Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 133152
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 133.152, "Altuve, Carlos Arturo -fiscal ante el Tribunal de Casación-; Benavidez, Leonel Darío y Huet de Bacelar Cochofel, Leandro Javier. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.599 y su acum. n° 83.604 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, mediante el decisorio del 2 de octubre de 2012, dictó veredicto absolutorio respecto de Leandro Javier Huet de Bacelar y Leonel Darío Benavidez, en orden a los delitos de homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego por los cuales fueran acusados, por el beneficio de la duda (v. fs. 49/68, legajo casatorio n° 83.604).
Luego la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 12 de noviembre de 2013, casó dicho pronunciamiento, lo dejó sin efecto y ordenó el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que -integrado por jueces hábiles- dicte un nuevo pronunciamiento (v. fs. 97, legajo cit.).
Es así que el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental, mediante el pronunciamiento del 17 de febrero de 2017, condenó a Leonel Darío Benavidez y Leandro Javier Huet de Bacelar Cochofel a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores responsables de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego y homicidio criminis causae (para facilitar), en concurso real (arts. 5, 12, 19, 23, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 5/14, legajo casatorio n° 83.599).
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el fallo dictado el 6 de septiembre de 2018, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa de Leandro Javier Huet de Bacelar Cochofel contra la aludida sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2, casó la decisión impugnada por inobservancia del art. 106 del Código Procesal Penal y errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, haciendo extensivo el efecto de esa decisión al coimputado Leonel Darío Benavidez y, en consecuencia, recalificó los hechos atribuidos a los nombrados como constitutivos del delito de homicidio en ocasión de robo, readecuando las penas impuestas en atención de las circunstancias agravantes ponderadas en el fallo y la inexistencia de atenuantes, en dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, para cada uno de los nombrados (arts. 106, 209, 210, 373, 430, 435, 448, 460, 530 y concs., CPP; 40, 41, 45, 165 y concs., Cód. Penal; v. fs. 115/139).
Contra esa decisión, el señor fiscal ante la instancia casatoria, doctor Carlos Arturo Altuve, el señor defensor oficial adjunto ante el tribunal intermedio que asiste al coimputado Benavidez, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi y la señora defensora oficial adjunta ante ese mismo tribunal del coprocesado Huet de Bacelar Cochofel, doctora Ana Julia Biasotti, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 162/167 vta.; 170/180 vta. y 189/209 vta., respectivamente).
El tribunal revisor, con fecha 29 de agosto de 2019, declaró admisibles los remedios extraordinarios interpuestos por el señor fiscal y por el defensor oficial adjunto de Benavidez y parcialmente admisible el deducido por la señora defensora adjunta en favor de Huet de Bacelar Cochofel (v. fs. 216/224). Frente al aspecto de la decisión que le fue adverso la defensa oficial del último nombrado articuló queja ante esta Suprema Corte (causa P. 132.897), la que, a través de la decisión de 6 de mayo de 2020, hizo lugar a la misma, declaró mal denegado el remedio interpuesto y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducido en su favor por la parcela que le fue declarada inadmisible (v. fs. 340/342).
Oído el señor Procurador General, quien aconsejó hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por el señor fiscal y rechazar los deducidos por las defensas oficiales de ambos imputados (v. fs. 350/362 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 364), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal de Casación?
2ª) ¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados por las defensas oficiales a favor de Leonel Darío Benavidez y de Leandro Javier Huet de Bacelar Cochofel?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció que el fallo en revisión incurrió en el vicio de arbitrariedad por fundamentación aparente, afirmaciones dogmáticas y apartamiento de las constancias de la causa, como así también en la inobservancia del art. 80 inc. 7 y la errónea aplicación del art. 165, ambos del Código Penal (v. fs. 162 vta.), siendo dicha vía impugnativa concedida -en esos términos- conforme el juicio de admisibilidad llevado a cabo por el mencionado órgano intermedio (v. fs. 323/331).
Afirmó que los argumentos brindados por el tribunal a quo para modificar la calificación legal de los hechos atribuidos a los coimputados que fueran descriptos en la sentencia de mérito e "inmodificados" por la Casación, presentaban -desde su perspectiva- un error fundamental in iudicando (v. fs. 163 vta.).
Adujo, luego de transcribir la parcela del fallo cuestionado vinculada con el nuevo encuadre normativo asignado al hecho investigado, que las razones allí vertidas no resultaban suficientes para dar sustento a la decisión de desplazar la calificación legal resuelta en la instancia originaria en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal y la consecuente readecuación en el monto de las penas impuestas (v. fs. 163 vta./165). En ese marco, expresó la diferencia entre los tipos penales involucrados en el caso (art. 80 inc. 7 y 165, Cód. Penal) "...no pasa por el dolo, sino por la conexión subjetiva que requiere el primero (acreditada en autos) y la desvinculación subjetiva final que rige en la figura de art. 165 del CP" (fs. 165).
Repasó las circunstancias fácticas que llegaron firmes a la instancia intermedia a fin de poder demostrar el vicio que denunció en su impugnación, señalando que "El día 29 de noviembre de 2010, alrededor de las 23.40 horas en la intersección de la Avenida Cristiana entre Isleños y Obligado, y frente al comercio tipo kiosco situado frente a la numeración catastral [...] de la avenida citada, dos masculinos mayores de edad -Huet de Bacelar y Benavídez- se aproximaron al vehículo marca Volkswagen Gol dominio [...] con claras intenciones de robo. Pero al encontrar a su conductor en el vehículo y para poder continuar con su plan rapiñatorio, ejecutaron 3 o 4 disparos hacia la humanidad de Federico Adrián Francia. Con ello vencieron toda posibilidad de resistencia y facilitaron su acceso a los bienes personales de aqu[e]l que se encontraban en el interior del vehículo retirándose con los mismos raudamente del lugar. Fue de [e]sta forma que pudieron hacerse de una mochila en cuyo interior se encontraban [diversos bienes de la víctima...]. Los disparos producidos impactaron en la región posterior del tórax del precitado [Federico Adrián] Francia, determinando así su inmediatoóbito" (fs. 165 y vta.).
Argumentó, en función de la secuencia fáctica que ha sido reseñada, que el suceso en estudio debería calificarse legalmente como homicidio calificado criminis causae, en el entendimiento de que los imputados "...Huet de Bacelar y Benaví[d]ez dieron muerte a Francia para vencer toda posibilidad de resistencia y facilitar aquel apoderamiento", siendo que "La conexión final -o causal- exigida para la configuración del delito previsto en el artículo 80 inciso 7 del CP (conexión ideológica de la muerte con la comisión [del robo])[...], surge claramente de los testimonios recabados en el transcurso del debate. En efecto, fue cabalmente acreditado que dos personas se dirigieron armadas hacia el vehículo que intentaban asaltar, como por la cierta circunstancia de haberse llevado del lugar aquello que pertenecía a la víctima tras haberle efectuado disparos contra su humanidad" (fs. ídem vta.).
Puntualizó que, en razón de la presencia del damnificado en el interior de su automóvil, los disparos se perpetraron para "facilitar" aquel desapoderamiento, ya que sin ellos su finalidad de desapoderarlo de sus bienes no se hubiera podido concretar (v. fs. cit. vta.).
Destacó, en el plano de las pruebas rendidas en la causa, que la declaración vertida por la testigo presencial del evento Silvia Paula Rodríguez fue contundente en cuanto indicó que "...vio el momento en que dos personas abordaron armadas a la víctima, y una de ellas le dispara, siendo que -después de un rato- vio pasar a uno de los imputados que bajo su brazo izquierdo llevaba una carterita negra tipo morral o mochila, y en la otra mano llevaba un arma" (fs. 166).
Enfatizó que dicho testimonio fue avalado por el fallo casatorio, ratificando de tal modo el valor cargoso que le atribuyó el órgano de juicio para acreditar la materialidad ilícita del hecho en juzgamiento y sin hallar razón alguna para desmerecerlo (v. fs. cit.).
Remarcó que "...la carga subjetiva que movilizó a los autores fue, de manera ostensible, un apoderamiento (animus rem sibi habendi) llevado adelante con elementos peligrosos (armas de fuego)" y que la secuencia de los acontecimientos indica que aquellos "...primero dieron inicio [a] las acciones del homicidio para así facilitar la preordenada intención de robo. De esta forma la ultraintención 'para' facilitar constituyó un medio para alcanzar la finalidad original de las conductas desplegadas" (fs. ídem).
Denunció que la sentencia impugnada, al afirmar que el órgano de juicio había sustentado su decisión en "...meras inferencias" sobre el extremo de la calificación legal del hecho, era arbitraria por contener una fundamentación aparente y contraria tanto al sentido común como a la garantía del debido proceso legal, en cuanto ésta exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa (art. 18, Const. nac.; v. fs. 166 y vta.).
Expresó que, de acuerdo a las constancias que surgen acreditadas en autos, las mismas indicarían la existencia de la conexión ideológica inherente a la figura típica del art. 80 inc. 7 del Código Penal entre el hacer de los autores y el resultado desencadenado y que, por ello, no podía compartir la hipótesis de encuadrar el ilícito dentro de los contornos del art. 165 del Cuerpo legal citado (v. fs. 166 vta.).
Expuso, con apoyo en doctrina de autor, que el homicidio causal o finalmente conexo es aquel que se conecta ideológicamente con el otro delito, pudiendo esa conexión ser final o impulsiva. En ese marco teórico, indicó que la conexión es final cuando el otro delito ha sido el motivo que ha inducido al agente a actuar ( v.gr .: "...cuando el homicidio se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o procurar la impunidad") y es impulsiva cuando el otro delito ha sido la razón por la que el agente actuó ( v.gr.: "...[cuando] el agente mata por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito"; fs. cit. vta.).
Invocó, finalmente, doctrina de esta Corte en aval de su postura y concluyó que se hallaban acreditadas -en el caso- las fisuras del fallo cuestionado en tanto propició el cambio de la calificación legal del hecho conforme las directrices de la figura del homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal), siendo arbitrario lo así resuelto por apartarse de las concretas constancias de la causa e ignorar el obrar concreto en el evento dañoso que realizaron ambos imputados, según lo expuso (v. fs. 167).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al remedio interpuesto por el fiscal de Casación (v. esp. fs. 350 vta./353 vta.).
III. Coincido con su opinión.
III.1. Conviene tener presente, para un mejor desarrollo expositivo, cómo quedó definida la plataforma fáctica en el veredicto pronunciado en la instancia de origen -cuestión primera- (v. fs. 6 vta. y 7), que resultó convalidada por la Casación (v. fs. 125 vta. y 126).
Así, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Matanza consideró demostrado, a tenor de la sentencia dictada el 17 de febrero de 2017, que: "...el día 29 de noviembre de 2010 alrededor de las 23.40 hs. en la intersección de la avenida Cristiania entre Isleños y Obligado y frente al comercio tipo kiosco situado frente a la numeración catastral [...] de la avenida citada, dos masculinos mayores de edad se aproximaron al vehículo marca Volkswagen Gol dominio [...] con claras intenciones de robo.- Pero al encontrar a su conductor en el vehículo y para poder continuar con su plan rapiñatorio [sic], ejecutaron tres o cuatro disparos hacia la humanidad de Federico Adrián Francia.- Con ello vencieron toda posibilidad de resistencia y facilitaron su acceso a los bienes personales de aqu[e]l que se encontraba en el interior del vehículo retirándose con los mismos raudamente del lugar.- Fue de esta forma que pudieron hacerse de una mochila en cuyo interior se encontraban papeles personales, recibo de sueldo, cargador de celular, perfume, desodorante, pantalón marca Adidas negro y chaleco de transporte con inscripción 'Policía' .- Pero los disparos producidos impactaron en la región posterior del tórax del precitado Francia, determinando así su inmediatoóbito" (fs. 7).
Tuvo por acreditada dicha base fáctica a partir de "...las diligencias preliminares que por actas [...] (precario medico), [...] (croquis ilustrativo), [...] (digitalizaciones), y los testimonios escuchados en los debates a Ruth Verónica Francia, Luis Alberto Aguayo, Silvia Paula Rodríguez y Marcos Omar Sánchez" (fs. cit. vta.).
Sostuvo al abordar la calificación legal del hecho que correspondía efectuar respecto de ella un doble análisis. Así, por un lado, señaló que resultaban claras "...las inequívocas intenciones de apoderamiento ilícito que surgieron de los debates; ello tanto por dirigirse dos personas armadas hacia el vehículo que intentaban asaltar, como por la cierta circunstancia de haberse llevado del lugar aquello que pertenecía a la víctima tras haberle efectuado disparos contra su humanidad" y, del otro, indicó que "...ante la presencia del conductor en el rodado, los disparos se perpetraron para facilitar aquel apoderamiento, ya que sin ellos su finalidad rapiñatoria [sic] no se hubiera podido concretar. Así, la carga subjetiva que movilizó a sus autores fue, de manera ostensible, un apoderamiento ( animus rem sibi habendi ) llevado adelante con elementos peligrosos (armas de fuego). Nótese que primero dieron inicio las acciones del homicidio para así facilitar la preordenada intención rapiñatoria [sic]" (fs. 12 vta. y 13).
Concluyó, en función de las circunstancias apuntadas, que "...la ultraintención 'para' facilitar constituyó un medio para alcanzar la finalidad original de las conductas desplegadas" y que estas últimas eran "...constitutivas del concurso real en los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego y homicidio criminis causae (para facilitar el delito preordenado)" (fs. 13).
III.2. El Tribunal de Casación Penal (conf. el voto del señor juez doctor Kohan, que concitó la adhesión simple del juez doctor Mancini), en oportunidad de tratar los recursos de la especialidad incoados por las respectivas defensas de los procesados, convalidó la decisión de tener por acreditada tanto la materialidad ilícita como la participación responsable de los encartados en el hecho en calidad de coautores (v. esp. fs. 126/133 vta.).
Por otra parte, en cuanto a la calificación legal que cabía asignarle al evento investigado, decidió hacer lugar al reclamo de la defensa en cuanto alegó que había sido erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal, en tanto advirtió que el fallo dictado por el tribunal del debate contenía un déficit de motivación en ese tópico (v. fs. 133 vta. y 134).
Afirmó, a fin de resolver la cuestión del modo indicado, que el argumento empleado por el sentenciante para tener por probado el nexo psicológico entre el homicidio y el delito contra la propiedad cometido por los encausados, era "...meramente inferencial, donde abundaron suposiciones m[a]s no certezas" y que "...si bien en apariencia se expresaron los motivos que justificaban la decisión asumida en el punto, el razonamiento seguido para arribar a la afirmación sentencial en el sentido de que la ultrafinalidad al disparar contra [Federico Adrián] Francia fue la de facilitar la preordenada intención rapiñatoria [sic], carece de un sustento probatorio apto" (fs. 135).
Destacó que "...ateniéndose a los dichos de la única testigo [Silvia Paula Rodríguez] que observó toda la secuencia del episodio no es posible predicar certeza acerca del elemento subjetivo distinto al dolo requerido por el art. 80 inc. 7° del Código Penal" y que la conexión final no podía extraerse de la aludida declaración testimonial, pues "...más allá de la ejecución de los disparos, no surgen otros datos (oposición, resistencia de la víctima), que remitan a la subjetividad que animó a los autores cuando acometieron la acción" (fs. cit. y vta.).
Coligió, en sintonía con lo expresado, que el encuadre normativo del hecho decidido por el tribunal del debate no encontraba anclaje en el caso "...ya sea porque en el decurso del forcejeo (al que solo alude el fiscal) devino la muerte, o bien ante la falta de resistencia de parte del damnificado efectuaron los disparos, ninguna de las alternativas permite sostener que en el caso se mató para robar como se afirma en la versión definitiva que el Tribunal construyó con fragmentos de las dos versiones apuntadas, por el contrario, todo indica que la muerte se produjo en el marco de un robo" (fs. ídem vta.).
Afirmó, seguidamente, que la dificultad para reconstruir los episodios bajo análisis con la suficiencia necesaria como para perfilar adecuadamente las circunstancias típicas inherentes al homicidio calificado actuado en su aspecto subjetivo (motivación), que son requeridas por la figura en ciernes para su perfeccionamiento (art. 80 inc. 7, cit.), ello determinaba el desplazamiento de ese tipo calificado -según lo expresó- (v. fs. ídem vta.).
Consideró, frente a tal cuadro de situación, que "...el robo que cometieron los autores solo aporta un contenido mínimo sobre las intenciones que los movilizaron, m[a]s no permite sin más, cimentar la mentada conexión ideológica que en el decisorio se tuvo por comprobada, puesto que no resulta suficiente [...] para inferir que los disparos se perpetraron para facilitar tal desapoderamiento" y que "A lo sumo el caso muestra una ligazón temporal y espacial de ambos comportamientos, pero ello no alcanza para la acreditación de la agravación prevista en el inc. 7 del art. 80 del Código Penal" (fs. 136).
Entendió que ante la "...ausencia de datos que autoricen la calificante de homicidio", la conducta atribuida a los acusados no podía superar los márgenes del homicidio en ocasión de robo previsto en el art. 165 del Código Penal, en la medida que "...para que haya homicidio calificado con el móvil de robo el autor debe haberlo perpetrado como medio, teniendo en miras aquél desapoderamiento no basta[n]do la confluencia del robo y la muerte causada en el transcurso de la acción de apoderarse" (fs. cit.).
Resolvió en definitiva, por las razones expuestas, que correspondía recalificar el hecho atribuido a Leandro Javier Huet de Bacelar
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