Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131749
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.749, "B., W. D. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 88.077 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de mayo de 2018, rechazó el recurso interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 de Pergamino que condenó a W. D. B. a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado agravado por la calidad de guardador -art. 119 del Código Penal, primer y último párrafos con relación al inc. "b" del cuarto párrafo-, en concurso real con el de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la calidad de guardador -art. 119 citado, tercer párrafo con relación al inc. "b" del cuarto párrafo- (v. fs. 49/60).
La señora defensora oficial adjunta ante dicha instancia intermedia -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 63/73), el que fue concedido merced a la resolución del a quo que obra a fs. 80/83 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 94/100), dictada la providencia de autos (v. fs. 101) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
La señora defensora impugna la sentencia de casación que ratificó la condena de W. D. B., desde las siguientes perspectivas.
I. Primeramente denuncia que el proceso revisor no significó más que un tránsito aparente por esa instancia intermedia, en infracción a lo normado por los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello por entender que los agravios sobre la prueba de la materialidad ilícita y la autoría responsable del nombrado acusado fueron rechazados con base en la reiteración de las razones dadas por el órgano de grado, y no en una verificación de la correcta aplicación del método histórico, con el límite normativo que impone el principio in dubio pro reo ; de conformidad con los lineamientos al respecto establecidos por la Corte federal al pronunciarse en la causa "Casal" (Fallos: 328:3399; v. fs. 66 vta./70 vta.).
En ese marco, asevera que el sentenciante, so pretexto de la imposibilidad de controlar la apreciación de la prueba prestada durante el debate oral, habría prescindido de verificar la fiabilidad de las únicas fuentes de información sobre los abusos que se le reprochan a su defendido; no obstante que, según dice, las circunstancias concretas del suceso habilitan a arrojar una duda razonable sobre la imputación formulada por la víctima, no sólo por lo tardío de la denuncia, sino porque sus dichos no hallarían corroboración en otras constancias de la causa, además de aparecer colmados de inconsistencias y contradicciones sobre aspectos sustanciales de la imputación (v. fs. 68 vta. y 69).
Con lo cual, la recurrente entiende que para confirmar la credibilidad de ese principal y único testigo de cargo, como el mérito otorgado a los testimonios de K. D. y L. R., novio y hermano de la víctima, respectivamente, el órgano casatorio se limitó a reproducir las consideraciones valorativas del fallo originario, con la excusa de la inmediación; y que en tales condiciones, la sentencia que rebate ha frustrado el derecho del acusado a obtener la revisión integral de su sentencia de condena, y vulnerado el in dubio pro reo (arts. 1, CPP; 18, Const. nac. y 8.1., CADH).
Solicita la nulidad del pronunciamiento atacado y el dictado de uno nuevo acorde a derecho (v. fs. 70 vta.).
II. De otro lado, sostiene la defensa que el Tribunal de Casación no respondió "debidamente" la cuestión referida a la falta de especificación en la sentencia originaria del número de hechos independientes cuya comisión se le atribuye a su defendido en perjuicio de M. D. R. (v. fs. 72).
Dicho planteamiento, que no integró los motivos de agravios del recurso de casación, fue introducido por la parte recién al presentar la memoria que faculta el art. 458 del Código Procesal Penal luciente a fs. 44/45 vta. En ese escrito la señora defensora postuló, al igual que hace aquí, la descalificación de la sentencia por arbitraria, en la inteligencia de que la referida indeterminación de los ilícitos que conforman el concurso real constitutivo de la condena de B. como autor responsable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, en ambos supuestos agravados por la calidad de guardador, y cometidos en forma reiterada, repercute en la individualización de la pena, al no conocerse la escala aplicable al caso. De modo que lo decidido sobre el punto resultaría producto exclusivo de la voluntad de los jueces y no una derivación razonada de las constancias de la causa con arreglo al derecho vigente (v. fs. 72).
También reitera ahora la cita que efectuase en aquella ocasión de los precedentes P. 38.662, sentencia de 4-IX-1990 y P. 53.486, sentencia de 26-VIII-1997, en los que esta Corte señaló la imposibilidad de convalidar una condena por hechos indeterminados que no sólo desplaza los derechos de la defensa sino toda la estructura del debido proceso, reclama la nulidad del fallo recurrido por violentar las garantías de cita (art. 18, Const. nac.; v. fs. cit. y vta.).
III. La impugnación debe ser rechazada, tal como aconseja la Procuración en su dictamen de fs. 94/100.
Según quedó acreditado en estos autos, "desde que M. D. R. tenía aproximadamente 11 años de edad, la pareja conviviente de su madre, W. B., comenzó a abusar sexualmente de ella. En principio, mientras vivían en la casa de la madre de B. en el barrio 12 de octubre, en una habitación de esta casa, solamente le tocaba la vagina. Cuando fue creciendo y desarrollándose físicamente siempre la quería tocar y comenzó a tocarle también los pechos y besarla. Que las conductas las realizaba bajo amenazas, a veces utilizando un cuchillo, pellizcándola y doblándole los dedos para golpearla, o como ocurrió en una oportunidad, pellizcándole la vulva. A los quince (15) años de edad y viviendo en una casa alquilada sita en la calle Roque Sáenz Peña …, B. comenzó a penetrarla en forma periódica cuando su madre salía o mientras dormía, cosa que hacía frecuentemente de día porque de noche no podía, esto ocurrió en la cama de su habitación o en el galpón del fondo de la vivienda, lugar donde la hacía arrodillar sobre un balde accediéndola desde atrás y controlando por una ventanilla del lugar que no viniera persona alguna. Esto continuó aproximadamente una semana antes de realizar la denuncia efectuada el día 29 de enero de 2016. Que nunca la podía desnudar completamente por la resistencia que ella oponía. B. la manoseaba y mientras tanto se masturbaba. Que siempre que la accedía carnalmente eyaculaba afuera" (fs. 51 vta. y 52 de la sent. recurrida con relación a fs. 16 y vta. del pronunciamiento originario).
III.1. La prueba fundante de esa materialidad ilícita y la autoría responsable del acusado fue motivo de controversia por la defensa al formular su recurso de casación (v. fs. 24/32), objeciones que fueron examinadas y desestimadas por el tribunal a quo en la comprensión de que los referidos extremos de la imputación encontraban suficiente motivación, y adecuado respaldo en las probanzas que los jueces encargados de llevar adelante el juicio oral valorasen de forma armónica y conjunta, conformando un plexo apto para otorgar certeza respecto de ambas cuestiones (v. fs. 52).
Tuvo presente el contundente testimonio de M. D. R., que había descripto los hechos que la damnificaron y atribuido su autoría al imputado B.; y que a esa declaración se adunaban las prestadas por otros testigos de cargo como las pericias practicadas en la causa; siendo que el relato de la víctima no aparecía contradicho ni debilitado por otros elementos de prueba (v. fs. cit. vta.).
En sentido opuesto al alegado por el señor defensor oficial, no apreció vicio o defecto alguno en la tarea valorativa emprendida por su antecesor, que observaba las reglas consagradas en los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal; con la aclaración de que según la interpretación que hiciera la Corte federal de los alcances del recurso de casación en el precedente "Casal", incumbía a esa instancia escrutar la prueba con el límite propio de la inmediación, pudiendo revisar los criterios empleados para fundar el grado de credibilidad asignado a quienes declararon durante el debate oral, no advirtiendo en ellos la existencia de vicio alguno que pudiera descalificar el impacto subjetivo que los testigos habían producido en los jueces de grado (v. fs. 52/53).
Por el contrario, consideró que los fundamentos dados sobre la tenida veracidad de la víctima revelaban una apreciación razonable efectuada en el marco legítimo de las atribuciones que otorga la ley; distinguió al respecto la persistencia de su relato sobre los detalles de modo y ocasión; que durante el proceso no se había evidenciado ninguna razón ni las pericias psicológicas reflejaron una malicia patológica de la denunciante para perjudicar al padrastro; que el valor convictivo de la versión de M. R. aparecía apuntalado con lo declarado por su novio K. D. y su hermano L. acerca de lo que aquella les había manifestado respecto de los abusos padecidos; como lo señalado por el primero en cuanto al trato que le brindaba el imputado y la observación del segundo sobre haber visto siempre a su hermana con él en la misma cama; descartando que la circunstancia de ser testigos de oídas excluyera la posibilidad de valorarlos y asignarles plena credibilidad y conducencia acreditante; máxime si del análisis de ambos no surgía animosidad hacia el procesado ni intención de favorecer a la víctima.
No obstante, el órgano revisor expuso las razones por las que en el actual proceso penal no había cabida para la postura de la defensa sobre la imposibilidad de fundar una condena en un único testigo; con la consigna particular de que cuando la prueba incriminante se sustenta en la declaración de la víctima, resulta exigible una especial cautela que debe tener como referencias o guías de contraste, la falta de incredibilidad subjetiva del testigo, la verosimilitud y coherencia o persistencia de su declaración; sin que en la presente se vislumbrara, ni la parte lo había demostrado, vicio alguno en la asignación de credibilidad que justificara desmerecer el valor convictivo otorgado a la declaración de la joven damnificada (v. fs. 53 vta./54 vta.).
Refirió que, tratándose de la investigación de delitos contra la integridad sexual, la convicción respecto de la ocurrencia de la hipótesis delictiva también se logra a través del testimonio de familiares o amigos que presenciaron, como en el caso, el espontáneo relato de M. R. que contó los padecimientos vividos; como mediante lo informado por los peritos psicólogos, según detalló (v. fs. 55 vta.; 56 vta. y 57).
Igualmente desestimó que la aducida falta de indicadores en la víctima de la existencia de abuso sexual, tuviera aptitud para poner en dudas sus dichos, circunstancia que no tenía ninguna vinculación lógica con la credibilidad de lo relatado; a más de señalar que la defensa desentendía que "...por las características de la conducta imputada al encartado, su modalidad, la cronicidad y periodicidad de los abusos relatada por la joven, resultaba lógico que el acceso carnal pueda no evidenciarse en el cuerpo de la víctima. Nada autoriza a apartarse de lo decidido, ni aparecer manifiesto absurdo o arbitrariedad en la valoración de las pruebas (arts. 210 y 373 C.P.P." (fs. 57 vta.).
Determinó por último, que no se presentaba en el terreno probatorio situación de duda alguna que habilitara decidir en los términos del art. 1 del Código Procesal Penal, ya que no se observaba ninguna vacilación que hubiera llevado al tribunal de grado a afirmar indebidamente la responsabilidad del acusado en los hechos endilgados (v. fs. cit./58).
III.2. La sentencia revisora da cuenta asimismo del razonamiento seguido para rechazar el planteo expuesto por la defensa en el memorial de fs. 44/45 vta., sobre la supuesta falta de especificación de los hechos integrantes del concurso real que motivó la condena de su asistido (v. fs. 58/59).
A partir de considerar, "...el contenido de la declaración de la joven, recogida a lo largo del veredicto, quien recreó las situaciones de abuso a las que fuera sometida desde muy corta de edad, mediante un relato circunstanciado, dando cuenta de una pluralidad de ataques sexuales a los que sistemáticamente el acusado la sometía"; el tribunal intermedio tuvo presente que tanto el acusador como el juzgador habían establecido con base en la prueba receptada un marco temporal (es decir época cierta) definido principalmente en función del relato de la víctima (v. fs. 58 y vta.).
En ese contexto, justipreció que la damnificada había sido "...sumamente clara en su relato, ya sea en lo referente al autor de los abusos, a las características de éstos, a los domicilios y a los distintos lugares de las viviendas donde se perpetraron y al período en que se produjeron, pudiendo incluso ubicar la fecha del último episodio achacado el que dijo que ocurrió aproximadamente una semana antes de efectuar la denuncia -29 de enero de 2016-, aportando también la indicación temporal del primero de los abusos simples al referir que comenzaron cuando ella tenía alrededor de 11 años y que coincidió cuando dejó de visitar a su padre biológico y que por eso lo recuerda, como también al señalar que el primer acceso carnal fue cuando ella tenía 15 años en su habitación de la casa de la calle Roque Sáenz Peña" (fs. 58 vta.).
Negó por tanto que existiera déficit alguno en la determinación de los hechos; con la apreciación de que a tenor de las características de tiempo, lugar, modo y ocasión en que habían sido cometidos, resultaba esperable que no pudiera precisarse detalladamente fechas exactas de la totalidad de los abusos perpetrados; circunstancia que en vista de las peculiaridades que presentan el tipo de conductas delictivas achacadas, en donde la multiplicidad de conductas ejecutadas está dada por la habitualidad, no constituía una falencia que lograra atentar contra la necesaria completitud que debe merecer la descripción de los hechos en sus aspectos esenciales (v. fs. cit. y 59).
De allí que en la comprensión del a quo , no se avizoraba ningún tipo de indefinición "...que pudiera haber puesto al condenado en un estado de indefensión, ni existen en el pronunciamiento vacíos probatorios, ni de fundamentación que me impidan confirmar el fallo respecto de aquellas imputaciones" (fs. 59).
IV. Frente a las respuestas dadas por el Tribunal de Casación a los agravios propuestos para su análisis, incluso al que fue articulado tardíamente ante su sede, resulta infructuoso el intento por evidenciar que la competencia revisora haya sido desplegada con cortapisas formales frustratorias del derecho al recurso; como que resulte afectado el debido proceso y la defensa en juicio del acusado; o carezca lo fallado de la fundamentación necesaria para su validación judicial (art. 495, CPP).
En cuanto respecta a la crítica efectuada a la forma en que fue llevada adelante la revisión de la sentencia de condena, en el marco de las objeciones formuladas en materia probatoria, no es correcta la afirmación de la parte de que el tribunal de recurso hubiera restringido la evaluación de los testimonios prestados en la audiencia de debate con el argumento de que el tema quedaba reservado a los jueces de la inmediación; pues sin perjuicio de algunas expresiones expuestas en ese sentido, la casación no dejó de fiscalizar las motivaciones y razones dadas por el órgano de grado para sostener el mérito incriminante otorgado a dichas probanzas, tal como patentiza el contenido resolutivo reseñado en el apartado III.1. anterior.
También surge de esa lectura el juicio crítico que le mereció la prueba utilizada para demostrar la ocurrencia de los hechos y la autoría atribuida al imputado, a través de los fundamentos que lo llevaron a coincidir con las evaluaciones establecidas en la condena originaria, con referencia específica a los argumentos de la parte sobre los que se pronunció en dirección contraria a la pretendida. Y más allá del huero ensayo de descalificar los dichos de la víctima por no hallarse "corroborados en autos" y exhibir "contradicciones" e "inconsistencias" que ni siquiera han sido identificadas, la recurrente no ha plasmado ningún cuestionamiento idóneo a lo resuelto en el terreno probatorio que pudiera habilitar la competencia excepcional de esta Corte en cuestiones de esa índole.
Con lo cual resulta inatendible la invocación del principio in dubio pro reo , en tanto la fundamentación vertida en el fallo permanece enhiesta al no haber demostrado la señora defensora que las apreciaciones que fundaron la condena no encuentren apoyo en la valoración racional y objetiva de las constancias del proceso.
Por otra parte, vistas las consideraciones con las que el Tribunal de Casación desestimó deficiencia alguna en la determinación cuantitativa de cada uno de los hechos motivo de reproche al imputado, la arbitrariedad endilgada a ese aspecto del fallo por falta de motivación suficiente, carece de todo asidero.
Tal como se indica a fs. 99 y vta. del dictamen de la Procuración con reflexiones que cabe dar aquí por reproducidas, a más que la defensa repite los mismos comentarios generales del memorial presentado ante la sede casatoria, sin siquiera explicar el gravamen concreto que esa supuesta imprecisión fáctica habría generado en la condena de W. D. B., el revisor abordó la cuestión que dirimió en función de lo detallado en el punto III.2. del presente, sin que ese razonamiento haya recibido réplica alguna en la impugnación bajo examen de forma de demostrar que lo resuelto sobre el punto no sea conclusión razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Por lo que llevo dicho, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia