Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.798, "Díaz, Patricia Gisela s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 89.994 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa de Patricia Gisela Díaz contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón que la condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarla autora responsable del delito de homicidio agravado por ser la víctima pareja conviviente (v. fs. 187/202 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 209/223 vta.). Por resolución de fs. 224/227 vta. el Tribunal de Casación Penal lo declaró parcialmente admisible y contra la parcela de la decisión denegada la parte no presentó queja (v. informe actuarial de fs. 334).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 336/339), dictada la providencia de autos (v. fs. 341), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad (v. fs. 224/227 vta.) sólo corresponde analizar el planteo por el cual fue admitido el recurso extraordinario, esto es, el relativo a la imposición de la pena de prisión perpetua.
El señor defensor oficial denunció la violación a los principios de igualdad ante la ley, legalidad, culpabilidad, pro persona y proporcionalidad, como así también la irrazonabilidad e inconstitucionalidad de la pena perpetua, conforme los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5.6 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.1 y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 inc. 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
A su vez, tachó de arbitrario el pronunciamiento por basarse en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los fallos judiciales, de conformidad con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte (en contradicción con los arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP, y 168 y 171, Const. prov.).
Cuestionó la sentencia de la casación en lo relativo a la revisión efectuada en materia de determinación de la pena, pues al confirmar la prisión perpetua impuesta por el tribunal de mérito inobservó -a juicio del recurrente- los preceptos legales antedichos.
Afirmó que lo resuelto no se compadece con las exigencias que al respecto estableció esta Corte en el precedente P. 87.172 (v. fs. 220), y que la posibilidad de revisión de lo decidido debe ser amplia, de acuerdo a la doctrina del fallo "Casal", otorgándole a la persona procesada la posibilidad de un nuevo juicio sobre el fallo condenatorio y la pena impuesta (v. fs. cit. vta.).
En definitiva, expuso que el tribunal de casación, con la competencia material abierta, se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, sin brindar fundamentos válidos para obrar de tal manera (v. fs. cit.).
Se refirió a la reprochabilidad por el acto y destacó que el art. 80 del Código Penal afecta el principio de culpabilidad, en tanto no permite a quien juzga diferenciar entre personas ni hechos de diversas características o envergadura (art. 16, Const. nac.). Trajo a colación el caso "Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y explicó que la cantidad de pena en concreto debe guardar relación de directa proporción con el injusto reprochable por imperio del principio constitucional de culpabilidad por el acto (v. fs. 221 y vta.). Por lo que -concluyó- el órgano intermedio mantuvo la aplicación de una pena fija que no permite la adecuación a la menor culpabilidad que corresponde en este caso.
Así, consideró que el tratamiento brindado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal no abastece las mandas constitucionales estatuidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, por haber incurrido en afirmaciones dogmáticas que reposan fundamentalmente en "meras apreciaciones subjetivas" (fs. 221 vta. y 222).
En caso de rechazarse el reclamo efectuado con anterioridad, explicó que existe la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a la pena de prisión perpetua circunscribiéndola a una sanción numérica que no supere los 25 años de prisión (v. fs. 222).
Alegó que frente a la confirmación del encuadre legal en los términos del art. 80 de la ley sustantiva y de una pena perpetua, la única posibilidad para compatibilizarla con la totalidad del ordenamiento es efectuar una interpretación a favor de la persona imputada (v. fs. cit.). "Es decir [...] en nuestro sistema legal las penas, pese a su calificación de perpetuas , tendrían en realidad un plazo máximo de duración [...] de veinticinco (25) años (sobre todo teniendo en consideración que el Estatuto de Roma ratificado por nuestro país mediante la ley 26200 -el cual posee jerarquía sobre la legislación interna e infraconstitucional- impone como máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada de los Derechos Humanos, la de 30 años). Y si ello fuere así, entonces podría considerarse que nada obstaría la obtención de su libertad una vez cumplidos los 25 años de condena; entonces la pena en cuestión, vaga y contraria al principio de legalidad , dejaría de tener carácter perpetuo, pues, aunque prolongada, no implicaría necesariamente un encierro de por vida, y permitiría la reinserción social [de la condenada]" (fs. 222 y vta.; el destacado figura en el original).
En consecuencia, solicitó que se haga lugar al agravio y se subsanen las violaciones legales denunciadas, en el entendimiento de que el fallo arbitrario dictado por el tribunal de casación afectó el debido proceso y la defensa en juicio; reclamó el dictado de una nueva decisión que determine el límite temporal de la pena de prisión perpetua en 25 años de encierro y, de no ser ello posible, pidió que se declare su inconstitucionalidad (v. fs. 222 vta.).
II. La Procuración General aconsejó la desestimación del recurso intentado (v. fs. 336/339).
III. Coincido con lo dictaminado, pues a mi juicio la vía articulada no puede prosperar.
IV. Ante los mismos planteos, el tribunal revisor observó, en primer lugar, que "...el plafón que sustenta los postulados traídos por la defensa, sería la prohibición de las penas perpetuas en sentido estricto, es decir que el cuadro constitucional, integrado por los diversos instrumentos internacionales mencionados, conllevaría la inconstitucionalidad de las penas 'realmente' perpetuas" (fs. 199 vta.), premisa que reputó errada, "...en tanto nuestro ordenamiento legal prevé la posibilidad jurídica de cese de la coerción personal en cierto momento de la ejecución de la pena, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones" (fs. cit.).
Por otra parte, consideró que tampoco resultaba válida la afirmación de que la sanción impuesta a la acusada es cruel, inhumana y degradante en razón de su eternidad, al ponderar que -más allá de la vía utilizada para introducir la cuestión- se trataba de un planteo prematuro, pues el eventual perjuicio "...se produciría -a todo evento- cuando se estime procedente el acceso a la libertad condicional, momento en el cual recién prosperarían las incidencias en el sentido en que se postulan" (fs. 199 vta. y 200).
Recordó que, debido a la importancia de la declaración de inconstitucionalidad, y "...con miras a evitar posibles intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes [...], resulta imprescindible delimitar el ámbito de injerencia en que se autoriza [la] actividad revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma" (fs. 200).
Consideró imprescindible, para declarar la inconstitucionalidad de un precepto, que el "...enfrentamiento entre normas de diferente rango resulte claro, palmario, contundente y verificado, y que, en consecuencia, quede justificada suficientemente tan delicada actividad jurisdiccional" (fs. cit. y vta.), premisa que juzgó no abastecida en el caso.
En definitiva, concluyó que la pretensión no podría ser atendida, "...desde que no se ha evidenciado la configuración de colisión normativa alguna que justifique la solución peticionada, en tanto no mereció ninguna objeción que la pena perpetua aplicada en el caso, con la que está conminado el delito previsto en el art. 80 inc. 1 del C.P., no guarde racional vinculación con la gravedad del ilícito juzgado", ni que "...sea desproporcionada o irracional -desde la óptica constitucional postulada por la quejosa- con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida a la acusada" (fs. 200 vta.).
Agregó que "...se participe o no de las críticas vinculadas con la implementación de la pena de prisión perpetua, lo cierto es que no alcanzan para poner en crisis la validez del trámite parlamentario ni la vigencia de esa norma" (fs. cit.). Cuando, además, tampoco se advirtió "...que el decisorio en crisis incurra en la violación de los preceptos que se denuncian transgredidos, desde que la pena impuesta en el marco de la escala penal prevista en la figura en la que se encuadró el hecho por el que se condenó a Patricia Gisela Díaz no resulta -en cuenta de las particularidades del hecho y de la autora que vienen establecidas en el pronunciamiento impugnado- irrazonable ni, por ende, cruel o mortificante" (fs. 201).
Luego señaló, con relación a la alegación sobre la falta de adecuación de la pena a los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma, que el art. 12 de la ley 26.200 deja a salvo la soberanía de la legislatura argentina para imponer penas más graves a las allí establecidas y, por otra parte, entendió que reducir el monto punitivo en el caso por la vigencia de dicha norma "importaría la avocación de facultades legislativas impropias de la magistratura". Asimismo, afirmó que los agravios expuestos por la parte en pos de una evaluación constitucional de proporcionalidad habían sido desarrollados de manera dogmática (v. fs. 201 y vta.).
Finalmente, en cuanto a la edad en que la imputada podría, en su caso, obtener la libertad condicional, consideró que se trataba de un planteo conjetural "...puesto que ni siquiera se encuentra aún en condiciones temporales semejantes a las exigidas en la redacción anterior a la vigente, conforme a la ley 25.892, en cuanto al art. 13 del C.P. [...], de modo que el argumento es claramente prematuro" (fs. 201 vta.).
V.1. De la reseña efectuada se aprecia que los reclamos de la parte se desentienden de lo efectivamente resuelto, sin evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (conf. causas P. 106.222, resol. de 16-XII-2009; P. 109.893, resol. de 2-III-2011; P. 109.716, resol. de 9-V-2012; P. 116.266, resol. de 6-VI-2012; P. 112.272, resol. de 3-VII-2013; P. 126.812, sent. de 6-XII-2017; P. 126.933, sent. de 7-II-2018; e. o.).
Ello, en tanto de lo trascripto previamente se observa que el tribunal de casación desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los planteos llevados por la parte en el remedio casatorio y los descartó brindando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio.
V.2. Sentado lo anterior, cabe agregar que el argumento por el cual la parte entiende afectado el principio de culpabilidad por el acto únicamente resultaría acertado si la pena impuesta no guardara relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad. Solo podría predicarse entonces su incompatibilidad constitucional en los supuestos en que esta última condición resulte violada en concreto, y aquí no se ha evidenciado que la sanción legalmente prevista para el delito por el que Díaz resultó condenada sea desproporcionada y contraria a los principios que la defensa estima afectados (conf. causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015 y P. 120.920, sent. de 11-V-2016).
V.3. Tampoco media un cuestionamiento eficaz a las líneas argumentales en que la casación sustentó su postura sobre la validez constitucional de las mentadas penas perpetuas, más allá de la opinión personal discrepante expuesta (doctr. art. 495, CPP).
En lo sustancial, el pronunciamiento se ajusta a la doctrina legal de esta Corte en cuanto sostiene que la pretensión de que la pena perpetua se traduzca en un valor numérico o, en su defecto, se declare su inconstitucionalidad, no posee agravio actual en tanto el asunto concierne a la etapa de ejecución de la condena. De la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cabe inferir que aun para el caso de las penas de esa especie o absolutas deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 133.630, sent. de 28-X-2020; e. o.).
En tal entendimiento, la pretendida necesidad de fijar un límite temporal surgiría, eventualmente, al momento de peticionar la libertad por considerar agotado su cumplimiento o con derecho a alguna alternativa consustancial al régimen de progresividad propio de la etapa de ejecución de la pena, sin advertirse ahora interés actual en el reclamo (arg. art. 421, CPP).
Siendo así, no es factible una decisión del alcance y trascendencia institucional que importa una declaración de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, sin que a tales efectos hayan sido plasmados argumentos suficientemente concluyentes para revertir la evaluación con apoyo en la cual la instancia anterior falló en sentido contrario al pretendido (causas P. 131.924, sent. de 11-IX-2019 y P. 128.646, sent. de 20-XI-2019, e. o.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2021 11:53:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2021 13:02:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2021 14:08:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2021 13:30:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2021 15:11:06 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia