Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134261
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.261, "Cavallaro, Williams Agustín y Urquiza, Franco Ezequiel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 90.350 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV y su acum. 90.361", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria, Genoud.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de noviembre de 2018, rechazó por improcedentes los recursos homónimos interpuestos por la doctora Josefina del Carmen Castelli en representación de William Agustín Cavallaro y por el doctor Claudio Nitzcaner en favor de Franco Ezequiel Urquiza contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, que condenó a Franco Ezequiel Urquiza a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por su comisión criminis causae , robo agravado por haberse cometido mediante la utilización de arma de fuego (hechos de la IPP 15-00-12587-15), robo calificado por el empleo de arma de modo impropio y autor del delito de resistencia a la autoridad (hechos de la IPP-15-00-009790/16), todos en concurso real entre sí (arts. 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2, primero y segundo párrafo, y 239, Cód. Penal); y a William Agustín Cavallaro a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su comisión criminis causae y robo agravado por haberse cometido mediante la utilización de arma de fuego, en concurso real (arts. 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 80 inc. 7, y 166 inc. 2, segundo párrafo, Cód. Penal; v. fs. 65/72).
Frente a lo así resuelto el defensor particular de Franco Ezequiel Urquiza interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 81/86 vta.), que fue concedido por la Sala Cuarta (v. fs. 109/111 vta.); mientras que el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de William Agustín Cavallaro (v. fs. 119/131), que fue declarado parcialmente admisible por el órgano intermedio (v. fs. 133/135 vta.). Contra la parcela de la decisión denegada la parte no presentó queja (v. informe de fs. 143).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 145/149 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 151) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Franco Ezequiel Urquiza?
2ª) ¿Lo es el deducido a fs. 119/131 respecto de William Agustín Cavallaro?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 84).
Luego de transcribir una parte del fallo del tribunal de casación, señaló que las afirmaciones efectuadas allí valen tanto para la figura contemplada en el art. 80 inc. 7 como para la del art. 165, ambas del Código Penal; y que al no haberse determinado cuál de los coautores efectuó el disparo mortal el hecho debe subsumirse en las previsiones del homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal).
Resaltó la relevancia del forcejeo que hizo gráfico la testigo Marta Núñez durante el debate, y expresó que dicha circunstancia revela la violencia propia del robo, que fue lo que ocasionó el resultado muerte, sin que se haya logrado acreditar la ultraintención exigida por el homicidio criminis causae (v. fs. 86)
Entendió que, dada la imprecisión legal y la colisión entre las conductas descriptas por ambas figuras, debe estarse a la interpretación más favorable para el imputado (v. fs. 86 y vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 145/149 vta.), el recurso no prospera.
III.1. En el caso (IPP-15-00-12587-15) llega acreditado que "...el día 24 de marzo del año 2015 siendo alrededor de las 21:30 horas, dos personas de sexo masculino, mayores de edad, identificados en autos como Franco Ezequiel Urquiza y William Agustín Cavallaro, con la finalidad de cometer ilícito contra la propiedad, arribaron a la calle Illia a la altura catastral 1327 de la localidad de Villa Bosch, Partido de Tres de Febrero, y blandiendo uno de ellos un arma de fuego de puño no incautada en autos, e ingresándola con su brazo al interior del rodado VW Gol Trend dominio LPM-877 estacionado en dicho lugar, intimidaron a la persona de sexo masculino que se hallaba sentado al volante, resultando [ser] el Teniente Cristian Gabriel Piquard, al tiempo que les exigían la entrega del arma que portaba la Oficial de policía Marta Graciela Edith Núñez, y luego de lograr desapoderarla de su pistola reglamentaria, obligaron a descender al Teniente Piquard para que ascienda a la parte trasera del rodado, y en dichas circunstancias en procura de resistir la acción ilícita de los sujetos, le efectuaron un disparo a más de treinta centímetros de distancia, con el arma de fuego sustraída instantes antes a la mujer policía que impactó en la zona torácica, ocasionándole momentos después el óbito, al tiempo que huían a bordo del rodado mal habido, privando de libertad durante el escape a la Oficial Núñez a quien en el trayecto, en la continuidad de la acción delictiva, le sustrajeron sus bienes personales estando siempre bajo intimidación por uno de ellos con un arma de fuego, con la que además la obligaban a evitar ser identificados, hasta ser liberada de la privación en la zona de la localidad de Billinghurst, pudiendo los encausados disponer del botín y del rodado, que luego incendiaron al abandonarlo en ]a calle Río Negro a la altura del 9485 de la localidad de Pablo Podestá, Partido de Tres de Febrero" (fs. 13 y vta., 67 y vta.).
El suceso fue calificado como homicidio agravado por su comisión criminis causae en concurso real con robo agravado por haberse cometido mediante la utilización de arma de fuego (arts. 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, segundo párrafo, Cód. Penal; v. fs. 24 vta., copias sent. de condena).
Para el tribunal del juicio quedó probado, luego de valorar la totalidad de las pruebas producidas en el debate y las incorporadas por lectura, que fueron dos sujetos los agresores de Piquard y Núñez, ambos en un contexto de despliegue funcional; que sin que ninguno de ellos se apartara del marco de la actuación delictiva conjunta, protagonizaron la intimidación con un arma de fuego de puño, de seguido el desapoderamiento del arma de fuego reglamentaria de la mujer policía -que, junto con Piquard, realizaba la tarea de custodia policial en la calle Illia a la altura de 1327 de Villa Bosch-, para luego hacer abandonar al teniente la posición frente al volante de su automóvil y obligarlo a ubicarse en la parte trasera; y que en dichas circunstancias, los movimientos de Piquard a los que aludió la damnificada Núñez, determinaron a los imputados a quitarle la vida de un disparo, demostrando así su clara voluntad de impedir cualquier acción de la víctima tendiente a obstaculizar el robo en proceso (v. fs. 17 y vta.). Se explicó que "En todo el desarrollo primó la coautoría perfectamente demostrada, en tanto luego de dispararle a Piquard y dejarlo tendido en la vía pública, ambos decidieron llevarse el vehículo y en el mismo privada de su libertad a Núñez, y durante el trayecto mientras uno conducía, el restante se encargaba de intimidarle en forma permanente con un arma de fuego exigiéndole que evitara verlos, hasta que finalmente la liberaron [...] ambos imputados decidieron procurar su impunidad destruyendo el vehículo robado mediante incendio" (fs. 18).
III.2. En lo que resulta de interés para el caso, al interponer el recurso de casación la defensa de Urquiza cuestionó, a modo de planteo subsidiario, la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, y solicitó el encuadre de los sucesos en las previsiones del art. 165 del mismo cuerpo legal, por entender que no se probó quién efectuó el disparo mortal, y porque el homicidio fue consecuencia de las violencias propias del robo, haciendo mención al forcejeo que hizo gráfico la testigo Núñez (v. particularmente fs. 33/34 vta.).
III.3. El Tribunal de Casación Penal, que trató de manera conjunta los recursos presentados por las defensas de ambos imputados, luego de describir la materialidad ilícita, así como las pruebas valoradas por el tribunal del juicio para tener por acreditados los hechos y la coautoría responsable, convalidó el encuadre legal cuestionado en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Para decidir así consideró las comprobaciones de los jueces de la inmediación respecto al suceso acaecido y la participación que les cupo a los acusados, resaltando que "...la circunstancia de que a esa altura de los acontecimientos los agresores sabían de la condición de policía de al menos la damnificada Núñez, los determinó a tomar tan drástica decisión ante la eventual frustración del hecho. Tal lo que resulta de las conclusiones de la pericia histopatológica [...], donde se concluye que la herida por proyectil de arma de fuego se produjo a más de treinta centímetros de distancia, lo que permite colegir [...] dos circunstancias determinantes para los acusados. La primera, que de esa forma quitaron de sus designios a un policía, que si bien no vestía uniforme en ese momento, la presencia de la mujer y el tipo de arma de fuego que le sustrajeron, permiten inferir que en ese momento sabían ante quiénes estaban cometiendo el delito. La segunda es que no soportaron la acción que les pudiera hacer peligrar sus propósitos, y entonces en medio de dicha dinámica uno de ellos efectuó el disparo letal. En todo el desarrollo primó la coautoría perfectamente demostrada, tanto luego de dispararle a Piquard y dejarlo tendido en la vía pública, ambos decidieron llevarse el vehículo y en el mismo privada de su libertad a Núñez, y durante el trayecto mientras uno conducía, el restante se encargaba de intimidarle en forma permanente con un arma de fuego exigiéndole que evitara verlos, hasta que finalmente la liberaron". Y concluyó entonces que ambos imputados decidieron procurar su impunidad destruyendo el vehículo robado mediante incendio (v. fs. 69 y vta.)
Destacó que quedó demostrado que Urquiza, días después de los hechos, ofreció en venta el celular sustraído a la oficial Núñez, y que la señora Posdeley aceptó comprarlo; a lo que agregó que la responsabilidad de los imputados también se sustentó en la circunstancia de encontrarse en las cercanías del lugar donde se estaba incendiando el vehículo sustraído.
En ese carril, mencionó que el tipo penal seleccionado por los sentenciantes, art. 80 inc. 7 del Código Penal, no demanda para su concurrencia una preordenación anticipada, ya que la ley únicamente exige que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, sin requerir indefectiblemente una reflexión, sino solo una decisión que puede incluso producirse súbitamente en la ejecución del hecho (v. fs. 69 vta.).
Dijo que no resulta ni expresa ni implícitamente de la referida norma que el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito, pues no exige premeditación o reflexión sino solo decisión, que puede producirse de improvisto en su ejecución.
Explicó que, en el caso, el hecho de que uno de los imputados haya efectuado el disparo sobre la víctima no mengua las responsabilidades penales en el suceso criminoso dado el codominio del hecho y el acuerdo pleno para cometerlo (v. fs. 70).
Apuntó que la selección de los medios probatorios no convierte un fallo en arbitrario por la sola circunstancia de que la defensa prefiera otros elementos de prueba en lugar de los pensados por el sentenciante, que lo llevaron a tener por acreditada la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable de los imputados con la debida fundamentación establecida por el ordenamiento jurídico.
Con cita del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicó que "...la credibilidad de los testigos es materia propia de los jueces que han tomado contacto directo con el material probatorio a través del juicio o debate oral, salvo absurdo que en el caso no se advierte..." (fs. 70).
Por último, señaló que el principio de libertad probatoria que rige en nuestro sistema procesal autoriza a quienes juzgan a formar convicción sobre la base de los dichos de un testigo aunque este haya sido víctima del hecho (conf. arts. 209 y 223, CPP); y estimó configurado un cuadro probatorio cuya crítica resultó improcedente a la vez que insuficiente para desmerecer, en el marco de los arts. 209, 210 y 373 del Código Procesal Penal, la fuerza convictiva que irradia del análisis conjunto de los elementos valorados (v. fs. 70 y vta.).
En definitiva, aseveró que el tribunal de juicio efectuó un adecuado tratamiento de los tópicos cuestionados, motivándose válidamente en las circunstancias alegadas, mediante nutrida prueba, sin que se lograra demostrar un quebrantamiento lógico-crítico en el fallo en crisis.
IV.1. Considero que pese a que la denuncia es de errónea aplicación de ley sustantiva, la defensa trae argumentos que -en rigor- refieren al mérito asignado a los elementos de prueba y a la fijación de los hechos, ello a partir de considerar que en el caso no se acreditó el aspecto subjetivo del homicidio criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) y proponiendo una calificación alternativa; materia que excede el acotado ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato (doctr. art. 494, CPP).
IV.2. Por otro lado, a partir de la reseña efectuada se puede advertir que la parte insiste en su pretensión de mutar la calificación legal reiterando los mismos argumentos llevados en el recurso de casación.
En efecto, ninguna de las razones brindadas por el tribunal revisor mereció tratamiento y crítica concreta de la defensa, lo cual determina la insuficiencia de su intento por evidenciar desajuste normativo alguno respecto del encuadre del suceso al que ha limitado su queja (art. 495, CPP).
Adviértase que la parte se opone a la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal a partir de considerar que no estaría acreditada la concurrencia del especial elemento subjetivo que exige dicha figura, para lo cual insiste en su interpretación sobre que el homicidio se produjo como un devenir del proceso de robo, por lo que entiende aplicable la figura del art. 165. Sin embargo, en ese cometido, no se ocupa de rebatir de modo alguno los fundamentos específicos del fallo que respaldaron el rechazo de la hipótesis ensayada.
Tampoco el razonamiento coincidente de ambas instancias para justificar la atribución objetiva y subjetiva de la coautoría funcional de los acusados en el homicidio de Piquard, en función de las situaciones de hecho probadas y la coautoría atribuida a Urquiza, le ha merecido algún cuestionamiento específico que pueda poner en jaque lo así resuelto con base en la plataforma fáctica acreditada (art. 495, cit.).
Conforme lo expuesto, los requisitos típicos se tuvieron por debidamente acreditados, sin que la parte logre conmover los argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció la errónea aplicación de los arts. 45 y 80 inc. 7 del Código Penal y violación al principio de culpabilidad por el acto (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 57, Const. prov.; v. fs. 121 vta.)
Cuestionó la falta de acreditación del aspecto subjetivo de la coautoría, en el entendimiento de que no se pudo fundar debidamente que en el plan inicial de cometer el robo estuviera incluido disparar a alguna de las víctimas; a su vez, sostuvo que la conducta de quien efectuó el disparo que acabó con la vida de Cristian Gabriel Piquard -no se logró determinar cuál de los dos imputados lo hizo- resultó un exceso por el que su asistido Cavallaro no debía responder; y consideró que tampoco estaba probado que el nombrado hubiera efectuado aporte objetivo alguno a esa tentativa de homicidio que le hubiera dado "dominio del hecho" (v. fs. 122 vta.).
Alegó que surgía clara la errónea aplicación del art. 45 del Código Penal, pues no se estableció en el fallo de qué modo su defendido tomó parte en la ejecución del hecho homicida, ni cuál fue su aporte objetivo a la realización de un elemento del tipo sin el cual el homicidio no hubiera podido cometerse o que le hubiera dado el dominio funcional del hecho (v. fs. 123 y vta.).
Asimismo, expresó que la materialidad ilícita fue descripta en forma de acción plural, como si ambos acusados hubieran disparado en forma conjunta contra Piquard, cuando en realidad quedó claramente establecido que solo uno de ellos disparó en medio de un forcejeo y ante una maniobra defensiva de la víctima; y tachó de arbitrario presumir que la decisión abrupta de uno de los atacantes, que en solitario decidió ir más allá del plan común y disparar a la víctima, fue consentida por el coimputado. Agregó que la conducta de quien disparó contra Piquard implicó un exceso respecto del robo acordado con el coimputado en relación al delito contra la propiedad (v. fs. 123 vta./124 vta.).
Estimó aplicable al caso lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente P. 114.722 (sent. de 3-X-2012), que transcribió en parte, y reiteró la denuncia de errónea significación jurídica al no concurrir los elementos que nutren la elaboración dogmática empleada -coautoría funcional- para atribuir el homicidio agravado a William Agustín Cavallaro en carácter de coautor (v. fs. 125 y vta.).
En función de ello, solicitó que se encuadre la conducta de su defendido en los términos del art. 166 inc. 2, párrafo segundo, del Código Penal (v. fs. 126).
En subsidio, adujo que Cavallaro debería responder por el delito de homicidio en ocasión de robo, ya que el dolo de matar que exige la figura del art. 80 inc. 7, de acuerdo a las constancias de autos, solo puede atribuirse a quien disparó, pero de ningún modo al coimputado (v. fs. 126 vta.).
En segundo término, denunció errónea revisión de la sentencia de condena por violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa; violación a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo (arts. 1 y 18, Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 126 vta.).
Dijo que la decisión del tribunal de casación constituye un mero tránsito aparente por la instancia revisora que frustra el derecho al doble conforme, pues la sentencia impugnada no cumplió su rol, solo se limitó a utilizar fórmulas genéricas que no responden acabadamente a los planteos efectuados en el recurso (v. fs. 127/128).
Con sustento en lo decidido por la Corte nacional en el precedente "Casal", efectuó diversas consideraciones en torno al "método histórico" para la reconstrucción de un hecho del pasado (v. fs. 128/130).
II. El dictamen de la Procuración aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 145/149 vta.).
Cabe aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley solo lo hizo por la denuncia de errónea aplicación de los arts. 45 y 80 inc. 7 del Código Penal y de la doctrina edificada sobre esas normas, por lo cual con esos lindes serán abordados los agra
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