Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132967
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.967, "Altuve, Carlos Arturo. Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 81.434 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a B., H. E." con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de octubre de 2018, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por el fiscal general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese departamento judicial que revocó la decisión del Juzgado de Garantías interviniente, declaró extinguida por prescripción la acción penal, sobreseyó a H. E. B. en orden a los hechos calificados como abuso sexual simple, abuso sexual agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal, reiterados, y dispuso su inmediata libertad (v. fs. 41/44 vta.).
Contra ese pronunciamiento, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 47/54 vta.), el que fue concedido por el tribunal a quo (v. fs. 68/73).
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. fs. 109/118), dictada la providencia de autos (v. fs. 119) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes se alzó el señor fiscal ante el tribunal intermedio denunciando arbitrariedad en la resolución dictada por fundamentación aparente. Ello así por entender que, contrariamente a lo afirmado por el órgano casatorio, el representante del Ministerio Público Fiscal no había solicitado en el recurso de la especialidad la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.205 ( rectius : ley 27.206), como tampoco había argumentado en esa oportunidad que el presente caso resulte equiparable al precedente "Bueno Alves" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 49 vta.).
Señaló, en concreto, que aquello que solicitara el señor fiscal en su impugnación ante el tribunal revisor fue la revocación de la sentencia dictada por la Cámara departamental por considerar que las acciones penales emanadas de los delitos imputados en la presente a su defendido no se hallaban prescriptos, habida cuenta que las obligaciones internacionales emanadas de los tratados de Derechos Humanos ameritan que todo obstáculo para la investigación de ilícitos que involucran violencia contra las mujeres -en este caso, niñas- deban ser removidos (v. fs. cit.).
Entendió que el fallo del Tribunal de Casación Penal adolece de un vicio de incongruencia por cuanto no respondió al planteo efectuado por la parte en razón de su falta de correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado, habiendo resuelto de modo citra petita y tornando anulable ese decisorio por arbitrario al haberse resuelto la impugnación planteada en base a fundamentos tan solo aparentes (v. fs. cit. y 50).
Consideró que tal como se puso de resalto en el recurso de casación "...las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarle el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual, y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva, se hallan vigentes desde el momento en que acaecieron los hechos que en autos se investigan, al momento de la denuncia efectuada por las víctimas y se mantienen incólumes hasta la actualidad. Y tales obligaciones poseen fuente de jerarquía constitucional (CIDN y CADH) y supralegal (Convención de Belém do Pará)" (fs. 50).
Adujo, en consecuencia, que una norma de inferior jerarquía como lo es en el caso el art. 62 del Código Penal, no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales a tenor de lo normado por el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados (v. fs. cit.).
Postuló que hacer prevalecer la prescripción de la acción penal conforme el citado art. 62 como aconteció en el supuesto de autos por sobre la obligación de investigar con la debida diligencia y, en su caso, poder sancionar a los responsables, implicaría vulnerar el principio de supremacía constitucional haciendo pasible al Estado argentino de responder internacionalmente por tales incumplimientos (v. fs. cit. vta.).
Indicó que en estos actuados la investigación no se vio abandonada ni demorada por inactividad o desinterés estatal en la persecución del delito, pues el Estado tomó noticia de los hechos en el año 2014 y desde entonces se han adoptado diversas medidas investigativas tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales de averiguación de la verdad e identificación de los responsables de los ilícitos en análisis. También refirió que la "demora" de las víctimas en realizar la denuncia no se debió a que hayan dejado de vivenciar conflictivamente el hecho, sino a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana (v. fs. 50 vta.).
Rememoró que la presente causa tuvo su origen a partir de las denuncias de M. A. G., N. G. F. y G. A. P. -actualmente todas mayores de edad- quienes sindicaron a H. E. B., como autor responsable de reiterados hechos de abuso sexual cometidos cuando las denunciantes eran menores (v. fs. 51 y vta.), y manifestó que si se mantuviera la declaración de prescripción dictada existiría afectación constitucional al no reconocerle a las víctimas el acceso a la justicia (arts. 8 y 25, CADH; casos CSJN, "Otto Wald", "Santillán" y "Juri"), dado que aquellas no tenían al alcance de manera visible y palpable el ejercicio de ese derecho (v. fs. 52).
Postuló su tesis de que la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos responsables que debían velar por su cuidado, se sostiene del claro sentido de concebir a los primeros como sujetos de derecho, que al no poder ejercitarlo durante esa etapa, lo deben tener garantizado una vez finalizadas las circunstancias internas y externas que les impedían dar a conocer lo que desde pequeños les habría atormentado (v. fs. cit. y vta.).
Concluyó, finalmente, señalando que la decisión de la Sala III del Tribunal de Casación Penal que ahora impugna (v. fs. 41/44 vta.), al confirmar la resolución que declaró extinguida la acción penal por prescripción en el caso, vulneró obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en base a fundamentos aparentes, por lo que solicitó se declare la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido, se deje sin efecto la declaración de prescripción y se ordene la prosecución de la investigación de los hechos denunciados que dieron lugar a la formación de la presente causa (v. fs. 54).
II. El dictamen de la Procuración General propició hacer lugar al reclamo fiscal en todos sus términos (v. fs. 109/118).
III. Para resolver la vía impugnativa deducida, es menester reproducir aquí los términos del recurso de casación oportunamente articulado por el señor fiscal general departamental (v. fs. 10/17 vta.).
III.1. En esa presentación, el fiscal general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, doctor Enrique Ferrari, impugnó el pronunciamiento de la Sala I del Tribunal de Alzada argumentando que aplicó en forma errónea la ley sustantiva (arts. 2, 62 y 63, Cód. Penal y 18, Const. nac.) al declarar la extinción de la acción penal por la causal de prescripción respecto de los delitos de abuso sexual perpetrados a mujeres, en contraposición con los principales Tratados y Convenciones de Derechos Humanos que el Estado argentino ratificó y por los cuales comprometió su voluntad de investigar y sancionar a los responsables (v. fs. 10 vta.).
Expuso que los presentes obrados tuvieron su génesis a partir de las denuncias efectuadas por M. A. G., N. G. F. y G. A. P. entre octubre y noviembre de 2014, a través de las cuales sindicaron al imputado H. E. B. como autor de reiterados hechos de abuso sexual cometidos cuando las nombradas eran menores de edad (v. fs. 11 y vta.).
Mencionó que la señora fiscal en la instancia de grado había solicitado al señor juez de garantías interviniente la detención del acusado H. E. B. en los términos de los arts. 146 y 151 del Código Procesal Penal en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal (Hecho I, damnificada M. A. G., presuntamente cometidos entre los años 1991 y 1996); abuso sexual agravado por el vínculo (Hecho II, víctima N. G. B. F., que habrían acontecido entre los años 2001 y 2005) y abuso sexual (Hecho III, víctima G. A. P., presumiblemente realizados entre los años 2000 y 2009); todos ellos reiterados y concursando materialmente entre sí (arts. 45, 55 y 119 párrafos primero, tercero y cuarto, inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 11 vta.).
III.2. Señaló que, frente a tal requisitoria, el señor juez de garantías consideró que existían elementos suficientes e indicios vehementes para sospechar que el nombrado B. participó en los delitos atribuidos, motivo por el cual ordenó su detención, la que se hizo efectiva el 25 de junio de 2016; y que luego de ello la agente fiscal formalizó la imputación con arreglo a lo normado en el art. 308 del Código de forma, decretando el señor juez su prisión preventiva por considerar acreditado prima facie los hechos en su exteriorización y su probable participación en los mismos (v. fs. 12).
III.3. Indicó que, con fecha 26 de junio de 2016, la señora defensora oficial había requerido que se declare extinguida la acción penal por prescripción, cuestión a la que el juez de garantías no hizo lugar conforme el auto interlocutorio de fecha 1 de julio de ese mismo año (v. fs. cit.).
III.4. Puntualizó que, impugnada que fue dicha resolución por parte de la defensa particular del encausado, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora resolvió revocar el pronunciamiento adoptado por el señor juez de grado y, en consecuencia, procedió a declarar la extinción de la acción penal por prescripción en orden a los ilícitos investigados, conforme los términos de los arts. 2 del Código Penal y 18 de la Constitución nacional. Para así resolver, ese Tribunal de Alzada acudió a los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal, exponiendo las razones por las cuales consideró que no podían ser aplicadas al caso las previsiones de las leyes 26.705 y 27.206 que modificaron los plazos de prescripción, por tratarse de normativas que resultaban más gravosas para el imputado B. con respecto a aquellas que se encontraban vigentes al momento de cometerse los hechos denunciados en estudio (v. fs. 12).
III.5. Consignó que el señor fiscal acudió a los fines de fundar su planteo recursivo en sede casatoria a los términos del art. 8, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, en cuanto prevé las garantías judiciales generales exigibles en el marco de un proceso: el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable y con las debidas garantías (v. fs. 12 vta.).
Destacó, asimismo, que en los supuestos de violencia contra la mujer las obligaciones establecidas en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se complementan y refuerzan con las disposiciones establecidas en la Convención de Belém Do Pará, dotando de contenido a la obligación estatal de investigar dichos casos con la debida diligencia y con una perspectiva de género (v. fs. cit. y 13).
Precisó que distintos instrumentos internacionales han enfatizado la necesidad de proteger a la mujer contra cualquier acto de violencia, en especial, los de violencia sexual y recordó que el Estado argentino ha ratificado los principales tratados de Derechos Humanos, por lo que ha comprometido su voluntad en la protección de las mujeres frente a estos actos de violencia y es responsable de actuar con debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones de Derechos Humanos, lo que implica que no solo debe abstenerse de cometer dichos actos sino que además, debe actuar con debida diligencia y bajo el cumplimiento de estándares internacionales incluso cuando son cometidos por agentes no estatales (v. fs. 13 y vta.).
Reseñó diversos precedentes en que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos encontró que la falta de prevención, investigación, sanción y reparación de casos de violencia contra la mujer constituye una violación de la Convención de Belém do Pará (v. fs. 14 y vta.).
Se abocó, también, al estudio del precedente "Bueno Alves" de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en tanto estableció el deber que tiene el Estado de investigar y cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional de éste. En ese marco, expuso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ordenó -en el caso "Buenos Alves"- reabrir la investigación pese a haberse declarado la prescripción (v. fs. 14 vta. y 15).
Coligió, en resumidas cuentas, que en el caso "Bueno Alves" el Máximo Tribunal dejó de lado la normativa interna y ordenó reabrir una causa cuya prescripción había operado, en cumplimiento de un pronunciamiento internacional (v. fs. 15 vta.).
Alegó, en función de los criterios jurisprudenciales reseñados, que no encontraba obstáculo alguno para solicitar que se aplique en estos actuados el precedente "Bueno Alves", aun cuando no se trate el presente caso de un supuesto de torturas, puesto que la violencia sexual hacia la mujer integra el conjunto de delitos que el Estado se ha comprometido a erradicar, prevenir, investigar y castigar, conforme lo expuso (v. fs. 15 vta.).
Entendió que los abusos sexuales que se habrían perpetrado sobre las mujeres aquí denunciantes constituyen una grave violación a los Derechos Humanos y su prescripción, en los términos en que fue resuelta, se contrapone con las obligaciones convencionales asumidas por el Estado argentino y las revictimiza (v. fs. cit.).
Consideró justo -en función de los precedentes citados- que se prevalezca el derecho de las víctimas por encima del principio de irretroactividad penal que beneficia al imputado, más aun habiendo corregido el legislador la normativa aplicable (arts. 63 y 67, Cód. Penal -según ley 27.206-), precisamente para evitar que actos como los que aquí se presentan quedasen impunes (v. fs. 15 vta. y 16).
Solicitó, finalmente, en la vía casatoria articulada que debía removerse cualquier obstáculo normativo interno que impida la efectiva realización de los derechos de la mujer víctima, por lo entendió justo aplicar obligatoriamente en el caso "...el párrafo segundo [...] del artículo 63 del Código Penal [-en ref. al texto incorporado por la ley 26.705, B.O. 5-X-2011-], lo cual tornaría arbitraria y sin sentido -conforme las constancias de autos- la declaración de la prescripción de la acción penal resuelta por la Alzada" (fs. 17).
IV. La Sala III del Tribunal de Casación Penal -a través del sufragio emitido por el juez doctor Borinsky, que concitó la adhesión del doctor Violini- frente a los reclamos vertidos por el señor fiscal general departamental, consideró que "La resolución de la Cámara que revoca la decisión de primera instancia, declara la extinción de la acción penal por prescripción y sobresee en consecuencia a H. E. B. es, a entender de es[a] Sala, derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa" (fs. 42).
Razonó, a los fines de motivar su decisión, que si bien resultaba claro el esfuerzo puesto de manifiesto en su presentación recursiva por el representante del Ministerio Público Fiscal para evitar la impunidad en los hechos concretos que habrían sido cometidos contra mujeres menores de edad, los argumentos del recurrente "...no conmueven las fundadas razones expuestas en el decisorio en pugna [dictado por la Cámara], pues la retroactividad de la ley penal sólo se permite en los casos en que la norma es más benigna para el imputado lo que, a simple vista, no es precisamente la circunstancia que rodea al presente caso, sino más bien todo lo contrario, llevando sin más a resolver en base a lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Fondo según ley 25.990 ([sancionada el] 16/12/2004 [-B.O. 11-I-2005-]) y no así en los términos de la ley 27.206 (B.O. 9/11/15 [ rectius : B.O. 10-XI-2015]) -como se pretende [en el recurso fiscal]- donde se extiende el plazo temporal que mantiene viva la acción penal contra el imputado, lo que le resulta claramente perjudicial por ser obviamente más gravosa que la vigente al momento de los hechos" (fs. 42 vta.).
Recordó que "...esta última [-ley 27.206-] estableció como párrafo cuarto [del aludido art. 67] que en los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 parte final, 130 párrafos segundo y tercero, 145 bis y 145 ter del Código Penal se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría" (fs. cit.).
Argumentó que todo ello responde "...ni más ni menos, al principio de legalidad que rige en materia penal (artículo 18 de la Constitución Nacional) donde dentro de su contenido se encuentra la irretroactividad de la ley, y es por ello que no puede neutralizarse (como se pretende [en la impugnación fiscal]) con la sola invocación de los lineamientos que surgen de la Convención Americana [s]obre [...] Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la vigencia de normas nacionales (como los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional), ni de iguales normas convencionales a través de las cuales el Estado también asumió compromisos internacionales frente a los que debe responder (artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.2 de la Declaración de Derechos Humanos, entre otros)" (fs. 42 vta. y 43).
Puntualizó, asimismo, que "...ante el pedido de analizar el presente caso bajo las pautas y circunstancias establecidas en el fallo 'Bueno Alves vs. Argentina' del 11 de mayo de 2007, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diré que los supuestos fácticos que se imputan a H. E. B. en el presente [-en el que el fiscal le atribuyó la autoría responsable de diversos hechos de abuso sexual reiterados-] no se condicen con los de aquél (como bien lo aclara la parte recurrente [...]) donde se hace referencia a la responsabilidad internacional del Estado por los actos de tortura en perjuicio del nombrado Bueno Alves por parte de agentes policiales, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos, por lo que al no ajustarse a lo allí expuesto, lo intentado no prospera" (fs. 43 y vta.).
Por último, al amparo del cuadro argumental antes des
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