Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130380
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.380, "Trujiyama Puma, Alexis o Trujillama Puma, Alexis y Viscarra Beltrán, Sergio Stiven o Vizcarra Beltrán, Sergio Stiven s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 77.102 del Tribunal de Casación Penal, Sala II" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de julio de 2017, hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las defensas de los encartados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a Luis Guillermo Saavedra Neyra y a Sergio Stiven Viscarra Beltrán, a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas para cada uno, por resultar coautores responsables de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con tentativa de homicidio criminis causae en concurso material con daño (arts. 41 bis, 42, 44, 45, 55, 80 incs. 6 y 7 y 183, Cód. Penal); en el mismo pronunciamiento condenó a Alexis Trujillama Puma, a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con daño en concurso material con tentativa de homicidio criminis causae reiterado -dos hechos-, el segundo en calidad de autor (arts. 41 bis, 42, 44, 45, 55, 80 incs. 6 y 7 y 183, Cód. Penal). En consecuencia, casó el fallo por errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, y recalificó el suceso que victimizó a Juan José González como homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 41 bis y 79, Cód. Penal). Finalmente, modificó el monto de pena y condenó a Luis Guillermo Saavedra Neyra y Sergio Stiven Viscarra a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautores responsables de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego también en grado de conato, en concurso material con daño (hecho I); mientras que a Alexis Trujillama Puma le impuso una pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, en carácter de coautor de los delitos antes mencionados (hecho I) y autor del delito de homicidio agravado criminis causae en grado de tentativa (hecho II; v. fs. 111/143 vta. con relación a fs. 1/22).
La señora defensora oficial adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso a favor de Sergio Stiven Viscarra Beltrán recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 155/180 vta.). Por su parte, el defensor particular de Alexis Trujillama Puma, doctor Héctor R. Fernández Messia, dedujo los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 181/209). Por último, la defensa particular de Luis Guillermo Saavedra Neyra, doctor Adrián Fernando Corbalán, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 220/233).
El tribunal intermedio declaró parcialmente admisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos en favor de los imputados Viscarra y Trujillama Puma; respecto de este último, precisó que, si bien la defensa había mencionado la articulación conjunta del recurso extraordinario de nulidad, su contenido sólo abastecía la vía de inaplicabilidad de ley; por otro lado, rechazó por inadmisible el recurso interpuesto en beneficio de Saavedra Neyra por extemporáneo (v. resol., fs. 234/245). Contra ello, sólo la defensa de Viscarra interpuso queja ante esta Corte que tramitó como causa P. 130.321-RQ (v. fs. 487/500). Este Superior Tribunal, por resolución de 13-XI-2019, admitió parcialmente la queja deducida y concedió el recurso extraordinario con el alcance que fijó en el punto IV del resolutorio mencionado (v. fs. 503/507).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 515/523 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 526 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Sergio Stiven Viscarra Beltrán?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en beneficio de Alexis Trujillama Puma?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La defensora oficial adjunta denunció que el fallo casatorio incurrió en arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que derivó en la afectación de la defensa en juicio (derecho a ser oído) y el debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 159 vta.).
Afirmó que la decisión del a quo constituyó un tránsito aparente por dicha instancia que frustró el derecho al doble conforme en el tramo correspondiente al homicidio agravado en grado de tentativa que victimizó a Cuellar (hecho I), derecho que -a su juicio- se vio satisfecho respecto del suceso que damnificó a González al haber sido recalificado por el tribunal intermedio en los términos de los arts. 41 bis, 42 y 79 del Código Penal (v. fs. cit.).
Luego de transcribir lo resuelto sobre el punto (v. fs. 160/168), sostuvo que sólo hubo una reproducción de la sentencia de primera instancia sin haberse abordado de manera seria los agravios llevados por esa defensa; consideró que al haber dado un tratamiento conjunto a los planteos de todos los imputados, el a quo incumplió su función revisora amplia, y sin advertir que Viscarra -en su opinión- tuvo un rol diferente al de los otros coimputados en el mencionado hecho (v. fs. 168).
Trajo a colación lo expuesto en declaraciones testimoniales incorporadas por lectura al debate, y sostuvo que el tribunal revisor se sustrajo de cuestionarse la no realización de reconocimiento en rueda por parte de Núñez y Cuellar sobre el imputado Viscarra (v. fs. 168/169).
Alegó que de las constancias de la causa no surgen indicios en cuanto a que cuatro sujetos hubieran ingresado a la vivienda de la víctima, sino que fueron tres y que su asistido lo habría hecho más tarde, sin portar arma de fuego alguna. Según afirmó, Viscarra habría tomado un caño de la vivienda con el que sólo le pegó al tal "Kung Fu", persona a quien la instrucción no pudo localizar (v. fs. 169 y vta.).
Refirió que ni Cuellar ni Romero Núñez vieron a su asistido ingresar violentamente a la vivienda, como sí lo hicieron respecto de los otros tres sujetos; agregó que el Tribunal de Casación no analizó la existencia de acuerdo previo entre los cuatro sujetos para darle muerte a Cuellar, ni si luego del ingreso a la vivienda la agresión se produjo con herramientas encontradas en el lugar, es decir que los sujetos no ingresaron directamente con armas de fuego (v. fs. 169 vta. y 170).
Expresó que tampoco se cuestionó el tribunal revisor quién era la mujer que, conforme narró el primer efectivo policial alertado por Elvira Romero Núñez respecto de la agresión hacia su pareja Cuellar, estaba abrazada a ella instantes después del hecho y cuando ya los cuatro sujetos se encontraban arriba de la Kangoo, dado que -a su entender- por estar en ese momento junto a Romero Núñez debió llevar a que fuese ubicada para que declare como testigo (v. fs. 170 vta.).
Consideró que la referencia que hiciera el policía Pereyra en el debate en cuanto a que los tres sujetos que estaban siendo juzgados eran aquellos que halló dentro de la camioneta Kangoo, no alcanza para probar sin duda alguna la finalidad exigida por el art. 80 inc. 6 del Código Penal y, mucho menos, para con su asistido en cuanto al rol que -según su interpretación- habría tenido en el suceso (v. fs. 171).
I.2. De manera subsidiaria y con relación al mismo hecho que damnificó a Cuellar, la recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal en orden a lo normado por el art. 42 del mismo cuerpo legal, y la inobservancia del art. 79 en grado de tentativa del digesto sustantivo (v. fs. 174 vta.).
Expuso que, al confirmarse la sentencia de condena en el tramo correspondiente a la calificación legal de ese hecho -tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas-, se conculcó el principio de culpabilidad (art. 18, Const. nac.). Sostuvo que, a partir de los elementos de prueba obrantes en la causa, la conducta de Viscarra debió encuadrarse en las previsiones de los arts. 42 y 79 del Código Penal, al menos por aplicación del principio in dubio pro reo ; agregó que de los dichos de Cuellar, Romero Núñez y González no surgen elementos directos a través de los cuales pudieran extraerse indicios serios, concordantes y unívocos que permitan acreditar que Viscarra Beltrán acordó previamente la muerte de Cuellar, emprendiéndola mediante una fuerte golpiza a la víctima, y que su aporte estuvo dentro del objetivo perseguido al ingresar a la vivienda luego del llamado de Nery, para inmediatamente tomar un caño y golpear al tal "Kung Fu", con quien Cuellar logró salir del lugar al llegar González que también ingresó a la vivienda para defender a su amigo munido de otro fierro que tomó antes de entrar (v. fs. 175 y vta.).
Por tales motivos, concluyó en la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal en función de los arts. 42 y 45 también del mismo digesto, en tanto de las constancias de la causa a su asistido podría reprochársele el homicidio simple en grado de tentativa (v. fs. 176).
I.3. También, en forma subsidiaria, cuestionó la determinación de la pena en la instancia casatoria y denunció la violación al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov..; 8.2."h" CADH y 14.5, PIDCP). Expresó que la Casación, luego de asumir competencia positiva, debió reenviar las actuaciones a la instancia anterior a fin de darle oportunidad a las partes de debatir sobre la pena que finalmente se debía imponer (v. fs. 176 y vta.).
Consideró que se vulneró la garantía a la revisión amplia del fallo condenatorio, en tanto que impuesta la pena directamente por el Tribunal de Casación, a diecisiete años de prisión, esa defensa se vio imposibilitada de discutirla máxime cuando fue fijada sin sustanciación y sin explicar de dónde se partió en la escala penal concursal del caso, la que debió ser conformada por dos delitos tentados (arts. 42, 42 bis y 79 en concurso real con los arts. 42, 41 bis y 80 inc. 6, todos del Cód. Penal; v. fs. 176 vta. y 177).
En suma, solicitó que se case la sentencia impugnada y se reenvíen los autos al tribunal de instancia a fin de que -debidamente integrado- fije la pena a imponer a su asistido a partir de un amplio debate de la cuestión (v. fs. 178).
I.4. En último término, volvió a calificar la sentencia de arbitraria por falta de fundamentación en la determinación de la pena, y denunció la violación al debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. fs. 178).
Sostuvo que en el caso se vulneró la normativa y doctrina que establece que los jueces deben expresar las razones por las cuales disponen una cierta cantidad de pena, la cual debe oscilar entre un mínimo y un máximo, en tanto el órgano casatorio luego de recalificar el suceso que victimizó a Juan José González como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, resolvió mensurar la pena en diecisiete años de prisión, tomando en cuenta para ello las pautas valoradas por el tribunal del juicio (como atenuante la falta de antecedentes penales y el buen concepto, y como agravante el uso de arma de fuego). Agregó que, de tal manera, se impuso una pena sin justificación alguna acerca de cómo se arribó a dicho monto, sólo mencionando que se lo hacía de conformidad con las pautas valoradas por el sentenciante de grado en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 178 vta. y 179).
En sustento de su postura, citó el precedente P. 83.260 de esta Corte y concluyó que en el caso se impuso un quantum de pena sin explicitar el punto de partida en la escala concursal ni de qué manera confluyeron las dos atenuantes. Solicitó que se case la sentencia y se reenvíe al tribunal a quo para que -debidamente integrado- dicte una nueva sentencia conforme a derecho (v. fs. 180).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General: el recurso no prospera (v. fs. 515/523 vta.).
III. Liminarmente, cabe destacar que el conocimiento de esta Corte se encuentra ceñido al agravio que fuera admitido por el Tribunal de Casación fundado en la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 y en la inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal (v. fs. 234/245), como también el concedido por esta Corte en la resolución que admitió parcialmente la queja interpuesta por la defensa de Viscarra, contra la porción no admitida, vinculado con la denuncia de arbitrariedad y afectación a los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos relacionados con el hecho que damnificó a Cuellar (v. fs. 503/507).
IV.1. Sentado lo anterior, corresponde señalar que el Tribunal del juicio tuvo por acreditado que: "El 22 de marzo de 2014, los aquí imputados, Luis Guillermo Saavedra Neyra, Alexis Trujillama Puma y Sergio Viscarra Beltrán, junto con quien en vida fuera Nataniel Marcelo Magne Huanca, munidos al menos de dos armas de fuego, -una pistola 9mm y un revolver marca Police Colt calibre 32- en forma premeditada y actuando de consuno con división de tareas, trasladándose a bordo de un vehículo Renault Kangoo de color gris, se constituyeron en el domicilio sito en la calle Carlos Casares 7100 y Comodoro Py de la localidad de Gregorio de Laferrere de este Partido de La Matanza, habitado por Raúl Cuellar, con clara intención de quitarle la vida a este último siendo que ingresaron sin la debida autorización al mencionado domicilio, rompiendo las ventanas como así también la puerta de acceso a aquél, y una vez en su interior comenzaron a agredir físicamente a Raúl Cuellar, para luego efectuarle un disparo a la altura del abdomen. Seguidamente, arribó al lugar Juan José González, en auxilio del antes mencionado y para procurar la impunidad del delito que habían cometido contra Cuellar, le efectuaron sendos disparos que impactaron en su abdomen y en su pierna, todo ello con claras intenciones de quitarles la vida a ambos, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad. Seguidamente estos sujetos volvieron a abordar la camioneta en la que habían llegado y se fugaron del lugar en dirección al barrio 'La Palangana' de esa localidad" (hecho I); "Minutos más tarde como consecuencia de la persecución que iniciara el móvil ocupado por los numerarios Pereyra y Camblor, ambos de la Policía Bonaerense, Alexis Trujillama, quien se encontraba a bordo de la Renault Kangoo, con la clara intención de resistir al accionar de los policías, quienes pretendían detener e identificar a todos los ocupantes del rodado, comenzó a efectuar disparos contra la integridad física de los mismos con la clara intención de quitarles la vida y de este modo procurar su impunidad y la de sus cómplices, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad" (hecho II; fs. 14 vta. y 15, sent. de condena).
Los sucesos fueron calificados como tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con tentativa de homicidio criminis causae en concurso material con daño (hecho I), y en concurso real con el hecho II tentativa de homicidio agravado criminis causae (arts. 42, 44, 55, 80 inc. 6 y 7 y 183, Cód. Penal), revistiendo Saavedra Neyra, Viscarra Beltrán y Trujillama Puma la calidad de coautores del primer suceso, y el último de los nombrados autor del segundo (v. fs. 18 vta.).
Con relación a la calificación legal, el tribunal de juicio sostuvo: "En esta causa en estudio se da la concurrencia de por lo menos cuatro individuos, dos de ellos armados, a un lugar determinado para disparar tiros contra Cuellar, luego en el momento para lograr su impunidad también disparan contra su defensor González y en el caso del ataque contra la vida de Pereyra y Camblor fue el dolo de matar del medio empleado, disparos de arma de fuego a la cabeza de Camblor y al pecho de Pereyra, con el fin de lograr su impunidad por los injustos contra Cuellar, Romero y González, configurando sin duda alguna los tipos penales de los mentados incs. 6to. y 7mo. del Art. 80 del fondal" (fs. 19).
IV.2. En el recurso de casación, en lo que importa destacar para la resolución del caso, la defensa de Sergio Viscarra Beltrán denunció la errónea valoración de la prueba y la ausencia de elemento idóneo, sustentable e inequívoco que vincule a su asistido con el hecho enrostrado. Refirió que ninguno de los testigos presenciales pudo dar cuenta de la presencia y participación de Viscarra, y que, entonces, la condena impuesta en su contra implicó la vulneración al principio de culpabilidad. Se refirió a la falta de diligencia de reconocimiento en rueda de personas, la ausencia de ratificación en sede judicial de los dichos de Cuellar y Núñez y, particularmente, la falta de investigación de las circunstancias en las que murió el coimputado Marcelo Magne Huanca. Solicitó la absolución de su pupilo, y, subsidiariamente, la recalificación del suceso como lesiones en riña (v. fs. 23/29, leg. casatorio n° 77.108).
IV.3. El Tribunal de Casación Penal abordó de manera conjunta los recursos de los tres imputados, en virtud de la concordancia que entendió como existente entre los planteos formulados por las defensas de cada uno (v. fs. 124 vta.).
Con relación a la valoración probatoria para la determinación de la materialidad ilícita y la participación que les cupo a los imputados en los sucesos mencionados, y en lo que aquí interesa, luego de realizar una reseña de los hechos acreditados, el tribunal revisor refirió que el órgano de juicio tuvo en cuenta la declaración testimonial de Raúl Cuellar, incorporada por lectura sin ninguna oposición, en cuanto manifestó que "...el 22 de marzo de 2014, siendo las 07:45 horas aproximadamente, en momentos en que se encontraba en su domicilio sito en calle Carlos Casares n° 7100 y Ruta 21 de Laferrere, durmiendo junto a su señora Elvira Romero y su hija, escuchó que se rompe un vidrio de la ventana, con motivo de haberle arrojado una piedra, y en ese momento escucha las voces de unos masculinos que decían 'te vamos a matar, abrí, la con... de tu hermana', instantes en los que empiezan a patear la puerta de su vivienda, logrando romperla y acceder al interior de su domicilio para seguidamente romper también la puerta de su habitación. En ese momento observó y reconoció a los sujetos como Nery, un tal Ale y otro de sexo masculino morocho que no conoce. Aclaró que a Nery lo conoce del barrio del Bajo Flores donde el declarante vivía un año atrás y como consecuencia de ello Nery se juntaba con él a fumar, mientras que a Ale lo conoció porque lo llevó a Nery en el barrio donde actualmente reside. Refirió que los tres sujetos comenzaron a golpearlo con sus propias herramientas que se encontraban en un balde, como ser una grifa y un tubo, ante ello su mujer tomó a su hija y salió del domicilio a pedir ayuda. Indicó que en determinado momento Nery habló por teléfono y solicitó a una persona, a la que le dice 'perro', que lleve los 'fierros', a la par su señora observó que el ayudante d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.