Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133662
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.662, "Morales Ledesma, Roberto Gerardo s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 90.580 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 25 de junio de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul, que condenó a Roberto Gerardo Morales Ledesma a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima (art. 80 inc. 1, Cód. Penal; v. fs. 67/83 vta.).
Contra ello el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 93/103), que fue concedido por la Sala IV por resolución del día 13 de febrero de 2020 (v. fs. 105/106 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 111/116), dictada la providencia de autos (v. fs. 118) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial planteó la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal en lo que refiere al elemento típico "relación de pareja", en infracción de los principios de legalidad y máxima taxatividad de la ley penal (v. fs. 95 y vta.).
Indicó que esa parte había postulado ante la instancia revisora la necesidad de delimitar el alcance "por demás amplio e indeterminado" de aquella expresión en función de las prescripciones del Código Civil y Comercial atinentes a las relaciones de familia, con especial mención a la inexistencia de convivencia en el caso, así como de un proyecto de vida en común entre agresor y víctima. Sin embargo -dijo- el tribunal de casación se desentendió del reclamo y brindó un análisis arbitrario de la cuestión, que no logra despejar la inseguridad jurídica instaurada por la fórmula penal, además de afectar el principio nullum crimen sine lege certa (v. fs. 95 vta. y 96).
Invocó lo resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en la sentencia del día 18 de junio de 2015 en la causa CCC 38.194/2103/TO1/CNC1 "E., D. s/ Recurso de casación", en cuanto a que "Resulta [...] una necesidad que se apoya en el mandato de certeza que surge del nullum crimen sine lege (art. 18, CN), alcanzar una definición de 'relación de pareja' que supere la multiplicidad de vínculos a los que se podría estar haciendo referencia. Hablar de pareja, de manera global e indeterminada, afecta el principio de máxima taxatividad legal, y puede permitir ampliar o reducir la gama de situaciones incluidas en la agravante, de acuerdo a la interpretación que los juzgadores efectúen a partir de su propia valoración cultural" (fs. 96 y vta.).
Sostuvo que la interpretación del tribunal revisor no encuentra un claro sustento en otras normas de la legislación nacional, por lo que aparece reñida con los principios que rigen en la materia de acuerdo con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Acosta" (CSJN Fallos: 331:858), y con los principios de legalidad, máxima taxatividad, ultima ratio y pro persona (v. fs. 96 vta. y 97).
Agregó que los conceptos vertidos en el fallo recurrido no logran disipar la vaguedad del término y solo establecen apreciaciones subjetivas. Mencionó que según el tribunal de casación, a partir de lo normado por el art. 509 del Código Civil y Comercial, la relación debe exhibir "...carácter de notoriedad, cierta estabilidad y permanencia"; aunque -notó- los señores jueces luego relativizan esas exigencias al expresar que la "pareja" representa un estadio previo a las uniones convivenciales reguladas en la legislación civil, y terminan diciendo que "...debe ser susceptible de ser conocida en general y tener trato propio de una verdadera relación basada en el amor entre dos personas que se comportan como parejas, presentándose así en público. No debe tratarse de una unión casual resultando que debe sostenerse en el tiempo, mas la intensidad del vínculo puede demostrar el 'affectio' que resulte comprendido dentro de una 'pareja' alcanzada por el tipo penal en trato. Finalmente la estabilidad relativa nos habla de cierta continuidad en el sostenimiento del vínculo, más allá de los alejamientos temporales por divergencias en la pareja" (fs. 98 vta. y 99).
Para el impugnante, casación propone una interpretación que al no precisar con claridad las relaciones vinculares comprendidas en la figura agravada del homicidio convierte a la norma en un tipo penal abierto (v. fs. 99 y vta.).
En suma, a su decir, debería entenderse que la expresión relación de pareja "...hace alusión a los vínculos reglados en el art. 509 y ss del CCyC, y que la norma penal alcanza incluso a aquellas relaciones que hubieren cesado, pero siempre y cuando en algún momento hayan reunido los elementos necesarios como para poder constituirse en una unión convivencial"; aclarando que ello no implica que "...el homicidio del novio/a ocasional quedará impune, porque le corresponderá la pena del homicidio simple de 8 a 25 años de prisión o, incluso, de darse las características del caso, la agravante introducida por la misma reforma en el inciso 11º del art. 80, CP, pero no se aplicará la agravante por 'la condición de pareja' en casos donde ella no llegó a consolidarse en la forma que lo establece el Derecho Civil para generar obligaciones y derechos entre los que la integran" (fs. 100 vta. y 101).
Por tanto, a criterio de la defensa, solo puede hablarse de relación de pareja "...actual o pasada, a los fines previstos por el inc. 1ro del art. 80, CP, cuando entre víctima y victimario exista o haya existido un vínculo afectivo de carácter singular, público, notorio, estable y permanente, en el que mediare o hubiese mediado convivencia. Y además, de acuerdo a lo previsto por el art. 510 del CCyC, esa convivencia tiene que mantenerse por un período no inferior a dos años, siendo también exigible que los integrantes de la pareja sean mayores de edad"; requisitos que estimó no verificados en el caso (v. fs. 101 vta. y 102).
Ello así, concluyó, porque la relación vincular que mantuvieron Laura Daniela Lahitte y Roberto Gerardo Morales Ledesma no llegó a constituir una "unión convivencial", y por tanto no alcanzó a un estadio susceptible de generar para ellos los derechos y obligaciones que prevé la norma, ni -por ende- para permitir la aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal. A lo que agregó que no solo no existió una convivencia sostenida en el tiempo, sino que no existió convivencia alguna, como el propio fallo reconoció (v. fs. 102 y vta.).
Por todo lo dicho, solicitó que se declare erróneamente aplicado el art. 80 inc. 1 del Código Penal y se encuadre la conducta del acusado en las previsiones del art. 79 (v. fs. 102 vta.).
II. La Procuración General dictaminó a fs. 111/116 y propició que se rechace el recurso articulado, solución que comparto.
III.1. El tribunal del juicio tuvo por acreditado que "...el día 4 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 22,30 horas, en la vía pública y frente a la entrada de la vivienda sita en calle 9 de Julio nro. 281 de la ciudad de Las Flores, una persona de sexo masculino, utilizando un cuchillo marca Tramontina con mango azul, le aplicó al menos tres puñaladas a Laura Daniela Lahitte, con quien había mantenido una relación de pareja, produciéndole heridas en el cuello, en línea clavicular izquierda a nivel de 1ª espacio intercostal y herida en fosa supraclavicular izquierda, ocasionándoles su muerte por shock hipovolémico" (fs. 1 y vta.).
El hecho fue calificado como homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima según el art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 12).
Puntualmente sobre la agravante en cuestión, el tribunal de origen hizo una reseña de lo sostenido por el autor Alejandro O. Tazza ("Homicidio agravado por la especial relación del autor con la víctima", La Ley, 22/05/2014, I-La Ley 2014-C, 834), y consideró luego que en el caso "...el acusado Morales y la víctima Lahitte mantuvieron una relación de pareja, con intermitencias temporales, antes del hecho que ocasionara la muerte de la última y así lo dijeron [...] los testigos Claudia Elizabet y Gabriela Alejandra Lahitte, Hugo Orlando Redolatti y Pablo Daniel Negrete; lo que descarta de plano la petición defensiva, por lo que no debe hacerse lugar al planteo en subsidio que formulara la Sra. Defensora Oficial Dra. Mariana Mocciaro, solicitando el encuadramiento como Homicidio Simple del Art. 79 de Código de Fondo" (fs. 12/14).
Los señores jueces también rechazaron otro planteo subsidiario de la defensa, que buscaba ubicar el hecho al amparo de las circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo, primer supuesto del art. 80 del Código Penal. Para ello, los señores magistrados ponderaron que no se habían acreditado de manera alguna los extremos que dicha normativa requiere (v. fs. 14 vta.) y que en cambio sí se habían probado, a través de la declaración testimonial de Claudia Elizabet Lahitte, "...al menos dos actos de violencia por parte del acusado contra la víctima", lo que tornaba inaplicable el enunciado final del art. 80 (v. fs. 15 y vta.).
III.2. En lo que importa destacar para la solución del caso, la defensa controvirtió el encuadre legal ante la casación con apoyo en argumentos similares a los que sustentan el recurso bajo estudio (v. recurso de casación, fs. 24/43). Y su planteo resultó fundadamente desestimado por ese tribunal a partir de considerar que, a contramano de lo sostenido por la parte, sí se pudo acreditar la "relación de pareja" entre la víctima y el imputado (v. fs. 72 vta./75).
Luego de destacar que el concepto de "pareja" presentaba dificultades por ser excesivamente amplio e indeterminado, en un intento por precisar sus alcances señaló que "...las relaciones humanas signadas por el afecto y el amor se estructuran en un sistema escalonado de categorías o fases por las que transitan dos seres humanos que se encuentran en esa situación, donde van aumentando las perspectivas de vida en común. Cuando dos personas se conocen y nace entre ellos el afecto de neto corte amoroso, comienza un primer estadio como lo es la 'pareja' o 'noviazgo', que luego puede avanzar a una 'unión convivencial' o bien traslucirse en un 'matrimonio'. Ahora bien, los dos últimos tienen reconocimiento en la ley (art. 509 [...] y en el Libro Segundo, Título I [del Código Civil y Comercial] respectivamente) mientras que el restante concepto debemos labrarlo, por lo menos, en lo que en materia penal compete" (fs. 72 vta. y 73).
En ese sentido, y luego de resaltar que en el caso no se estaba frente a un matrimonio ni a una unión convivencial, el tribunal sostuvo que la relación de pareja debía entenderse como "...una relación signada por el afecto entre dos personas, que puede o no presuponer convivencia o vida en común. Pero esa vinculación debe considerarse conteniendo las notas que distinguen a una pareja como lo es el vínculo sentimental que es común a sus integrantes y que apunta a un proyecto común. Esto no quiere decir que esa proyección implique algún tipo de construcción de una familia o un hogar, mas sí el sostenimiento de la relación amorosa compartiendo momentos y circunstancias de la vida misma como integrantes de ese conjunto de personas. El término 'pareja' empleado sirve para distinguirlo de otras relaciones construidas desde el afecto (como pueden ser la amistad)" (fs. 73). Sumó a lo anterior "notoriedad, cierta estabilidad y permanencia", aspectos extraídos del art. 509 del Código Civil y Comercial, y consideró a la "pareja" como un "estadio previo" a las uniones convivenciales; de allí -explicó- que se relativice la exigencia de estabilidad y permanencia (v. fs. 73 y vta.).
Afirmó que la relación de pareja "...debe ser susceptible de ser conocida en general y tener trato propio de una verdadera relación basada en el amor entre dos personas que se comportan como parejas, presentándose así en público", y que no debe tratarse de una "...unión casual resultando que debe sostenerse en el tiempo, mas la intensidad del vínculo puede demostrar el ' affectio ' que resulte comprendido dentro de una 'pareja' alcanzada por el tipo penal en trato". Finalmente, dijo: "...la estabilidad relativa nos habla de cierta continuidad en el sostenimiento del vínculo, más allá de los alejamientos temporales por divergencias en la pareja" (fs. 73 vta.).
Por otro lado, descartó la exigencia de dos años de convivencia para tener por configurada la "pareja", en tanto ello solamente es requerido para la "unión convivencial", que -según indicó- no es asimilable al concepto preceptuado en el inc. 1 del art. 80 del Código Penal. Añadió que la exigencia de dos años "...lo es solo a los efectos civiles y patrimoniales que pudieran derivar" de las uniones convivenciales, "...aspectos que no gravitan en lo absoluto en el ámbito penal, al menos para la configuración de la agravante en trato" (fs. 73 vta. y 74).
Sentado lo anterior, señaló que en el caso abundaron datos y testimonios demostrativos del tipo de relación que mantuvieron víctima y victimario. Así, se refirió al testimonio de Pablo Negrete, quien manifestó que Daniela "...le había comentado que había tenido una relación con Morales". Indicó que Claudia Elizabet Lahitte conocía la relación de su hermana con el acusado y dio cuenta de que "...hacía un mes que estaba separada pero Morales la molestaba por teléfono", aludió a "los conflictos de la relación" y a que "...la relación de pareja de ellos fue de un año más o menos, siempre problemática". Mencionó los dichos de Hugo Orlando Redolatti -amigo del imputado-, quien dio cuenta del vínculo de Morales con Daniela, "...expresando que salían a bailar, iban a comer a su casa, andaban un tiempo y después cortaban y volvían [...] fue una relación de seis o siete meses". Se refirió a la declaración de Omar Daniel Gioiosa -amigo del imputado-, que "...sabía que Morales salía con Daniela. Fue un par de meses [...] Que cuando la mujer lo dejó a Roberto nunca pudo superarlo [...] la ayudaba económicamente pero después de tantas idas y venidas quedaron en verse cuando ella lo llamaba". Ponderó que Marcela Alejandra Morales también dio cuenta de la relación que mantenía su padre con Daniela, y que Néstor Andrés Canova manifestó haber visto a la víctima con Morales en un baile en "La Tacuara". Por último, tuvo en cuenta que Leonardo Esteban Morales -hermano del imputado- "...le preguntó a Daniela qué tipo de relación tenía con su hermano y ella le dijo que salir iba a salir pero que no quería nada serio porque el amor de su vida era Pablo Negrete. La relación era muy salteada. Ella salía con su hermano cuando él andaba bien de dinero" (fs. 74 y vta.).
A partir de lo expuesto, el tribunal revisor consideró que en el caso existió una "relación de pareja", pública y notoria, con cierto grado de permanencia en el tiempo ligado a compartir una historia sentimental de vida, características que la diferenciaban del tipo de experiencia afectiva que había alegado la defensa (v. fs. 75).
IV. Como lo adelanté, el recurso debe ser desestimado íntegramente.
IV.1. Ante la respuesta dada por el tribunal de casación al planteo llevado a su consideración sobre la aplicación de la ley sustantiva, y puntualmente en lo concerniente a la "relación de pareja" entre Laura Daniela Lahitte y Roberto Gerardo Morales Ledesma, la defensa no controvierte adecuadamente lo decidido con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, e insiste con una postura opuesta y discrepante a fin de justificar una errada aplicación de la ley penal y la vulneración de los principios que cita. Media, pues, insuficiencia (arg. art. 495, CPP).
Recordemos que el tribunal intermedio confirmó la decisión del de juicio al considerar que se tuvo por acreditada la relación de pareja; a su vez, precisó de un modo extenso el alcance del precepto legal de "pareja" puesto en discusión y lo diferenció de las "uniones convivenciales" que establece el art. 509 del Código Civil y Comercial.
La hipótesis del recurrente estuvo centrada en demostrar que entre su asistido y la víctima no existió una "relación de pareja" acorde al sentido de la figura agravada, a la par que achacó al órgano revisor la falta de delimitación en su alcance (v. fs. 96), cuando en realidad dicha cuestión fue zanjada por la casación al destacar las diferencias que existían entre uno y otro concepto -relación de pareja y unión convivencial-, acotando de tal manera la alegada "amplitud e indeterminación" de la norma.
La parte no intenta rebatir esos argumentos y limita su presentación a exponer una posición personal y discrepante con lo resuelto, sin lograr demostrar que la decisión del tribunal de casación, con sustento en las concretas circunstancias del caso, sea arbitraria o haya vulnerado alguno de los principios que estimó conculcados (arg. art. 495, CPP).
IV.2. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte en casos anteriores (causas P. 128.437, sent. de 8-VIII-2018 y P. 131.282, sent. de 24-IV-2019) la delimitación que pretende el recurrente del alcance del término "relación de pareja", merced a su remisión al art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las "uniones convivenciales", no parece una hermenéutica sostenible, porque se desentiende de que esa "unión" del derecho privado expresamente establece como uno de sus requisitos la "convivencia" entre sus integrantes (en cuanto la define como la "unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo"); en tanto la "relación de pareja" que mantiene o ha mantenido el autor, a la que alude el Código Penal -y tal como se desprende de los fundamentos de la ley 26.791 que dispuso el nuevo texto del actual art. 80 inc. 1 del Código Penal- al regular la agravante en cuestión específicamente expresa que no depende de que entre ellos "medie o haya mediado convivencia". Quien aquí recurre no aporta ninguna explicación que permita superar ese matiz diferencial a efectos de limitar el alcance del texto penal al del régimen civil, en virtud de las diferentes situaciones que se pretenden legislar y proteger.
IV.3. Cabe agregar acaso a mayor abundamiento, que al votar en la causa P. 132.456 (sent. de 20-VII-2020), en la que la Suprema Corte se explayó con mayor amplitud sobre la interpretación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, además de compartir el minucioso análisis realizado por el doctor Soria, efectué algunos agregados que creo apropiado reproducir aquí.
En primer lugar, destaqué que la propia dinámica de sanción de la ley 26.791 -el cambio de redacción del texto que ocurrió en el Senado y la insistencia de la Cámara de Diputados con la redacción original, que fue la que finalmente se aprobó- constituye una prueba más de la verdadera voluntad de quienes legislan.
En segundo lugar, señalé que la protección del vínculo afectivo-sentimental, aun en configuraciones menos formales que el matrimonio y las uniones convivenciales, no responde solo a los deberes de res
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.