Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133191
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.191, "Sposito, Oscar Edelmiro s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.204 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de mayo de 2018, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro que condenó a Oscar Edelmiro Sposito a la pena única de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, comprensiva de la pena de reclusión perpetua dictada en el marco de la causa 42.804, en la que fue encontrado autor responsable de los delitos de estafa, robo agravado por el uso de armas, homicidio criminis causae , robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa y abuso de armas criminis causae , todos en concurso real entre sí, y de la impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Isidro, de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo (v. fs. 62/68).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 71/79), que fue concedido a fs. 87/89 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 94/97), dictada la providencia de autos (v. fs. 98) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el tribunal intermedio tachó la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal, con afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal, el derecho al recurso y el principio de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.), además de considerar que en el caso se realizó una revisión aparente de la sentencia de condena (v. fs. 74).
Afirmó que la decisión recurrida constituyó un tránsito aparente que frustró el derecho al doble conforme de su asistido, porque se acudió al órgano intermedio en procura de la revisión del modo en que el tribunal de grado determinó la pena única de reclusión perpetua con más la declaración de reincidencia, y la respuesta a ese reclamo consistió en una reiteración de las razones expuestas por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, a las que solo se agregaron algunas consideraciones propias del tribunal intermedio (v. fs. 74).
Alegó que frente al reclamo relativo a que la pena impuesta en el caso atenta contra el fin de resocialización, en tanto no fija un límite temporal preciso y resulta por ello inhumana, cruel y degradante, la casación resolvió que la regulación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos recogida por las leyes 24.660 y 12.556 no resulta excluyente de otros fines de la pena, a lo que sumó que la sanción de reclusión perpetua no importa la perpetuidad de la prisión de por vida. Sin embargo, no se encargó de contestar el agravio fundado en el principio de legalidad, toda vez que aun cuando la obtención de la libertad pende del cumplimiento de determinados requisitos establecidos por la ley, el régimen establecido no logra disipar la incertidumbre respecto del efectivo cumplimiento total de la pena (v. fs. 74 vta. y 75).
Por otra parte -agregó-, el tribunal revisor tampoco fundamentó en términos precisos qué otros objetivos cumple la pena de reclusión perpetua que mitigarían los efectos antes señalados (v. fs. 75).
Recordó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso con cita de lo fallado en "Casal" y adujo que el tribunal revisor no cumplió ese rol, pues se limitó a efectuar afirmaciones doctrinales y se apartó de las constancias de la causa, ocasionando con ello la afectación del debido proceso y la defensa en juicio. En apoyo de su reclamo, invocó también los casos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Descole" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 75 vta. y 76).
Concluyó que el Tribunal de Alzada afectó lo dispuesto en las normas denunciadas y convirtió al pronunciamiento recurrido en arbitrario. Solicitó, en definitiva, que se case la sentencia, se la descalifique como acto jurisdiccional válido y se disponga el reenvío a la instancia revisora a fin de que dicte una nueva conforme a derecho (v. fs. 77 y vta.).
En segundo término, expresó que existe la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a la pena de prisión perpetua circunscribiéndola a una sanción numérica que no supere los 25 años de prisión. Esa sería, en su opinión, una solución alternativa a la declaración de inconstitucionalidad que permitiría salvar el derecho constitucional del imputado y mantendría al mismo tiempo la vigencia de la norma.
Sostuvo que frente a la confirmación del encuadre legal en los términos del art. 80 del Código Penal y de una pena perpetua, la única posibilidad para compatibilizarla con todo el ordenamiento es efectuar una interpretación a favor de la persona condenada, de conformidad con lo regulado en el Estatuto de Roma, según el cual el monto máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada a los derechos humanos es de 30 años de prisión (v. fs. 77 vta. y 78).
En consecuencia, pidió que se case el fallo impugnado por arbitrario, "...para luego dictarse una nueva decisión en la cual se determine que el límite temporal de la pena de prisión perpetua posee un alcance numérico, equivalente a los veinticinco (25) años de encierro..." y, de no ser ello receptado, "...se declare su inconstitucionalidad..." (fs. 78 y vta.).
II. Coincido con la Procuración General (v. fs. 94/97), pues estimo que el remedio intentado no prospera.
III. El Tribunal de Casación Penal abordó el reclamo de la defensa de Sposito en torno a la validez constitucional de las penas perpetuas (v. en particular fs. 38/39 vta., rec. casatorio).
Después de señalar las insuficiencias que halló en la formulación del planteo, el revisor recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma importa un acto de extrema gravedad institucional, que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, y su pretensión contar con suficiente desarrollo y fundamentación, a tenor de la doctrina de fallos de la Corte federal que citó (v. fs. 64 y vta.).
Luego expresó, en cuanto a la inconstitucionalidad de la pena de reclusión perpetua, que compartía los fundamentos vertidos por los jueces de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro que -con cita del precedente "Méndez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- equipararon las consecuencias derivadas de las penas de reclusión y prisión en cuanto a su modo de cumplimiento. A lo que agregó que la reclusión "...no ha sido derogada y no ha desaparecido de la legislación vigente" (fs. 65).
De seguido, sostuvo que "...no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como este la concibió, ya que está vedado a los tribunales el juicio del mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en el ejercicio de sus propias facultades". Ello en referencia a "...la proporcionalidad de la pena, que se trasunta en la ley con carácter general, es de competencia exclusiva del legislador, sin que competa a los tribunales juzgar del mismo, ni imponer graduaciones o distinciones que la ley no contempla" (fs. cit. y vta.).
Sin perjuicio de lo cual refirió que "...en nuestra legislación vigente no existen las penas a perpetuidad estricto sensu, es decir, todas habilitan la posibilidad de obtener la libertad a condición de verificarse una serie de requisitos temporales y exigencias de buen comportamiento y progresión en el tratamiento penitenciario (artículo 13 del C.P.; ley 24.669, artículos 16, 23, 54 y concord.; y ley 12.256, artículos 101 y concord.)" (fs. 65 vta.). Sumó a lo dicho que "...habiéndose judicializado plenamente el proceso de ejecución, el control jurisdiccional asegura una más plena vigencia de los estándares constitucionales y convencionales sobre las garantías individuales, reduciendo notablemente cualquier margen de arbitrariedad" (fs. 66).
En cuanto al fin resocializador de la pena, destacó que "...la regulación de la C.A.D.H., norma incorporada a la CN y recogida por las leyes de ejecución de la pena, nacional 24.660 y provincial 12.256, no es excluyente de otros fines de aquella" (fs. cit.).
Concluyó que en nuestra legislación la prisión de por vida no importa la perpetuidad, de modo que el argumento de la pérdida de virtualidad del derecho a la resocialización quedaba vacío de contenido (v. fs. cit.).
IV. De tal modo, entiendo que el Tribunal de Casación agotó en el caso -en el marco de la competencia abierta y merced a los agravios llevados- su capacidad revisora, puesto que, no obstante haber señalado la insuficiencia del planteo, lo abordó y dio las razones por las que correspondía rechazarlo. Su actuación se ajustó a las pautas establecidas por la Corte federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los citados precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" respectivamente, en lo que concierne al alcance que corresponde asignar al recurso de casación, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La afirmación de la defensa relativa a que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el "derecho al doble conforme", no se condice con lo sucedido en el caso.
En rigor, el recurrente se desentiende de los argumentos brindados por la casación y expresa su opinión personal contraria a lo resuelto sin agregarle ningún desarrollo que, controvirtiendo todos los fundamentos del fallo, evidencie la violación de las garantías constitucionales invocadas (doctr. art. 495, CPP; conf. causas P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; P. 130.781, sent. de 20-III-2019; P. 125.158, sent. de 19-II-2020; e. o.).
V. El segundo agravio corre igual suerte adversa, dado que las violaciones de normas constitucionales e internacionales que cita la parte no se han acreditado, en tanto reiteró los reclamos introducidos en la instancia intermedia con apoyo en consideraciones alejadas de la situación particular de autos y sus argumentos sobre los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad (v. fs. 78 y vta.), por dogmáticos, no logran remover los fundamentos expuestos en el fallo en crisis (art. 495, CPP).
Teniendo en cuenta que la validez constitucional de estas penas indivisibles ha sido sostenida por esta Suprema Corte -en particular en cuanto no se advierte su desproporción respecto de la culpabilidad por el hecho, en el caso un homicidio criminis causae entre otros ilícitos-, diferir el momento de la determinación de la liberación no constituye una afrenta al derecho a la certeza que brinda la cosa juzgada, ni a los de defensa en juicio y debido proceso.
Por otra parte, cabe recordar que esta Corte, siguiendo jurisprudencia del máximo tribunal nacional, señaló que, aun para el caso de las penas perpetuas que no admiten el acceso a la libertad condicional (por ej. por la condición de reincidente del penado) estas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 126.330, sent. de 29-III-2017; e. o.).
De tal modo, la pretendida necesidad de fijar un límite temporal surgiría, eventualmente, al momento de serle negado el acceso al medio libre, por lo que no se advierte el interés actual que motiva el agravio (art. 421, CPP).
El punto constituye un asunto a decidir -y, eventualmente, disputar- en una incidencia en otra etapa del proceso, la del control de la ejecución de la pena, por ahora prematuro, según se indicó más arriba (art. 497 y sigs., CPP; conf. causas P. 128.911, sent. de 17-X-2018; P. 131.928, sent. de 26-XII-2019; e. o.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/08/2021 11:42:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2021 15:32:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2021 15:58:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2021 13:51:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2021 14:50:04 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia