Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133731
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.731, "F., L. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 85.224 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" y su acumulada P. 133.618-Q, "F., L. E. s/ Queja en causa N° 85.224 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de octubre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial de L. E. F. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores que condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y mediando violencia de género (art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal; v. fs. 78/92).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 101/111 vta.), que fue declarado parcialmente admisible por el Tribunal de Alzada en cuanto al planteo de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 114/118), lo que motivó la articulación de recurso de queja por la defensa (v. fs. 220/227 vta.). Esta Corte, mediante pronunciamiento de fecha 13 de julio de 2020, admitió la queja y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a las denuncias de afectación al principio de legalidad -vinculada con la errónea aplicación del art. 80 inc. 1- y afectación del derecho a la revisión amplia en cuanto a la aplicación del art. 80 inc. 11 del Código Penal (v. fs. 228/230).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 236/242), dictada la providencia de autos (v. fs. 243) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto, en oportunidad de presentar el recurso extraordinario, formuló dos agravios.
I.1. Por el primero, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 y la inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal, así como la vulneración del principio constitucional de legalidad (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 103/107 vta.).
Básicamente se agravió de los fundamentos utilizados por el tribunal intermedio para resolver que, en el caso, se hallaba debidamente acreditada la agravante referida a la relación de pareja.
Adujo que el órgano revisor efectuó una interpretación de tal calificante que sobrepasa los límites impuestos por el principio de legalidad, de modo que "...extiende el tipo penal a una situación fáctica que no se corresponde con la letra de la ley" (fs. 103 vta.).
Luego de realizar diversas consideraciones en orden al mencionado principio desde los postulados de ley estricta y ley cierta que lo caracterizan, explicó que la cuestión a dilucidar resultaba ser la demostración a través de las pruebas rendidas de la existencia o no de una "relación de pareja" entre víctima y victimario (v. fs. 104 y vta.).
En tal sentido, dijo que en el recurso de casación esa parte no había pretendido equiparar o suplir la figura penal con las contempladas en los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino "...una hermenéutica sistemática, razonada y contextualizada de la figura en cuestión" (fs. 104 vta.).
Continuó señalando que, a fin de delimitar el concepto de relación de pareja, esa parte "...distinguió el instituto del matrimonio de otras relaciones menos estables o comprometidas, como lo son las relaciones sentimentales comúnmente denominadas como de noviazgo -acreditada en autos- la cual carece de efectos tanto en el ámbito civil como en el penal" (fs. 105).
En ese discurrir, adujo que la defensa apeló a la figura contenida en el aludido art. 509 por considerarla intermedia entre el matrimonio y las "meras relaciones de noviazgo" porque -a su criterio- es la que mejor parece adaptarse a la definición de "relación de pareja" del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 105 vta.).
Mediante un repaso de las circunstancias tenidas por acreditadas por el órgano revisor como indicadoras de la "relación de pareja", cuestionó la valoración de la "mera convivencia" y de la "vocación de estabilidad". En tal sentido, destacó que la convivencia no es un indicador de la relación de pareja y que aunque la vocación de estabilidad sí es una exigencia típica, la brevedad en el tiempo y la crisis que atravesaba la relación impiden apuntalar tal estabilidad. Citó diversas constancias probatorias en favor de su postura (v. fs. 106 y vta.).
En síntesis, dijo que "La brevedad en el tiempo del noviazgo es indicador de inestabilidad del vínculo, y las crisis y rupturas atravesadas se contraponen con la idea de que la relación se mantuviera sin peligro de cambiar o desaparecer" (fs. 106 vta.).
Concluyó este tramo del recurso reclamando que el hecho se encuadre en los términos del art. 79 del Código Penal "...en tanto el plafón probatorio rendido para demostrar el vínculo entre víctima y victimario no resulta suficiente para el encaje en el art. 80 inc. 1 del [Código Penal]" (fs. 106 vta. y 107).
I.2. En segundo término, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 e inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal; vulneración del principio de culpabilidad, debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.), y revisión aparente de la sentencia de condena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 107 vta.).
Luego de repasar los fundamentos dados por el tribunal revisor con relación a la acreditación de la agravante prevista en el art. 80 inc. 11 del Código Penal, adujo que dicho órgano efectuó una errónea y arbitraria valoración de la prueba al momento de confirmar la calificación enrostrada a su defendido (v. fs. 108 y vta.).
Cuestionó la "...vaguedad con la que [el sentenciante] hace referencia a los pretendidos episodios de 'celos', 'persecución' y 'acoso' sin indicar condiciones de modo, tiempo ni lugar, ni testigos que los hubieran presenciado...", que a su parecer deviene insuficiente para sostener la imputación agravada (v. fs. 108 vta. y 109).
Con relación a lo resuelto acerca de que "...el imputado obligaba a la víctima a que dejara de reunirse con amigas", "...impedía que siguiera trabajando" y "...la amenazaba con quitarse la vida si ella lo abandonaba", afirmó que "...de modo alguno se ha fundamentado que [tales circunstancias] puedan tenerse como una situación determinante y extraordinaria que diera lugar a tan lamentable desenlace" (fs. 109).
Consideró que la decisión impugnada constituyó un tránsito aparente por esa instancia que frustró el derecho del imputado a obtener la revisión de la sentencia condenatoria, de conformidad con lo establecido por los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la respuesta a ese reclamo consistió en una reiteración de las razones brindadas por el tribunal de grado, y no en un análisis acabado de las reales circunstancias que rodearon al hecho que se reprocha a su asistido (v. fs. 109 vta.).
En ese discurrir, agregó que "...basándose en los mismos, escasos e insuficientes elementos de prueba a los que recurriera el tribunal de instancia, el TCP quedó a mitad de camino en su labor al perder de vista que no basta con tener por configurados los extremos constitutivos de violencia de género (en el caso, cuestionados por la falta de certeza) sino que además debe acreditarse un vínculo entre esos extremos y la comisión del homicidio atribuido" (fs. 109 vta. y 110; el destacado figura en el original).
Invocó en sostén de su postura los fallos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023, sentencia de 22-VIII-2007 de esta Suprema Corte (v. fs. 110 y vta.).
Concluyó que la decisión impugnada "...no hace más que afirmar sin razonamiento válido alguno la existencia de una relación de pareja y que el homicidio se cometió mediando violencia de género, violentando de este modo el deber de motivar las sentencias y obturando el adecuado derecho de defensa en juicio" (fs. 111 y vta.).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera (v. fs. 236/242).
III.1. El tribunal del juicio tuvo por acreditado que "...el día 2 de agosto del año 2015, siendo aproximadamente las 19:50 horas, L. F., en el interior de la vivienda sita en calle Salta N° … de la ciudad de San Bernardo del Partido [de La Costa] de la Provincia de Buenos Aires, con la intención de darle muerte, roció con un hidrocarburo a su pareja conviviente la Sra. M. d. l. Á. T., y encendió su cuerpo, ocasionándole quemaduras del tipo AB y B que afectaron el 40% de su superficie corporal, produciéndose luego de trece días de agonía, su deceso el día 15 de agosto siendo su causa de muerte un paro cardiorrespiratorio traumático, a consecuencia de las quemaduras graves, provocándole una falla multiorgánica [...] El trágico suceso fue la culminación de un sin número de actos de acoso y violencia hacia la víctima, quien había decidido culminar la relación de pareja. Así es que F. terminó con la vida de M. d. l. Á. T., prendiéndola fuego, resultando las graves quemaduras, luego de varios días de una cruel y pavorosa agonía, la causal del deceso [...] Luego de cometido el aberrante suceso, L. E. F., se da a la fuga del lugar, dejando a M. d. l. Á. T., con su cuerpo incendiado, siendo detenido por personal policial en el domicilio de su progenitora" (fs. 15 vta.).
En lo que respecta a la calificación legal, subsumió el hecho como homicidio doblemente agravado por ser en perjuicio de su pareja y mediando violencia de género (art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal; v. fs. 31 vta.).
Descartó el planteo de la defensa según el cual debía hacerse analogía entre la agravante del art. 80 inc. 1 del Código Penal y lo dispuesto en el Código Civil y Comercial sobre las uniones convivenciales, con fundamento en que los arts. 509 a 528 de ese cuerpo legal hacen referencia a los efectos jurídicos de las uniones civiles y los derechos y deberes de sus integrantes, lo cual no podía confundirse con la relación de pareja a que hace referencia la agravante aplicada (v. fs. cit.).
Afirmó que "El aspecto medular para hablar de una pareja es la notoriedad, debe ser susceptible de ser conocida en general y tener trato propio de una verdadera relación basada en el amor entre dos personas que se comportan como pareja, presentándose así en público" (fs. 32).
Sostuvo que la relación de pareja se había demostrado ampliamente en el debate oral: destacó que los hijos de la víctima y otros testigos fueron contestes en manifestar que eran pareja, se comportaban como tal en el barrio y convivían bajo el mismo techo con tres de los hijos de la señora T.. Adunó a ello que tanto la hermana de la nombrada como una de sus amigas más cercana hablaban de la relación sentimental que existía entre ambos, y que esa relación era pública y notoria, "...más allá de las idas y vueltas que habían tenido..." (fs. cit.).
Por otra parte, el sentenciante de grado justificó la subsunción en el inc. 11 del art. 80 del Código Penal.
En prieta síntesis, tuvo por acreditado que al momento del hecho F. y la víctima tenían una relación de pareja "...donde la señora era 'cosificada' por el acusado y debía amoldarse a su voluntad como si fuera un 'objeto' sometido a su discreción, a su posesión, amenazándola en todo momento [con] que si ella lo dejaba se iba a matar ahorcándose en la vivienda donde convivían para que sus hijos lo vieran, cortándose los brazos, celándola en forma extrema y apartándola de su entorno social" (fs. 34 y vta.).
Añadió que el despliegue homicida fue una expresión que implicó dominio del hecho y ocasionó la muerte de la víctima por las graves quemaduras en el 40% de la superficie corporal; y que fue F. quien derramó el líquido inflamable sobre M. d. l. Á. T. de manera intencional, a diferencia de lo que él sostuvo en su declaración, a saber, que había sido ella quien intentó arrojarle el líquido (v. fs. 34 vta.).
III.2.a. Por su parte, el Tribunal de Casación, en respuesta a la crítica sobre la aplicación de la agravante del art. 80 inc. 1, resolvió que "...acreditada sobradamente la materialidad y la autoría en todos sus términos, el recurso parcializa la motivación que trae el veredicto, pues soslaya que [...] los artículos 509 y 510 del Código Civil regulan las denominadas 'uniones convivenciales', es decir, las relaciones que, sin existir matrimonio mediante acto jurídico, producen los efectos jurídicos que la propia ley determina (artículos 511 a 528 del Código Civil), pero que en nada se asemeja a 'la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia', que exige el artículo 80 inciso 1 del Código Penal [...] la defensa exige una asimilación del tipo penal con un instituto determinado del derecho civil cuando, en rigor de verdad, los que pretende idénticos o de interpretación supletoria, lo son independientes y distintos entre sí" (fs. 85 vta.; el destacado figura en el original).
Continuó señalando: "...no encuentro que el tribunal haya efectuado una indebida interpretación extensiva del tipo penal, pues como lo ha sostenido este Tribunal de Casación, 'con la nueva redacción del artículo se amplía el espectro de protección de la normativa ya que el agravante no solo abarca vínculos de parentesco y relaciones conyugales, sino otras nuevas modalidades de relación, actuales o pasadas -ex cónyuges o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja-. Para el tipo penal consagrado por la ley 26.791 en el inciso bajo análisis es suficiente que el resultado haya recaído en personas de cualquier sexo que mantengan con el autor alguno de los vínculos que consagra la nueva fórmula legal, ascendiente, descendiente, cónyuge y ex cónyuge o relaciones expresamente previstas respecto del autor del delito [...] podría caracterizarse a la relación de pareja a la que alude la ley, como el vínculo interpersonal con determinada vocación de estabilidad, que une sentimentalmente a dos individuos para el desarrollo afectivo que ellos se brindan, con mayor o menor reciprocidad, en todas las áreas del amor [...] mediare o no convivencia' (Sala II, causa N° 78.650 , caratulada 'Maldonado, Hugo Francisco s/ recurso de casación', del 2 de marzo de 2017)" (fs. 85 vta. y 86; el destacado figura en el original).
Con relación al caso en trato, destacó que "...en función de la prueba reseñada, se encuentra sobradamente acreditado que víctima y victimario mantuvieron una relación sentimental, en la que incluso convivieron (circunstancia que al no configurar una exigencia típica refuerza la afirmación referida a la existencia de la relación 'de pareja'), como asimismo, que tal relación tenía carácter público, siendo reconocido por el imputado y además dieron cuenta de ello los familiares y amigos de la occisa, con lo que doy por probado también que la relación tenía 'vocación de estabilidad'" (fs. 86 y vta.).
III.2.b. Luego, con relación a la aplicación de la agravante del art. 80 inc. 11 del Código Penal, resolvió que "...el argumento por el que la defensa sostiene que no se demostró que la muerte fue provocada en un contexto basado en una relación desigual entre el sexo femenino y el masculino, se da de narices con la versión de los testigos quienes en líneas generales, coincidieron en que el imputado obligaba a la víctima a que dejara de reunirse con amigas, impedía que siguiera trabajando, y fundamentalmente, la amenazaba con quitarse la vida si ella lo abandonaba. Asimismo la testigo Jiménez aseguró que la relación entre los nombrados era de violencia y que M. d. l. Á. T. le tenía miedo a F.; y G. T. afirmó que el enjuiciado celaba mucho a su hermana y que esta había querido denunciarlo pero no se atrevía [...] el argumento del quejoso resulta meramente dogmático, precisamente, porque esas son las notas características de la violencia de género [...] a contramano de lo pretendido en el recurso, la nota dirimente en este tipo de casos es la 'cosificación' de la mujer, es decir, su degradación al carácter de mero objeto de propiedad del varón, en función de un estereotipo jerárquico sustentado en patrones socioculturales, que por cierto, se encuentran vedados por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 5 inciso 'a'), sancionada mediante la ley 23.179, el 8 de mayo de 1985 [...] las presiones y coacciones ejercidas por F. a la damnificada importaron un cercenamiento de su libertad de decisión y un recorte de sus derechos elementales. Dicha circunstancia legitima la conclusión adoptada en origen [...] acciones como las reprochadas a F. violentan 'el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación' (artículo 6.b de la Convención de Belém do Pará), pues implica 'subordinación'" (fs. 86 vta./87 vta.).
IV. Como adelanté, desde mi punto de vista el recurso debe ser desestimado.
IV.1. En primer lugar, no prospera la alegación sobre una errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, así como tampoco la vulneración del principio constitucional de legalidad.
IV.1.a. La solución brindada por el Tribunal de Casación Penal armoniza con el criterio sostenido por esta Suprema Corte en el precedente P. 132.456 (sent. de 20-VII-2020; ratificado en P. 132.429, sent. de 12-XI-2020), en cuanto diferenció la "relación de pareja" aludida por la norma penal de la "unión convivencial" regulada por los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial. Allí el doctor Soria dijo, en el voto que hizo mayoría, que "Para la ley civil la convivencia es un recaudo característico del régimen -y al menos por un lapso de duración de dos años-, que no exige el tipo penal, junto con otros presupuestos: la mayoría de edad de los integrantes -sean del mismo o de diferente sexo o género-, la ausencia de impedimento por razones de parentesco o de ligamen, entre otros que se establecen, y con características prototípicas de singularidad, publicidad, notoriedad, estabilidad y permanencia (arts. 509 y 510, Cód. Civ. y Com. [...]). Exigir su concurrencia importaría añadir a la figura penal elementos que no comprende ni le son característicos. Esto y la circunstancia de que el referido régimen de ‘unión convivencial’ en el ámbito del derecho privado entró en vigencia casi tres años después de establecida esta agravante en el Código Penal, habla a las claras de lo inapropiado de forzar esa asimilación, aunque sea parcialmente". A ello agregó que "...las notas típicas de la unión convivencial estipuladas en los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial, entre las que sobresale la convivencia entre sus integrantes por al menos dos años, aunque [...] no es la única distintiva, no ha sido esa circunstancia ni tampoco todas las otras allí establecidas, prevalentemente tenidas en cuenta por el legislador penal en ocasión de modificar la figura del homicidio agravado por el vínculo con la extensión dada por la ley 26.791 (B.O. de 14-XII-2012)".
En el mismo precedente, el doctor Soria analizó minuciosamente los proyectos de ley y el tra
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.