Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133970
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.970, "V., A. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.224 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de diciembre de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, que condenó a A. A. L. V. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente reiterado, en concurso real entre sí (arts. 55 y 119 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto inc. "f", Cód. Penal; v. fs. 83/99 vta. con relación a fs. 7/24).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 111/118 vta.), el cual fue concedido de conformidad con el auto de admisibilidad de fs. 119/121.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 131/137), dictada la providencia de autos (v. fs. 139) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, el señor defensor oficial adjunto interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal, ello por considerar que la descripción de la materialidad fáctica no permite determinar la existencia de conductas autónomas bajo un concurso real y sí, por el contrario, de un delito continuado (v. fs. 115 y vta.).
Sostuvo que se equivocó el tribunal intermedio al considerar que existió una relación concursal material entre el conjunto de abusos sexuales gravemente ultrajantes y aquellos con acceso carnal cometidos en distintos domicilios habitados por la víctima y el victimario, puesto que con la mera cita de los hechos descriptos quedaría evidenciado -a su modo de ver- que la totalidad de los abusos constituiría una continuidad delictiva no fragmentable jurídicamente (v. fs. 115 vta.).
Avaló la figura del delito continuado sobre la base de considerar que los abusos han sido realizados en "...dependencia mutua en virtud de una unidad de designio, fueron perpetrados contra la misma persona y han conformado un único injusto" (fs. cit.).
Indicó que, en el caso, se dan los requisitos que esa conducta -delito continuado- exige para ser tenida como tal: "...a) la presencia de un dolo unitario, b) la repetición en la afectación típica del mismo bien jurídico, además que en el caso resulta el mismo bien jurídico y que pueda resultar afectado gradualmente, c) la afectación a ese bien jurídico lo ha sido en forma idéntica, y por último d) como también ocurren en el presente caso, se da además la identidad física del titular del bien jurídico afectado" (fs. 115 vta. y 116).
Señaló que resulta novedosa la exigencia incorporada por el juez preopinante del tribunal casatorio, doctor Carral, relativa a que la violencia o vencimiento de la voluntad de la víctima en el hecho inicial se extienda a los posteriores abusos, en tanto ello niega toda posibilidad de considerar a los sucesivos abusos sexuales bajo la modalidad del delito continuado, pues desconoce que la afectación de la libertad sexual de la víctima admita distintas modalidades y, además, esta tesitura pasa por alto que la falta de consentimiento libre de la víctima pueda adoptar distintas modalidades, y que la repetición similar o idéntica de la acción típica bajo una unidad de resolución configura un delito continuado (v. fs. 116 y vta.).
Consideró, a los fines de precisar la noción del abuso sexual como delito continuado, que resulta indiferente si se ejerce violencia o se infunde miedo mediante amenazas en cada oportunidad o si se ejerce violencia sólo en el primer evento, logrando que la víctima no ofrezca resistencia en los hechos futuros, puesto que -bajo este análisis- en todos estos casos nos encontramos ante la repetición de un abuso sexual con acceso carnal, en el que se quiebra la voluntad de la víctima, en mayor o menor grado; y afirmó que en esas condiciones "...para la definición del abuso sexual como delito continuado, no es un parámetro dogmático determinante la eficacia de la violencia inicial -que se extienda el sometimiento a los sucesivos hechos de abuso sexual- porque cada uno de ellos es ejecutado anulando la voluntad de la víctima. Y de allí la errónea aplicación [al caso] del art. 55 del CP" (fs. 116 vta.).
Indicó, en resumen, que la circunstancia exigida en el fallo cuestionado referida a que a partir del segundo abuso sexual la víctima no ofrezca resistencia, no es un suceso que pueda ser controlado por el autor del hecho, puesto que solo depende de la reacción de la víctima y de su capacidad de resistencia, por lo que en todo caso lo determinante -a su criterio- "...es la unidad de voluntad que torna a los sucesivos abusos en una unidad de disvalor", siendo la repetición de los elementos típicamente requeridos lo que define un delito continuado (v. fs. 117).
Alegó que la tesis aplicada por el Tribunal de Casación acarrea una consecuencia práctica absurda, toda vez que de ella se deriva que el hecho respecto de una víctima más vulnerable, que es sometida sexualmente en el hecho inicial, podría recibir un trato más leve (en cuanto a la escala penal aplicable) por configurar un delito continuado y si -en cambio- la víctima logra sobreponerse de la violencia inicial y ofrece resistencia alguna ante los sucesivos abusos, tales hechos cobrarían independencia entre sí y serían aplicables las reglas del concurso real; por lo que se estaría, así, ante una interpretación arbitraria de la ley penal (v. fs. cit.).
Trajo a colación, en apoyo de su postura, el criterio emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Acosta" (CSJN, A. 2186.XLI) y calificó de absurda la consecuencia práctica alcanzada por el órgano revisor al otorgar -en el caso- relevancia jurídica a la resistencia de la víctima, dado que "...el encausado podría ser imputado por un [sinnúmero] de abusos sexuales en cada uno de los cuatro domicilios habitados [siendo que], en realidad, se está ante un supuesto de unida[d] de conducta" (fs. 117 y vta.).
Enfatizó que "...estamos ante un conjunto de conductas homogéneas en las que el imputado afectó la libertad sexual de la víctima con un dolo total y la intensidad en la agresión o la aspereza en el ejercicio de violencia al ejecutar el abuso no permite considerar que cada uno de ello configura una infracción distinta de la anterior" (fs. 117 vta. y 118).
Concluyó, finalmente, en que se verifica en autos la existencia de un "concurso aparente" entre las figuras típicas descriptas en los párrafos segundo -abuso que por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima- y tercero -cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías- del art. 119 del Código Penal, y que resulta aplicable a la conducta en reproche atribuida a su asistido "...el tipo penal de abuso sexual con acceso carnal que, por resultar una figura más grave y que absorbe el contenido del injusto de los tipos más leves, desplaza al abuso sexual gravemente ultrajante por razones de consunción". Por las razones expuestas, estimó que no podía darse por cumplida la pluralidad de conductas que exige el concurso real de delitos (v. fs. 118).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 131/137).
III. El tribunal a quo transcribió la materialidad ilícita fijada en la instancia de mérito en los siguientes términos: " Entre el año 2009 y los primeros días del mes de octubre de 2014, A. A. L. V. reiteradamente abusó sexualmente de [J. J. M.] , quien contaba en la época de los hechos entre 8 y 12 años, hija de su pareja M. B. A., en los distintos domicilios en los que convivían. Los abusos sexuales comenzaron en el año 2009 en circunstancias en que convivían en el establecimiento rural '… …', de Coronel Vidal, y consistieron en tocamientos de la vagina y realizarle sexo oral a [la víctima], generalmente en horas de la noche y en la cama ocupada por la menor. Más adelante, los abusos sexuales siguieron produciéndose tanto en la vivienda que compartía el grupo familiar en el campo '… …', sito en cuartel … de Coronel Vidal, como en la casa ubicada en calle Carmen … N° … de la misma ciudad, para lo cual A. A. L. V., repetidamente, en horas de la noche, se dirigía a la habitación en la que dormía [la menor] , la despertaba, le tocaba la vagina y le practicaba sexo oral. Asimismo, en el transcurso del año 2013, A. A. L. V., en el establecimiento rural '… ….' de San Ignacio, partido de Ayacucho, siempre aprovechando la situación de convivencia preexistente, [...] , siguió abus [ando] sexualmente de [la damnificada] , de manera repetida, para lo cual se dirigía a la habitación en que dormía la menor, la despertaba, le tocaba la vagina para luego practicarle y hacerse practicar sexo oral, llegando incluso a eyacularle dentro de su boca. Por último, y en momentos en que A. A. L. V. convivía con [la mencionada víctima] en el campo '... …', ubicado en el paraje San Ignacio, Cuartel …, de Ayacucho, el día 4 de octubre de 2014, en las primeras horas de la noche, abusó sexualmente de la menor, en circunstancias en que [la nombrada] se encontraba sola en el puesto cercano a la vivienda principal, buscando unos utensilios de cocina, para lo cual A. A. L. V. se hizo presente en el lugar, llevó a la menor hasta la habitación y le practicó sexo oral. En este caso los abusos, por las circunstancias de su realización y el tiempo en que se desarrollaron, además de configurar conductas desviadoras implicaron un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima [...] en razón de las características del acto en sí y la persona que los realizaba " (fs. 86 vta./87 vta.; el destacado figura en el original).
Luego, en lo que importa destacar a fin de dar solución al caso, el Tribunal de Casación abordó el reclamo del defensor oficial llevado en el memorial previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal, vinculado -en resumidas cuentas- a que debía descartarse en el caso la configuración de un concurso material de delitos, por tratarse de un supuesto de delito continuado (v. esp. fs. 68 vta./71).
Sobre ese punto, la judicatura intermedia -a través del sufragio del juez doctor Carral, que concitó la adhesión simple del juez doctor Maidana-, refirió que en reiteradas oportunidades había sostenido que "...sólo podría aceptarse que media la secuela de una misma conducta o trama delictiva que permanece, cuando los hechos subsiguientes constituyan una mera consecuencia, aprovechada por el autor, a raíz de la situación delictiva generada desde el primero de ellos" (fs. 95 vta. y 96).
Seguidamente, señaló que "...frente a delitos sexuales violentos ejecutados sobre la persona de una única víctima (supuesto que se presenta en este legajo), lo anterior se dará únicamente en aquellos casos en los cuales la persona abusada, en función de la violencia desplegada del primero de ellos, ya no ofrece resistencia alguna frente al agresor, quien se aprovecha -de esta manera- del sometimiento logrado a partir de su primer hecho, para 'seguir' cometiendo el mismo delito en contra de aquella, lo que dista de lo corroborado y fundado por el veredicto que ha relevado que los acontecimientos sexuales que se le atribuyen al imputado de diferente intensidad lo fueron cada uno de ellos por medio de violencia física y amenazas" (fs. 96).
Destacó, en relación con las constancias de la causa, que la damnificada había expresado la manera en que comenzaron los abusos, esto es tomándola el imputado V. de un brazo y expresándole "... shhh, no digas nada (fs. 10 vta. [-veredicto condenatorio-])", además de dar cuenta del temor que le generaba la presencia del nombrado, quien le impidió revelarle a su madre lo que sucedía (v. fs. 11), de contar de qué manera intentó evitar que aquel pudiera ingresar al cuarto, colocando una silla que sin embargo resultó un obstáculo sorteado por el aludido acusado, y de narrar que en otras oportunidades el procesado "... la obligaba a hacerle sexo oral [...] la agarraba de los pelos o del hombro y la empujaba (fs. 11)" (fs. 96 y vta.; el destacado figura en el original).
Agregó que todo ello ocurrió entre los años 2009 y 2014, en las diferentes viviendas que fueron ocupando con su grupo familiar (en el campo "…. ….", en la casa ubicada en la calle Carmen … … de Coronel Vidal, en el establecimiento rural "… …" y en el campo "… …"; v. fs. 96 vta.).
Concluyó, en función de tal razonamiento, que en el caso no se verificaban los presupuestos inherentes a un delito continuado, como tampoco resultaban atendibles los argumentos esgrimidos por la defensa para considerar la existencia de un concurso aparente o concurso de leyes, ante la ausencia de la unidad de acción requerida como presupuesto para su consideración (v. fs. 96 vta.).
IV.1. Frente a lo así decidido, las argumentaciones expuestas en el recurso en trato no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el tribunal recurrido desestimó el planteo formulado, pues en rigor sólo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar la errónea aplicación de la norma actuada (art. 55, Cód. Penal) ni las vulneraciones legales denunciadas (art. 495, CPP).
En rigor, pese a que el recurrente denunció la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal (v. esp. fs. 111/118 vta.), los argumentos plasmados en la impugnación refieren a cuestiones vinculadas con los hechos merced a los cuales se conformó la plataforma fáctica que fue objeto de imputación, y sólo transitivamente a la significación jurídica de la misma. Esta temática relativa a la fijación de los hechos, resulta ajena al conocimiento de esta Corte en el marco de la vía extraordinaria emprendida, conforme las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar, que los desarrollos que trae contra el decisorio en crisis, además de remitir en lo medular a lo ya expuesto por la defensa oficial al momento de presentar el memorial previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal (v. esp. fs. 68/71), como ya dije, no pasan de ser una oposición personal divergente a la del juzgador (doctr. art. 495, cit.).
De tal manera, no se advierte que el impugnante haya logrado demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del tribunal recurrido (art. 55, Cód. cit.) a partir del modo en que ha sido delimitado el objeto de imputación (art. 495, CPP).
IV.2. Es que las materialidades ilícitas que han sido reseñadas (v. apdo. III) denotan, y de esa forma exhiben, que no ha habido un designio común de cometer los delitos contra la integridad sexual de la víctima.
En efecto, la secuencia temporal en que acaecieron los sucesos (entre el año 2009 y hasta el mes de octubre de 2014), las diferentes viviendas en que habitó el grupo familiar y donde aquellos se cometieron (se identificaron cuatro domicilios) y las diversas modalidades de las conductas desplegadas por el imputado V., muestran que realizaba los abusos sexuales tantas veces como ocasiones -y en consecuencia- como decisiones tomara, siendo que ellos se efectuaban al amparo de la situación de convivencia con la víctima.
Es por ello que no advierto en el caso, ni la defensa técnica ha logrado demostrar, el aducido designio común, toda vez que lo que caracteriza al delito continuado -y lo diferencia del concurso real- es la decisión única, ese dolo identificado por la doctrina como "unitario" (conf. doctr. causas P. 117.840, sent. de 14-X-2015; P. 121.641, sent. de 31-VIII-2016; P. 124.786, sent. de 7-III-2018; e.o.).
En ese sentido, repárese que ni la mecánica de los hechos atribuidos al acusado V. ni la secuencia temporal permiten concluir continuidad en la determinación de las conductas en reproche. Ello así, en tanto el nombrado renovaba y repetía tantas veces como le fue posible sus actos de abuso sexual con dolo.
Por lo que su proceder a lo largo del tiempo, que implicó la realización de las acciones típicas "Entre el año 2009 y los primeros días del mes de octubre de 2014" (fs. 86 vta.), significó que cada una de las conductas que fueron constatadas se materializaran en hechos independientes y autónomos, por lo cual resultó correcto el encuadramiento en los parámetros del concurso real de delitos conforme lo resolvió el fallo dictado en sede casatoria (art. 55, Cód. Penal; el destacado figura en el original).
Ello es así, puesto que existió una pluralidad de acciones del inculpado V. que afectaron la integridad sexual de la víctima y que concurren materialmente entre sí; siendo que la decisión de llevarlas a cabo -en términos de voluntad- se fue renovando en cada una de esas ocasiones que se le fueron presentando, sin que se haya acreditado en autos y bajo las circunstancias en que los hechos acaecieron una solución unitaria de comisión.
IV.3. Cabe señalar, adicionalmente, que si bien el recurrente mencionó durante la exposición de sus agravios la existencia de un juicio absurdo y arbitrario en la interpretación de la ley penal y trajo a colación un precedente de la Corte Federal (fallo "Acosta", cit.; v. esp. fs. 117 y vta.), lo cierto es que más allá de señalar su opinión diversa y sugerir interpretaciones alternativas al enlace concursal otorgado a los ilícitos atribuidos al encausado, no ha desarrollado argumentos idóneos que permitan verificar la existencia de algún vicio que constituya un supuesto de arbitrariedad que denunció, ni violación a la doctrina citada (art. 495, cit.).
Es dable recordar que el objeto de la doctrina sobre la arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos: 310:234); siendo doctrina consolidada que no configura ese supuesto excepcional, la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento impugnado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN, Fallos: 250:348). Además, el vicio debe tener tal entidad como para que, en el caso de ser conjurado, modifique la solución tomada por el tribunal a quo .
IV.4. Finalmente, he de puntualizar que la cuestión decidida en su pronunciamiento confirmatorio por la Casación resulta -en lo pertinente- análoga a la doctrina legal de esta Corte (conf. causas P. 117.840, P. 121.641 y P. 124.786, cits.; e.o.).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani.
En el caso bajo examen, tal como lo expuso el Procurador General, se han podido individualizar actos
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