Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130560
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, se revoca la decisión por haber incurrido en arbitrariedad al carecer de la fundamentación mínima exigida para sustentarla, y se remiten los autos a la instancia anterior para que -integrado con jueces hábiles- se dicte una nueva resolución ajustada a derecho (doctr. arts. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.560, "Altuve, Carlos Arturo -fiscal ante el Tribunal de Casación Penal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 81.520 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Fernández, Cristian Oscar".
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora condenó a Cristian Oscar Fernández a la pena única de treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, comprensiva de la de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, que le impusiera en la causa nº 3.015/4 en orden al delito de homicidio simple (dos hechos) y la de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, que le fijara el Tribunal Oral en lo Criminal n° 19 de Capital Federal en orden al delito de homicidio en ocasión de robo (v. fs. 52/54 vta.).
Por su parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires -por mayoría- resolvió casar la sentencia recurrida e imponer a Cristian Oscar Fernández la pena única de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de ambas penas (v. fs. 74/80 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación -doctor Carlos Arturo Altuve- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 86/92), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 101/104 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 126/128), dictada la providencia de autos (v. fs. 135), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denuncia errónea interpretación del art. 55 del Código Penal con relación al art. 58 del mismo cuerpo normativo (v. fs. 87), y arbitrariedad por fundamentación aparente.
Luego de transcribir la sentencia atacada (v. fs. 88/90 vta.), sostiene que -contrariamente a lo dicho en ese fallo- la escala penal dentro de la cual se determinó el quantum punitivo fue correctamente establecida por el Tribunal Criminal sin menoscabo del principio de legalidad (v. fs. 90 vta., anteúltimo párrafo).
Subraya que el art. 55 del ordenamiento sustantivo (conf. redacción anterior a la ley 25.928) establecía un límite que no podía ser sobrepasado: el máximo legal de la especie de la pena de que se trate (v. fs. cit., último párrafo). Agrega que el legislador no determinó una cantidad de años fija para establecer cuál resultaba ese monto, de ahí que no devenía arbitrario considerar que el máximo legal aplicable podía variar cada vez que se modificaban las escalas penales correspondientes, por motivos de política criminal (v. fs. 91).
Indica que la Casación sustentó su decisión en un fundamento aparente y arbitrario, desde que admite que la norma aplicable resulta ser el art. 55 del Código Penal en su anterior redacción (ley 23.077), es decir, que la sanción a aplicar no podía superar el máximo legal de la especie punitiva de que se trate, pero entiende que la pena divisible más extensa prevista en el código sustantivo tiene un tope máximo de duración de veinticinco años de prisión, por lo que ninguna acumulación de penas temporales podría exceder ese límite sin violentar la norma (v. fs. cit.).
Señala que el órgano intermedio omitió dar las razones por las cuales consideró que la pena divisible más extensa prevista en el Código Penal es la que determina el art. 79 y no la del art. 227 ter del Código Penal, vigente al momento de cometerse el hecho motivo de juzgamiento en estas actuaciones y que establece un máximo que alcanza los treinta y siete años y seis meses de prisión, tal como expone el doctor Maidana en su voto minoritario (v. fs. ibídem.).
Concluye que el fallo impugnado al carecer de debida fundamentación resulta arbitrario, pues "...no otorga ni un solo argumento que explicite por qué aplica el art. 79 del C.P. y no el art. 227 ter de la ley fondal, también vigente en oportunidad de cometerse los hechos objeto de juzgamiento" (v. fs. 91 vta.).
II. El señor Procurador General, doctor Julio Conte-Grand emitió su dictamen propiciando el acogimiento del recurso en trato (v. fs. 126/128).
Al igual que él, estimo que el mismo es procedente.
III. El doctor Carral, juez ponente de la Sala I a quien adhiriera el doctor Borinsky -con la disidencia del doctor Ricardo Maidana-, sostuvo con cita de un precedente de ese órgano (causa 74.004, "Amarillo, Antonio Martín"), que el único límite para determinar la extensión máxima de una pena divisible conforme lo estipulado en el art. 55 del Código Penal con anterioridad a su modificación por la ley 25.928, es la que fija el art. 79 del Código Penal, de veinticinco años de prisión.
Es decir, del voto que hiciera mayoría no se advierte explicación alguna respecto a por qué debía tomarse como referencia al art. 79 y dejarse de lado el 227 ter del mismo cuerpo normativo cuando éste establece una pena divisible mayor, y en tal tesitura se había abroquelado el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora para unificar las sentencias dictadas contra Fernández en treinta y cinco años de prisión.
En otras palabras, no se encargó de explicitar mínimamente por qué la construcción efectuada en la instancia a su entender resultaba errónea.
IV. Aun sin desconocer que la tesis que circunscribe el límite máximo en vinticinco años de prisión o reclusión comulga con la opinión razonada de una corriente del pensamiento doctrinario especializado, la misma no ha sido nunca reconocida por nuestro legislador.
Por el contrario, la propia Corte Suprema ha desestimado que, con similar interpretación a la otorgada por el órgano de juicio en el caso en ciernes, se produzca una extensión analógica de la pena prevista para el art. 227 ter del Código Penal.
En efecto, el Máximo Tribunal nacional sostuvo que "El propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate", agregando que por sí misma, "...esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución Nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" ("Estévez", sent. de 8-VI-2010; conf., en el sentido indicado, lo resuelto por esta Corte en el precedente P. 127.708, sent. de 13-XII-2017).
En consecuencia, el voto mayoritario del fallo recurrido ha desvirtuado las normas aplicables en la especie -arts. 55 y 227 ter, Código Penal-, sin justificación valedera (Fallos: 314:1784; 315:1767; 319:840; 320:1942 y 321:394, e.o.).
En tales condiciones estimo que corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por el Ministerio Público Fiscal, revocar la decisión por haber incurrido en arbitrariedad al carecer de la fundamentación mínima exigida para sustentarla, y reenviar los autos a la anterior instancia para que el tribunal intermedio -integrado con jueces hábiles- dicte una nueva resolución ajustada a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Torres por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan votaron la cuestión también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, se revoca la decisión por haber incurrido en arbitrariedad al carecer de la fundamentación mínima exigida para sustentarla, y se remiten los autos a la instancia anterior para que -integrado con jueces hábiles- se dicte una nueva resolución ajustada a derecho (doctr. arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia