Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132016
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Rubén Darío Huelmo Peralta, con el patrocinio letrado de la defensa oficial, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, también conforme el dictamen de la Procuración General, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial de Horacio Héctor Bustamante, con costas (doctr. arts. cits.).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.016, "Huelmo Peralta, Rubén Darío. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa nº 65.154 y sus acumuladas n° 65.155 y n° 65.157 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala VI del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2016, en lo que aquí interesa mencionar, rechazó los recursos de la especialidad interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro que -en lo que importa- condenó a Horacio Héctor Bustamante a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar partícipe necesario responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (causa 3.127) y autor del delito de portación ilegal de arma de guerra agravada por registrar antecedentes penales (causa 3.172), en concurso real entre sí -arts. 41 bis, 45, 55, 79, 189 bis apartado 2, párrafos cuarto y octavo del Código Penal-; a Rubén Darío Huelmo Peralta a veintiún años de prisión, accesorias legales y costas por ser coautor y autor responsable de los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (causa 3.127) y de portación ilegal de arma de guerra agravada por registrar antecedentes penales y encubrimiento agravado (causa 3.178), en concurso real entre sí, con más declaración de reincidencia -arts. 41 bis, 45, 50, 55, 79, 189 bis, apartado 2, párrafos cuarto y octavo y 277 inc. 1, "c" e inc. 3 "b" del Código Penal- y a Gabriel Raúl Figueroa a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego (causa 3.127 y 3.246) -arts. 41 bis, 45 y 79 del Código Penal- (v. fs. 211/222).
Frente a esa decisión, el mencionado Huelmo Peralta con el patrocinio de la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Susana E. De Seta, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 241/248), el que fue concedido por aquel órgano (v. fs. 299/302)
Por su parte, la señora defensora oficial adjunta ante ese tribunal, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Bustamante (v. fs. 332/338 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 339/340 vta.).
A su vez, la señora defensora oficial adjunta mencionada en primer término, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Figueroa (v. fs. 294/298), siendo dicha vía impugnativa declarada inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 299/302 vta.). Contra esa decisión dedujo queja ante esta Corte, que fue desestimada -resolución de 12-VI-2019-, siendo, asimismo, declarado inadmisible el recurso extraordinario federal formulado a remolque de ese rechazo -resolución de 29-IV-2020 (v. legajo P. 131.889, acollarado), tramitando recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ 000522/2020-00: Figueroa, Gabriel Raúl s/Recurso de queja en causa n° 65.154).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 357/361 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 364) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por Rubén Darío Huelmo Peralta, con el patrocinio letrado de la defensa oficial, y por la defensora oficial adjunta ante Casación a favor de Horacio Héctor Bustamante?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Dado que los recursos de inaplicabilidad de ley contienen similares motivos de agravio e idéntica fundamentación (v. fs. 241/248 y 332/338 vta.), los trataré conjuntamente.
II. En sus respectivas presentaciones recursivas los recurrentes alegaron la inconstitucionalidad del art. 189 bis, inc. 2, párrafo octavo del Código Penal (v. fs. 243 y 334 -y sigs.-).
II.1. Sostuvieron la inconstitucionalidad de la portación de arma de fuego calificada por registrar antecedentes penales entendiendo que dicha figura resulta contraria al principio de culpabilidad y la garantía del ne bis in ídem . Refieren que la agravante cuestionada hace foco sobre otro hecho ya juzgado y condenado, por lo que -desde tal perspectiva- su consideración en ese carácter representa la imposición de un porcentaje de pena que implicaría una doble valoración de una misma circunstancia, lo cual se sabe está constitucionalmente vedado.
Indicaron que la Corte federal reconoció la jerarquía constitucional de la prohibición del ne bis in idem y reclamaron su interpretación amplia a fin de impedir que se impongan consecuencias más gravosas a un sujeto en función de un hecho cometido y condenado con anterioridad, de acuerdo con lo establecido por los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, en relación con los arts. 8.4. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 243 vta.; 244; 334 vta. y 335).
II.2. Luego esgrimieron que la decisión adoptada por la Casación vulneró el principio de culpabilidad por el acto, en la medida en que el fallo sostuvo que la agravación de la pena se produjo por la mayor culpabilidad del sujeto en el segundo hecho cometido, dado que el autor tiene un cuadro más vívido respecto de qué es lo que ocurre en el caso si no cumple con lo ordenado por la norma (v. fs. 244 y 335).
Apuntaron que el mencionado principio tiene basamento constitucional conforme lo reconociera el Máximo Tribunal nacional y se funda en una concepción antropológica del hombre que presupone su condición de ser capaz de autodeterminación y dotado de conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado y sus personales capacidades (v. fs. 244 vta.; 335 y vta.).
Consideraron, en dicho marco expositivo, que lo que en doctrina se conoce como la fórmula de la advertencia, según la cual el autor merece un mayor reproche de culpabilidad por el nuevo hecho ante el desprecio y rebeldía frente a los valores jurídicos que apreció en carne propia, se da de bruces con el principio en trato, y enfatizaron que la mayor culpabilidad a la que haría referencia la reincidencia del sujeto activo en un mismo comportamiento, como toda circunstancia fundacional de la punición, debería ser constatada empíricamente en el caso concreto (v. fs. 245 y vta.; 336).
Alegaron que ni el legislador puede establecer una presunción de mayor culpabilidad fundada solo en la existencia de condenas anteriores, ni el Juez puede fingir la existencia de una mayor culpabilidad, por lo que para afirmar la existencia de un juicio de reproche agravado se debería recurrir al dictamen de expertos. En ese entendimiento, manifestaron que el sujeto que ha experimentado una intervención del poder penal anterior no tendrá una mayor conciencia del ilícito, ni un mayor ámbito de autodeterminación al momento de la comisión del segundo hecho, por lo que no existiría -a su entender- una mayor culpabilidad que justifique el incremento de pena que se originaría a partir de la condena en un hecho anterior (v. fs. 245 vta.; 246 vta.; 336 vta. y 337).
Precisaron, en función de las consideraciones vertidas, que el legislador argentino determinó una elevación de la pena (art. 189 bis, inc. 2, párrafo 8, Cód. Penal) exclusivamente a partir de una presunción de mayor culpabilidad. Entendieron que ello es incompatible con la Constitución nacional, pues es una presunción que contraviene los datos de la experiencia en cuanto a conciencia del ilícito y ámbito de autodeterminación (v. fs. 246 vta.; 247 y 337 vta.).
En síntesis, concluyeron que la reiteración delictual de un sujeto no evidencia una culpabilidad agravada del segundo ilícito, por lo que el incremento de la sanción que a partir de ella se opera (art. 189 bis, inc. 2, párr. 8, Cód. Penal) importa un porcentaje de pena que no responde a la culpabilidad del autor por el hecho, lo que determina una pena que supera la culpabilidad del sujeto (v. fs. 247 y 337 vta.).
II.3. Como consecuencia, requirieron que se case el pronunciamiento recurrido por resultar arbitrario, se declare la inconstitucionalidad del art. 189 bis -cit.- del Código sustantivo y se recalifique el hecho como portación ilegal de arma atenuada por su falta de finalidad ilícita, remitiéndose la causa a la instancia anterior para fijar una nueva pena con intervención de jueces hábiles (v. fs. 247 vta. y 338).
III. El señor Procurador General al emitir su dictamen aconsejó que se rechacen los recursos interpuestos (v. fs. 357/361 vta.).
IV. Coincido con él en que el agravio planteado por los recurrentes no puede prosperar.
IV.1. La Sala VI del Tribunal de Casación -a través del sufragio emitido por el juez doctor Maidana, que concitó la adhesión simple del juez doctor Kohan- desestimó, en lo que resulta pertinente destacar, los recursos de la especialidad de las respectivas defensas de los acusados Bustamante y Huelmo Peralta, pronunciándose por la validez constitucional de la figura típica -aquí cuestionada- que consagra el art. 189 bis, inc. 2, octavo párrafo del Código Penal (v. esp. fs. 219 vta./222).
El juez Maidana explicó al respecto que "...la declaración de inconstitucionalidad, no puede prosperar en la medida que los principios constitucionales que, a juicio de la defensa, serían violentados por la aplicación al caso del art. 189 bis Ap. 2° 'párrafo octavo' del C.P., son exactamente los mismos que enarbolan quienes propician la imposibilidad del incremento de las penas por reincidencia, por lo cual son fácilmente refutados con la extrapolación de la argumentación jurisprudencial que validan tal fundamento para el incremento de la pena vinculado al mayor desvalor del injusto que resulta aplicable en la materia" (fs. 219 vta. y 220).
Invocó de seguido lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a que "...el principio ne bis in ídem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos casos en los que el individuo incurre en una nueva infracción criminal (Fallos 311:1451)" (fs. 220).
Señaló luego que no era irrazonable que, al graduar la pena, se valorara aquella circunstancia para determinar la magnitud de un reproche ante un mayor grado de culpabilidad de quien, conociendo las implicancias de una anterior condena, no obstante, se involucra en un nuevo ilícito (v. fs. cit.).
Concluyó que no se trata de consagrar un derecho penal de autor puesto que no se aplica otra pena por el hecho ya juzgado ni resulta un repetido intento de condenar a la persona por el mismo delito, sino que este es empleado como referencia para individualizar la pena actual, dentro de la escala fijada por el tipo penal, sin advertir en el caso desproporción entre el bien jurídico lesionado y la intensidad o extensión de la sanción infligida a los imputados (v. fs. 220 y vta.).
IV.2. Los embates son insuficientes pues esta Corte ya tuvo oportunidad de rechazar análogas denuncias de afectación al ne bis in ídem y al principio de culpabilidad por el acto, fundadas en los mismos argumentos que aquí traen los impugnantes (art. 495, CPP, conf. in re P. 114.455, sent. de 9-X-2013; P. 112.247, sent. de 12-III-2014; P. 109.654, sent. de 3-IV-2014; P. 111.250, sent. de 16-IV-2014; P. 114.706, sent. de 10-IX-2014; P. 114.460, sent. de 30-IX-2014; e.o.) por lo que cabe remitirse a los fallos indicados.
Así, la reincidencia no requiere conexión alguna entre el delito anterior y el que luego se comete, y exige del autor el efectivo cumplimiento de pena de prisión -total o parcialmente-, en íntima relación con las consecuencias que conlleva la declaración de esta condición jurídica, vinculadas con un ajuste más preciso del tratamiento penitenciario que el legislador ha considerado adecuado para estos supuestos (conf. arts. 14 y 50, Cód. Penal).
En cambio, en la figura objeto de crítica, para la procedencia de la agravante resulta menester la existencia de "antecedentes penales" sin que se exija entonces cumplimiento de pena de prisión; pero lo que resulta dirimente es que el antecedente lo sea por un "...delito doloso contra las personas o con el uso de armas", lo que implica que no cualquier reiteración delictiva configurará la agravación. Es decir que se exige una vinculación directa entre la ilicitud anterior y la que se juzga actualmente.
Los recurrentes no reparan en esa diferencia cuando reiteran ante esta sede la pretensa vulneración del ne bis in idem basada en que "...se impone una determinada cantidad de pena por un hecho por el cual el sujeto ya fue juzgado y condenado...".
En línea con lo explicado, no se aprecia que la técnica legislativa que incorpora como factor agravante del tipo penal en trato, el dato formal y objetivo de poseer el autor un antecedente penal específico (conforme lo ya dicho en los puntos anteriores), implique de por sí consagrar una persecución penal por los mismos hechos ( bis in ídem ) constitucionalmente prohibida.
Tampoco se advierte, a la luz del principio aludido, ningún obstáculo para condenar por la portación agravada por registrar antecedentes a quien incluso posee la condición jurídica de reincidente (en el caso, Huelmo Peralta -no así Bustamante-).
IV.4. En segundo lugar, los argumentos en los que se hace referencia -dogmáticamente- a la conculcación del principio de culpabilidad no proceden, ya que no se encargan de demostrar que el aumento en abstracto del mínimo de la escala penal que conlleva la aplicación de la figura calificada supere la gravedad de la culpabilidad por el hecho en concreto.
A ello cabe agregar que, desde el punto de vista de la culpabilidad, "...es razonable entender que el comportamiento de portar un arma tiene un significado social más disvalioso en aquellos casos en los que el autor ya ha sido sancionado judicialmente por haber exteriorizado un impulso delictivo contra otro y/o mediante el uso de armas" (arg. del voto de la doctora Argibay en causa M. 1395. XLII. "Maciel, Marcelo Fabián s/ recurso de inconstitucionalidad", sent. de 5-II-2013, considerando 8°, CSJN).
Por todo lo dicho, cabe concluir que las alegaciones efectuadas por los impugnantes no permiten tener por configurada la relación directa e inmediata entre sus planteos, la decisión impugnada y los principios constitucionales invocados (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 310:1542 y 325:2192; e.o.).
V. A todo evento, cabe precisar que los fundamentos aquí vertidos para desestimar la cuestión planteada por los recurrentes constituyen respuesta suficiente a las alegaciones formuladas bajo el rótulo de "errónea aplicación" de lo normado por el art. 189 bis, inc. 2, párrafo 8 del Código sustantivo -ver especialmente fs. 243 y 334-, por cuanto las mismas no vienen acompañadas de una argumentación específica sobre el punto que le dé sustento.
Por ello, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Rubén Darío Huelmo Peralta, con el patrocinio letrado de la defensa oficial, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, también conforme el dictamen de la Procuración General, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial de Horacio Héctor Bustamante, con costas (doctr. arts. cits.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2021 11:13:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/09/2021 12:11:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/09/2021 17:38:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 14:26:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 14:38:27 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia