Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133213
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra por el que venía condenado Daniel Emiliano Bouhet (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e", 189 bis inc. 2 segundo párr., Cód. Penal y 496 y concs., CPP).
Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.213, "Bouhet, Daniel Emiliano s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.560 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante pronunciamiento dictado con fecha 10 de octubre de 2017, suspendió el trámite de la queja presentada por la defensa oficial de Daniel Emiliano Bouhet con fundamento en que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 1, legajo CSJN 60/2017/RH1).
En función de lo así resuelto y del reenvío dispuesto por esta Corte, el órgano de mérito desestimó el planteo de prescripción de la acción penal respecto del delito de tenencia ilegal de arma de guerra por el que Bouhet fue condenado por sentencia no firme a la pena de dos años y un mes de prisión. Dicho temperamento fue confirmado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro y por la Sala I del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 2/4 y 52/56 vta.).
Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 66/79 vta.), que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada por considerar que las denuncias de violación de los principios de legalidad, doble conforme, defensa en juicio, igualdad ante la ley y derecho a ser juzgado en un plazo razonable, todas ellas vinculadas al modo en que se interpretó el art. 67 inc. "e" del Código Penal, contaban con la suficiencia necesaria para superar la etapa de admisibilidad (conf. CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou"; v. fs. 84/87 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 97/100, dictada la providencia de autos a fs. 104 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, denunció la errónea aplicación del art. 67 inc. "e" del Código Penal por considerar que se efectuó una interpretación contraria a los principios de legalidad, igualdad ante la ley y derecho de defensa en juicio, todo lo cual afectó la garantía a ser juzgado en un plazo razonable (conf. arts. 1, 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 9, CADH; 14.3 inc. "c" y 15, PIDCP; v. fs. 67 y vta.).
En primer lugar, luego de hacer una síntesis del trámite impugnativo contra el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro con fecha 27 de agosto de 2004, afirmó que el órgano revisor realizó una interpretación extensiva del citado art. 67 inc. "e" que afectó el principio de legalidad, al otorgar carácter interruptivo a los fallos revisores de la condena cuando, en rigor, el único acto que encuadra en dicha norma es la sentencia de primera instancia (conf. art. 18, Const. nac.).
Trajo a colación los precedentes "Salas Jara", "Tello" y "De la Torre" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que, en esos casos, tal como en el presente, el Máximo Tribunal nacional resolvió no tratar la queja y remitir el expediente para que se determine si había operado la prescripción de la acción penal. De ese temperamento el señor defensor oficial infirió que la Corte nacional considera que la primera sentencia de condena es el único acto procesal capaz de interrumpir el curso de la prescripción.
Como segundo punto, tachó de arbitraria la interpretación según la cual el término "sentencia condenatoria" incluye los fallos revisores, pues otorga carácter interruptivo a pronunciamientos dictados como consecuencia del ejercicio del derecho al recurso y de la defensa en juicio.
Recordó que el instituto de la prescripción es reglamentario del derecho a ser juzgado en plazo razonable. En su apoyo, trajo a colación los precedentes "Kipperband" y "Barra" de la Corte nacional.
Concluyó que, por tales motivos, la interpretación postulada por el tribunal de casación de la norma en cuestión es insostenible.
En tercer término, señaló que la exégesis del órgano intermedio, además de arbitraria y violatoria del principio de legalidad, afecta la garantía de igualdad ante la ley; pues concedido que la prescripción de la acción penal es mecanismo de garantía del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la extensión de ese derecho no puede variar según la cantidad de instancias recursivas por las que transite la causa, es decir, según cada legislación procesal local, conforme las facultades no delegadas de las provincias (conf. arts. 16 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Finalmente, aseveró que dicha forma de interpretar la ley sustantiva afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1, CADH). Citó jurisprudencia de la Corte nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En suma, entendió que la interpretación arbitraria del art. 67 inc. "e" del Código Penal dejó inoperante la reforma de la ley 25.990 así como también el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto a la procedencia del reclamo (v. fs. 97/100).
II.1. Inicialmente, se debe destacar que si bien el hecho por el que viene condenado Bouhet por sentencia no firme es de fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005), corresponde aplicar esta norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cod. Penal; causa P. 131.505, sent. de 5-X-2020).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su progenie).
En tal entendimiento se señaló que la ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. causa P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento; corresponde, por ende, su aplicación.
II.2. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015, entre otras.
Si bien recientemente en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, tal como lo puso de manifiesto el señor Procurador General en su dictamen, aun bajo el amparo de la doctrina anterior (causa P. 121.979, cit. y su progenie), la acción penal en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra (art. 189 bis, inc. 2, segundo párr., Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro (27 de agosto de 2004) como que se lo haga a partir del fallo de esta Corte que confirmó el pronunciamiento de casación (causa P. 105.312, sent. de 11-IX-2013), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
III. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 117 y vta. y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 114/115 y 135/140.
IV. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra por el que Bouhet viene condenado (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 189 bis inc. 2 segundo párr., Cód. Penal).
V. Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta del doctor Torres de hacer lugar al reclamo intentado en la vía de inaplicabilidad de ley concedida a la defensa y declarar la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra (art. 189 bis, apdo. segundo, segundo párrafo, Cód. Penal).
En mi opinión, el punto de partida para computar el plazo es la sentencia de esta Corte que confirmó el pronunciamiento de casación ratificatorio de la condena de primera instancia (sent. de 11-IV-2013), pues de acuerdo con la doctrina vigente en ese entonces (conf. causa P. 121.979, "Salinas", resol. de 16-VIII-2015 y su progenie) tal acto integra el concepto establecido por el legislador en el art. 67 inc. "e" del Código Penal, y el criterio interpretativo de la Corte federal -de seguimiento obligatorio para el Tribunal que integro- fue adoptado con posterioridad al acto que aquí revistió calidad interruptora (causa CSJ 2148/2015/RH1 "Farina, Haydeé s/homicidio culposo", sent. de 26-XII-2019) y por lo tanto no puede retroactivamente privarlo de ese efecto (conf. mi voto, causa P. 132.304, sent. de 1-XII-2020).
Aún con tal salvedad llego a igual conclusión, pues han transcurrido los seis (6) años que exige la norma de fondo para dar por extinguida por prescripción la acción penal de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
Por ello es que, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, adhiero al colega indicado.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Como señala el colega, en coincidencia con lo dictaminado por la Procuración General, cualquiera que sea la interpretación que quepa asignarle al inc. "e" del cuarto párrafo del art. 67 del Código Penal -texto ordenado por la ley 25.990, que por las consideraciones que expresa debe regir en el caso-, cuando refiere como causal de interrupción de su curso a la sentencia de condena, aunque no se encuentre firme, sea que se compute el término legal de prescripción desde la dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro (sent. de 27-VIII-2004), como a partir del fallo de esta Corte que confirmó el pronunciamiento de casación (causa P. 105.312, sent. de 11-IX-2013), ha transcurrido en exceso el plazo prescriptivo de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990), en función del delito por el que fuera condenado.
Por lo demás, no media en autos la causal referida en el inc. "a" del precepto al que se hiciera alusión (ley 25.990), ponderados los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 117 y vta. y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 114/115.
De modo que, constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al reclamo y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra por el que Bouhet viene condenado (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 189 bis inc. 2 segundo párr., Cód. Penal).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra por el que venía condenado Daniel Emiliano Bouhet (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e", 189 bis inc. 2 segundo párr., Cód. Penal y 496 y concs., CPP).
Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/06/2021 14:52:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/06/2021 15:57:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2021 16:37:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2021 17:55:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2021 21:13:50 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia