Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134768
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.768, "R., A. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.961 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de marzo de 2020, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza que condenó -mediante el procedimiento de juicio abreviado- a A. E. R. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor de los delitos de tentativa de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la situación de convivencia preexistente, tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de convivencia preexistente, todos en concurso real entre si (v. fs. 41/44 vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante el órgano casatorio -doctora Ana Julia Biasotti- articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley a favor del imputado (v. fs. 51/57 vta.), la que fue admitida por el tribunal intermedio a fs. 58/59 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 65/69), dictada la providencia de autos a fs. 71 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial del imputado denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, con apartamiento de las constancias de la causa, que importó una construcción arbitraria en orden al monto de la pena impuesto, con transgresión a los principios de culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 51 vta. y 52 vta.).
Recordó que en el remedio casatorio se había solicitado la reducción de la cuantía, por la omisión de valorar de oficio como pauta atenuante el sometimiento al juicio abreviado, que evitó la continuidad del proceso y un dispendio de actividad jurisdiccional; así como que debió partirse del mínimo de la escala penal toda vez que no se valoraron agravantes y se meritó de oficio una minorante.
Entendió que la pena de doce años aplicada a su asistido superaba el mínimo legal correspondiente a los delitos imputados, sin haberse asignado relevancia a la atenuante incorporada en el fallo -que no había sido valorada por la parte acusadora- y a la más beneficiosa calificación legal sustentada por el sentenciante -en tanto excluyó el delito de corrupción de menores, que formaba parte del acuerdo, por considerar que no se habían configurado los extremos del art 125 del Código Penal y que "... la pena impuesta resulta, a todas luces, excesiva y violatoria de los principios ut supra mencionados" (fs. 53 vta.).
Afirmó que debieron explicarse los motivos por los cuales, a pesar de esas variaciones, se aplicó el mismo monto acordado en el pacto de juicio abreviado.
Luego de referirse a la doctrina de la arbitrariedad, aseveró que homologar la pena fijada en el pacto de juicio abreviado, no obstante, la modificación decidida en torno a las circunstancias mensurativas y a la calificación legal, torna arbitraria la sentencia en punto a la medida de la pena, pues aparece como exclusivo producto de la voluntad del juzgador y no como derivación razonada del derecho vigente (v. fs. 54 y vta.).
Refuerza tal reclamo con cita de los precedentes de este Tribunal "Laportilla", "Ruiz" y "Spíndola" (v. fs. 54 vta./56 vta.), y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Castillo, Mercedes", "Ramírez, Fernando Román", "silva" y "Marteau" (v. fs. 56 vta. y 57).
Solicitó se case el fallo en crisis y su reenvió a la instancia casatoria a fin de que dicte una sentencia ajustada a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó no hacer lugar al recurso intentado (v. fs. 65/69).
III. Coincido con lo dictaminado, la vía interpuesta no prospera.
IV.1. En el recurso de casación la defensa se quejó por la falta de valoración como atenuante del sometimiento del imputado al juicio abreviado, solicitando se compute dicha diminuente. Realizó consideraciones dogmáticas y citas sobre la determinación judicial de la pena, considerando que debía partirse del mínimo de la escala legal. En segundo término, se agravió de la violación de los arts. 106 y 210 del Código Procesal Penal; 18 y 19 de la Constitución nacional que establecen que las penas deben ser proporcionadas al injusto y la culpabilidad (v. fs. 23/25).
IV.2. El Tribunal de Casación, luego de destacar que las partes no plantearon pautas modulantes de penalidad al momento de suscribir el acuerdo de juicio abreviado, indicó que el tribunal valoró oficiosamente como atenuante la ausencia de antecedentes penales, sin ponderar agravantes (v. fs. 42 vta.).
Para desestimar el planteo referente a que se debió valorar, también oficiosamente, como minorante que R. se sometió al procedimiento de juicio abreviado, recordó que el art. 371 del Código Procesal Penal establece que si bien el Tribunal puede valorar atenuantes de oficio no está obligado a ello, por lo tanto, no habría ninguna afectación por la supuesta omisión oficiosa.
Con cita de doctrina de esta Corte, rechazó el agravio referente a que el juzgador debió partir del mínimo de la escala penal, "...pues esa modalidad no tiene sustento legal" (fs. 43).
Aseveró que se cumplió con la exigencia de fundamentar la decisión jurisdiccional con relación a la mensuración de la pena, al haberse tratado correctamente los factores de atenuación y agravación, con cita de las normas sustantivas y procesales pertinentes, lo que "...impide afirmar que la elección del monto de la sanción haya sido irrazonable en el caso, siendo que además aplicó la pena acordada por las partes" (fs. 43 vta.).
Desestimó los agravios de infracción a los principios de proporcionalidad y culpabilidad, en tanto la defensa se limitó a mencionar los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional, sin acreditar ni vincular la relación directa e inmediata entre lo resuelto con la transgresión de dichas garantías constitucionales.
Concluyó que el planteo resultaba insuficiente al no acreditar que el monto establecido resulte transgresor de las normas que lo regulan, ni arbitrario ni absurdo (v. fs. cit. y 44).
V. Sentado ello, se advierte que los agravios de la defensa fueron revisados en su completitud y se proporcionaron las razones por las cuales se los desestimó. Es decir, que la decisión puesta en entredicho cuenta, en este aspecto, con fundamentación suficiente que la pone a salvo de la tacha de arbitrariedad por supuesto déficit motivacional (doct. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
Tampoco se evidencia la denuncia de apartamiento de la doctrina legal de esta Corte en ese tópico, ni en relación con los fallos de la Corte federal que indica, en tanto aquella viene despojada de todo intento por conectar los precedentes citados con las concretas circunstancias del caso, a efectos de convencer de una solución semejante. Media en todo ello insuficiencia impugnativa (doct. arts. citados).
Los desarrollos de la recurrente no cuestionan debidamente los argumentos que llevaron al Tribunal de Casación a rechazar la pretensión defensista -que el art. 371 del Código Procesal Penal faculta al juzgador a computar de oficio atenuantes más no lo obliga, que no existe imposición legal de partir del mínimo de la escala penal a fin de graduar la pena, que en definitiva se aplicó el monto pactado en el juicio abreviado-, traduciéndose en una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el juzgador (art. 495, CPP). Y como es sabido, el disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
El argumento de la recurrente sobre la valoración como diminuente de la sanción, la exclusión del delito de corrupción de menores que había integrado el acuerdo de juicio abreviado, es extemporáneo pues no fue llevado ante la Casación, por lo cual resulta inaudible en esta instancia (doct. art. 451, CPP).
Lo indicado por el órgano intermedio en lo tocante a la determinación de la pena se corresponde con asentada jurisprudencia del Tribunal que establece que no existe legalmente un "punto de ingreso" fijo a la escala penal, y la única restricción a la cual debe su apego el órgano jurisdiccional se encuentra además de su fundamentación y razonabilidad (art. 1, Const. nac.) en la escala impuesta por el Código de la materia, sea para cada tipo penal en particular o la que resulte de lo normado por los arts. 54 y 55 del mismo ordenamiento (conf. causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 127.403, sent. de 28-XII-2016; entre muchas otras).
Así las cosas, el criterio divergente de la parte resulta ineficaz para demostrar que en la determinación de la sanción el tribunal revisor hubiera incurrido en las transgresiones legales que denuncia (conf. causas RP. 123.701, resol. de 13-VII-2016; P. 126.347, sent. de 20-IX-2017; RP. 128.869, resol. de 13-IX-2017; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/09/2021 09:55:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/09/2021 10:21:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 11:45:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 18:30:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 20:31:55 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia