Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134707
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.707, "Torancio, Juan Agustín s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 99.343 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de julio de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que condenó a Juan Agustín Torancio a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por tratarse de la persona con quien ha mantenido una relación de pareja, por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía, y por tratarse la víctima de una mujer mediando violencia de género (art. 80 incs. 1, 2 y 11, Cód. Penal; v. fs. 65/73 vta. con relación a fs. 13/22).
Contra esa decisión la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 75/86 vta.), el cual fue concedido por el tribunal intermedio a fs. 89/91.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 95/100 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 102) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Conforme el juicio de admisibilidad llevado a cabo por el Tribunal de Casación Penal a fs. 89/91, el recurso fue admitido para abordar el agravio vinculado con la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), y el relacionado con el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua prevista en los incs. 1, 2 y 11 de la citada norma de fondo.
II.1. El recurrente denunció la errónea aplicación del inc. 2 del art. 80 del Código Penal y la consecuente violación al principio in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.), por no haberse acreditado con la certeza necesaria que requiere un pronunciamiento condenatorio que su asistido hubiese obrado con alevosía y ensañamiento (v. fs. 81 y vta.).
Refirió que de la prueba reunida no se pudo acreditar ni la existencia del elemento objetivo ni el subjetivo de ambas agravantes típicas.
Con respecto a la alevosía, explicó que en el caso, no se probó el estado de indefensión de la víctima ni la preordenada finalidad de actuar del imputado sin el riesgo de reacción de parte de Cristina Graciela Fuentes. Consideró que no se alcanzó esa certeza necesaria como para afirmar que su pupilo actuó aprovechando ese particular estado, sin riesgo para él, sobre seguro y a traición (v. fs. 81 vta./83).
Con relación al ensañamiento, sostuvo que el tribunal de mérito y el revisor tuvieron en cuenta el plus de sufrimiento de la víctima al considerar la cantidad de puñaladas que sufrió en su cuerpo; circunstancia que -a juicio del recurrente- tampoco se acreditó con prueba idónea como para alcanzar la certeza necesaria que requiere una sentencia de condena, cuanto menos por aplicación del principio in dubio pro reo (v. fs. 83 y vta.).
II.2. Por otro lado, denunció la violación al art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y peticionó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, al considerar que afecta los principios de culpabilidad, proporcionalidad de la pena y de legalidad (v. fs. 84).
Sostuvo que aplicar dicha pena por la comisión del delito de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente, con alevosía y ensañamiento y por violencia de género, conlleva que para Juan Agustín Torancio quien al momento del hecho contaba con 23 años de edad, una sanción de eliminación social en tanto su encierro alcanzaría hasta que tuviese 58 años de edad, y que sólo le cabría la posibilidad de recuperar condicionalmente su libertad de sobrevivir al estado de las cárceles en la actualidad y el devenir de los años (v. fs. cit.).
Postuló que la pena impuesta significó la imposición de una sanción cruel, inhumana y degradante (conf. arts. 5.2, CADH; 7, PIDCP; 3, Convenio Europeo de DDHH y 5, Carta Africana sobre Derechos Humanos y Pueblos; v. fs. 85).
Concluyó en que existió una afectación al art. 18 de la Constitución nacional, y peticionó la inconstitucionalidad de la pena perpetua y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de fijar una nueva que sea respetuosa de los derechos humanos (v. fs. 85 vta. y 86).
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 95/100 vta.).
IV.1. La materialidad ilícita se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...el día 12 de diciembre de 2017, siendo aproximadamente las 08:30 horas, Juan Agustín Torancio fue hasta la vivienda ubicada en la calle 103 entre 122 y 124 del barrio ‘El Colmenar’ de la localidad de Batán donde vivía Cristina Graciela Fuentes. Allí permaneció afuera hasta que se retiró de la vivienda el Sr. Rodolfo Rufino Palma -quien vivía también allí-, y luego de ello y actuando sobreseguro, ingresó a la casa munido de una navaja y le asestó a Fuentes 29 puñaladas en el cuello y 40 en la zona pectoral y lumbar izquierda, alongándole de esa forma la muerte de una manera innecesaria" (fs. 69).
Frente al análogo planteo -en torno a las agravantes de alevosía y ensañamiento- que al aquí traído por el impugnante (v. al respecto el recurso de casación de fs. 28/42), el tribunal intermedio se expidió y rechazó ambos.
En cuanto a la alevosía, luego de recordar el concepto y naturaleza compleja de esa agravante, consideró que en el caso en examen se habían acreditado "...los componentes objetivos representados por la inadvertencia de la víctima o la procurada ausencia de riesgos que pudieran oponerse a la acción, como el propósito de aprovecharse de esa situación para matar, se tuvieron por probados de un modo que no admite censura"; y que "De conformidad con la forma en que se desarrolló la conducta no puede más que concluirse que el ataque homicida comenzó y se concretó encontrándose la víctima en estado de indefensión, y que esa situación fue procurada por el autor, quien esperó escondido que se retirara de la casa el hombre que convivía con Fuentes, para ingresar armado con la navaja y sorprenderla a esa hora temprana de la mañana" (fs. 69 y vta.).
Señaló que, si bien la defensa se había quejado porque -a criterio de aquella parte- la actitud previa del imputado no había quedado suficientemente acreditada, según el órgano casatorio dicha circunstancia surgió a partir del testimonio de Cristina Elena Ramírez, vecina de la víctima, quien declaró en debate que otra vecina (Jessica Ramos) le había comentado haber visto el día del hecho a una persona escondida entre unas plantas y que ella se metió a su casa porque tuvo miedo. El tribunal casatorio, si bien reconoció que ese testimonio era indirecto ("de oídas") de todos modos lo consideró un indicio razonable y válido, en tanto resultó un dato que se ensamblaba armoniosamente con lo que surgía del expediente, en particular con lo manifestado por el testigo Palma en cuanto a que él salió de la casa instantes antes de que se produjera el ingreso del autor y el ataque mortal (v. fs. 69 vta.).
En definitiva, señaló que se probó de manera razonable que el imputado preparó la ejecución del hecho, esperando que la víctima quedara sola en su domicilio para poder actuar sobre seguro y aprovechando la situación de indefensión, sorprendiéndola en ese estado (v. fs. cit.).
En cuanto a la agravante de ensañamiento, el Tribunal revisor consideró que también fue aplicada con debido fundamento y de conformidad a las circunstancias verificadas con base en la prueba reunida; afirmó que esa agravante exige un aumento deliberado del padecimiento de la víctima, de suerte tal que la acción debe estar encaminada a matar haciendo sufrir, dado que "...debe quererse matar de un modo cruel justamente porque se busca, además de la muerte, ese ‘plus’ de sufrimiento o padecimiento" (fs. ibídem).
Puntualizó que ese plus subjetivo consistente en la producción deliberada de mayores padecimientos para la víctima, se derivó razonablemente no sólo de la multiplicidad de lesiones provocadas con la navaja, sino fundamentalmente de la secuencia en que se produjeron, en tanto se acreditó que la agresión comenzó en el interior de la vivienda y continuó frente a la puerta de ingreso, siendo que en ese trayecto "...Torancio le asestó a la víctima alrededor de setenta puñaladas, la mayoría de ellas en la zona pectoral y lumbar izquierda, otras en el cuello, para finalmente, luego del evidente sufrimiento que ese accionar le ocasionó a la víctima, culminar su faena y concretar su propósito con un corte letal en la carótida" (fs. 70).
Estimó que, en base a la declaración de los tres testigos principales, se demostró plenamente que el imputado lesionó a la víctima por un tiempo prolongado mientras ésta lloraba y rogaba que se detuviera, circunstancia que consideró acreditada desde que el sufrimiento fue deliberadamente excesivo y sólo cesó cuando el imputado así lo decidió (v. fs. cit.).
IV.2. Como lo adelantara, este planteo no puede prosperar.
En primer lugar, cabe destacar que, si bien la defensa denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva, lo cierto es que sus desarrollos se encuentran dirigidos a cuestionar la valoración de los elementos de prueba tenidos en cuenta para la configuración de la figura calificada (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), planteos que escapan al ámbito de conocimiento de esta Suprema Corte, salvo supuestos excepcionales que, no han sido denunciados ni evidenciados (art. 494, CPP).
En efecto, los argumentos traídos por la defensa de Juan Agustín Torancio a lo largo de su presentación recursiva respecto al homicidio alevoso y con ensañamiento, se encuentran limitados a exponer una posición contraria a lo decidido por el Tribunal intermedio, por un lado, haciendo hincapié en que a partir de la prueba ponderada no se pudo acreditar que su asistido actuó sobre seguro y a traición aprovechándose de la indefensión de la víctima, por el otro, que tampoco existió certeza en torno a que Torancio tuvo la intención de provocar un sufrimiento innecesario a la víctima. Y a pesar de que articuló el recurso con sustento en la errónea aplicación de la ley sustantiva de parte del Tribunal de Casación, sus agravios -en rigor- remiten a cuestiones relativas a los hechos y la valoración de la prueba.
Y, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -que en el caso no vienen planteados por la parte-, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti invocados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013 y P. 110.347, sent. de 23-XII-2013).
En síntesis, el planteo se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Cabe agregar a lo expuesto, acaso a mayor abundamiento, que la recurrente tampoco logra desvirtuar el fallo en cuanto confirmó la aplicación al caso de la figura de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento (art. 80 inc. 2, Cód. Penal) por el cual Juan Agustín Torancio viene condenado, junto con las agravantes de los incs. 1 y 11 de la citada norma.
A pesar de lo alegado por la defensa, el suceso descripto en ambas instancias y los elementos de prueba referenciados dan cuenta sobre la concurrencia de los elementos tanto objetivo y subjetivo que requiere la figura del homicidio con alevosía (conf. art. 80 inc. 2, Cód. Penal) puesto que la doctrina de esta Corte considera que hay alevosía cuando la falta de peligro para el autor y la indefensión de la víctima -causadas o no por el sujeto activo- hubieran sido condición subjetiva del ataque (doctr., entre muchas, causas P. 33.240, sent. de 6-IX-1988, en "Acuerdos y Sentencias": 1988-III-295; P. 36.645, sent. de 20-II-1987; P. 39.327, sent. de 12-IV-1994; entre muchas. Criterio seguido también en P. 104.754, sent. de 2-III-2011).
En el juicio -luego ratificado por Casación- se consideró que Torancio esperó escondido a que Rodolfo Rufino Palma se fuera de la casa para aprovechar que la víctima se encontrara totalmente desprotegida e indefensa para perpetrar su plan y culminar con la vida de Fuentes (v. fs. 17, sent. de condena).
En cuanto al ensañamiento (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), autorizada doctrina sostiene que para que opere la agravante no debe demostrarse que quien lo hizo lo realizó para satisfacer una tendencia sádica o particularmente perversa o de especial "gozo" por el sufrimiento de la víctima (Creus - Buompadre, Derecho Penal, Parte especial , Tomo 1, Astrea, Bs. As., 2007, pág. 19, cit. en el voto del doctor Soria en P. 123.200, sent. de 26-X-2016). En efecto, es doctrina de esta Corte que para que medie ensañamiento (art. 80 inc. 2, Cód. Penal) el autor debe haber sido guiado por el propósito de ocasionar sufrimientos innecesarios en la ejecución del homicidio (causa P. 46.104, sent. de 26-VII-1994).
Y en tal sentido de acuerdo con las circunstancias que se tuvieron por acreditadas con doble conformidad, el ataque en el contexto dado, por su duración y bajo el modo en que fue llevado a cabo, implicó un aumento del dolor y del sufrimiento de la ofendida, pues se le infligieron padecimientos innecesarios para el logro del resultado típico (muerte).
Si bien el número y la profundidad de las lesiones no necesariamente conlleva a la calificante del art. 80 inc. 2 del Código Penal, en el caso, se tuvieron en consideración no solo la cantidad de lesiones (puñaladas) sino también la secuencia temporal de las mismas, que aumentaron indudablemente el dolor o sufrimiento de la víctima, hasta el momento en que el imputado propició el corte final en el cuello.
De igual modo, en lo que hace al elemento subjetivo, los actos deben provocar un plus consciente de sufrimiento de la víctima, es decir, quien mata debe saber que lo hace de un modo cruel, excesivo, con padecimientos innecesarios.
Frente a las circunstancias referidas, es innegable que el autor conocía que la multiplicidad de esas acciones (heridas punzo cortantes -de 36 heridas de arma blanca de diferente profundidad en la zona del hemitórax y mama izquierda, y 29 similares en la zona del cuello-) contribuían a causar un sufrimiento mayor, faena con la que prosiguió aun ante los ruegos de la víctima (la testigo Sena afirmó escuchar a la víctima decirle "...porqué me hacés esto si sabés que yo te amo", v. sent. primera instancia fs. 32) y que mantuvo hasta el momento en que decidió el corte final en la carótida.
De manera que en ese contexto secuencial, la cantidad de puñaladas realizadas -setenta en total- demostraron un plus de sufrimiento que culminó cuando el imputado así lo decidió; sufrimiento que se extendió en el tiempo, que comenzó con los gritos de auxilio que se escucharon desde el interior de la vivienda -testimonios de Sena y de Aceitón-, y culminaron afuera de la misma y ante la vista de las vecinas, e incluso la testigo Aceitón fue hasta donde se encontraban para llevarse a la niña, dejarla en su casa y regresar mientras Torancio seguía actuando; todo ese lapso dejó entrever una acción dirigida a prolongar el proceso de muerte de manera innecesaria (v. fs. 17 y vta., sent. de condena).
De todo ello, se puede apreciar a cabalidad que en el caso se acreditaron los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal aplicado.
En cuanto al principio in dubio pro reo , en atención a su eventual raigambre federal, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento. Tiene dicho esta Corte que, la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí justificar en tanto de la reseña efectuada se advierte que el sentenciante de origen y el Tribunal revisor no albergaron duda alguna respecto de la acreditación en el caso de los elementos del tipo como para justificar la aplicación de la agravante contenida en el inc. 2 del art. 80 del Código Penal.
Resultado de todo lo expuesto, debe mantenerse la calificación legal tal como llega a esta instancia extraordinaria.
V.1. Tampoco prospera la denuncia respecto a que la pena de prisión perpetua conlleva la falta de resocialización del condenado, en vulneración a garantías constitucionales y convencionales, solicitando por ello su inconstitucionalidad.
Ante análogo reclamo llevado en el recurso de casación (v. fs. 28/42 y puntualmente 35/41 vta.), el Tribunal revisor descartó que las normas contenidas en los incs. 1, 2 y 11 del art. 80 del Código Penal, vulneren los principios de proporcionalidad, dignidad humana, igualdad ante la ley y el derecho a la resocialización del condenado, brindando profusos argumentos al respecto (v. fs. 72/73).
V.2. Coincido con el señor Procurador General en que la defensa de Juan Agustín Torancio, reedita ante esta instancia análogo planteo que llevó ante el Tribunal intermedio, desentendiéndose de todos los fundamentos brindados por Casación para su desestimación, siendo su pretensión una mera opinión discrepante a la decisión adoptada respecto a la prisión perpetua, y sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
Cabe señalar que ante el desvalor de acto que se aprecia en las conductas reprochadas, la recurrente no se encarga de demostrar por qué la pena de prisión perpetua sería inadecuada y desproporcionada respecto de la culpabilidad del autor.
En definitiva, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. CSJN Fallos: 329:3680), el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no pasa de ser un planteo teórico, en tanto no realiza un estudio circunstanciado del injusto para, de ese modo, intentar evidenciar que la sanción aplicada a Torancio sería contraria a las normas constitucionales o convencionales que menciona (conf. precedente P. 120.347, sent. de 15-X-2015 de esta Suprema Corte).
Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Maldonado" ("Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa n° 1174-" expte. letra M n° 1.022, Libro XXXIX), sostuvo que la pena perpetua es absoluta y por lo tanto, no exige, de hecho, ningún esfuerzo argumental adicional para su determinación, agregando que este tipo de penas -tal como la prisió
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