Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131431
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.431, "Díaz Vargas, Orlando Javier o Díaz, Fernando Javier o García, Fernando o Carranza Ordinola, Augusto Wilfredo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 81.446 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 5 de octubre de 2017, rechazó por improcedente el recurso interpuesto por la defensa oficial de Orlando Javier Díaz Vargas o Fernando Javier Díaz o Fernando García o Augusto Wilfredo Carranza Ordinola contra la sentencia de unificación de penas dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en el marco del procedimiento previsto en el art. 18 del rito, por la que condenó al nombrado a la pena única de veinte años, seis meses y veinticinco días de prisión, accesorias legales, declaración de segunda reincidencia y costas, totalizadora de la pena impuesta en la presente (causa n° 1.051/8) de diecisiete años de prisión, accesorias legales, declaración de reincidencia y costas en orden a los delitos de robo agravado por efracción en grado de tentativa en concurso real con homicidio simple (hechos ocurridos los días 23 de diciembre de 2006 y 2 de enero de 2007); del saldo pendiente de la condena impuesta por el Tribunal Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes en la causa n° 840 -un año, siete meses y once días- y del saldo pendiente que surge de la causa n° 735/2002 del Tribunal Criminal n° 1 del mismo Departamento judicial -un año, once meses y catorce días- (v. fs. 40/46 y 71/76).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 82/95 vta.), el cual fue concedido por dicha instancia (v. fs. 96/98).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 105/109), dictada la providencia de autos (v. fs. 110), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En la impugnación bajo examen, el señor defensor denuncia errónea aplicación del art. 58 del Código Penal, violación a los principios de legalidad e inocencia (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 25, Const. prov.; v. fs. 84 vta.).
Se agravia del rechazo por parte del a quo de incluir en la pena única la totalidad de los montos de las penas que fueran impuestas con anterioridad y no únicamente los saldos remanentes por cumplir (v. fs. 85).
Expone que el art. 58 del Código Penal regula dos hipótesis de unificación de sanciones y que el supuesto de autos se encuentra previsto en la primera de las contempladas, cuando después de una condena firme se debe juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto (v. fs. 87).
Alega que al momento de cometerse los sucesos que motivaron la segunda condena (5 de febrero de 2002) ya había adquirido firmeza la sentencia dictada en primer término, por lo que se cometieron sucesivamente. Especifica que conjugadas las dos condenas (las dictada en las causas n° 840 y 735) se dictó una pena única para Díaz Vargas de nueve años y cinco meses de prisión el 14 de abril de 2009 (v. fs. 87 vta.).
Indica que rige el "principio de acumulación" "...aunque ésta no necesariamente debe concebirse como acumulación 'aritmética' o 'matemática' sino jurídica" (fs. 88 vta.). Sostiene que el a quo "...desagrega la ejecución de una pena en dos segmentos (uno, parcialmente cumplido, y el otro que surge de sumar el saldo pendiente con la segunda y ulteriores penas) cuando tratándose de una pena unificada, las sanciones se unifican y pierden su individualidad" (fs. 89).
Asevera que de seguirse la solución propiciada por el tribunal casatorio, la pena única fijada se verá privada de los eventuales efectos previstos en la ley 24.390 y se escindiría el régimen, que en lugar de salvaguardar por acumulación jurídica el sistema de pena total, tendrá uno para la primera condena y otro para la segunda y ulteriores condenas y si se contabiliza el total de la pena impuesta en la causa n° 840 regirá el cómputo doble de conformidad a lo establecido por el art. 7 de la ley 24.390 (v. fs. 89 vta.).
Afirma que no surge de la letra del art. 58 del Código Penal que deba unificarse lo que resta cumplir de la condena anterior y la impuesta por el delito motivo del juicio, pues el respeto a la cosa juzgada que invoca el propio tribunal amerita la imposición de la totalidad de la primera condena y la elaboración de una pena única sobre ese piso. Por eso, denuncia violación del principio de legalidad que impone "...guardar observancia de la máxima taxatividad interpretativa" (fs. 92 vta.).
En esa línea, sostiene que el decisorio impugnado "...trae como consecuencia la modificación del régimen legal aplicable para el eventual cómputo de la prisión preventiva y la pena que extenderá, sin fundamento legal alguno, la duración de la pena de prisión unificada para Díaz Vargas" (fs. 94).
Entiende que se intenta suprimir la ley penal más benigna, eventualmente la aplicación del cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390, en violación al principio de inocencia (v. fs. cit.).
Finalmente, se disconforma con el método utilizado para la unificación, pues sin perjuicio de lo resuelto por el a quo sobre la no prohibición ni exclusión legal del método aritmético, "...ante el dictado de una nueva sentencia unificadora con el alcance aquí expuesto recobraría virtualidad la posibilidad de aplicación del método composicional" (fs. 94 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 105/109). Coincido con él.
III.1. En estos autos, el agente fiscal solicitó que se unifiquen las penas que registra Orlando Javier Díaz Vargas y se lo condene a la pena única de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la totalidad de las penas establecidas en las cuatro condenas de las causas n° 840, 735/2002 , 324/2357 y la de la presente n° 1-3563-07 (v. fs. 37 y vta.).
Por su parte la defensa de Díaz Vargas requirió se lo condene a la pena única de veintiún años de prisión, toda vez que "...nos encontramos ante un supuesto de unificación de condenas, por violación a las reglas del concurso, [por lo que] la pena que corresponde aplicar no puede partir de la suma aritmética, como pretende el Sr. Agente Fiscal, sino que [...] debe tenerse especialmente en cuenta cual hubiera sido la pena total que hubiere correspondido en caso de haberse juzgado a [su] asistido en un único proceso" (fs. 38/39).
III.2. El Tribunal de la instancia en primer término detalló las sanciones impuestas a Díaz Vargas: 1) el Tribunal Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes en la causa n° 840 lo condenó el 19 de noviembre de 2001 a la pena de dos años y ocho meses de prisión, en orden al delito de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2000 en la que obtuvo la libertad condicional el 28 de diciembre de 2001, quedando como saldo pendiente de cumplimiento un año, siete meses y once días; 2) causa n° 735/2002 del Tribunal Criminal n° 1 del mismo Departamento judicial que con fecha 9 de diciembre de 2002, lo condenó a la pena de seis años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, en orden al delito de robo calificado por el uso de armas de fuego, hecho ocurrido el 5 de febrero de 2002, quedando pendiente de cumplimiento un año, once meses y catorce días. Ambas condenas derivaron en la sentencia unificadora dictada por el Tribunal Criminal n° 1 de Quilmes en la cual, el 14 de abril de 2009 se condenó a Díaz Vargas a la pena única de nueve años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 27/30 vta.); 3) causa n° 324/2357 del Tribunal Criminal n° 2 de Quilmes en la que se lo condenó a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas en orden a los delitos de lesiones graves y lesiones leves, ambas en concurso real, que quedó por fuera de la unificación, pues fue cumplida en su totalidad; y 4) la de la presente causa n° 1051/8 de fecha 16 de marzo de 2015 que lo condenó a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales, declaración de reincidencia y costas en orden a los delitos de robo agravado por efracción en grado de tentativa en concurso real con homicidio, hechos ocurridos los días 23 de diciembre de 2006 y 2 de enero de 2007.
Luego de resaltar que todas las sentencias de las causas referidas se encuentran firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada, destacó que "...debe únicamente tenerse en consideración en la pena total, los saldos de pena adeudados en cada sanción individual que ahora se fusiona" (fs. 44 vta.), condenando en definitiva a la pena única de veinte años, seis meses y veinticinco días de prisión, accesorias legales y costas, totalizadora de la pena impuesta en la presente causa (diecisiete años de prisión) y el saldo pendiente de las impuestas en la causa n° 840 (un año, siete meses y once días) y en la causa n° 735/2002 (un año, once meses y catorce días), y declaración de segunda reincidencia (v. fs. 43/46).
III.3. En su recurso de casación la defensa se agravió de la errónea aplicación de los arts. 2 y 58 del Código Penal, y consideró que en forma oblicua se coarta a su defendido la posibilidad de aplicar las previsiones del art. 7 de la ley 24.390 al momento de realizarse el cómputo de pena. Explicó que debía utilizarse en la unificación el sistema composicional con "...los totales de las penas y no con los saldos incumplidos" (fs. 55) peticionó una pena única de diecinueve años de prisión (v. fs. 56).
III.4. En la sentencia revisora se indicó que "...la resolución que unifica penas realizando una suma lisa y llana no incurre, por esa sola circunstancia, en violación del [...] artículo 58 del Código Penal, pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye" (fs. 73).
Precisó que los hechos comprometidos responden a casos de unificación de penas, en la que el sujeto se encuentra cumpliendo pena efectiva por hechos anteriores y que lo que debe tomarse en cuenta para tal procedimiento "...es la cantidad de tiempo de la sanción del primer delito que queda por cumplir al momento de la sentencia unificadora, [pues] el juez que la establece no puede reelaborar la condena en la parte que ya se cumplió, por respeto a la cosa juzgada" (fs. 73 vta.).
En orden a la utilización del método de la suma aritmética y la privación de la aplicación de lo dispuesto por el art. 7 de la ley 24.390 indicó que es doctrina de la Sala que "...a los efectos del cómputo en los supuestos de unificación debe tenerse en cuenta el tiempo que el justiciable sufrió en prisión preventiva en todas las causas que forman parte de la pena única, y si dicho período de detención hubier[a] transcurrido sin condena, su cómputo deberá establecerse a la luz de lo normado por el artículo 7 de la ley 24.390, si así correspondiere" (fs. 74).
Resaltó que los hechos de la causa n° 735/2002 del Tribunal Criminal n° 1 de Quilmes y de la causa n° 1051 del Tribunal Criminal n° 4 de Lomas de Zamora fueron cometidos en los años 2002, 2006 y 2007, por lo que no se encuentran alcanzados por las previsiones de la ley 24.390.
A su vez especificó que el suceso del expediente n° 840 del Tribunal Criminal n° 3 de Quilmes fue cometido el 9 de diciembre de 2000, pero en dichos actuados Díaz Vargas fue condenado el 19 de noviembre de 2001, habiéndosele otorgado la libertad condicional el 28 de diciembre de ese año "...por lo que tampoco en este caso se cumplen los requisitos establecidos para gozar del eventual cómputo privilegiado [...] no reportándose, por ende, el eventual perjuicio señalado por la quejosa" (fs. 74 vta.).
Concluyó que nada puede objetarse al método y forma establecida por el Tribunal de grado para fijar el monto de pena.
IV. La inteligencia del sistema de unificación de penas aplicada en la instancia de mérito -y que fuera confirmada por el tribunal de alzada- no viene debidamente replicada, lo cual obsta, por insuficiencia impugnativa, a la viabilidad del reclamo (arg. art. 495, CPP).
En efecto, el señor defensor oficial reedita -en lo sustancial- el agravio llevado ante la instancia casatoria sin conseguir demostrar que el sistema escogido por el sentenciante implique transgresión legal alguna, quedando sus argumentaciones como meras opiniones contrarias al criterio del juzgador (conf. causas P. 85.276, sent. de 22-X-2003; P. 99.966, sent. de 12-XII-2007; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; e.o.).
La alegación relativa a que, de seguirse la solución propiciada por el órgano intermedio, la pena única fijada se vería privada de los eventuales efectos previstos en el art. 7 de la ley 24.390 -más allá de no replicar idóneamente la explicación dada por el a quo acerca de por qué no regía el caso-, se refiere a los criterios aplicables a la confección del cómputo, de manera tal que no forma parte del régimen del art. 58 del Código Penal, cuya transgresión, en consecuencia no se ha demostrado (conf. causas P. 60.485, sent. de 6-XII-2000; P. 67.810, sent. de 10-IV-2001; P. 67.251, sent. de 20-III-2002; P. 61.593, sent. de 4-VI-2003; P. 82.086, sent. de 4-VI-2008; e.o.).
De otro lado, los planteos referidos a la violación a los principios de legalidad e inocencia (v. fs. 92 vta./94 vta.) resultan fruto de una reflexión tardía y también por ello corresponde su rechazo (conf. causas P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; P. 103.442, sent. de 29-XII-2008; P. 100.872, sent. de 15-IV-2009; P. 102.166, sent. de 22-VI-2009; e.o.).
A su vez, lo resuelto por el Tribunal de Casación en orden al método aritmético se halla en sintonía con la doctrina de esta Corte que en repetidas oportunidades decidió que aún la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente -aunque acá tampoco consistió la unificada en una suma de las penas impuestas en los diversos procesos, sino de una de ellas con los remanentes de otras dos-, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 del Código Penal, pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; P. 118.606, resol. de 6-VIII-2014; P. 124.282, resol. de 26-VIII-2015; P. 126.750, sent. de 7-III-2018; P. 129.574, sent. de 6-VI-2018; e.o.).
En rigor, el agravio sólo representa una diferente visión sobre la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, y esa forma de recurrir no representa una crítica eficaz, para intentar evidenciar que el juzgador hubiera incurrido en transgresión al momento de fijar el monto de la sanción (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; e.o.; art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia