Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133391
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.391, "Luna, Héctor Manuel y Velázquez Osvaldo Fabián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 88.116 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 18 de julio de 2019, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Héctor Manuel Luna y Osvaldo Fabián Velázquez, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón que condenó al primero de los nombrados a la pena de veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, más declaración de reincidencia y, al segundo de ellos, a la pena de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar ambos coautores penalmente responsables del delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal). En consecuencia, readecuó las penas en orden al citado delito para Luna en veintidós años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, y para Velázquez en veinte años y diez meses de prisión (v. fs. 382/405).
Frente a ello, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 412/426).
El Tribunal de Alzada, el 21 de noviembre de 2019, luego de recordar las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal y citar los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional, admitió el recurso en orden a los planteos de inobservancia y errónea aplicación de los arts. 40, 41, 47 y 165 del Código Penal (v. fs. 430/432).
Oído el señor Procurador General a fs. 452/461 vta., dictada la providencia de autos a fs. 463, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado a favor de Héctor Manuel Luna y Osvaldo Fabián Velázquez?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, tachó de arbitraria la sentencia impugnada y denunció la afectación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso, presunción de inocencia, derecho al recurso e in dubio pro reo (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1. y 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 412/426).
Explicó que no discutía la relación causal entre el robo y la muerte, pero que en el caso debió probarse que el resultado del deceso era imputable a sus asistidos, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo, para poder así aplicar el art. 165 del Código Penal (v. fs. 416 y vta.).
Puntualizó que la confirmación de la condena resultaba arbitraria pues "...desde el plano objetivo no hay imputación [...] posible sin un margen de duda considerable y desde el plano subjetivo la eventual, justamente, presunción del dolo eventual no sólo atenta con el principio in dubio pro reo sino que se adscribe en términos de responsabilidad objetiva" (fs. 417).
Consideró que se había configurado un supuesto de versari in re illicita debido a que el resultado muerte se atribuyó a sus defendidos de modo objetivo, afectando el principio de culpabilidad (v. fs. 417 vta.).
Concluyó que no todas las causas desencadenantes de la muerte de la víctima eran equivalentes y solicitó la subsunción de los hechos en la figura prevista en el art. 166 del Código Penal (v. fs. 417 vta. y 418).
I.2. En segundo lugar, denunció infracción a la ley sustantiva (art. 47, Cód. Penal) y violación al principio de inocencia (art. 18, Const. nac.).
Refirió que no se había probado la existencia de un supuesto plan en común y que únicamente había certeza de que el sujeto que tuvo la intención de matar -y así lo hizo- no había sido ninguno de sus asistidos. Agregó que tampoco se había indicado la acción desarrollada por cada uno de los intervinientes en los hechos (v. fs. 418 vta.).
Insistió en que no se pudo acreditar suficientemente que Luna y Velázquez "...hubieran conocido y querido que se le disparara a la víctima de autos", sino que -a su juicio- existió un estado de duda sobre el punto, que debió derivar en la aplicación del art. 47 del Código Penal (v. fs. 419).
A su entender, una interpretación respetuosa del principio de culpabilidad exige que en el art. 165 del Código Penal solo pueden quedar contemplados los homicidios que encuadran en el art. 79 del citado cuerpo de leyes (v. fs. 419 vta.).
Frente a ello, tildó de insuficientes los fundamentos brindados para desestimar la aplicación del art. 47 citado. Agregó que, a tenor de los principios in dubio pro reo, especialidad y máxima taxatividad legal interpretativa, correspondía aplicar al caso dicha norma y reprochar a sus defendidos únicamente el robo con armas, en tanto no habían querido cooperar con la muerte resultante (v. fs. 419 vta. y 420).
En respuesta a la memoria presentada por el Ministerio Público Fiscal, alegó que el hecho de que los acusados no hubieran auxiliado a la víctima luego del ataque no podía tomarse como indicio para afirmar que la muerte de la víctima hubiera sido una obra conjunta de los tres partícipes en el hecho (v. fs. 421).
Por último, sostuvo que no podían aplicarse las reglas de la coautoría funcional para calificar los hechos en el art. 165 citado, ya que "...el acuerdo previo de voluntades estaba direccionado a cometer un robo (aun un robo calificado por el uso de armas, como medio de intimidación empleado a tales fines) y no todos tenían completo dominio de aquel (en los términos resultantes); pues el desenlace lesivo fue un exceso a ese acuerdo previo; o, al menos y a todo evento, nadie ha probado certera e indubitablemente lo contrario" (fs. 421 vta.).
Por tales motivos, solicitó la recalificación de los hechos en la figura del art. 166 inc. 2 del Código Penal, aplicando a su vez el art. 47 del mencionado Código (v. fs. 421 vta.).
I.3. Finalmente, de manera subsidiaria, denunció la afectación de los principios de culpabilidad por el acto, pro homine , proporcionalidad y razonabilidad de la pena, así como también el derecho del condenado a ser oído (conf. arts. 8.1., CADH; 14.1., PIDCP; 40 y 41, Cód. Penal; v. fs. 421 vta./426).
Puntualizó que la reducción de las penas por parte del Tribunal de Alzada se hizo de manera arbitraria, desproporcionada y sin audiencia de visu . En su apoyo, citó el fallo "Casal" de la Corte nacional (v. fs. 422/423).
Indicó que no se había justificado el mayor grado de culpabilidad con base en el dato azaroso de la edad de la víctima (v. fs. 423).
De igual manera, criticó la agravante nocturnidad por haberse ponderado de manera objetiva, explicando que "...la hora per se no resulta un argumento válido para su ponderación con entidad aumentativa del reproche penal. El momento del día debe necesariamente vincularse con el hecho, lo que aquí el a quo no hace para demostrar la razonabilidad de su ponderación" (fs. cit.).
En cuanto a la declaración de reincidencia y la afectación de la garantía contra el doble juzgamiento, recordó que la aplicación de dicho instituto tenía efectos perjudiciales para su asistido (art. 14, Cód. Penal; v. fs. cit.).
Continuando con los planteos relativos a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, sostuvo que las características de la víctima a las que el Tribunal de Casación Penal hizo referencia, vinculadas a su corta edad, configuraban un dato aleatorio que -como tal- no podía incrementar el reproche a sus asistidos por quebrantar el principio de culpabilidad (art. 18, Const. nac.). Agregó que tal criterio ponderaba en mayor medida la vida de una persona por sobre la de otras, violando el principio de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.; v. fs. 423 vta. y 424).
Finalmente, afirmó que la agravante basada en los antecedentes penales debería ser rechazada por afectar la garantía contra el doble juzgamiento. Explicó que la pena impuesta a Luna era desproporcionada pues, además de declararlo reincidente, se valoraron sus antecedentes penales como agravantes, imponiéndole una pena dos años más alta que la de Velázquez (v. fs. 424 vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó la imposición de una sanción adecuada a la culpabilidad de sus asistidos, en tanto la reducción de solo dos meses efectuada por el Tribunal de Alzada era meramente simbólica además de arbitraria (v. fs. 425).
II. En su dictamen de fs. 452/461, el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
Coincido parcialmente con lo así dictaminado.
El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley procede parcialmente.
III.1. Previo a ingresar al fondo de los reclamos, resulta pertinente aclarar que, teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación (v. fs. 430/432), así como también que del informe de fs. 449 surge que la defensa oficial no dedujo queja, se abordarán únicamente los planteos de ley sustantiva referidos a la errónea aplicación de los arts. 40, 41, 47 y 165 del Cód. Penal, sin que corresponda efectuar ninguna consideración sobre los tópicos de pretenso cariz federal.
III.2.a. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación Penal afirmó que las críticas de la defensa oficial, vinculadas a la calificación legal de los hechos, configuraban una reedición de las expuestas en el juicio (v. fs. 387).
Sin perjuicio de ello, explicó que se tuvo por debidamente acreditada la participación de los encausados en el hecho que culminó con la muerte de Efraín BarreroÁvalos. Para ello, trajo a colación los dichos de la testigo presencial Romina Cisterna, quien dijo vivir en el barrio donde acontecieron los hechos y conocer a los acusados, agregando que el día de los acontecimientos vio como "...en la plaza, alrededor de las cinco y media de la mañana, Velázquez y Luna junto a otra mujer de pelo largo, interceptaron a Ávalos. [...] mientras 'Osvaldito' Velázquez lo sujetaba, 'Coquito' Luna lo desapoderaba de sus pertenencias, momento en el cual y sin mediar palabra alguna lo hincó -hizo el gesto- en la parte de adelante -marcando el pecho- y salieron corriendo". Ponderó que la testigo también había aclarado que el elemento utilizado para lastimar a la víctima fue tirado detrás de una ligustrina por los nombrados, quienes pasaron a su lado cuando se fueron del lugar (v. fs. 387 y vta.).
El órgano revisor adunó que, de manera coincidente con lo manifestado por la testigo, se secuestró a cien metros del lugar de los hechos un cuchillo del tipo tramontina con hoja metálica y mango de plástico; de igual manera, la doctora Regaglia constató que la víctima tenía una herida punzo cortante en la región anterior del tórax. Del mismo modo, estimó que la prueba de cargo se vio reforzada por los dichos de Basilia Alvarado y Lidia Maldonado, así como también con el acta de inspección ocular, el croquis ilustrativo y el informe de autopsia (v. fs. 387 vta. y 388).
Aclaró que la circunstancia de que no se hubiera encontrado el perfil genético de los imputados en la prueba de ADN practicada en la hoja del cuchillo incautado, no conmovía la prueba de cargo (v. fs. 388 vta.).
Luego, afirmó que, si bien el tribunal de mérito no se había expedido con relación a las testimoniales de descargo dirigidas a demostrar que Velázquez en el momento de los hechos estaba descansando en su vivienda, aseguró que tales dichos "...no resultan suficientes para conmover el plexo cargoso" (fs. 388 vta.).
Concluyó que el órgano de origen había arribado a la certeza necesaria para sindicar a Luna y Velázquez como coautores del evento ilícito en cuestión. Puntualizó que "...Luna en plena faena delictiva y con la colaboración de Velázquez y sin poder determinar los motivos, hincó con el cuchillo a la víctima a la altura del pecho, lo cual provocó la huida de dichos sujetos con la res furtiva y el posterior deceso de la víctima producto de la herida recibida, extremo corroborado pericialmente con la prueba de autopsia. Y si a ello le agregamos, que si el cuchillo fue encontrado en la ligustrina que señalara la testigo Cisterna, que quien pasó al lado de ella y arrojó el arma blanca fue Luna y si además éste era el que efectuaba movimientos de hincar en el tórax a la víctima con algo en la mano, se puede afirmar sin hesitación alguna que quien protagonizó el evento ilícito junto a Velázquez fue Luna" (fs. 388 vta. y 399).
III.2.b. En cuanto al pedido de aplicación del art. 47 del Código Penal, el Tribunal de Casación lo descartó por estimar que los hechos se hallaban debidamente calificados en los términos del art. 165 del Código Penal (v. fs. 389 vta.).
Explicó que se tuvo por demostrada la acción conjunta de los imputados que interceptaron a la víctima con claros fines de robo y que "...en ese trance, mientras Velázquez lo sujetaba, Luna lo desapoderaba de sus pertenencias y, sin mediar palabra lo hincó con un cuchillo a la altura del tórax, encontrando la víctima la muerte" (fs. 389 vta. y 390).
Adunó que "...la aceptación de ir a robar con un arma blanca, no transforma en exceso que uno de los intervinientes matara a la víctima, ni surge de la causa el menor elemento que así lo indique. Por tanto, la intención común del resultado muerte estuvo presente en todas y cada una de las circunstancias del caso, lo cual resulta patente a raíz del empleo de un cuchillo, en franca aceptación del resultado letal que presupone el uso del referido objeto vulnerante" (fs. 390).
De seguido, explicó que resultaban aplicables las reglas de la coautoría funcional en la realización del tipo complejo del art. 165 del Código Penal, pues había existido un acuerdo previo entre los nombrados que se llevó a la práctica y derivó en la consumación del hecho planeado, entendiendo que "...si fueron armados, es que juzgaron la posibilidad de emplear el arma en caso de amago de resistencia por la víctima o el posible auxilio de terceros" (fs. 390 vta.).
Concluyó que se había probado debidamente que Luna y Velázquez no dudaron en llevar adelante una empresa delictiva de gran peligrosidad, consistente en portar un arma blanca, intimidando con dicho elemento a la víctima, y que "...aún y en el caso en que Luna y Velázquez no hubieran sido quienes hincaran a la víctima fatal con el cuchillo, se trata, en el caso, de ser coautor directo, quien también resulta responsable del delito complejo aunque no solo haya sido el que mate, en cuanto todos aceptaron el hecho, con anterioridad a su perpetración" (fs. 391).
En cuanto al aspecto subjetivo, sostuvo que el art. 165 del Código Penal incluye los supuestos de homicidios dolosos, culposos o preterintencionales. En su apoyo, trajo a colación precedentes de esta Corte en los que se afirmó que dicho delito abarca a quienes participan del desapoderamiento violento aun cuando no hayan sido autores de la muerte desde que el grado de participación debe analizarse desde el ilícito de base y no con relación al resultado calificante (v. fs. 391/393).
Por tales motivos, descartó el pedido de aplicación del aludido art. 47 (v. fs. 393).
III.2.c. Por último, en cuanto a los planteos vinculados a la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, el tribunal revisor hizo lugar parcialmente.
En lo que aquí importa, para confirmar la nocturnidad como agravante, explicó que se había demostrado que, si bien estaba amaneciendo, en la plaza donde aconteció el evento había poca luz porque los faroles estaban rotos. En su apoyo, trajo a colación jurisprudencia de esta Corte en la que -a su entender- se dijo que la nocturnidad se debe valorar objetivamente (conf. P. 68.427, sent. de 28-V-2003; v. fs. 399).
En lo que hace a la juventud de la víctima, afirmó que el art. 41 del Código Penal, al hacer referencia a "...la calidad de las personas", permite contemplar las condiciones personales de la víctima, entre las cuales se encuentra su edad. Aclaró que no se trataba de otorgar mayor valor a una vida por sobre otra, sino que el dato en cuestión revelaba, cuando la víctima es una persona de escasa edad, un mayor grado de culpabilidad en el autor (v. fs. 399 y vta.).
IV. Sentando lo anterior, y teniendo en consideración el alcance con el que fue concedido el recurso, corresponde analizar la procedencia de los reclamos.
IV.1. Las críticas relativas a la errónea aplicación del art. 165 y a la inobservancia de los arts. 47 y 166 inc. 2, todos ellos del Código Penal, resultan notoriamente insuficientes (conf. art. 495, CPP).
Al momento de interponer tales agravios, la defensa oficial desarrolló fundamentos genéricos y dogmáticos en torno a la calificación legal de los hechos, en tanto no rebatió -ni siquiera mínimamente- los argumentos a partir de los cuales el Tribunal de Alzada confirmó la condena de primera instancia.
En tal sentido, y sin hacer ninguna diferenciación en el planteo respecto al rol de Luna y Velázquez -pese a que se tuvo por probado que fue el primero quien hincó el cuchillo tipo tramontina en el pecho de la víctima mientras que el segundo lo sostenía (v. fs. 281/301, en especial fs. 291)-, afirmó que, si bien había existido un nexo causal entre el robo y la muerte, no se demostró la imputación objetiva ni la subjetiva exigida por el art. 165 del Código Penal. Sin embargo, para fundar su pretensión, la parte no hizo ninguna consideración sobre las particulares características del caso.
Veamos.
El Tribunal de Alzada afirmó que, con base en la prueba de cargo ponderada por el órgano de mérito (dichos de la testigo presencial Cisterna, ratificados por Alvarado, Maldonado y Regaglia, informe de autopsia, croquis ilustrativo y secuestro de un cuchillo tipo tramontina a cien metros del lugar de los hechos), se acreditaron debidamente todos los extremos exigidos por el art. 165 del Código Penal. En tal sentido, puntualizó que se había probado debidamente la coautoría de los imputados en el robo, así como también en el homicidio ocasionado mediante la acción de Luna que, contando con la participación de Velázquez, le hincó un cuchillo tipo tramontina al damnificado a la altura del pecho, dándose luego ambos a la fuga con el celular sustraído.
Frente a ello, la defensa oficial nada dijo sobre los hechos que se tuvieron por acreditados y que llegaron incontrovertidos ante esta Corte. Por el contrario, la parte se limitó a formular consideraciones desvinculadas de lo debatido y resuelto, tales como que "...de lo único que hay certeza es que el sujeto que quiso matar y así lo hizo no fue ninguno de [sus] asistidos; pues, a todo evento lo hizo, sin el consentimiento de aquellos" y que se omitió "...señalar concretamente qué hizo cada uno de los intervinientes en el hecho" (fs. 418 vta.), sin reparar en que, del fallo de condena -confirmado por la casación-, surge expresamente que fue Luna quien, con la ayuda de Velázquez, hincó con un cuchillo a la víctima.
También llama la atención el planteo de la parte en cuanto refirió que no existió certeza suficiente para afirmar que Luna y Velázquez "...hubieran conocido y querido que [se] le disparara a la víctima de autos" (fs. 419), cuando el homicidio se cometió con un cuchillo y no con un arma de fuego.
De igual forma, las consideraciones sobre la supuesta falta de demostración del tipo subjetivo y la configuración de un caso de responsabilidad objetiva, tampoco pueden prosperar. Una vez más, la parte no se hizo cargo de ninguna de las razones dadas por el Tribunal de Casación que, luego de indicar los diferentes tipos de homicidio que -a su entender- encuadran en la figura de homicidio en ocasión de robo, consideró acertada la afirmación del órgano de mérito de que
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