Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134709
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Difiérase para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.709, "Donnarumma, Gerardo Alberto S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa n° 97.559 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento dictado el 4 de febrero de 2020 -por mayoría- rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensora particular del condenado Gerardo Alberto Donnarumma -doctora Claudia Adriana Thevenon- contra la sentencia de unificación de penas del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que estableció la pena única de veintinueve años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de la pena única de veinticuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas -con más declaración de reincidencia- impuesta también por ese Tribunal en la causa 2.284/2, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio, secuestro extorsivo agravado, robo calificado por el empleo de arma (dos hechos), privación ilegal de la libertad, tenencia ilegal de arma de guerra y robo calificado por el empleo de arma de fuego; y, asimismo, la condena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas recaída en la causa 5.988/4 del Tribunal en lo Criminal n° 4 del mismo departamento judicial, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego -hecho I-, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra -hecho II- con costas en la instancia (v. fs. 74/84 vta.).
Frente a lo así resuelto, la defensora de confianza del condenado, interpuso ante el Tribunal de Casación Penal, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue parcialmente concedido por ese órgano, mediante el decisorio dictado el 19 de noviembre del 2020 (v. fs. 119/122 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 132/134 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 135) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario la señora defensora particular del condenado de autos -Gerardo Alberto Donnarumma-, doctora Claudia Adriana Thevenon, planteó la arbitrariedad del pronunciamiento casatorio y sostuvo que la sentencia lucía defectos de fundamentación y motivación que lo descalificaban como acto jurisdiccional válido, tildándola de "incorrecta, contradictoria, y caprichosa", a lo que sumó la invocación de absurdo valorativo "...de los elementos probatorios incorporados" (fs. 99 vta.).
Luego de transcribir prácticamente íntegra la decisión del Tribunal casatorio (v. fs. 100/103 vta.), sostuvo que se aplicó erróneamente el art. 55 del Código Penal vigente antes de la reforma introducida por la ley 25.928 (esta última, que posibilitó el aumento del máximo de la pena divisible a cincuenta años de prisión).
Indicó que -con anterioridad a la citada ley- la pena de prisión temporal máxima tenía un tope fijado en veinticinco años deducido del límite superior de la escala establecida para el delito de homicidio simple (art. 79, Cód. Penal). Tras citar el fallo plenario "Hidalgo" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital federal, aseveró que de ninguno de los trabajos parlamentarios ni de los antecedentes que dieron origen a la ley 23.077 surgía la voluntad del legislador de aumentar la pena a más de veinticinco años de prisión.
Argumentó que el máximum legal no sólo debía buscarse en la parte especial del Código Penal sino en las normas complementarias y trajo a cuento posibles incongruencias con relación a los institutos de libertad condicional, tentativa, participación secundaria, prescripción e inhabilitación pues se convertirían a la prisión o reclusión perpetuas en penas menos graves que la prisión temporal (v. fs. 103 vta. y 104).
Concluyó en que la agravante contenida en el art. 227 ter del Código Penal no se aplica "...a cualquier delito", y que su inclusión en la parte especial del código debe estimarse errónea, como así también su aplicación violatoria al principio de legalidad de los delitos y de las penas y contrario al derecho internacional por reflejar una disparidad de trato entre un condenado por delitos comunes frente a otro por delitos de genocidio (v. fs. 104).
Seguidamente agregó que la resolución de Casación incurría en un vicio in procedendo por no haber sido adecuadamente fundada, aspecto que la invalidaba (v. fs. cit.).
Debo aclarar que a continuación, se evidencia la técnica de recorte y "pegado" utilizada en el recurso en examen, -y que ciertamente dificulta la ilación argumental-, dado que en este segmento -al igual que en varios otros más- se hace referencia a circunstancias ajenas al presente caso ( "... tal como la propuesta por la defensa en su recurso y receptada por el colega Luis Niño en el voto que antecede " , fs. 109 vta.).
Puntualmente las siguientes páginas del recurso -aunque se presentan como parte del desarrollo argumental propio- son una transcripción exacta del fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en el marco de la causa 11.580/2012 dictada en el año 2016.
De conformidad con lo dicho, desde el final de fs. 104, hasta fs. 108 aunque no se lo cite ni se haga referencia alguna, se advierte que se trata del voto del juez Luis Niño emitido en la causa indicada, y a partir de allí, con la única omisión de las fojas a las que se remite en aquel caso, el voto del doctor Eugenio Sarrabayrouse. Lo mismo cabe señalar desde fs. 110 y hasta fs. 113, donde se compone el relato con la copia casi íntegra (sólo se omiten -aunque sin reemplazarlos- unos pocos párrafos) del voto del restante magistrado, doctor Horacio Leonardo Días, bajo igual modalidad: sin cita ni referencia alguna.
Para finalizar, la recurrente expresamente anuncia "...en apoyo de la postura de esta defensa" el voto en minoría del magistrado Fernando Luis María Mancini Hebeca, el cual -bajo la misma técnica- recorta y pega en su totalidad (incluso con el voto del doctor Kohan, que conformó la mayoría).
Por último, formula reserva del caso federal.
II. El señor Procurador emitió su dictamen propiciando el rechazo del remedio en examen. Coincido con él.
III. En lo que resulta de interés, corresponde señalar que el 18 de marzo de 2019, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a Gerardo Alberto Donnarumma, a la pena única de veintinueve años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas del proceso y declaración de reincidencia. Dicha sanción comprendió una anterior pena única de veinticuatro años y seis meses de prisión con declaración de reincidencia impuesta por ese mismo Tribunal (causa 2.284/2, por resultar el nombrado, autor de los delitos de homicidio, secuestro extorsivo agravado, robo calificado por el empleo de arma -dos hechos-, privación ilegal de la libertad, tenencia ilegal de arma de guerra y robo calificado por el empleo de arma de fuego) y la condena de nueve años de prisión recaída en la causa 5.988/4 del Tribunal en lo Criminal n° 4 de aquel departamento judicial, por ser coautor del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego (hecho I), en concurso real con portación de arma de guerra.
Contra la sentencia de unificación, la defensora de confianza interpuso un recurso de casación a través del cual solicitó la aplicación de un cómputo beneficioso con anclaje en la ley 24.390, bajo el argumento de que uno de los hechos integrantes del conglomerado de condenas y penas unificadas habría sido cometido cuando la citada ley estaba vigente (año 1999), requiriendo a su vez que se considerara como límite máximo de la pena, los 25 años de prisión.
El Tribunal de Casación, tras oír a las partes en audiencia, deslindó los agravios admitidos respecto de diferentes cuestiones colaterales introducidas por la letrada (v. fs. 78) para luego rechazar -por mayoría- el recurso.
La magistrada ponente, doctora María Florencia Budiño -a quien adhiriera el doctor Mario Kohan- revisó la actuación del Tribunal de la instancia, y constató que en el caso, si bien había hechos objeto de la unificación anteriores a la reforma introducida por la ley 25.928 que aumentó el máximo de la pena divisible a 50 años, el órgano de mérito había justificado el monto de pena de 29 años y diez meses de prisión, con base en la reforma introducida por la ley 23.077 que al incorporar el art. 227 ter al Código Penal tuvo como consecuencia la amplitud del monto máximo de dicha especie de pena.
A partir de allí, señaló que la recurrente no se había encargado de rebatir los fundamentos del fallo ni explicar la infracción legal que imposibilitara arribar a la sanción punitiva establecida.
Por otro lado, consideró los fallos de esta Corte que avalaron la tesis expuesta por el tribunal de la instancia como así también el precedente "Estévez" del máximo tribunal nacional.
IV. El reclamo contra ese pronunciamiento fue admitido únicamente con relación a los agravios de errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva (arts. 41, 55, 79 y 227 ter , todos del Código Penal), sin que la recurrente objetara esa apertura competencial.
En ese limitado margen no puede prosperar pues la impugnación presenta ostensibles deficiencias que impiden reconocerle una mínima suficiencia recursiva.
En primer lugar, cabe aclarar que Gerardo Alberto Donnarumma posee calidad de penado, pues la impugnación se dirige contra una sentencia que, a pedido de parte, unificó diferentes condenas, de modo que las aseveraciones a su calidad de "procesado" son erróneas (v. fs. 98 vta.). Lo mismo corresponde decir respecto de la invocación de absurdo sobre "...elementos probatorios incorporados", pues son anuncios que no se condicen con el objeto de la controversia de derecho sustantivo que se presentó como agravio.
Por otro lado, a los déficits en el relato argumental -ya indicados en el punto I- que generan un texto de trabajosa coherencia y que dificultan su comprensión, corresponde sumar la carencia de críticas puntuales y certeras respecto de los argumentos expuestos por el fallo del Tribunal de Casación que confirmó el de primera instancia.
En efecto, la defensora de confianza del condenado insiste aquí en que la escala penal no puede superar los veinticinco años de prisión, pero no se hace cargo de rebatir los fundamentos que en ambas instancias sostuvieron sendos tribunales. Tal como lo señala el señor Procurador General en su dictamen, el planteo es una reedición del agravio que portara el recurso de casación, lo cual devela una técnica recursiva ineficaz, dado que no se hace cargo ni refuta la base motivacional de la decisión impugnada (conf. P. 119.795, sent. de 2-XII-2015; P 127.180, sent. de 15-VIII-2018; e. o.).
En consecuencia, debe rechazarse por insuficiente el recurso extraordinario que no rebate la tesis que ambas instancias establecieron, según la cual, la escala penal aplicable conforme la ley vigente al momento de comisión de los sucesos integrantes de la condena, podía superar los veinticinco años de prisión en virtud de la incorporación del art. 227 ter que modificó el tope máximo de la escala penal llevándolo a treinta y siete años y seis meses de prisión (art. 495, CPP).
Aun cuando lo dicho abastece para el rechazo del planteo, cabe señalar que esta Corte ya en otras oportunidades ha desestimado por insuficientes, argumentos que pretendían poner en jaque una interpretación como la realizada en autos, basándose en las incongruencias que generaría una pena temporal superior a los veinticinco años respecto del cálculo de diversas instituciones como la libertad condicional, la tentativa, la participación, o la rehabilitación para las penas de inhabilitación (conf. art. 495, CPP; v. causas P. 127.708, sent. de 13-XII-2013 y P. 116.101, sent. de 12-III-2014; e. o.).
Por otro lado, aun sin desconocer que la tesis que expusiera el voto minoritario del doctor Mancini en la presente causa, comulga con la opinión razonada de una corriente del pensamiento doctrinario especializado, la misma no ha sido nunca reconocida por nuestro legislador.
Por el contrario, hace ya quince años que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal; conf. ley 25.928, B.O., 10-IX-2004). Y si bien también se modificó el requisito temporal para acceder a la libertad condicional para el caso de penas indivisibles (ley 25.892, B.O., 24-V-2004), otras asimetrías pueden observarse aún hoy entre el tope punitivo expresamente vigente e institutos de la parte general (v.gr. arts. 42, 44 y 46, Cód. Penal; e. o.) lo que no abastece por sí solo como un fundamento constitucionalmente invalidante de la norma.
Corresponde destacar que el Máximo Tribunal del país ha tenido oportunidad de expedirse desestimando planteos que objetaban -desde el prisma constitucional- una postura similar a la asumida aquí por el órgano de juicio y confirmada por Casación.
Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: "...el propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate", agregando que por sí misma, "...esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" (del fallo "Estévez", sent. de 8-VI-2010; conf., en el sentido indicado, lo resuelto por esta Corte en el precedente P. 127.708, sent. de 13-XII-2013 y P. 116.101, sent. de 12-III-2014, ya cit.).
Por lo demás, en cuanto a la evolución legislativa posterior a la ley 23.077, cabe señalar que, tal como lo expusiera mi colega el doctor Daniel Soria al votar en P. 131.026 (sent. de 18-V-2020), esta Corte al examinar la posibilidad de aplicar la agravante genérica de los arts. 41 bis (ley 25.297, B.O., 22-IX-2000) o 41 quater (ley 25.767, B.O., 1-IX-2003), admitió una escala penal que podía sobrepasar el tope de veinticinco años (conf. causa P. 102.647, sent. de 19-VIII-2009; P. 110.202, sent. de 27-IV-2011; P. 109.090, sent. de 17-VIII-2011; P. 110.556, sent. de 21-XII-2011; P. 103.713, sent. de 27-VI-2012; e. o.); igual solución se adoptó respecto del delito complejo captado por el art. 165 del Código Penal (v., por todos, P. 111.421, sent. de 18-VI-2014).
Esto puso de relieve que, al contrario de la postura sostenida por la recurrente, la legislación posterior a la ley 23.077 no reconoció el límite de pena temporal "...anclado en veinticinco años", porque mucho antes de que el máximo total aplicable duplicara ese registro (conf. actual redacción del art. 55, Código Penal, según texto ley 25.928), el legislador ya había habilitado un monto de pena mayor al adicionarle un tercio incluso para un único hecho de homicidio (art. 79) o robo con homicidio (art. 165). Y esto es así dado que aquel, a cuyo cargo se encuentra el diseño de la política criminal puede modificar en cualquier momento las escalas penales según lo estime conveniente, en función de determinado interés (conf. mutatis mutandis , P. 131.026, cit.).
Esto entonces también habla en favor de la posición que interpreta que el máximo de las penas temporales de prisión a que alude el mentado art. 55 del Código Penal se enlaza con la escala del art. 227 ter , pues si el legislador autorizó el aumento en un tercio por sobre el máximo de veinticinco años es porque "...el máximo de la especie de pena de que se trate, en esta posible lectura, ya lo desbordaba" (sent. cit.).
Por todo lo expuesto, es que voto entonces por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Concuerdo con la distinguida colega doctora Kogan en que el recurso debe ser rechazado por insuficiente (art. 495, CPP).
En el caso es innecesario hacer mayores precisiones al respecto de la interpretación que entiendo corresponde dar al texto del art. 55 del Código Penal anterior a la reforma de la ley 25.928 (v. mi voto en P. 116.101, sent. de 12-III-2014; e. o.), toda vez que los defectos recursivos descriptos en el voto al que adhiero denotan la insuficiencia de la impugnación de la defensa en procura de una solución disímil a la establecida en las instancias previas.
Con este alcance, voto también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Difiérase para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/08/2021 12:47:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/08/2021 19:23:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2021 10:08:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2021 14:36:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2021 14:38:48 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia