Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133122
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.122, "Saldaña, Matías Luis Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa En 87.273 y su acum. 87.274 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante el tribunal intermedio, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 184/207), el cual fue declarado parcialmente admisible por el tribunal a quo (v. fs. 219/223 vta.). Contra dicha decisión la defensa dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 319/327 vta.), la que fue admitida por esta Suprema Corte y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley promovida mediante el dictado de la resolución de 29 de abril de 2020 (v. fs. 329/331).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 338/342 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 344) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La señora defensora oficial denunció la errónea revisión de la sentencia de condena con afectación de las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo -arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. fs. 191 vta.).
Adujo que el tribunal intermedio efectuó una exploración formal de los elementos probatorios valorados, sustrayéndose así del examen integral que se le impone por la garantía convencional vinculada con el "doble conforme", limitándose a reeditar las consideraciones expuestas por el juzgador de origen (v. fs. cit. vta. y 192).
Afirmó, luego de transcribir la respuesta del órgano revisor frente a la denuncia formulada por la defensa de absurda valoración probatoria respecto de la intervención ejecutiva del acusado Saldaña en el hecho identificado como n° 1 (v. fs. 192/195), que resultaba palmario que el sentenciante "...se limitó a convalidar la sentencia de condena desentendiéndose de efectuar una compulsa propia y lo más amplia posible de la totalidad de las actuaciones..." (fs. 195 vta.).
Así, consideró que la Casación se desentendió de cuestionar diversas circunstancias, enumerando las siguientes, que: i) en relación con los numerosos disparos que el fallo originario tuvo por acreditados se dirigieron a la víctima, no pudo determinarse cuántos y quién los efectuó (v. fs. 195 vta.) y ii) en dicho pronunciamiento de mérito nada se dijo si la cantidad de disparos que se les atribuyó fueron efectuados por su asistido y seis sujetos activos más, como así que esos datos tienen -únicamente- por fuente los dichos de la víctima Sergio Gabriel Justiniano Giménez prestados bajo juramento, quien afirmó que los sujetos le efectuaron a su persona "... más de 30 disparos" y aclaró que cada uno de esos sujetos realizó "...4 o 5 disparos cada uno" (fs. 196 y vta., el destacado figura en el original).
De igual modo reseñó los informes de los peritos Díaz y Rodríguez, del instructor judicial Andrés Nieves, de la perito Tamara Rodríguez y la declaración de la vecina Patricia Duarte, y concluyó que "...aquellos agujeros que podrían ser compatibles con disparos de armas de fuego, además de no estar asegurado que lo fueran, bien podrían ser de algún hecho anterior" (fs. 196 vta. y 197).
Recordó, seguidamente, que la credibilidad de los dichos del "testigo/víctima" Sergio Gabriel Justiniano Giménez fue cuestionada por esa defensa y señaló que de la compulsa de la causa surgía que antes de arribar el nombrado al lugar donde acaeció el evento ya había habido disparos allí (v. fs. 197 y vta.).
Postuló, en concreto, que solo una desnaturalizada tarea revisora pudo convalidar el aserto del tribunal de mérito en cuanto a que "...No es cierto que la prueba muestra que una persona dispara tres veces a la víctima y le da y luego, siguen los tiros hacia un lugar distinto de la víctima" , como así también que el tribunal casatorio debió cuestionarse "...cómo [...] resultó creíble a la jurisdicción de grado que disparándole al menos 6 personas a [la víctima Sergio Gabriel Justiniano] Giménez más de 30 proyectiles de arma de fuego, sólo 3 disparos le ocasionaron lesiones a la postre caracterizadas por el perito de la Asesoría Pericial como leves , sólo 2 impactos de proyectil quedaron en la camioneta [...] estacionada [...] a una cuadra del local de Alicia Giménez donde fue herido su hijo Sergio [...] y dos agujeros posiblemente compatibles con impactos de proyectil en el frente del local -en el Centro de ayuda de la Iglesia Evangélica[-]; y no haber logrado los agresores el fin propuesto -dar muerte a Sergio Gabriel Justiniano Giménez, quien estaba solo en la puerta del polir[r]ubro, entre éste y el rodado de su progenitora que no sufrió en ese momento impacto alguno como tampoco ésta que salió a auxiliar a su hijo, llevándolo en su auto al hospital [...]-[,] sin quedar ningún elemento de interés balístico (proyectiles, vainas servidas, etc[.]) en el lugar donde se habría llevado a cabo una balacera contra la humanidad de Sergio Giménez" (fs. cit. vta. y 198, el destacado figura en el original).
Criticó que el órgano revisor no efectuó en su fallo un cuestionamiento para responder el planteo de la defensa acerca de que no se pudo acreditar que el imputado Matías Luis Alberto Saldaña hubiera disparado en dirección a la víctima, siendo que a todo evento se le debió imputar a aquel el delito de abuso de armas -en su parecer-, si se tiene en cuenta que el acusado "...[le] habría disparado desde la otra esquina y que las lesiones sufridas por [Sergio] Giménez fueron caracterizadas por el perito de Asesoría Pericial como leves, sin haberse incautado en el lugar del los hechos [...] rastros de interés balístico luego de una 'balacera' que afirm[ó] la jurisdicción contra la víctima" (fs. 199 y vta.).
Enfatizó, en ese marco expositivo, que se le debió atribuir a su defendido -a todo evento- el delito de abuso de armas, pues habría disparado contra una persona sin causarle lesión o incluso, de considerar por vía de hipótesis acreditado que uno o dos proyectiles que causaron heridas en Sergio Gabriel Justiniano Giménez fueron disparados por Saldaña, la lesión que le habría ocasionado fue de carácter leve, e indicó que la Casación al rechazar este planteo de la defensa conculcó los principios del debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo (v. fs. 199 vta.).
Adujo, también, que un examen amplio y propio de la totalidad de las constancias de la causa, como lo impone la labor revisora del tribunal intermedio -y no limitada a convalidar el fallo de condena-, lo hubiera llevado a cuestionarse cómo entonces el mismo juzgador de origen encuadró el hecho n° 6 como constitutivo del delito de abuso de armas y que le fue atribuido a Marcos Sebastián Espinoza, y que del mismo modo procedió con el suceso individualizado como n° 7 que se tuvo por demostrado y le fue adjudicada su comisión a Hugo Ezequiel Tabari (v. fs. 200 y vta.).
Agregó que, cuanto menos, correspondía la aplicación del principio de la duda beneficiante, ello con sustento en que la prueba de cargo junto a los informes efectuados en el lugar del hecho, las constataciones del médico de la Asesoría Pericial sobre el cuerpo del damnificado -que habrían verificado la existencia de lesiones leves- y la prueba testimonial prestada por Sergio Gabriel Justiniano Giménez y Carlos Medardo Amud, no resultarían más cargosas, convincentes y acreditantes de la comisión por parte de Saldaña de un abuso de armas, con relación a aquella prueba que por los aludidos hechos n° 6 y 7 se condenó por el delito de abuso de armas a los nombrados Espinoza y Tabari, respectivamente (v. fs. 200 vta. y 201).
Concluyó, en este tramo de su queja, que el tribunal a quo debió compulsar -en su condición de garante de las ya mencionadas garantías de raigambre constitucional- si la prueba fue idónea, pertinente y útil para derribar el principio de inocencia de su asistido en cuanto a tener por acreditada su participación como coautor responsable del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de armas, y no como -a todo evento propició la defensa- autor de la figura legal de abuso de armas (v. fs. 201).
Indicó, adicionalmente, que la sentencia cuestionada se apartó de los lineamientos de esta Corte referidos al modo en que debe procederse al examen de las sentencias de condena con sustento en los precedentes "Casal", "Sindicato de la industria Cinematográfica Argentina", "Descole", "Martínez Areco" y "Silva" -entre otros-, todos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en las causas P. 96.240; P. 99.084; P. 89.939 y P. 110.354 -entre otras-, emanadas de este Tribunal (v. fs. 201 vta./203).
II. En segundo lugar, la recurrente denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la afectación de los principios de razonabilidad de las penas, culpabilidad, proporcionalidad y de la resocialización de la sanción penal (v. fs. 203).
Recordó, sobre el punto, que esa parte no había alegado la arbitrariedad de la sanción impuesta por el mero apartamiento del mínimo legal aplicable que parte de cinco años y cuatro meses de prisión, sino por resultar irrazonable a los fines esenciales de la pena (la socialización y no la retribución de un mal con otro), cuestionando que aún no encontrarse acreditada la agravante del número de disparos efectuados contra la víctima Giménez, valorando una atenuante y dos agravantes, se había mensurado la pena en once años de prisión en relación con una escala concursal cercana a la del delito consumado (v. fs. 204 y vta.).
Efectuó, además, una comparación entre la penalidad establecida respecto de su defendido y la situación del coimputado Hugo Ezequiel Tabari, quien "...disparó contra Giménez en dos hechos distintos y contra Sergio Ezequiel Rodríguez do Santos" y se le aplicó la pena de doce años de prisión en función de la escala concursal que entendió aplicable como autor de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, abuso de armas y lesiones culposas con arma de fuego -en concurso real- y de las mismas pautas atenuantes y agravantes, lo que denota que "...la jurisdicción de grado dosificó arbitrariamente la pena para con Saldaña al fijarla en once años de prisión, careciendo la misma de fundamentación " (fs. 204 vta., el destacado figura en el original).
Indicó, en síntesis, que la imposición a Saldaña de una pena que se eleva en más del doble del mínimo legal de la escala penal concursal, esto es que supera en cinco años y ocho meses el aludido mínimo legal, sin otro fundamento que el haberse valorado una circunstancia atenuante y dos agravantes, resulta -a su modo de ver- violatoria de los principios constitucionales mencionados -en particular, el referido a que la culpabilidad por el hecho reprochado es el presupuesto de la pena- y no constituye un fundamento válido de la determinación de la sanción fijada (v. fs. 205 y vta. y 206).
Adujo, en esa línea de pensamiento, que la sanción establecida a su asistido si bien se encuentra dentro de la escala penal aplicable, la misma no se correspondería con la culpabilidad de Saldaña por los sucesos atribuidos -en concurso real-, configurándose el supuesto de arbitrariedad denunciado al no haber exigido el órgano revisor un mayor rigor en la fundamentación del alejamiento de los mínimos establecidos para la escala penal empleada y al convalidar sin el debido sustento el monto de pena impuesto por el tribunal de origen -por mayoría-, en tanto la Casación resolvió esa cuestión con apoyo en una mera afirmación dogmática, según lo expuso (v. fs. 205/206).
Solicitó, en definitiva, se case la sentencia impugnada, se declare la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y se reenvíen los autos al Tribunal intermedio para que -previa audiencia de visu - imponga una sanción respetuosa de las garantías constitucionales citadas -art. 496 del Código Procesal Penal- (v. fs. 206 vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. fs. 338/342 vta.), postura con la cual coincido.
III. En cuanto al primero de los planteos reseñados, según he de señalar, la decisión del tribunal a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denunció.
III.1. La materialidad ilícita que tuvo por legalmente comprobada el tribunal de mérito con relación al identificado como hecho n° 1, da cuenta que: "El 04/12/2014 a las 15.00 hs., en Rodríguez Peña y Paraná, barrio Costa Esperanza, Loma Hermosa, un grupo de al menos seis sujetos, intento matar a Sergio Gabriel Justiniano Giménez cuando estaba parado junto a un automóvil estacionado frente al comercio de su madre. Uno de los sujetos le comenzó a disparar con un arma de fuego y los demás, que inicialmente hicieron disparos en otra dirección, también efectuaron disparos de arma de fuego contra la víctima, quien fue herida en antebrazo izquierdo, mano izquierda y cuello, siendo atendido en el Hospital Bocalandro", y que "A diferencia de la pretensión Fiscal, no fue probado que el hecho fuese realización de un plan común, previamente ideado para matar a la persona nombrada. Ni que se le acercaran y buscaran resguardo, antes de comenzar a dispararle. Antes bien, lo último fue únicamente hecho por el agresor apodado Merengue y no, por los demás que, en todo caso, se sumaron a la agresión tras efectuar inicialmente disparos hacia la casa de un familiar de [Sergio Gabriel] Justiniano Giménez, con quien mantenían el conflicto central" (fs. 15 vta., el destacado figura en el original).
El órgano de juicio tomó en consideración para la acreditación de dicha materialidad infraccionaria las declaraciones testimoniales de la víctima Sergio Gabriel Justiniano Giménez (v. fs. 16 y vta.) y de Carlos Medardo Amud (v. fs. 16 vta. y 17), Alicia Noelia Giménez (v. fs. 17 y vta.) y Carina Celina Donamaría (v. fs. 18 y vta.), así como el informe de inspección del instructor judicial Andrés Nieves (v. fs. 17 vta. y 18), las fotografías agregadas al mismo (v. fs. 18), la historia clínica de la víctima en el Hospital Bocalandro, la constancia de fs. 332/333 del principal, el informe de los peritos Díaz y Rodríguez en la vía pública, el reconocimiento médico pericial de la víctima -que dijo que esta sufrió herida de arma de fuego en pliegue del codo y pidió estudio para caracterizar la lesión- y pericia médica de la Asesoría Pericial departamental llevada a cabo por el doctor Gustavo Feldman -quien tras describir las lesiones señaló que, en su opinión, debían ser caracterizadas como leves- (v. fs. 19 vta.).
Luego, al momento de abordar la segunda cuestión del veredicto referida a si se encontraba acreditada la participación del acusado Matías Luis Alberto Saldaña en el hecho n° 1, el tribunal del debate concluyó -en lo medular- que el nombrado, junto a Marcos Sebastián Espinoza, Jonathan Nahuel Molina, Hugo Ezequiel Tabari y Eduardo Ariel Sánchez, resultaban ser coautores responsables en el intento de terminar con la vida de Sergio Gabriel Justiniano Giménez, agresión que comenzó Tabari y continuó con disparos realizados por los demás, quienes lo acompañaban, siendo que esa acción produjo que la víctima recibiera tres disparos, uno particularmente riesgoso, en la zona del cuello (v. fs. 25 vta.), ello así en función del plexo probatorio del que dio cuenta (v. fs. 26/30).
III.2. Al interponer el recurso de casación, la defensa oficial de Matías Luis Alberto Saldaña -en lo que es materia de análisis- denunció que la sentencia condenatoria incurrió en absurda valoración de la prueba en orden a la acreditación de la participación criminal del nombrado en el hecho n° 1 calificado como tentativa de homicidio en perjuicio de Giménez (v. fs. 46/49 vta.).
Criticó en esa oportunidad que el tribunal de grado se remitió a fin de fundar su decisión, a la declaración de la víctima Sergio Gabriel Justiniano Giménez y del testigo Carlos Medardo Amud, quien -a su juicio- "...no aporta nada que permita avalar la interpretación del Tribunal" y afirmó que existieron contradicciones en las sucesivas declaraciones prestadas en autos por las testigos Alicia Giménez -madre de la víctima- y Carina Donamaria -amiga de la anterior-, pues entendió verídica la circunstancia de que "...ambas se encerraron en el baño antes de empezar los disparos [contra Giménez] y nada vieron hacia afuera" (fs. 46 vta. y 47).
En resumen, adujo que conforme surge de la declaración de la víctima, quien disparó en su contra fue "Merengue" -refiriéndose a Hugo Ezequiel Tabari-, mientras los demás tiraban hacia otro lado, y concluyó que aun si fuera cierto que ese grupo hubiera tirado luego hacia donde estaba el damnificado, de ello no se sigue necesariamente que "...tuviera en mente [el] dolo de matar", podría haber sido abuso de armas en tanto ninguna de esas balas lo hirieron (v. fs. 47 vta./48 vta.).
Luego, la defensora oficial adjunta ante el tribunal casatorio en ocasión de presentar la memoria que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal desistió de la realización de la audiencia respectiva ante esa sede y mantuvo el recurso interpuesto (v. fs. 72 y vta. -conf. surge de fs. 80-).
III.3. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, por intermedio del voto inaugural del doctor Mancini, que concitó la adhesión simple del magistrado Ordoqui, convalidó lo actuado por el juzgador de la instancia originaria (v. fs. 77/87).
A tal fin, señaló de un modo liminar en respuesta a la alegada ajenidad del imputado Matías Luis Alberto Saldaña respecto del hecho n° 1, que no advertía demérito alguno que justifique la actividad casatoria de ese Tribunal de Alzada sobre la recreación histórica del suceso de marras y la intervención material -en lo que importa destacar- del nombrado en torno a dichos extremos de la imputación. Así, coligió que "...pudo establecerse a través de la prueba reunida en el juicio que fueron precisamente los nombrados [acusados -en referencia a Pedro Emanuel Sosa, Matías Luis Alberto Saldaña, Marcos Sebastián Espinoza, Jonathan Nahuel Molina, Hugo Ezequiel Tabari y Eduardo Ariel Sánchez-] quienes, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar recreadas en el fallo, intentaron dar muerte a Sergio Gabriel Justiniano Giménez" (fs. 80 vta.).
Indicó, en respuesta a la tesis sostenida por la defensa vinculada con la alegada ajenidad del imputado Saldaña -y también de los mencionados acusados Sosa, Espinoza y
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