Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133661
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.661, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.039 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a O., O. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de julio de 2019, rechazó los recursos homónimos interpuestos tanto por la defensa particular como por la fiscalía contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que condenó a O. A. O. a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente y abuso sexual con acceso carnal (tres hechos), todos en concurso real (arts. 55, 119 según ley 25.087, 2do. párr. en relación con el 4to. párr., inc. "f" y 119, 3er. párr., Cód. Penal; v. fs. 103/119 con relación a fs. 12/35).
Frente a lo así resuelto, fueron interpuestos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley por la defensa particular (v. fs. 124/132 vta. y 158/164 vta.) y por el Fiscal ante el Tribunal de Casación, doctor Carlos Arturo Altuve (v. fs. 134/143), siendo desestimados los indicados en primer orden por el tribunal intermedio, en tanto fue concedido el de la acusación, por resolución del 27 de febrero de 2020 (v. fs. 144/151).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 172/178), dictada la providencia de autos (v. fs. 189), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Fiscal ante el Tribunal de Casación sostiene ante esta Suprema Corte que se inobservó el art. 125 del Código Penal y que, en ese aspecto, se incurrió en absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba.
I.1. Plantea que los hechos también constituyeron el delito de corrupción de menores por haber dejado "...una huella profunda en el psiquismo de I.d.M.O., torciendo el sentido natural, biológico y sano de su sexualidad" y que "...no solo fueron pasibles de generar tales consecuencias, sino que efectiva y lamentablemente lo consiguieron" (fs. 137 vta.).
Alega que el fallo recurrido se aparta arbitrariamente de las constancias de autos pues tal afectación quedó evidenciada, entre otras, por las siguientes circunstancias: a) "...la víctima de autos fue iniciada precozmente en su vida sexual por su tío, teniendo apenas siete años de edad, primero con tocamientos inverecundos, luego con sexo oral, para llegar luego a accederla carnalmente en varias oportunidades"; b) "...que le hacía reproducir lo que la niña veían en películas que tenían contenido sexual, siendo que nada quita ni agrega [...] la adjetivación de las mismas como 'pornografía'"; c) "...que su tío intentó comprar su silencio haciéndole regalos a cambio de los abusos sexuales padecidos"; d) "...que en una oportunidad luego de eyacular dentro de la vagina de la niña le dio la 'pastilla del día después'"; e) "...que lo padecido la afectó de tal manera que durante la noche tenía pesadillas, no controlaba esfínteres, temía que le vuelva a pasar, y que hasta los diecisiete años de edad durmió con sus padres por esos motivos"; f) "...que también le afectó en su salud sexual y reproductiva, en tanto señaló que le daba vergüenza ir al ginecólogo, y que por lo vivido no quiso tener a su hijo por parto natural, pidiendo a gritos y llorando que le practiquen una cesárea"; g) "...que las secuelas también se evidenciaron cuando quiso iniciar su vida sexual consentida con su novio, siendo que le agarraba fuertes ataques de llanto lo que derivó en que le cuente a éste sus padecimientos"; h) "...que el accionar de su tío no se limitaba a satisfacer sus propios y aberrantes deseos sexuales, sino que incluían prácticas destinadas directamente a afectar la psiquis de su sobrina, como lo era cuando en presencia de sus padres pero sin que éstos lo vieran se tocaba y hacía gestos obscenos a su sobrina, o cuando le decía que el hecho de que la tocara estaba bien para que el día de mañana tenga buen físico"; i) "...que el temor de la víctima por lo sucedido ha trascendido la esfera de lo personal ya que en su psiquis se instaló el temor de que hechos similares le ocurran a su hijo"; y "...que lo vivenciado la afectó de tal forma que la joven intentó quitarse la vida en dos oportunidades" (fs. 138 vta. y 139).
El fiscal indica que el único argumento para descartar su reclamo sobre el encuadre legal consistió en señalar que las películas que veían el acusado y la víctima no eran pornográficas, cuando lo relevante es que la exhibición de esos filmes con contenido sexual a una niña de siete años, pidiéndole que reprodujera lo que en ellas veían constituye, junto con los demás delitos contra la integridad sexual por los que viene condenado, "...actos pasibles de marcar una huella profunda en el psiquismo de la [menor] -y así lo hicieron-, independientemente de que la niña pueda calificar la(s) imágenes como de pornográficas o no" (fs. 139 vta. y 140).
También refiere que el a quo exigió prueba tasada para tener por acreditado ese aspecto del hecho, cuando en nuestro sistema procesal rige el de sincera convicción de los jueces con desarrollo escrito de las razones que lo sustentan y el principio de libertad probatoria (v. fs. 140 y vta.).
En fin, estima que el Tribunal de Casación no ponderó prueba conducente, exigió prueba tasada y efectuó afirmaciones dogmáticas, desconociendo así los derechos fundamentales de las víctimas, especialmente tratándose de mujeres niñas víctimas de delitos contra la integridad sexual perpetrados en ámbitos intrafamiliares, en contravención de las obligaciones impuestas por la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia interamericana (v. fs. 140 vta./141 vta.).
I.2. Acerca de la inobservancia del art. 125 del Código de la materia controvierte el criterio del Tribunal revisor según el cual, en el aspecto subjetivo, no se encontraba presente el dolo directo que requeriría la figura penal pues las conductas del acusado "...no son suficientemente demostrativas de su voluntad de corromper a la víctima" (fs. 141 vta.).
Según la fiscalía, evidenciado que el accionar del imputado resultó idóneo a esos fines, "tanto por prematuro como por excesivo", no quedan dudas que no estuvo destinado a la mera satisfacción de sus propios deseos sexuales, sino que tuvieron impacto directo en "el psiquismo de la niña", así como en lo concerniente al "...sentido natural, biológico y sano de la sexualidad", que se vio seriamente menoscabado (v. fs. 141 vta.).
Siendo el bien jurídico tutelado la formación y el normal desarrollo de la sexualidad, por medio de esta figura penal se reprime "...la influencia negativa en el libre crecimiento sexual de las personas, buscando resguardar la normalidad y rectitud del trato sexual" de los menores de dieciocho años de edad, tal el caso de la víctima de autos, respecto de la cual la interferencia nociva tuvo lugar por la realización de actos sexuales prematuros, excesivos, desviados o perversos, los cuales, conforme doctrina legal de esta Suprema Corte, no se requiere que el resultado "efectiva corrupción" se concrete (v. fs. 142 y vta.).
De acuerdo con estos criterios, asevera que las conductas de O. tuvieron esa entidad corruptora. Entre los actos idóneos para promover la corrupción destaca la prematura exposición de la niña a imágenes de contenido sexual, el temprano inicio de su vida sexual, los sometimientos padecidos mediante el empleo de fuerza física y amenazas para lograr su cometido; mientras que también se advierten actos facilitadores de la corrupción de la niña como lo eran la promesa y entrega de regalos a fin de comprar su silencio, y las afirmaciones en cuanto a que esas prácticas le hacían bien, porque en un futuro iba a lograr un mejor físico (v. fs. 142 vta.).
En función de lo expuesto concluye que los elementos típicos del delito de corrupción de menores se encuentran satisfechos tanto en su faz objetiva como subjetiva.
II.1. Desde la ocasión del debate oral la parte acusadora solicitó el encuadre, entre los otros ilícitos, como promoción de la corrupción de una menor de edad mediando violencia e intimidación, según el art. 125, tercer párrafo del Código Penal, exponiendo sus razones (v. fs. 3, 7 y vta., 8 y vta., que corresponde a las fs. 253, 257 y vta. y 258 y vta. del principal, respectivamente).
II.2. A su turno, el Tribunal en lo Criminal dio por probada la siguiente materialidad ilícita:
En un primer tramo, "Que en el domicilio de calle … Nro … de Bahía Blanca, durante los años 2006 y 2007, un sujeto masculino mayor de edad, abusó sexualmente de su sobrina paterna y ahijada, I. d. M. O., nacida el … de noviembre de …, cuando la niña tenía apenas siete años de edad, comenzando con reiterados manoseos impúdicos en los genitales, por debajo de la ropa, chupándole los genitales a la menor y sus pechos, en circunstancias que el imputado convivía con la familia de aquella en el domicilio antes señalado, hechos cometidos generalmente en horas de la madrugada cuando los padres de la niña dormían y el encartado la iba a buscar a la habitación, para llevarla y hacerla ver películas de alto contenido sexual que él miraba, obligándola también a que le practicara sexo oral, tomándola fuertemente de los pelos." (fs. 24). Por mayoría, se decidió que el "sexo oral" no constituía una violación (por aplicación del art. 119 del Cód. Penal según texto previo a la ley 27.352) y se encuadró lo así descripto como abuso sexual gravemente ultrajante, por su duración y las circunstancias de realización, agravado por la situación de convivencia con la menor de dieciocho años (art. 119, 2do. párr. y 4to. párr., inc. "f", Cód. Penal; v. fs. 31 vta./33).
Y continuó con la materialidad ilícita: "Que a partir que la niña contaba con diez años de edad, la accedió carnalmente vía vaginal en al menos tres ocasiones: la primera fue en oportunidad que la víctima visitaba a los hijos de este sujeto, en calle … al ..., en horas de la noche, mientras sus hijos dormían, llevándola a un sillón que tenía en el domicilio, sacándole la ropa y tapándole la boca, sometiéndola sexualmente con acceso carnal vía vaginal, hecho cometido en el año 2010, antes que la víctima cumpliera 11 años. En el año 2014, en época de primavera, y mientras los padres de I. estaban trabajando, en horas de la mañana, en el domicilio de calle … Nro … de Bahía Blanca, donde la víctima vivía con su familia, en circunstancias que este sujeto -a sabiendas que la niña estaba sola- visitó la vivienda, fue hasta su habitación, la tomó por la fuerza del pelo, la tiró sobre la cama, le sacó el short y la ropa interior que la misma llevaba puestos y pese a la resistencia de la misma con patadas, aquel logró reducirla sobre la cama y la accedió carnalmente vía vaginal, eyaculando dentro, entregándole al otro día una caja con la pastilla del 'día después'. Finalmente, en el año 2016, en el mes de marzo, cuando la progenitora de la víctima estaba por dar a luz a su hijo, G. U. O., nacido el 22 de marzo de 2016, en circunstancias que tanto la madre como el padre de la niña I. d. M. se habían ido al hospital y el padrino y tío de la víctima había quedado a solas con la niña, a cargo de ella, en el mencionado domicilio de calle … …, la tomó por la fuerza después que aquella se bañó, le tiró del pelo y la accedió carnalmente vía vaginal, de espaldas contra una pared aledaña al baño. Que el imputado la intimidaba sistemáticamente, diciéndole que su padre iba a ir preso si ella contaba algo, que le podía pasar algo a su madre, y a su vez le hacía regalos para comprar el silencio de la niña" (fs. 28 y vta.). Sobre este tramo, por unanimidad, el órgano del juicio resolvió que se trató de tres hechos ocurridos en los años 2010, 2014 y 2016, constitutivos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real (arts. 119, párrs. 1ro. y 3ro. y 55, Cód. Penal; v. fs. 31).
Aclaró el Tribunal que para la agente fiscal la calificación de corrupción correspondía a los hechos ocurridos durante el período 2006-2007 (v. fs. 30).
El juzgador, unánimemente, descartó esa subsunción con el argumento de que, al ceñirse a los abusos ocurridos durante ese lapso, en oportunidad que O. le hacía mirar a I. películas con alto contenido sexual, y actuar en consecuencia, si bien "...toda alteración del normal desarrollo de la sexualidad, ya sea por prematura o por ser ejecutada con violencia, constituyen un daño a la integridad sexual de las víctimas, en este caso, no se alcanzó a reunir la prueba necesaria para que ello pueda constituir la promoción de la corrupción de un menor de edad, pues sólo contamos con los dichos de la víctima, y ninguna referencia a ello hace el informe psicológico obrante a fs. 27/29" (fs. 24 vta. y 25). En ese sentido añadió: "...todo acto intrusivo en la intimidad sexual de una nena de siete años puede desviar su normal desarrollo, pero para acreditar esta circunstancia debemos contar con prueba psicológica-psiquiátrica, que analice esta circunstancia, y en autos se carece de tal prueba", corroborante de la existencia de peligro de afectación de un normal desarrollo de la sexualidad de la niña (v. fs. 30/31).
II.3. En el recurso de casación la agente fiscal insistió con su postura (v. fs. 54 vta./57 vta.).
II.4. El Tribunal de Casación rechazó la pretensión de la acusación, al estimar que "...todo ataque a la integridad sexual trae aparejado como insoslayable consecuencia una afectación en la psiquis de la víctima, pero para que tales actos constituyan a su vez un supuesto de corrupción es razonable exigir -al menos desde un juicio potencial- la posibilidad de que tales actos marquen una huella profunda en el psiquismo del sujeto pasivo, con aptitud para torcer el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad, lo que no se verificó en el caso" (fs. 116 vta. y 117).
El revisor puntualizó que la víctima había aclarado durante el debate que las películas que vieron no eran pornográficas.
Seguidamente, transcribió parte de una doctrina de autor conforme a la cual el tipo penal reprime "...la influencia o interferencia negativa en el libre crecimiento sexual de las personas, mediante la realización de prácticas sexuales, que tengan la capacidad de pervertir o depravar sexualmente a la víctima" (fs. 117; el destacado me pertenece).
Luego añadió que, en el aspecto subjetivo, no se evidenciaba el dolo requerido por la figura ya que si bien "...las conductas desplegadas por el imputado tenían la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales, no son suficientemente demostrativas de su voluntad de corromper a la víctima". También citó un fallo de la Corte Suprema como "Causa Contini, L.L. 02-206" en referencia a una sentencia de dicho Tribunal del 13 de abril de 1936 (cuyo texto no se corresponde con el párrafo que se transcribió; v. fs. 117 y vta.).
III. Coincido con la conclusión del dictamen de la Procuración General pues el recurso es procedente según lo que sigue.
IV.1. En función de lo que se acaba de reseñar es necesario aclarar el camino que ha seguido la argumentación sobre el delito de corrupción de menores en las distintas instancias judiciales.
El Tribunal en lo Criminal tomó en consideración la conducta del acusado desplegada durante los años 2006-2007 (la víctima nació en noviembre de 1999) y sostuvo que era necesaria prueba pericial para demostrar que hubiera generado peligro de afectación del desarrollo sexual de la niña (porque solo se contaba con la declaración de la víctima y la pericia psicológica no daba cuenta de ello). Según el juzgador, la agente fiscal del debate había puesto especial acento en el dato de que O. le hacía mirar "...películas con alto contenido sexual", en un "...claro intento de tergiversar el desarrollo psico-sexual de la niña" (fs. 25).
Ante casación, la acusadora rechazó esa exigencia probatoria pues alegó que bastaba con computar que la niña había estado sometida a conductas idóneas, por excesivas y prematuras, para afectar su desarrollo psicosexual en virtud de las "...distintas y plurales circunstancias a las que la menor fue expuesta", durante el tiempo en que se desplegaron los actos de abuso sexual de toda índole, siendo que la niña contaba para entonces con apenas entre siete y once años de edad (v. fs. 57). De tal modo, invocó para fundamentar su posición circunstancias fácticas mucho más abarcativas que el solo hecho de que el acusado mirara en compañía de la niña películas con cariz erótico o sexual (pornográficas o no).
En lo que respecta a las circunstancias de hecho del caso el a quo se limitó a indicar que las películas no eran pornográficas y, en definitiva, descartó que pudiera inferirse un peligro para el normal desarrollo de la niña en la esfera que aquí se analiza.
Por otra parte, en lo que concierne al dolo, exigió la concurrencia de una voluntad de corromper en el autor, que reputó indemostrada.
IV.2. En primer lugar, este modo de analizar el caso por el órgano intermedio condujo a una decisión arbitraria porque no tomó en cuenta los fundamentos completos del planteo fiscal sobre los elementos fácticos que importan a los fines del encuadre legal, y que podrían resultar conducentes para la justa resolución del presente.
La exigencia de que los fallos sean fundados y aparezcan como una derivación razonada del derecho vigente tiende a resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso y tiene por objetivo esencial evitar que la decisión importe el producto del puro arbitrio de los jueces (conf. causas P. 105.114, sent. de 23-XII-2009; P. 115.836, sent. de 12-XI-2014; P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
No es relevante, porque no es decisivo, el dato señalado por el a quo en cuanto a si las películas eran o no pornográficas (y qué debe entenderse incluido en esta categoría) si, de todos modos, se dio por probado que se trataba de películas "de alto contenido sexual" vistas junto a una niña de siete años, de la que además se abusaba gravemente (incluido el acceso carnal vía oral) durante un período -según lo postulado- de al menos dos años. Así lo establece el veredicto al describir los hechos del primer tramo de la conducta.
Por lo tanto, asiste razón el Fiscal ante el Tribunal de Casación cuando afirma que lo que debía valorarse es la exhibición de películas "...junto a los demás hechos constitutivos de la materialidad ilícita" (fs. 139 vta.), no como un dato despojado de ese particular contexto.
La perspectiva de análisis debió ser todo lo amplia que el caso amerita, computando la información obtenida a partir de los dichos de los diversos testigos, empezando por la víctima (quien con dieciocho años declaró en el debate, escribió un diario íntimo y fue objeto de pericia psicológica), pues la fiscalía había pedido que se consideraran las "distintas y plurales circunstancias" a las que fue expuesta desde tan temprana edad.
Entre otros pormenores, deben ser examinados los puestos de relieve por la fiscalía en su recurso ante esta Suprema Corte y todo otro de realce que resulte de las actuaciones. Incluso, el propio Tribunal del recurso aludió a información significativa al tratar la impugnación de la defensa (v. fs. 110/114), pero no la consideró al momento de decidir el encuadre legal.
IV.3. En cuanto al derecho de fondo, sobre el cual también se argumentó en el recurso extraordinario, el art. 125 del Código Penal requiere que se evalúe si las circunstancias acreditad
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