Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133140
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.140, "Fernández, Marcelo Gabriel s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.742 y su acum. n° 83.746 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 6 de marzo de 2018, rechazó los recursos homónimos articulados por las respectivas defensas oficiales de Walter Adrián Bongiovanni y Marcelo Gabriel Fernández contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, que condenó al primero de los nombrados a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego; y al segundo, a la de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso y multa de $225 (doscientos veinticinco pesos) por ser coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae , robo calificado por el uso de arma de fuego y autor de los delitos de portación ilegal de arma de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, todos en concurso real entre sí (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo, 189 bis inc. 2 cuarto párrafo, Cód. Penal; v. fs. 175/196 vta.).
Contra lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Walter Adrián Bongiovanni (v. fs. 202/211); por su parte el doctor Daniel Aníbal Sureda, también defensor oficial adjunto ante el tribunal casatorio, dedujo igual recurso en beneficio de Marcelo Gabriel Fernández (v. fs. 239/257).
El tribunal intermedio declaró inadmisible el remedio extraordinario deducido en favor de Bongiovanni (v. fs. 228/231 vta.), y parcialmente admisible el interpuesto en favor de Fernández (v. fs. 270/272).
Frente a dichos pronunciamientos, las defensas de los encartados interpusieron sendos recursos de queja, los que fueron declarados procedentes por esta Suprema Corte, concediendo los remedios que habían sido denegados (v. fs. 60/62 vta., causa P. 132.414-Q y 129/131 vta., causa P. 133.002-Q).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 286/295), dictada la providencia de autos (v. fs. 297), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial adjunto de Walter Adrián Bongiovanni a fs. 202/211?
2ª) ¿Lo es el presentado por la defensa oficial de Marcelo Gabriel Fernández a fs. 239/257?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa de Walter Adrián Bongiovanni denunció la errónea aplicación de los arts. 45 y 80 inc. 7 y la desconsideración del art. 47, todos del Código Penal; la violación del principio de culpabilidad por el acto (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 57, Const. prov.), la errónea revisión de la sentencia de condena, la violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (art. 1, Const. nac.) y del derecho de defensa (art. 18 y concs., Const. nac.), y la violación a la presunción de inocencia y al principio del in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2."h", CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 204 y vta.).
Cuestionó la falta de acreditación del elemento subjetivo que requiere la calificación legal en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal, como así también, en lo que atañe al aspecto subjetivo de la coautoría, que en el plan inicial de cometer el robo estuviera incluido disparar a una de las víctimas para procurar la impunidad de los sujetos activos, pues -en su criterio- la conducta de Fernández resultó un exceso por el cual su asistido no debe responder (v. fs. 205 y vta.).
I.1. Acerca de la errónea aplicación del art. 45 en relación al art. 80 inc. 7 del Código Penal, adujo que el fallo impugnado no establece "...de qué modo es que Bongiovanni tomó parte en la ejecución del hecho homicida o cuál fue su aporte objetivo que consista en la realización de un elemento del tipo, sin el cual el homicidio no hubiera podido cometerse o que le hubiera dado el dominio funcional del hecho" (fs. 206).
Desde el plano objetivo, alegó que "...Fernández fue quien interceptó a Franco Meza, en tanto Bongiovanni hizo lo propio con Bogado Báez, y luego, ante la resistencia del hombre, Fernández sorpresivamente le disparó, causándole la muerte, pero de ningún modo puede afirmarse que esa muerte fue premeditada, ni mucho menos que Bongiovanni haya brindado algún tipo de acuerdo previo para ello, toda vez que el mismo se encontraba armado en el evento pero no disparó" (fs. cit.).
Y en cuanto al aspecto subjetivo, tildó de arbitrario lo decidido por el tribunal de casación, en el entendimiento de que se "...pierde de vista que la víctima imprevistamente tomó del cuello a Fernández, por lo que bien pudo su actuar al efectuar un disparo ser una reacción que aunque ilegítima y desproporcionada, resulta defensiva, y no una respuesta vengativa por ver frustrado el robo que intentaban" (fs. 206 vta.).
Destacó la "...imposibilidad de afirmar un plan homicida con ultrafinalidades, pues el hecho que comenzó como un robo armado, y claramente pre acordado por los intervinientes, mutó luego en una agresión dirigida contra Franco Meza por parte de Fernández, pero no así de Bongiovanni, quien también se encontraba armado pero no disparó, lo que indica que el mismo no concurrió allí con fines homicidas" (fs. 207).
Estimó aplicable al caso lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente P. 114.722, sentencia de 3-X-2012, que transcribió en parte, y reiteró la denuncia de errónea significación jurídica al no concurrir los elementos que nutren la elaboración dogmática empleada -coautoría funcional- para atribuir el homicidio agravado a su asistido en carácter de coautor (v. fs. 207 vta. y 208).
Argumentó la violación al principio de culpabilidad por el acto (arts. 18 y 19, Const. nac.) por haber recaído condena por un hecho de homicidio del que su asistido no participó y dada la inexistencia del vínculo subjetivo que requiere la figura legal aplicada (v. fs. 208 vta.).
Por último, solicitó que se encuadre la conducta de Bongiovanni en los términos del art. 165 del Código de fondo (v. fs. cit.).
I.2. Con relación a la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, sintetizó que "...no se encuentra acreditado con la certeza necesaria que la decisión de disparar contra una de las víctimas, en el plano de la subjetividad del autor, se haya visto animada por alguna de las finalidades típicas que se mencionaron en el fallo -'garantizar su impunidad' o 'asegurar el provecho de lo sustraído'-. Ello pues no puede descartarse que se haya tratado de una reacción motivada en la natural tendencia a defender la propia integridad (obviamente no de modo legítimo), ante la reacción de la víctima que tomó a Fernández del cuello cuando éste se encontraba de espaldas, y frente a esa posibilidad no se han invocado elementos probatorios o circunstancias fácticas que permitan descartarla inequívocamente" (fs. 210).
Solicitó que se case el fallo en crisis, se declare erróneamente aplicada la figura del art. 80 inc. 7 y se disponga el reenvío de las actuaciones al tribunal intermedio a fin de dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 210 y vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 286/295), el recurso no prospera.
III. En lo que aquí interesa, la Casación reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "Hecho I: El día 6 de julio de 2015, aproximadamente a las 5:15 horas, al menos cuatro sujetos del sexo masculino, interceptaron a DARIO RAMON FRANCO MEZA, a JORGE JAVIER FRANCO MEZA y a MARISOL BOGADO BAEZ, quienes caminaban juntos por la calle San Pedro, casi en el cruce con Formosa, de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar, con fines de robo, intimidándolos con las armas de fuego que llevaban, siendo que alias 'El Puro' exhibía un revólver de grueso calibre y que alias 'PUYULI' mostraba probablemente un revólver calibre 22 mm exigiéndoles 'DAME TODO LO QUE TIENEN' 'ESTAN ROBADOS', dirigiéndose específicamente el segundo a MARISOL BOGADO BAEZ, a quien le apunta en el estómago exigiéndole la entrega de su campera y de la cartera, logrando que ésta le diera esos bienes, mientras que el primero mencionado se acercó a JORGE JAVIER FRANCO MEZA, para luego sustraerle su mochila con ropa de trabajo, siendo que cuando esta víctima intentó resistirse al atraco agarrando del cuello a 'El Puro', éste a fin de garantizar su impunidad y la de sus compañeros de ilícito y a la vez asegurar el provecho de los sustraído le efectuó un disparo a quemarropa con el revólver de grueso calibre que llevaba a JORGE JAVIER FRANCO MEZA en la zona torácica abdominal el que escaso tiempo después ocasionó su muerte, para luego darse a la fuga todos ellos del lugar a los tiros" (fs. 178).
III.1. Al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos con relación a la acreditación de la coautoría funcional, expresó que compartía el criterio adoptado en la instancia de grado, toda vez que "...conforme lo sostienen de manera pacífica todos los testimonios arrimados, tanto Fernández como Bongiovanni esgrimían armas de fuego al momento del evento, existiendo una clara división de roles en el actuar, el primero increpó a Jorge Javier Franco Meza exigiéndole que le entregara todo lo que portaba y el segundo se encargó de desapoderar de sus pertenencias a Marisol Bogado Báez [...] Aún más, luego de que Fernández disparara contra Jorge Franco Meza, advirtiendo que la tercer víctima -Darío Franco Meza- intentaba alejarse de la escena indicó a Bongiovanni que lo persiguiera, acción que éste acató iniciando una carrera de persecución contra el nombrado" y que "...los ilícitos imputados, tal como se desarrollaron, sólo podían llevarse a cabo con la participación protagónica de Bongiovanni" (fs. 183 y vta.).
Sostuvo que "...el rol activo que desempeñó en los hechos, demuestra una organización y división de roles, donde objetivamente existió una mancomunación de esfuerzos y condominio final en los injustos achacados" y que su participación "...se materializó en increpar a Marisol Bogado, desapoderarla de sus bienes esgrimiendo en todo momento un arma de fuego, y luego intentar evitar que Darío Franco Meza huyera de la escena, efectuado en ese momento disparos intimidatorios -conforme lo relató Juan Pablo Weinzattel-" (fs. 183 vta.).
Con cita de doctrina, refirió que en el sistema de ampliación del concepto de autor que traía el Código Penal, como opuesta a la cooperación, auxilio o ayuda constitutiva de la complicidad primaria, se encontraba la coautoría afirmada en origen, por la puesta en obra del delito en sí, mediante el aporte objetivo realizado por los intervinientes a fin de ejecutarlo, y que tan autor es el que infirió la lesión como el que lo ayudó con su acción, dándole oportunidad para que ella produzca su efecto (v. fs. 184).
Examinó cuáles eran los presupuestos teóricos que debía reunir una participación plural de sujetos en la ejecución del delito para poder hablar de coautoría y diferenciarla de las otras formas de autoría utilizadas por la doctrina y la legislación (v. fs. 184 y vta.), destacando que ese acuerdo común trasuntaba invariablemente hacia la misma ejecución del delito acordada por los coautores, pues se dividían la realización del delito en diversas etapas -sucesivas o coetáneas-, cuyo aporte podía ser de calidad semejante o diferenciado (v. fs. 185).
Apuntó, por último, que "...la coautoría se define y se diferencia al mismo tiempo por sus dos presupuestos, objetivo y subjetivo: la decisión común para realizar el delito y la necesidad de dar realidad a dicho acuerdo mediante el aporte al hecho ejecutado de forma conjunta, circunstancias que se encuentran [...] innegablemente presentes, en el sub examine " (fs. 185 vta.).
III.2. Respecto al cambio de calificación legal pretendido por ambas defensas, compartió el fundamento del tribunal de juicio en orden a que "... el homicidio de Franco Meza se produce con la intención de procurar la impunidad para los sujetos activos del delito de robo agravado, y para consumar el fin de desapoderamiento propuesto. La demostración de esta conexidad subjetiva basta en este caso para agravar el homicidio [...] no es necesario que la intención de dar muerte aparezca preordenada o programada sino que basta con la conexión ideológica y subjetiva, tal como la que se corroboró en autos [...] pudo el agresor pedir ayuda a sus compañeros, disparar al aire, al pie de su oponente, trenzarse en lucha -todas alternativas posibles de acuerdo a las posiciones en que se encontraban de acuerdo a lo que fuera actuado y recreado en la audiencia de debate-, pero no hizo nada de esto, optó por dispararle a zona vital de su cuerpo y causarle la muerte (v. fs. 94/95)" (fs. 186 y vta.; el destacado figura en el original).
Luego, sostuvo que en la figura del art. 80 inc. 7 el delito que debía ser conectado ideológicamente con el homicidio de Franco Meza era el robo calificado por el uso de arma de fuego (v. fs. 186 vta.).
En cuanto al aspecto subjetivo que llevó a dicho resultado típico, expresó que "...existe entre ambos ilícitos (homicidio y robo) una conexión ideológica del tipo 'final' [...] en el caso que nos ocupa, el homicidio fue cometido para procurar asegurar el fin propuesto (el desapoderamiento) y lograr la impunidad de él y sus compañeros" y que esa impunidad "...puede estar dada tanto para el autor material del delito de homicidio como para terceros. La fórmula actual del art. 80 inc. 7º del C.P. extiende a toda procuración de impunidad, respecto de cualquier sujeto, con referencia a delitos en que el homicida no haya participado, incluidos desde ya en los que sí haya participado" (fs. 186 vta.; el destacado figura en el original).
Explicó que "En el homicidio finalmente conexo, se mata para conseguir una de las finalidades enunciadas en la ley. Esta circunstancia muestra a las claras lo imprescindible de la conexión subjetiva que se tiene que dar en el agente, entre el homicidio y el otro delito. La demostración de la existencia de dicha conexidad subjetiva basta para agravar el homicidio" (fs. cit.; el destacado figura en el original).
Fundamentó que se apartaba de la figura del homicidio en ocasión de robo pretendida por la defensa de Bongiovanni con sustento en que "...del propio contexto de la acción incriminada, así como de la gravedad e innecesariedad del ataque de que fue víctima Franco Meza, se pierde la posibilidad que se trató de un acto no querido, puesto que de la modalidad evidenciada -un disparo certero, a corta distancia y con intención de matar, impactando en zonas vitales de la humanidad de la víctima, causándole la muerte-, surge que la intención estuvo dirigida al resultado mortal" (fs. 187).
Continuó señalando que "El distingo que se debe realizar entre la figura en estudio y la del 165 radica en que en esta última, la muerte aparece como consecuencia de una situación no prevista, impensada, accidental o no querida, lo cual no se verifica en autos. Tampoco debe existir una pre-ordenación deliberada y resuelta con anterioridad de cometer el homicidio en la psiquis del delincuente, el agravante se configura al corroborarse una conexión ideológica y subjetiva" (fs. 187 y vta.).
Reseñó doctrina de autor cuyo criterio fue sostenido por esta Suprema Corte de Justicia en punto a que " La preordenación debe ser excluida como elemento indispensable del homicidio criminis causa y la decisión de matar puede ser posterior, en forma imprevista siempre que concurran los motivos del art. 80 del Cód. Pen. " (fs. 187 vta.; el destacado figura en el original).
Expresó que el citado art. 80 inc. 7 "...se encuentra configurado por cuanto los dos delitos en cuestión -homicidio y robo- se encuentran conectados por medio de lo que Donna llama un 'nexo psicológico'. (Donna, Edgardo, 'Derecho Penal Parte Especial', T° I, pág. 51). Es decir que el homicidio se relaciona directamente con el robo, siendo dicha comunicación un estrecho punto de contacto donde el primero es consecuencia de un evento ocurrido a raíz del segundo" (fs. 187 vta.).
Destacó que "...tanto los imputados, como las víctimas y el testigo Weinzattel, eran personas que vivían en el mismo barrio, a escasa distancia una de otra, por lo que la posibilidad de que los autores sean reconocidos eran mayores" (fs. 187 vta. y 188).
Concluyó -en lo que aquí interesa- que, en el caso "...ninguna duda cabe del dolo directo en el homicidio demostrada por el accionamiento del arma de fuego sobre el cuerpo de Franco Meza. Allí se demuestra el desprecio por la vida humana demostrado por Fernández y su coautor" y que "...de conformidad con las pruebas discutidas en el debate, resulta incuestionable que el accionar de Fernández y Bongiovanni fue doloso y dicho dolo fue el directo de matar. Quisieron el resultado típico de la muerte al propinar el disparo a la víctima" (fs. 188).
IV. Frente a esta decisión, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que, más allá de que el reclamo se enunció como de errónea aplicación de la ley sustantiva, sin rebatir todos y cada uno de los argumentos utilizados por el tribunal revisor para desestimar los planteos llevados a su instancia, en rigor, el recurrente pretendió una reinterpretación de los hechos y de la prueba a partir de los cuales se convalidó la calificación legal, y ello se encuentra por fuera del marco propio de conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP y su doctr.).
La defensa, más allá de expresar su disconformidad con la subsunción legal que se aplicó al caso, no se hace cargo de contrarrestar la fundamentación brindada por el tribunal intermedio para sostener que la materialidad fáctica acreditada encaja en la calificación finalmente actuada ni patentizar su yerro o desacierto; en consecuencia, sus conjeturas quedan en el ámbito de los hechos y las pruebas sin que se verifiquen presupuestos que excepcionen la inabordabilidad que tales materias presentan para esta Corte.
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; e.o.).
IV.1. Sentado ello, resulta insuficiente el reclamo por el que la defensa pretende excluir la acreditación de la faz subjetiva de la coautoría funcional con sustento en que la decisión de la muerte constituyó un exceso del autor que no puede serle atribuido a Bongiovanni, desde que no solo no ha revertido la decisión de las instancias previas en cuanto al alcance del acuerdo común acreditado, sino que no ha expuesto con la carga de suficiencia que exige una presentación ante esta instancia los déficits que le endilg
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