Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133799
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Difiérase para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 bis, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.799, "Populin Valladolid, Mario Patricio s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 99.251 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 8 de abril de 2020, concedió parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de Mario Patricio Populin Valladolid contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género (art. 80 incs. 1 y 11 -ley 26.791-, Cód. Penal), hecho cometido el 10 de octubre de 2016 (v. fs. 138/141 vta.).
Luego de recordar las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal, por un lado, desestimó por insuficiente la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba y lo relacionado con la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación. Por otra parte, concedió el planteo referido a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
En relación con los embates que fueron desestimados por inadmisibles, la defensa particular no dedujo queja (v. fs. 149).
Oído el señor Procurador General a fs. 151/153, dictada la providencia de autos a fs. 155 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido el recurso (v. fs. 138/141 vta.; 149) se reseñará únicamente la tacha de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
El defensor particular, doctor Mauricio Gabriel Varela, alega que tal pena a perpetuidad es una condena a muerte pues Populin Valladolid tiene sesenta y seis años de edad por lo que recién podría acceder a libertad condicional una vez cumplidos cien años de vida (conf. ley 12.256; v. fs. 135 y vta.).
Agrega que "...la duración del encierro carcelario, no podrá variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución atendiendo a los fines preventivos especiales o de resocialización, mediante la libertad condicional, las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, y otras posibilidades de flexibilización" (fs. 135 vta.).
En función de ello, considera que la condena es desproporcionada en virtud de las circunstancias personales de su asistido, por lo que afecta las garantías de culpabilidad, de humanidad y proporcionalidad de las penas, igualdad ante la ley y derecho a la resocialización. Por ello, reclama la declaración de inconstitucionalidad de la condena impuesta y su readecuación por una pena temporal (v. fs. cit.).
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso es notoriamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
II.1. En primer lugar, cabe destacar que de la lectura del expediente se advierte que los fundamentos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 135 y vta.) son una réplica textual -sin ninguna variación ni añadidura que implique atender lo respondido- de los llevados en la impugnación casatoria (v. fs. 74 y vta.).
Resulta pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, criterio también replicado por este Tribunal, que no son aptos para abrir la instancia los agravios que reiteran dogmáticamente los ya vertidos en la instancia previa "...sin plantear una crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos dados para desecharlos" (Fallos: 314:481, CSJN, conf. causa P. 118.103, resol. de 13-VIII-2014). De modo que lo expuesto bastaría para sellar la suerte adversa del reclamo.
II.2. Con todo, teniendo en especial consideración la etapa procesal del presente, a lo dicho en el punto anterior se agrega que las reiteradas alegaciones de la parte no logran controvertir eficazmente lo decidido por la casación (conf. art. 495, cit.).
Veamos.
El Tribunal de Alzada, luego de recordar que el principio republicano de división de poderes exige que la declaración de inconstitucionalidad de una ley sea una medida de ultima ratio , afirmó que la pena de prisión perpetua supera el test de constitucionalidad en tanto no es una sanción absoluta sino relativamente indeterminada que debe posibilitar al condenado recuperar su libertad en el momento oportuno, tal como acontece con la libertad condicional (conf. arts. 16, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5, CADH, 5, DUDH; 7 y 10, PIDCP; v. fs. 112/116).
Frente a ello, el recurrente efectuó meras consideraciones dogmáticas, sin ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera las particularidades del injusto cometido -aspecto sobre el cual nada dijo-, así como también las condiciones personales de Populin Valladolid -se limitó a mencionar su edad sin más alegaciones sobre el punto- permitirían descalificar el juicio de reproche, que conlleva una pena absoluta, por desproporcionado y violatorio de los principios de culpabilidad, dignidad humana, igualdad ante la ley y resocialización u otros atinentes a los fines de la pena, según esboza (conf. mi voto en P. 131.928, sent. de 26-XII-2019).
En definitiva, la tacha de inconstitucionalidad exige un esfuerzo mayor para demostrar la relación directa e inmediata entre las particularidades del hecho cometido, las condiciones personales del imputado y las garantías constitucionales supuestamente afectadas por la pena impuesta (conf. arts. 14 y 15, ley 48; "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN, a contrario sensu ).
Por último, las alegaciones de la parte en torno a que "...la duración del encierro carcelario no podrá variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución" (fs. 135 vta.) resultan desacertadas. Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que en supuestos como el presente en los que procede la libertad condicional (conf. art. 14, Cód. Penal, t.o. según ley 25.892, B.O.26-V-2004), el juego armónico de los arts. 13 y 16 del Código Penal permite determinar el vencimiento de la condena de prisión perpetua, evidenciando que si bien se trata de una pena absoluta no determinada (o relativamente indeterminada) es determinable (conf. P. 126.107, sent. de 31-VIII-2016; P. 130.599, sent. de 22-II-2021; e.o. mutatis mutandi ; Zaffaroni et al., Derecho Penal. Parte General, Ediar, Bs. As., 2002, pág. 946). Lo mismo cabe consignar respecto de otros posibles institutos de acceso a una libertad anticipada que pudieran eventualmente regir en el caso.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Difiérase para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 bis, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2021 21:07:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2021 08:51:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2021 13:28:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2021 22:24:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2021 08:22:14 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia