Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132397
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 132.397, "Pacheco, Adrián Ezequiel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.101 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de noviembre de 2017, rechazó el recurso deducido por la defensa oficial de Adrián Ezequiel Pacheco, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Matanza que lo había condenado a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la impuesta en la presente en que fuera condenado a prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae y robo calificado por haber sido cometido con armas, en concurso real; y la impuesta en el Tribunal Oral en lo Criminal n° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cuatro años y seis meses de prisión, por resultar autor responsable de los delitos de amenazas agravadas por el empleo de un arma, lesiones graves reiteradas en dos ocasiones, encubrimiento por receptación de un objeto proveniente de un delito y otros (v. fs. 20/21 y 58/73 vta.).
La señora defensora oficial ante ese tribunal intermedio, doctora Susana Edith De Seta, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/102 vta.), que fue concedido por el a quo (v. fs. 106/108).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 119/120 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 121) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Sostiene la señora defensora oficial que la sentencia de casación incurre en arbitrariedad, porque apartándose de las constancias de la causa, habría convalidado erróneamente la aplicación del art. 80 inc. 7, en su relación con el art. 45, ambos del Código Penal; cita los arts. 18 y 19 de la Constitución de la Nación y 15 de su símil local, respecto de la condena impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Matanza que aquí se impugna (v. fs. 99 vta.).
A su decir, no estaría probado que el acusado hubiese dado muerte a Yanina Celeste Ponce Tello con el fin de asegurar el desapoderamiento de sus bienes y procurar impunidad; pues, según expresa, el robo acaeció con posterioridad e independientemente del deceso de aquélla (v. fs. cit.).
Para avalar su postura, señala fragmentos de los dichos de Liliana Nicolaza Tello, progenitora de la víctima, que hacen referencia a situaciones ilustrativas de la obsesión que el procesado tenía con ella, que llevarían a modificar el móvil de su muerte; afirma que esas circunstancias, junto con otras que menciona -tales, que el horario en que se produjo el ingreso del imputado a la vivienda de la víctima, sin que se sepa el modo en que lo hizo, daría cuenta de su conocimiento sobre la presencia o no de aquélla en el lugar, "...a efectos de disminuir el riesgo"-, no habrían sido examinadas adecuadamente a los fines de definir la calificación jurídica; no obstante que, en su parecer, "...ambos datos permiten inferir que el móvil de la muerte, no resulta ser lograr o procurar impunidad sobre un desapoderamiento"; a lo que agrega que los dichos de Johana Mirabel Pimentel son "inconducentes" para dilucidar la verdad de lo acontecido (v. fs. 100 vta. y 101, respectivamente).
De tal modo la recurrente considera que el tribunal a quo no trató apropiadamente las cuestiones que le fueron sometidas, dejando insatisfecho el derecho al recurso previsto en los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme los lineamientos del precedente "Casal" de la Corte federal.
Con invocación de los supuestos que son abarcados por la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, solicita que se case la aquí impugnada y se reenvíen los autos a la instancia anterior para que dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (v. fs. 101 vta. y 102).
II. El dictamen de la Procuración se pronunció por el rechazo del recurso, solución que comparto en razón de la manifiesta insuficiencia con que la defensa articuló sus objeciones ceñidas al encuadre legal establecido en las previsiones del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
En la instancia de juicio se tuvo por demostrado que "...el día 23 de febrero de 2015, aproximadamente entre las 11.45 hs. y las 12.30 hs., en el interior del domicilio ubicado en la calle Coronel Fraga n 4473 de [...] Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, al menos un sujeto masculino identificado a la postre como Adrián Ezequiel Pacheco ingresó a la vivienda referida en la cual se hallaba la víctima Yanina Celeste Ponce Tello y comenzó a apoderarse ilegítimamente de un televisor [...], un decodificador negro, una consola de video juegos [...], una pedalera y volante para juegos de autos [...] algunos juegos de la misma consola, una Notebook [...], un celular [...], un bolso [...], 2 cámaras de fotos [...], camisetas [...] de fútbol [...], una gorra negra [...], un par de zapatillas [...], dinero en efectivo por la suma de $2.500 [...] y tuppers [...] con monedas [...]. Acto seguido para facilitar y asegurar el resultado de ese ilícito y procurar su impunidad, ante la existencia de un parentesco entre el autor y la víctima, valiéndose de un cuchillo del tipo 'Tramontina' que se hallaba en la vivienda, le produjo a Yanina Celeste Ponce Tello una herida punzocortante en la cara anterior del cuello en forma horizontal de derecha a izquierda [...] y [...] una herida punzocortante penetrante [...] en el lóbulo superior del pulmón, [...] que le provocaron un shock hipovolémico ocasionándole la muerte, para luego Adrián Ezequiel Pacheco darse a la fuga del lugar con los elementos sustraídos" (fs. 7 vta. y 8); extremos de la imputación que fueron justificados a través del plexo probatorio cuyo mérito cargoso el tribunal de grado fundó con las consideraciones vertidas a fs. 8 vta./13 vta. de su decisorio.
En el recurso de casación, la defensa abogó por la absolución de su asistido con relación al delito contra la vida; en subsidio, cuestionó la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, con base en la falta de prueba de la concurrencia del específico elemento subjetivo exigido por dicha figura, invocando esencialmente supuestas motivaciones pasionales del hecho, que reclamó fuese tipificado como homicidio simple (art. 79, Cód. cit.); sin que en esa ocasión hubiese realizado comentario alguno del tenor del que ahora trae respecto de aquellos datos fácticos supuestamente indicativos de la ausencia del mentado requisito típico; por último, ante un eventual acogimiento de ese planteo, propició una disminución de la pena al mínimo que resultase pertinente (v. fs. 24/36 vta.).
A su turno, el Tribunal de Casación ratificó las determinaciones probatorias que sustentaron la condena originaria, en la inteligencia de que la convicción forjada respecto de la materialidad ilícita y la autoría responsable del imputado se asentaba en el mérito fundado del conjunto del material probatorio examinado, conclusiones que abastecían sobradamente la exigencia de motivación del art. 106 del Código Procesal Penal.
En particular, en el marco de lo que fue materia de agravio y resulta aquí mantenida, el a quo , tras descartar la existencia de quiebre alguno en el razonamiento plasmado en la sentencia, dada su observancia de las reglas de la lógica y la sana crítica racional, acordó con su antecesor en que del contexto fáctico tenido por probado surgía la finalidad del acusado de acometer contra la víctima para poder apoderarse de los bienes, toda vez que aquella lo reconoció y la única forma de procurar su impunidad era terminando con su vida; más allá que ese acometimiento hubiese sido de manera extremadamente violenta mediante el uso del cuchillo que provocó las heridas en los órganos vitales ya referidas, y con ribetes pasionales como lo detallara el médico que actuó en la operación de autopsia.
Con esa comprensión, juzgó demostrada la "...'ultrafinalidad' requerida en el tipo penal del art. 80 inc. 7 del C.P., toda vez que la esencia de las figuras comprendidas en el homicidio criminis causa es subjetiva, traduciéndose en la preordenación de la muerte a la finalidad post delictiva que mueve al imputado. En el caso la intención de Pacheco, ha sido concreta"; con particular destaque de lo testimoniado por su expareja, Johana Maribel Pimentel, "...en cuanto detalló que el encausado le contó que la tuvo que matar porque lo reconoció" (fs. 68 vta.).
En suma, el tribunal revisor rechazó el cambio de calificación pretendido, por apreciar establecida "'...la conexión del homicidio para asegurar el resultado del desapoderamiento y lograr su impunidad, toda vez que al arremeter contra la moradora del modo en que lo hizo, pone de relieve una conducta querida y dirigida a sabiendas contra la vida de la damnificada, lo cual, sumado al claro fin de lograr la impunidad que gui[ó] su accionar, permite afirmar la existencia de dolo específico que requiere el tipo del art. 80 inc. 7 del código sustantivo'..." (fs. cit. y 69).
III. Tal como sostiene el señor Procurador General, los planteos remiten a cuestiones de hecho y prueba cuya valoración es -por regla- facultad propia de los jueces de la causa y marginada por tanto de la competencia extraordinaria de esta Corte (doctr. art. 494, CPP), sin que la mera disconformidad manifestada por la defensa con la valoración probatoria tenida en vista (o, por el contrario, desconsiderada) en las instancias previas, logre justificar la existencia de vicios lógicos graves y manifiestos que impidieran refrendar lo resuelto.
Es que más allá de apreciaciones infundadas sobre el valor de convicción asignado a alguno de los testimonios incriminatorios, y de no haberse siquiera alegado circunstancias que pusieran en jaque la credibilidad, por caso de la declarante Pimentel, la recurrente no atiende la apreciación conjunta de las probanzas efectuada por el tribunal de juicio y convalidada por la casación, que sirvió para fundar la calificante del homicidio prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Y, por tanto, no consigue evidenciar que se hubiesen establecido conclusiones insostenibles o claramente contradictorias, a la luz de las circunstancias comprobadas de la causa (conf. causas P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 98.524, sent. de 11-III-2009; P. 104.426, sent. de 22-IV-2009; P. 102.106, sent. de 5-V-2010; P. 99.250, sent. de 14-IX-2011; entre tantas más).
Tampoco que el control llevado a cabo, aunque sin el resultado buscado no constituya respuesta suficiente a los reclamos formulados en la materia, de modo que pueda decaer lo actuado por el tribunal intermedio por afectación al derecho al recurso -art. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- conforme los lineamientos fijados a partir del precedente "Casal" –Corte Suprema de Justicia de la Nación Fallos: 328:3399- y la doctrina sentada en igual dirección por esta Corte.
Por lo demás, el enunciado general que se hace a fs. 101 vta. de la impugnación, en modo alguno tiene aptitud para mostrar que el tramo controvertido de la sentencia padezca de alguna de las anomalías que allí le son dogmáticamente atribuidas, desde la vertiente de la doctrina de la arbitrariedad -sea por "apartamiento de constancias comprobadas de la causa", "omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por las partes y de normativa conducente a la solución del litigio"; apoyarse en "conclusiones de naturaleza dogmática, o inferencias sin sostén jurídico o fáctico con el sólo sustento de la voluntad de los jueces"-; que pudieran provocar su descalificación como acto jurisdiccional válido; con lo cual tampoco se patentiza la conculcación de las garantías de defensa en juicio y al debido proceso que fueron efectuadas a remolque de la mentada tacha desestimada.
En razón de lo que se lleva dicho, se impone igualmente el rechazo de la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva pues ha sido fundada exclusivamente en la divergencia valorativa antes referida y desechada.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Kogan y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia