Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133954
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de César Alberto Pacheco Saavedra y Guillermo David Infran Romero, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.954, "Pacheco Saavedra, Cesar Alberto e Infran Romero, Guillermo David s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.882 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de junio de 2019, rechazó la queja interpuesta contra la decisión que declaró inadmisible el recurso casatorio deducido contra la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, que confirmó el cómputo de pena practicado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental respecto de César Alberto Pacheco Saavedra y Guillermo David Infran Romero (v. fs. 39/44).
El señor defensor adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de ambos imputados (v. fs. 53/61 vta.), el cual que fue declarado admisible por el Tribunal a quo (v. fs. 62/64 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 74/77 vta., dictada la providencia de autos a fs. 79, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El defensor oficial alegó la necesidad de establecer el momento exacto en que fenecerá la pena de prisión perpetua impuesta a sus asistidos, e invocó la vulneración a los principios de culpabilidad, legalidad, razonabilidad, humanidad, proporcionalidad de la pena, la intangibilidad de la persona, la prohibición de aplicar tormentos y el fin resocializador de la pena (arts. 18, 19, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 1, 2, 8, 11 y 25, CADH; 9, 10 y 14, PIDCP; v. fs. 55 vta. y 56).
En ese sentido, tachó de arbitraria la decisión de Casación de confirmar lo resuelto por el Tribunal de Alzada, en tanto no brinda certeza de cuánto debe durar y cuándo debe vencer la prisión perpetua impuesta a sus pupilos (v. fs. 56 y vta.).
Refirió que una pena indeterminada o atemporal, como la fijada en el caso, resulta contraria a la intangibilidad de la persona humana y a la prohibición de toda especie de tormentos que consagra el art. 18 de la Constitución nacional, a la par que afecta el fin resocializador de la misma (v. fs. 57).
Agregó que la libertad condicional como derecho que puede o no otorgarse al imputado, lleva a cuestionar que el vencimiento de la pena esté sujeto al otorgamiento del beneficio, algo que -según dijo- podría nunca ocurrir (conf. art. 14, Cód. Penal), y en ese caso prolongarse "in eternum" la privación de la libertad (v. fs. 57 vta.).
Señaló que la Casación aludió al precedente P. 84.479 de esta Corte, según el cual, se definió que la pena privativa de la libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana y es incompatible con lo dispuesto por el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 57 vta. y 58).
Por último, y para el supuesto de que se rechace el reclamo anterior, solicitó se brinde a la pena perpetua una interpretación constitucional que la fije en veinticinco años de prisión, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de Roma ratificado por ley 26.200 (v. fs. 59 vta. y 60 vta.).
II. El dictamen de la Procuración General aconsejó el rechazo de los agravios deducidos (v. fs. 74/77 vta.).
III.1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, por resolución del día 12 de julio de 2018, confirmó el cómputo de pena practicado respecto de César Alberto Pacheco Saavedra y Guillermo David Infran Romero (v. fs. 14/15 vta.).
Para ello, tuvo en cuenta que el Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental los había condenado por sentencia firme a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de homicidio criminis causae. Destacó que el hecho ocurrió el 31 de mayo de 2002, tiempo en el cual se hallaba vigente el art. 13 del Código Penal, según leyes 11.221 y 22.980, y no el introducido por la ley 25.892; señaló que el condenado a prisión perpetua debe cumplir veinte años de prisión para hacerse acreedor al beneficio de la libertad condicional y, obtenida ésta, cinco años más para agotar la pena en caso de que no le fuera revocado; también refirió que del cómputo practicado surgía que los condenados habían sido detenidos el 1 de junio de 2002, que se mantenían privados de la libertad, por lo que se hallarían en condiciones de obtener el beneficio el 1 de junio de 2022 y cumplirían la pena impuesta el 1 de junio de 2027 (v. fs. 14 vta.).
Luego de una reseña del agravio de la defensa -vinculado con la necesidad de consignar cuándo debía tenerse por cumplida la pena de prisión perpetua impuesta, y se determine su vencimiento a los veinticinco años sin importar si el penado recuperó o no su libertad (v. fs. 14 vta. y 15)-, el Tribunal de Alzada sostuvo que el planteo era "prematuro" toda vez que no era posible establecer una fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua en razón de que su término no podía ser determinado ex ante, en tanto el legislador había dispuesto que la posibilidad de su agotamiento quedara supeditada al plazo de cinco años computado desde la fecha de concesión de la libertad condicional y siempre que no fuere revocada (v. fs. 15).
Concluyó que "...habida cuenta que en el caso de autos los encartados estarían en condiciones de solicitar la libertad el 1 de junio de 2022, no resulta posible -tal como lo pretende la defensa- consignar que el vencimiento de la pena impuesta operará el 1 de junio de 2027, en virtud que el artículo 16 del Código Penal subordina su extinción a la concesión eventual del beneficio mencionado..." (fs. 15 y vta.).
III.2. Interpuesto recurso de casación por parte de la defensa de los encartados (v. fs. 20/24 vta.), y habiendo sido denegado por inadmisible (v. fs. 25/26), ello motivó la deducción de recurso de queja ante la instancia intermedia (v. fs. 27/29 vta.).
III.3. El Tribunal de Casación Penal, por sentencia dictada el 25 de junio de 2019, rechazó la queja interpuesta y confirmó la decisión del Tribunal de Alzada (v. fs. 39/44).
Para así resolver, sostuvo que "El pedido formulado por la Defensa, ya ha sido revisado por la Cámara de Apelación y Garantías a través del tratamiento brindado al recurso de apelación interpuesto en cuanto confirmó el cómputo practicado por el Tribunal en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial Mercedes"; y que "En situaciones como la de autos, he sostenido reiteradamente que se está ante uno de los supuestos para los cuales el ordenamiento procesal vigente no tiene previsto recurso de casación" (fs. 40 y vta.).
Se refirió a lo establecido en el art. 450 del Código Procesal Penal, y señaló que la decisión de la Cámara que confirmó la originaria que aprobó el computo de pena, no resultaba un supuesto revisable por la vía casatoria (conf. arts. 450, 454 y concs., CPP; v. fs. 40 vta.).
Por otro lado, señaló que la defensa había postulado sus agravios en el entendimiento de su naturaleza federal, por lo que se imponía la necesidad de su análisis en esa instancia a fin de determinar "...si ellos logran cumplir con los recaudos de admisibilidad para habilitar, por vía de excepción, la apertura casatoria"; circunstancia que -según adelantó- no ocurría en la presentación en estudio (v. fs. 42).
Seguidamente, se refirió a los precedentes "Giménez Ibáñez, Antonio Fidel s/libertad condicional" (CSJN, Fallo: G. 239 XL, sent. de 4-VII-2006), y "G., A. F. s/homicidio y otros. Incidente de libertad condicional" (causa P. 84.479, sent. de 27-XII-2006, de esta Suprema Corte), y refirió que el último fallo, el cual había sido mencionado por la defensa de los encartados, no se adecuaba al caso en estudio (v. fs. 42 vta. y 43).
Destacó que en dichos fallos se afirmó la necesidad de que el condenado a una pena perpetua, acceda en algún momento del encierro a la libertad, extremo que no se hallaba obstaculizado en el caso en estudio (v. fs. 43).
A modo de colofón, sostuvo que "...sin perjuicio del dilema legislativo que presenta la cuestión, la jurisprudencia del máximo tribunal nacional, en concordancia con lo que establece el artículo 37 'a' de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se ha pronunciado a favor de la legitimidad constitucional de las penas perpetuas, siempre y cuando, se le conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre, considerándolo aplicable, inclusive, a las personas mayores de dieciocho años (opinión vertida por el juez Fayt en el precedente 'Maldonado, Daniel Enrique y otros s/recurso de hecho', CSJN, causa M. 1022 XXXIX, sentencia del 7 de diciembre de 2005)" (fs. 43).
Por otro lado, resaltó que las explicaciones llevadas por el quejoso desatendían las consideraciones que habían sido expuestas en la decisión impugnada en lo concerniente a la imposibilidad de establecer que el vencimiento de la pena impuesta operará -como pretendía la defensa- el 1 de junio de 2027, ello en virtud de que el art. 16 del Código Penal subordina su extinción a la concesión eventual del beneficio de libertad condicional y a su cumplimiento satisfactorio durante cinco años (v. fs. 43 vta.).
Concluyó que las cuestiones articuladas no habían sido planteadas con la suficiencia pertinente a fin de excepcionar los requisitos objetivos contenidos en el art. 450 del Código Procesal Penal, y por tal motivo, rechazó la queja interpuesta (v. fs. cit.).
IV. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no procede.
V. De conformidad con lo resuelto, se advierte que el recurrente no rebatió de modo suficiente los argumentos brindados por el Tribunal de Casación Penal para rechazar la queja interpuesta, en particular, en cuanto señaló que los extremos mencionados en los fallos citados por la recurrente (CSJN, causa "Giménez Ibáñez" y SCBA, causa P. 84.479), en cuanto a la necesidad de que el condenado a una pena perpetua acceda en algún momento del encierro a la libertad, no aparecían obstaculizados en el caso en estudio; destacando a la par, que las explicaciones del quejoso se habían desentendido de las consideraciones expuestas por el Tribunal de Alzada (v. fs. 43).
Frente a ello, el recurrente insiste en esta instancia con el planteo de que debe determinarse la fecha de vencimiento de la prisión perpetua impuesta a sus defendidos (v. fs. 56 vta.), o, en su defecto, fijarse dicho término en veinticinco años de prisión (v. fs. 59 vta.). Pero ambos planteos son improcedentes.
En efecto, esta Corte ya ha dicho que la pena a perpetuidad tiene establecida su finalización en la propia sistemática del Código Penal, sin que pueda individualizarse a priori en la suma de veinticinco años de encierro, tal como propone la parte impugnante (en lo pertinente, conf. causa P. 130.559, sent. de 29-IV-2020).
Por lo demás, en el caso de autos el marco de certeza para el vencimiento de la pena rígida impuesta a ambos condenados, ya se encuentra establecido, desde que se fijó el cumplimiento del plazo temporal de la libertad condicional para el próximo 1 de junio de 2022 (conforme el transcurso de veinte años de encierro, en virtud de la redacción del art. 13 del Código Penal vigente al momento del hecho) y el acceso al medio libre tanto de Pacheco Saavedra como de Infran Romero dependerá del cumplimiento de otros requisitos normativos, pues sólo cuando se satisfagan todos podrán acceder a ese instituto.
Por su lado, el art. 16 del referido cuerpo legal aporta como dato concreto el vencimiento de esa pena: a los cinco años de concedida la libertad condicional no revocada, abasteciendo de ese modo con una adecuada determinación la fecha de la eventual finalización de la condena. Por eso mismo, la del caso en examen se trata de una pena absoluta, no determinada (o relativamente indeterminada), pero determinable, con la eventualidad derivada de las contingencias antedichas (conf. doctr. causa P. 126.107, sent. de 31-VIII-2016; Zaffaroni et al., Derecho Penal. Parte General, Ediar, Bs. As., 2002, pág. 946; causa P. 130.559, sent. de 29-IV-2020, ya citada, voto del doctor Soria).
En función de lo que se lleva expuesto, corresponde rechazar el recurso.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de César Alberto Pacheco Saavedra y Guillermo David Infran Romero, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2021 12:19:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2021 14:03:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/06/2021 16:51:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 08:47:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 09:02:35 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia