que la sentencia atacada realizó una defectuosa tarea revisora a consecuencia de la devolución resuelta por esta Corte, es decir, que debió garantizar el derecho al recurso -de modo amplio e integral- del imputado y revocar o ratificar la sentencia de la Sala III en su primera intervención, pero nunca avalar sin más la sentencia de grado (v. esp. fs. 340 vta. y sigs.).
V. El señor defensor de Casación, doctor Mario Luis Coriolano, presentó la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 351/352 vta.). En primer lugar, solicitó se declare la extinción de la acción penal por prescripción respecto al delito de homicidio simple de conformidad con el fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los precedentes P. 131.745, sentencia de 21-VII-2020 y P. 132.525, sentencia de 23-VII-2020 de esta Corte. En segundo término, brindó razones por las cuales consideraba que debía rechazarse el recurso presentado por la acusación, y en ese sentido postuló, por un lado, la extemporaneidad de los nuevos motivos de agravio y, por el otro, la indemnidad del derecho a la doble instancia (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), de conformidad con el precedente P. 117.199, "Colman", resolución de 21-V-2020, de este Tribunal.
VI. Disiento con la postura del señor Procurador General, pues considero que el recurso no procede.
A partir de la reseña efectuada, de las que resultan las particularidades que el caso presenta, es necesario adicionar las siguientes observaciones:
VI.1. Esta Suprema Corte esta llamada a resolver un recurso fiscal dirigido contra una sentencia del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 297/301) que, a consecuencia del reenvío dispuesto por esta Corte en la causa P. 114.611, rechazó por improcedente el recurso incoado por ese Ministerio y confirmó el fallo de primera instancia que condenó a Raúl César Peñalba a la pena de quince años de prisión en orden al delito de homicidio.
VI.2. La situación impone considerar que en un reciente pronunciamiento (causa P. 117.199, "Colman", resol. de 21-V-2020) esta Suprema Corte, como consecuencia de lo resuelto por la Corte federal que devolvió los autos a esta instancia tras hacer lugar a la queja de la defensa y en atención a los concretos términos de esa decisión, resolvió que "...no es dable que el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado cuenten con legitimación recursiva una vez que las personas sometidas a proceso hayan alcanzado la doble conformidad judicial respecto de la calificación legal y la pena"; que "...el derecho consagrado en el art. 8.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos tiene menor intensidad que el previsto en el 8.2.h. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Ello es así en tanto el particular damnificado podrá hacer valer su derecho a la jurisdicción, para procurar una decisión que provoque la revocación de una sentencia absolutoria o la modificación de una sentencia condenatoria que no le satisface siempre y cuando con lo actuado en la instancia de juicio y la de revisión no se encuentre satisfecha la doble conformidad judicial. Es que el derecho a la doble conformidad judicial del imputado posee mayor intensidad protectoria que el de acceso a la jurisdicción, pudiendo graduarse en su aplicación con distintas jerarquías al no resultar de la misma entidad"; y que "...el límite de la calificación y de la pena es la impuesta por la instancia intermedia una vez satisfecha la doble conformidad judicial".
En dicho pronunciamiento, este Tribunal también señaló que no resultaba razonable diagramar un control horizontal cuando existan recursos del Ministerio Público Fiscal o del particular damnificado que pretendan agravar la calificación mediante la intervención previa del Tribunal de Casación Penal o, eventualmente, de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal en la materia correccional, y que debía partirse del supuesto de haberse garantizado la doble conformidad judicial del imputado en los términos del art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tanto sea por la confirmación del temperamento del tribunal de mérito como por el control horizontal del órgano superior (Casación o Cámara) ante el supuesto de que la primera sentencia de condena sea el corolario de la intervención de un órgano de similar jerarquía.
VI.3. En estas actuaciones, el Ministerio Público Fiscal recurrió a esta instancia solicitando que se revoque la sentencia del tribunal intermedio que confirmó la de primera instancia -calificación legal y pena impuesta en los términos del art. 79 del Código Penal-, y peticionó que se recalifique el hecho como constitutivo de homicidio agravado con ensañamiento, de conformidad con el art. 80 inc. 2 del Código Penal.
VII. En atención a lo expuesto, en consideración del derrotero procesal de la presente causa y de la doctrina antes mencionada, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor fiscal ante la instancia intermedia, por carecer de legitimación recursiva en el caso, y mantener la calificación y la pena impuesta a Raúl César Peñalba en los términos del art. 79 del Código Penal, ante la doble conformidad resultante de la revisión efectuada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 297/301; conf. P. 117.199, cit.). Ante la particular situación que se presenta en autos, no es posible revisar lo atinente a la calificación legal de conformidad con la doctrina antes señalada, siendo esta la única decisión que se debe adoptar.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/05/2021 11:09:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 11:20:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2021 12:31:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 15:36:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 15:55:37 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia