Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134544
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.544, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 101.384 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a B., L. E.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de agosto de 2020, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por el señor agente fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana que condenó a L. E. B. a la pena de nueve meses de prisión -los que se dieron por compurgados con el tiempo cumplido en detención- y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente (v. fs. 65/72).
El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 74/83 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 87/88 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 94/100), dictada la providencia de autos (v. fs. 102), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció la arbitrariedad de la sentencia impugnada por incurrir en fundamentación aparente, por déficit de motivación, y por haberse extraído de ciertas piezas probatorias una conclusión que no surgía de sus contenidos (v. fs. 76/77).
Inicialmente cuestionó que el órgano revisor coincidió con lo decidido por su antecesor respecto a que el testimonio aportado por la víctima habría sido poco convincente y discordante con el resto de las pruebas arrimadas al proceso (v. fs. 77 vta.).
En tal sentido, refirió que la condena que esa parte pregonó no se derivó únicamente de la contundente versión de los hechos que ofreció la denunciante, sino también de la prueba pericial que -sostuvo- confirmó cada extremo de la acusación, y explicó que las limitaciones de los elementos de prueba son propias de delitos que se desencadenan en contextos de violencia de género, por lo que los aportes ofrecidos por la víctima deben ser ponderados con suma responsabilidad (v. fs. cit.).
Trajo a colación la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el "Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 77 vta. y 78), y destacó la existencia de un deber específico de investigación y sanción de la violencia cometida contra las mujeres y de adaptación de los procedimientos internos para evitar la revictimización (v. fs. 78).
Con relación al relato de los hechos, adujo que no debía perderse de vista que la víctima siempre fue conteste y contundente en indicar que fue fuertemente golpeada, insultada y amenazada de muerte por el imputado (v. fs. 78 vta.).
Tras realizar una transcripción parcial de la declaración de G. T. (v. fs. 78 vta. y 79), concluyó que de allí se advertía el dolo homicida en la conducta desplegada por el imputado, no solo por las heridas ocasionadas sino también por las constantes amenazas contra su vida y por el hecho de haber prendido fuego los pastizales a su alrededor para causarle la muerte (v. fs. 79).
Consideró que el Tribunal de Casación se limitó a analizar la entidad de las heridas padecidas por aquella, y si B. le produjo una asfixia tal que la dejara inconsciente, sin ponderar el resto del caudal probatorio que -señaló- era contundente en el sentido de la acusación fiscal (v. fs. cit.).
Continuó señalando que existe una prueba objetiva e inobjetable que apuntala el relato de la denunciante, dado que el personal policial constató la existencia de focosígneos en el descampado al que la víctima fuera llevada por la fuerza donde el imputado le propinara una fuerte golpiza (v. fs. ídem).
En ese discurrir, repasó la declaración de Miguel Fontana -jefe de la policía local de Escobar-, y de Walter Diego Urien -secretario de las actuaciones policiales labradas- (v. fs. 79 y vta.).
Adujo que el imputado esbozó una coartada con relación a los aludidos focos de fuego, la que tildó de ridícula y contradictoria, y recordó que ello fue además cuestionado por la fiscalía en el recurso casatorio, pero omitido por el revisor (v. fs. 79 vta.).
Por otra parte, dijo que si bien en el precario médico efectuado por el doctor Puglisi pocos minutos después del hecho, no se había consignado que fueran advertidas lesiones en la zona del cuello de la víctima, el mismo durante el debate, y a instancias de la fiscalía, ratificó que "...T. tenía eritemas por golpes y que tenía eritema circular perimetral al cuello" (fs. 79 vta. y 80 -el destacado figura en el original-).
Añadió que varios testigos afirmaron ver a la víctima de autos "llorando, angustiada, desalineada, despeinada y con tierra en el cuerpo" (fs. 80 vta. -el destacado figura en el original-). En tal sentido, citó las declaraciones de Miguel Fontana, Jorge Ernesto Núñez, Walter Diego Urien y Juan Facundo Chielens (v. fs. cit.).
Alegó que cuestionar la veracidad de los hechos denunciados por la víctima por la circunstancia de haberse negado a subir al auto de personas desconocidas era irracional, y el instalar la duda de su relato a partir de evaluar su reacción al ataque recibido era cruel y revictimizante (v. fs. 81).
En definitiva, señaló que un análisis completo y acabado del material probatorio hubiese permitido arribar a la conclusión de que el accionar desplegado por el imputado buscó ocasionar la muerte de la denunciante, la que afortunadamente pudo evitarse por su valiente defensa (v. fs. 81 vta.).
Por último, adujo que el hecho debía calificarse como homicidio doblemente agravado en grado de tentativa y que resultaba indiscutible la aplicación de la agravante contemplada en el inc. 11 del art. 80 del Código Penal (v. fs. cit.).
Arguyó que, de la reseña de los precedentes legislativos, doctrinales y de la razón de ser de la agravante en cuestión, no era propicia si frente a un caso concreto de malos tratos y violencia de género no iba a contemplarse (v. fs. 81 vta. y 82).
En su criterio, en el supuesto de autos la relación desigual de poder era evidente, y el imputado ejerció violencia física y psicológica sobre la víctima que debió encontrar su correlato en una sentencia de condena con una fundamentación justa y suficiente (v. fs. 82).
Culminó señalando que el órgano revisor se apartó deliberada e infundadamente de las constancias de autos, cuestionó la credibilidad de la víctima y prescindió arbitrariamente de fragmentos de testimonios y pericias de cargo, todo lo cual reflejó una fundamentación tan solo aparente de la decisión.
Agregó que "La negativa acerca de la ocurrencia de los hechos que nos convocan -homicidio doblemente agravado en grado de conato- [...] carece de fundamentos suficientes, en tanto se respalda en un examen parcial e inadecuado del plexo probatorio, lo que autoriza la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (Fallos: 312:1953; 316:1205; 317:1155; 322:963, entre muchos otros)" (fs. 82 vta. y 83).
II. El señor Procurador General presentó su dictamen por el cual solicitó que se haga lugar al recurso (v. fs. 94/100).
III. Coincido, en tanto estimo que el Tribunal de Casación, al resolver del modo en que lo hizo, incurrió en un supuesto de arbitrariedad que descalifica a la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido.
Previo a ingresar al fondo del reclamo, haré una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. Del acta de debate surge que la fiscalía, al exponer los lineamientos de la acusación, expresó que "...el día 12 de marzo del 2017 siendo aproximadamente las 16:20 hs., el imputado L. E. B., llevó a la víctima G. E. T. a un descampado ubicado sobre ruta 25 en sentido hacia el centro de Escobar, a unos seiscientos metros del destacamento policial ubicado en Paraná de las Palmas y ruta 25 de la localidad y partido de Escobar, tomó de los brazos a G. E. T., con quien mantiene una relación de pareja en la que ha padecido violencia de género, haciéndola ingresar al descampado ubicado en el lugar y no visible desde la Ruta 25, y una vez allí comienza a golpearla con golpes de puño, arrojándola al suelo, donde la toma del cuello con las dos manos y comienza a ahorcarla, con la finalidad de causarle la muerte, al tiempo que la amenazaba diciéndole 'puta de mierda te voy a matar, te voy a desangrar, te voy a hacer sufrir, puta te voy a dar un palazo en la cabeza y te voy a desangrar lentamente' provocando con su actitud que la víctima se desvaneciera. Seguidamente se alejó unos metros y comenzó a prender fuego unas maderas y pasto seco, que estaban en el lugar, regresando hasta donde estaba ella tirada en el suelo y colocándole un pie en la cara diciéndole 'ahora te voy a prender fuego puta de mierda y te voy a hacer sufrir', que no logró su finalidad por razones ajenas a su voluntad debido a que en ese momento la víctima logró defenderse pegándole y saliendo en veloz carrera hacia la ruta 25, que al llegar a la misma, llamó por teléfono al 103 en donde explicó lo que le pasaba y pidió ayuda. Que en ese momento B. la alcanzó diciéndole 'a quien llamaste puta de mierda camina derechito y no hagas escándalo sino te mato, no llames a la policía sino te tiro al zanjón y no te encuentra nadie, y sino te mato yo, te mando a alguien a que lo haga'. Que siguieron caminando por la ruta desplazándose hasta aproximadamente unos trescientos metros pasado el camino de ingreso al Jardín Náutico, lugar en donde arriba el personal policial y le comunicó lo sucedido, quedando B. aprehendido" (fs. 1 vta. y 2 -el destacado figura en el original-).
En cuanto interesa, el tribunal del juicio al resolver en orden a la existencia del hecho en su exteriorización material, destacó que el señor fiscal habría de mantener la acusación conforme a los términos que se venía desarrollando en autos, mientras que la defensa sostenía que en el caso no existió intencionalidad homicida alguna y que había una relación patológica entre las partes (v. fs. 7 vta.).
Efectuó una evaluación minuciosa del relato de ambos involucrados y de las restantes pruebas indirectas que compusieron el contradictorio, siendo tales los testimonios de Teresa Evangelina Tamburro, psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima; G. E. T., víctima de autos; Anahí García, psicóloga y quien también fuera terapeuta de la víctima; Miguel Fontana, jefe de policía local; Jorge Ernesto Núñez; Walter Diego Urien, secretario de las actuaciones labradas, Juan Facundo Chielens, personal policial del destacamento isleño; Salvador Alejandro Puglisi, médico; Gabriela Yael Kalejman, licenciada en psicología; Gabriel Alberto Lukosius, médico especialista en medicina legal; y L. E. B., imputado (v. fs. 9/19).
Tras ello, el sentenciante de grado concluyó que ninguna de las dos versiones de los hechos controvertidos había recibido el completo respaldo objetivo de otros elementos probatorios, y que tanto T. como B. habían -como mínimo- exagerado en los hechos que describieron (v. fs. 19).
Sobre la versión aportada por la víctima, consideró incontrastable el certificado médico de fs. 3 del que surge que no se habían constatado signos de violencia que se correspondiesen con la cantidad y calidad de golpes y agresiones que T. dijo haber recibido (v. fs. cit.). Asimismo, hizo foco en las explicaciones dadas por el médico Puglisi con relación a que de haber existido signos compatibles con el intento de ahorcamiento lo hubiera consignado (v. fs. 19 vta.).
Agregó que, al no verificarse lesiones en el tórax y abdomen de la denunciante, tampoco podía acreditarse que B. le propinara a la nombrada las patadas y golpes de puño que aquella refirió (v. fs. ídem).
Continuó señalando que, por fuera de las referidas constancias médicas, la víctima no resultó convincente en torno al modo en que había logrado zafar de la golpiza que estaba recibiendo para dirigirse a la ruta en busca de auxilio (v. fs. 20). Explicó que el accionar descrito por la misma no se compadecía con el de una persona que -disminuida físicamente por ser una mujer respecto de un hombre de contextura robusta, y que había recibido una golpiza severa al punto de perder el conocimiento en dos oportunidades- pretende escapar de dicha situación, pues lo hizo confrontando al agresor, quien contaba con sobradas herramientas para renovar su comportamiento violento (v. fs. íd.).
Sostuvo que tampoco reflejaba razonabilidad el haberse rehusado a subirse a dos vehículos distintos, por considerar en ese momento dramático que los mismos formaban parte de una confabulación con su agresor (v. fs. 20 vta.).
Luego, con relación al relato del imputado B., dijo que también formuló un "acondicionamiento" en su versión de los hechos (v. fs. cit.).
Destacó que el informe médico antes aludido definió otras lesiones (eritemas en rostro y escoriaciones en rodillas) que sin dudas no se compadecen con el relato del imputado, quien en ningún momento dijo haberle tocado la cara a su pareja (v. fs. 21)
Por otra parte, expresó -dándole algo de crédito a los dichos de B.-, que del precario médico practicado sobre el nombrado a fs. 8, se desprende que presentaba múltiples lesiones escoriativas en cuello "...signos compatibles con el ataque que T. le propinó según explicó en el debate, y como así también lo había hecho en el comienzo de la investigación a fs. 37/39 vta." (fs. cit.).
En definitiva, consideró que la hipótesis de intento de homicidio que había impulsado la fiscalía carecía de sustento probatorio, desde que los elementos valorados no resultaban suficientes para acreditar una voluntad homicida en cabeza de B., quien, de haberlo querido, contaba con sobradas oportunidades y herramientas para cumplir con ese cometido (v. fs. 21 vta.).
Así es que, tras analizar la totalidad de la prueba colectada, el tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que " ...el día doce de marzo de 2.017, a las 16.00 horas aproximadamente, sobre la ruta 25 de la localidad de Escobar y a unos cuatrocientos metros del puerto de dicha localidad, L. E. B. agredió físicamente a G. E. T., con quien mantenía una relación de pareja, provocándole eritema en su rostro y escoriaciones en sus rodillas, lesiones curables en un lapso inferior a un mes, con igual período de inutilización laborativa" (fs. cit. -el destacado figura en el original-).
Por último, señaló que habría de prescindir del análisis del resto de los testimonios y probanzas que habían sido incorporadas al sumario, dado que tales elementos no guardaban relevancia en la comprobación de la materialidad ilícita acreditada, más allá de que algunos de ellos (informes del Centro de Asistencia a la Víctima, psicológicos y psiquiátricos, por ejemplo) podrían tener alguna vinculación con la problemática de género planteada por la acusación (v. fs. 22).
Acerca de la calificación legal, sostuvo que el delito corroborado era el de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente, en los términos de los arts. 89 y 92 en función del 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 25).
Descartó la aplicación de la variable comprendida en el art. 80 inc. 11 del digesto de fondo alegada por el fiscal porque "...no fue traída al juicio sino por la simple mención [...] sin que ningún argumento jurídico apoye dicha pretensión" (fs. 22 vta.).
Asimismo expresó que "...no se ha explicado cuáles son los alcances de la legislación que se pretende aplicar, ni tampoco los presupuestos que se consideraron satisfechos en autos como para invocar su correspondencia" y que, al respecto "...se ha sostenido que '...La Convención de Belem do Pará, establece en su art 1° que se debe entender violencia contra la mujer, a los efectos de ese instrumento internacional, '...cualquier acción o conducta, basada en su género , que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico...' (el resaltado [le] pertenece). En igual sintonía, el art. 4 de la Ley N° 26.485 define a la violencia contra las mujeres como '...toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder , afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal...' (la negrita también [le] pertenece). Así, la posible asociación técnica jurídica de un determinado hecho a la categoría de violencia de género, merece en todos los casos un análisis detallado, motivado y vinculado con las contingencias del suceso puntual sometido a estudio, cuya ausencia suplida mediante una formulación meramente dogmática no abastece el deber de la fiscalía de fundar su opinión, ni mucho menos cumplimenta el deber de fundar resoluciones judiciales del tipo de la que ahora se Impugna. Es necesario entonces fundar mínimamente si la acción emprendida por el agente activo ha causado '...muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico...' a la víctima, así como también si ha estado basada en su género y/o en una relación desigual de poder (causa n° 73.499 caratulada 'Burgos, José Luis s/ Recurso de Casación' . Voto Dr. Mancini)" (fs. 25 vta. y 26 -el destacado figura en el original-).
III.2. El señor agente fiscal de la instancia interpuso recurso de casación, en el que denunció la arbitraria valoración de la prueba en la calificación legal finalmente aplicada.
Adujo que el sentenciante no valoró ni calificó correctamente el hecho, en tanto que omitió ponderar las testimoniales producidas en el debate y la informativa, en su conjunto y bajo una perspectiva de género (v. fs. 35).
Inicialmente se disconformó con la valoración de las lesiones descriptas en el precario médico de fs. 3, pues en su criterio las mismas eran contestes con el relato de la víctima, que indicó que B. la tomó del cuello, y la agredió físicamente en distintas partes de su cuerpo, obrando no sólo con violencia física, sino con violencia psicológica, dando cuenta de que "...su objetivo era causarle una muerte lenta y con sufrimiento" (fs. 35 vta. y 36). Señaló que el doctor Puglisi durante el debate oral incurrió en diversas contradicciones, lo que dio lugar a la exhibición de su declaración obrante a fs. 276/278, rectificándose en varios puntos de sus dichos.
Cuestionó además la valoración subjetiva desplegada por los magistrados al decidir que el relato de la víctima no había resultado convincente. Al respecto trajo a colación las previsiones de la referida Convención de Belem do Pará (v. fs. 36 vta.).
En ese discurrir, explicó que la falta de perspectiva de género llevó al sentenciante a cuestionar a la víctima por qué no se defendió o por qué se defendió aumentando la violencia y, con apoyo en diversos fragmentos del fallo impugnado, afirmó que se evidenciaba en la decisión de los juzgadores una tendencia patriarcal manifiesta (v. fs. 37 vta.).
Arguyó que la declaración de la víctima puede ser admitida como única prueba que permita desvirtuar el principio de inocencia del imputado, aunque en el presente caso, se había contado con mucho más que los dichos de la víctima (v. fs. 38).
De igual modo, criticó la valoración que el juzgador hizo de la declaración de B., en el entendimiento de que solo estimaron relevante que las lesiones constatadas dan cuenta que el mismo ha sido agredido por T., mientras que -en su crite
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