Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 133891
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.891, "Barbaria, Juan Pablo s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 88.760 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El 25 de septiembre de 2018, la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa de confianza de Juan Pablo Barbaria contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido para facilitar la perpetración de otro ilícito y la impunidad y con alevosía, tentativa de estafa, amenazas coactivas y robo, todo en concurso real, con más su declaración de reincidencia (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45, 55, 80 incs. 2. y 7, 149 bis segundo párrafo, 164 y 172, Cód. Penal; v. fs. 158/177).
Contra esa decisión, la defensa de Barbaria, ejercida por el doctor Marcelo Augusto Mottura, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 179/202), que fue concedido por la mentada Sala Quinta (v. fs. 218/221).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 228/231 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 233) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa denuncia la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 80 incs. 2 y 7, 149 bis -segundo párrafo-, 164 y 172, todos del Código Penal. Sostiene que el imputado negó haberle dado muerte a la víctima para realizar la operación de venta del inmueble sito en la calle Los Sauces 1.044 de la localidad de Acassuso, bajo la insistencia de que se trató de un suicidio (v. fs. 182/186 vta.).
Estima que para aplicar la figura de la alevosía se requiere un estado de indefensión total de la víctima -como requisito típico objetivo- y el conocimiento de esa situación por el autor -elemento subjetivo- consistente en aprovecharse de tal indefensión, lo que no ha sido probado en autos (v. fs. 186 vta. y 187).
En orden al delito de estafa señala que no hubo ningún acto preparatorio y que tampoco se verifican los requisitos típicos propios de esa figura penal. En ese andarivel realza que los testimonios de Alvarado y Chio probaron la amistad entre víctima y victimario, por lo cual solamente hubiera bastado haber firmado un poder de disposición para consumar la maniobra defraudatoria en vida de Stolzenwald, descartándose de este modo el móvil que se le imputa (v. fs. 183).
Refiere que no se acreditó el dolo de matar, ni que lo hizo con la finalidad atribuida, a efectos de desbaratar la subsunción en el homicidio criminis causae .
Enuncia que, ante un estado de necesidad posterior al suicidio de Stolzenwald, su asistido intentó vender "desacertadamente" la propiedad de su amigo, operación que resultó de imposible cumplimiento ante lo burdo del intento de estafa endilgado (v. fs. 184).
Acerca del delito de amenazas, destaca que Barbaria negó haberlas proferido, sin perjuicio de resultar inidóneas para vulnerar el bien jurídico al haber sido vertidas en el contexto de un marco comercial (v. fs. 184 vta./185 vta.).
Por fin, con relación al ilícito contra la propiedad refiere a la carencia de algún elemento objetivo que acredite el ejercicio de "violencia" sobre la documentación para apoderarse ilegítimamente de ella (v. fs. 185 vta.).
En suma, alega que la sentencia en crisis efectuó una arbitraria valoración probatoria, con el consecuente apartamiento de las reglas de la sana crítica, desde que fragmentó el caudal probatorio, llegando a una sentencia de condena por mera voluntad de los jueces (v. fs. 186 y vta.).
I.2. Invoca, asimismo, arbitrariedad en la "...fundamentación de la atribución de responsabilidad", en violación al debido proceso legal (art. 18, Const. nac.), la defensa en juicio, el principio de inocencia, motivación de la sentencia, carga probatoria de la acusación e in dubio pro reo (v. fs. 186 vta.).
Reitera su disconformidad con la desatención de la explicación brindada por el encausado en lo que concierne al delito contra la vida, censura la valoración de la declaración testimonial brindada por el médico policial doctor Casas, pues la autopsia practicada, en su visión, presenta serias irregularidades, tal como haber recibido el cuerpo para examinarlo "...sin garantía de ley". También, indica que no se efectuó el estudio de "humor vítreo", que hubiera permitido determinar la data de la muerte, así como que de la experticia a cargo del doctor Romero se puede inferir que el imputado no dio muerte a Stolzenwald, en tanto se inclinó por la posibilidad de una ahorcadura (v. fs. 186 vta./189)? y lo agravia que no se convocara al debate a la doctora Diamantti, quien confeccionó el estudio histopatológico (v. fs. 189 vta.).
Por lo dicho, peticiona la aplicación del principio in dubio pro reo, al estimar que falta la certeza necesaria para condenar, y, en consecuencia, solicita la absolución del imputado (v. fs. 191/192).
I.3. Por último, nuevamente de la mano de la doctrina de arbitrariedad, aquí por apartamiento de las constancias de la causa y violación a la revisión amplia del fallo condenatorio, toda vez que se omitió dar respuesta a la totalidad de los agravios llevados al Tribunal de Casación, se alza contra el pronunciamiento en crisis, con cita jurisprudencial en apoyo de su postura (v. fs. 200/201 vta.).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 228/231 vta., aconsejando el rechazo del recurso interpuesto.
III. Coincido con su opinión.
III.1. Ninguna de las afirmaciones expuestas en el recurso resulta eficaz para controvertir los fundamentos por los cuales el Tribunal de Casación desestimó los planteos esgrimidos ante su sede, siendo los reseñados una reedición -copia casi textual- de los que fueron postulados entonces (v. fs. 120/134 vta. y 182/198), lo cual traduce una técnica inidónea para demostrar que la decisión controvertida conlleve alguna de las situaciones denunciadas que tiña su condición de acto jurisdiccional válido, sellando su suerte (arg. art. 495, CPP.).
III.2. Con todo, cabe destacar que el tribunal de primera instancia tuvo legalmente por comprobados los siguientes sucesos: Hecho I) "Se atribuye a Juan Pablo Barbaria que entre el día 13 y el 14 de agosto de 2013, en el interior de la vivienda sita en Los Sauces N° 1044 de la localidad de Acassuso, Partido de San Isidro, con intenciones de provocar la muerte de Hernán Rodolfo Stolzenwald y, a partir de ese deceso, apropiarse de la identidad de la víctima para posteriormente procurar la venta de la vivienda escenario de los hechos haciéndose pasar por su dueño [...], mediante la [compresión] extrínseca del cuello ejercida de manera violenta con un lazo, le produjo a Stolzenwald la muerte como consecuencia de un paro cardiorespiratorio por asfixia mecánica (estrangulamiento). A los efectos de concretar su designio criminal, previo a estrangular a la víctima la golpeó con o contra un objeto duro de superficie rugosa y/o con aristas en el sector de la cabeza provocándole lesiones contusas y/o excoriativas y heridas en la región frontal derecha lo que provocó la pérdida de su conocimiento y el desvanecimiento, e imposibilidad de defensa de manera tal que el imputado llevó a cabo su accionar homicida aprovechándose del estado de indefensión de la víctima. Posteriormente a la conducta descripta, Barbaria, para procurar el designio criminal ulterior (venta fraudulenta de la propiedad de la víctima) y evitar que se le conociera durante esa maniobra su verdadera identidad, una vez concretada la muerte y a fin de imposibilitar la identificación de la víctima, le amputó las terceras falanges o falanges distales de todos los dedos a nivel de la articulación interfalángica entre la falange distal y la intermedia, para luego arrojarlo sobre la vía pública en la calle El Cano al 1050 de Acassuso, donde fue hallado el 15 de agosto de 2013, aproximadamente a las 10.30 horas, dentro de una bolsa mortuoria cerrada con una soga" (fs. 4 y vta.).
Hecho II) "En ese contexto se le atribuye a Juan Pablo Barbaria, que el 21 de agosto de 2013, se hizo presente en la inmobiliaria Toribio Achaval ubicada en la Avenida Del Libertador n° 15.233 de la localidad e Acassuso, Partido de San Isidro y, haciéndose pasar por Hernán Rodolfo Stolzenwald, indicó que quería tasar su lote ubicado en la calle Los Sauces n° 1044 de Acassuso, Partido de San Isidro, ya que tenía intenciones de venderlo de forma inmediata. Así las cosas, el 23 de agosto siguiente, a eso de las 16 horas, Diego Martín Tejedor, socio de la inmobiliaria en cuestión, se hizo presente en ese domicilio y tasó la propiedad en un valor de ciento treinta mil dólares (u$s 130.000), manifestándole el imputado que la operación tendría que realizarse por una suma inferior (u$s 90.000) ya que tenía apuro en concretar la venta antes del 16 de septiembre de 2013.
En base al ardid desplegado por Barbaria, en la creencia de quien ofrecía a la venta el inmueble era su dueño (Hernán Rodolfo Stolzenwald) la inmobiliaria Toribio Achaval publicó la oferta del terreno. Concretada la puesta en escena por parte de Barbaria en punto a la venta de la propiedad, el 4 de septiembre de 2013, se presentó en la vivienda de Los Sauces n° 1044 de Acassuso Leonardo Javier Meller Mignolo, quien interesado en la compra se entrevistó con Barbaria, quien le dijo ser 'Yani' -amigo del dueño- y que aquél estaba dispuesto a vender su propiedad en noventa mil dólares (u$s 90.000), es decir, un valor inferior al tasado, lo que motivó que Meller Mignolo entregara en la inmobiliaria de la Avenida Del Libertador n° 15233 de Acassuso, la suma de mil dólares (u$s 1.000) en concepto de reserva por la compra de ese inmueble.
Cabe aclarar que el 5 de septiembre de 2013, después de entregar la reserva, Meller Mignolo con su esposa se presentaron en la inmobiliaria Toribio Achaval para entrevistarse con el propietario del predio y acordar un precio final por la compra. Allí, advirtieron que quien se había oportunamente presentado como 'YANI' (amigo del dueño), en ese momento refirió ser Hernán Rodolfo Stolzenwald. En ese contexto, con el propósito de mantener el ardid ya desplegado y procurar una disposición patrimonial ilegítima, Barbaria expresó 'uh se descubrió la mentira, me descubriste' (sic), indicando que en realidad él era Hernán Rodolfo Stolzenwald, propietario de la finca ofrecida en venta, exhibiendo el DNI 16.973.943 y la escritura del inmueble (elementos que Barbaria se apoderó ilegítimamente al momento de causarle la muerte a Stolzenwald) comenzando a negociar el precio del inmueble, firmando Barbaria la Reserva de Compra simulando ser Hernán Rodolfo Stolzenwald.
Finalmente no se concretó la operación de compra-venta toda vez que el comprador Meller Mignolo se entrevistó con vecinos del inmueble quienes le manifestaron que se trataba de un inquilino y no del verdadero propietario" (fs. 4 vta./5 vta.).
Hecho III) "El 8 de septiembre de 2013, Juan Pablo Barbaria, haciéndose pasar por Hernán Rodolfo Stolzenwald, se comunicó telefónicamente con Leonardo Javier Meller Mignolo a través del número de teléfono 11-3579-6233, refiriéndole que al día siguiente concurrirían a firmar la operación descripta en el HECHO II, y que no le hiciera preguntas ya que se ponía nervioso, argumentado el mismo que necesitaba el dinero para saldar una deuda. Ese mismo día lo llamó en reiteradas oportunidades, no siendo atendido por Meller Mignolo, para finalmente enviarle un mensaje de texto con claros fines intimidatorios en el que le expresó 'NO PUEDO BORRAR DE MI MENTE EL ROSTRO DE TU HERMOSO HIJO, POR FAVOR LLAMAME QUIERO DORMIR EN PAZ' (sic) lo que provocó que la víctima tema por su integridad física y la de su familia y radique la denuncia penal en la comisaría" (fs. 5 vta.).
El a quo consideró a Juan Pablo Barbaria autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido para facilitar la perpetración de otro ilícito y la impunidad y por alevosía, estafa en grado de tentativa, amenazas coactivas y robo, todos en concurso real con más declaración de reincidencia.
III.3. Al interponer el recurso de casación, la defensa denunció: i) la errónea valoración probatoria del fallo en orden a la determinación de la autoría de su asistido, con base en la orfandad de la ponderada, ante la reiterada negación de aquel de haber dado muerte por estrangulamiento a Stolzenwald para concretar la operación inmobiliaria aludida. En ese camino argumental, señaló que se trató de un suicidio. Explicó que entre el señor Stolzenwald y el encartado había una relación de amistad de aproximadamente veinticinco años, con la confianza necesaria para que, si en el caso existiera algún designio criminal, no hiciese falta quitarle la vida para consumar una simple operación de venta? ii) criticó también, la calificación asignada de estafa por no abastecer, según su opinión, los requisitos exigidos por dicha figura penal teniendo en cuenta que no se condice con la relación de causalidad intentada en la sentencia? iii) en cuanto al delito de amenazas que se tuvo por configurado por un mensaje de texto enviado al señor Meller Mignolo, aseveró que no se encuentran elementos que acrediten que las haya proferido su pupilo en un sentido amenazante, sumado a que se pudieron dar en un marco de situación comercial y por ello no son idóneos para vulnerar el bien jurídico protegido por la norma? iv) finalmente, expuso que se cuenta con detalladas y contestes versiones que demuestran la ausencia o escasa prueba válida para arribar a una sentencia condenatoria con respecto a Barbaria. Puso reparos en el testimonio prestado por el personal policial médico doctor Jorge Casas al que el sentenciante le otorgó un valor irrefutable para atribuirle la muerte a su pupilo, se disconformó con la valoración que se hizo de las consideraciones médico-legales realizadas por el doctor Romero, de donde entiende que se puede inferir que su asistido no dio muerte por estrangulamiento mediante el empleo de un lazo, reposando la imputación tan sólo en presunciones o apreciaciones conjeturales sin advertirse la presencia de elementos de convicción objetivos, por lo que la sentencia posee una fundamentación aparente? v) y, en último lugar, planteó la inconstitucionalidad de la pena de la prisión perpetua (v. fs. 78/138 vta.).
III.4. La Sala Quinta del Tribunal de Casación comenzó señalando, a partir del voto del doctor Kohan -a quien adhirió el juez Mancini-, que los magistrados del juicio expresaron las razones para decidir como lo hicieron sin que se adviertan afirmaciones absurdas o arbitrarias al tener por acreditada la reconstrucción histórica de los hechos en los términos propuestos, como quedara plasmado al tratar la cuestión primera del veredicto puesto en crisis (v. fs. 162).
Indicó que tanto en la prueba de la materialidad infraccionaria como la autoría responsable del imputado, "...el tribunal realizó un pormenorizado análisis de las distintas piezas probatorias incorporadas válidamente por lectura al debate, sumado ello a los testimonios que tuvieron lugar en la audiencia de juicio, que lo llevó a no dudar de colocar ese extremo en cabeza del inculpado, no evidenciándose vicios lógicos que logren conmover la conclusión a la que llegó" (fs. 162 vta.).
Luego de señalar que el juzgador arribó a ese juicio de reproche con sustento en la pluralidad de pruebas producidas analizadas con completitud e integralidad, indicó que en orden a la materialidad ilícita, valoró en primer término el acta de procedimiento, que daba cuenta del llamado telefónico recepcionado el 15 de agosto de 2013, en horas de la mañana, dando cuenta del hallazgo de una bolsa tipo mortuoria cerrada con una soga, con el cadáver de quien luego fuera identificada como la víctima de autos, que en la cabeza poseía una bolsa de nylon de color blanco, en tanto sus manos las tenía colocadas en el interior de los bolsillos, para luego constatarse que las primeras falanges de todos los dedos estaban mutiladas, resultando que, según el primer informe del médico, el cuerpo llevaría muerto entre unas 24 a 36 horas, junto con las demás constataciones que tuvieron lugar respecto de los golpes que habría recibido, sumada a la del cuello con "...presencia de un surco de ahorcamiento del lado izquierdo que no sería completo" (fs. 162 vta./163 vta.). Destacó que en cuanto a la identidad del N.N., "...el sentenciante tuvo en cuenta la denuncia efectuada el día 9 de septiembre de 2013 por Rodolfo Raúl Stolzenwald, quien manifestó que hacía un mes que no veía a su hijo, Hernán Rodolfo Stolzenwald, no pudiendo tener contacto con él, teniendo en cuenta que su celular era atendido por un inquilino de Hernán, de nombre 'Giani', el cual le dijo -en varias oportunidades- que su hijo estaba trabajando con una señora en una fábrica de bolsas de plástico en Moreno y que no llevaba el celular a dicho lugar porque allí no tenía señal, informándole también que el mismo se encontraba radicado en dicha localidad pero que cada cinco o siete días volvía a su casa a visitarlo". Adunó que "...hacía una semana atrás había recibido una llamada por parte de Felipe Meyer Arana, que sería de la inmobiliaria Toribio Achaval, informándole que habían depositado una seña de mil dólares por la vivienda de su hijo" (fs. 163 vta. y 164).
Resaltó que el a quo efectuó un análisis pormenorizado de la que entiende como la "prueba madre" para determinar cómo se produjo la muerte de la víctima, esto es, "...la diligencia de autopsia efectuada por el doctor Alfredo Armando Moreno, Asesor Técnico Médico Forense de la Fiscalía de Cámaras de Lomas de Zamora. En función de ella y de las conclusiones medico legales que se extraen del testimonio que dio en la oralidad el doctor Casas es que el sentenciante llegó a la conclusión que se trataba de un homicidio y no de un suicidio [...] fundamentalmente por las explicaciones técnicas que descartan de plano esa posibilidad, las cuales lucen claras y coherente para llegar a la mentada conclusión" (fs. 164 y vta.).
Relevó el mérito dado al allanamiento efectuado en la vivienda en la que residían la víctima y el imputado, donde se halló una sábana color blanco con manchas de presunto tejido hemático, respecto de las cuales el informe pericial determinó que se trataban efectivamente de "sangre humana", correspondiéndose con un perfil genético único, completo y masculino coincidente en su totalidad con el perfil genético de la víctima, "...quedando determinado de esa manera el escenario primario de los hechos, que terminaron con la vida Stolzenwald. Esto se asoció con las lesiones que presentaba la víctima -incluyendo la mutilación de los dedos- concomitantes a su muerte y de presumible sangrado al ser vitales" (fs. 164 vta. y 165).
En cuanto a la operación de compra-venta de la propiedad de la víctima, se valoraron los dichos de Leonardo Javier Mignolo, quien afirmó que "...el día 4 de septiembre de 2013 en compañía de su hijo se trasladó hasta una inmobiliaria y junto a una empleada de la misma se dirigieron a un lote que se encontraba a la venta sito en la calle Los Sauces 1044, donde fueron recibidos por un sujeto de sexo masculino que dijo ser 'Yani', amigo del propietario, sujeto este que le mostró el terreno y una construcción que había en él, informándoles en paralelo que el dueño quería sacárselo de encima por
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