Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133289
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.289-RC, "Gumucio, Claudio Matías Alexander s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.538 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El juez integrante del Tribunal Criminal n° 3 de Lomas de Zamora -doctor Marcelo Hugo Dellature-, en el marco de un juicio abreviado, dictó pronunciamiento el 18 de septiembre de 2017, por el que condenó a Claudio Matías Alexander Gumucio a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de tentativa de homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el empleo de armas de fuego, en poblado y en banda (arts. 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 -segundo párrafo- y 167 inc. 2, todos del Código Penal), cometido el día 4 de junio de 2014 en la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús, en perjuicio de Juan Francisco Lizuain, L. A. P., Pablo Nahuel Grillo y Leandro Carlos Brandoni (v. fs. 4/9).
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia del 10 de mayo de 2018, casó parcialmente el fallo, obliteró como agravantes la peligrosidad demostrada en la modalidad de los hechos y la emergente de la condena dictada en la causa 07-00-060746-14/01, modificó la calificación legal y redujo la pena impuesta a Claudio Matías Alexander Gumucio, la que fijó en doce años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego, en poblado y en banda (v. fs. 39/50).
Contra esa decisión se alzó la señora defensora adjunta ante el Tribunbal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, mediante resurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 57/74), que fue concedido parcialmente (v. fs. 75/80). Interpuesta queja (v. fs. 146/151), esta Suprtema Corte concedió los restantes tramos del remedio extarordinario (v. fs. 153/155).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 164/177), dictada la providencia de autos (v. fs. 179) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La defensa de Claudio Matías Alexander Gumucio denunció, en primer lugar, la errónea aplicación de los arts. 41 bis, 42, 79 y 166 inc. 1 del Código Penal, y la transgresión al principio in dubio pro reo (v. fs. 60).
Adujo que el Tribunal de Casación Penal, al recalificar el hecho contra la vida como constitutivo de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido mediando dolo eventual, conculcó el principio in dubio pro reo y aplicó erróneamente los arts. 42 y 79, con la agravante genérica del art. 41 bis, e inobservó el art. 166 inc. 1, todos del Código Penal (v. fs. 63 vta.).
Afirmó que, aun teniendo en cuenta que la conducta de disparar para poder consumar el robo del rodado importa la posibilidad concreta y previsible no sólo de producir un daño en la salud sino de causar la muerte, el dolo eventual debió inferirse respecto del resultado ocasionado (lesiones gravísimas) y no del de matar, en función del principio in dubio pro reo (v. fs. cit.).
Alegó que, con el criterio de la casación, Gumucio debió haberse representado la producción del resultado mortal respecto de todas las personas que transitaban y no sólo con relación a P., cuando siquiera el único testigo que dijo ver que él disparó dijo que apuntó al auto, de modo que no se explicaba cómo había ingresado en la cabeza de su hermanita. Por ello, sostuvo que se "...transgredió el principio ‘in dubio pro reo’ infiriendo, para recalificar el hecho, el dolo eventual homicida -en grado tentado- y no el dolo eventual de ocasionar lesiones -gravísimas- a L. P. u otra persona que circulara por allí" (fs. 64).
Explicó que el propio órgano revisor al resolver la causa de los otros intervinientes en el hecho, Galiano y González Bascuñán, casó la sentencia de primera instancia y el 4 de abril de 2017 condenó al primero como coautor penalmente responsable de robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego, y al segundo por el delito de robo doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por haber causado lesiones gravísimas (v. fs. cit. y vta.). De seguido, sostuvo que la "...Sala II que subsanó la desigualdad de ambos fallos de grado [...] dijo que la subsunción típica para la plataforma fáctica descripta en la primera cuestión del veredicto para el mismo hecho por el que ahora viene condenado Gumucio, presentaba un defecto que correspondía a esa instancia casatoria corregir, recalificando el hecho como robo doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por haber causado lesiones gravísimas; mientras que para con Gumucio en esta causa [...] recalificó el suceso como tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego y en poblado y en banda, explicando que Gumucio realizó su conducta con dolo eventual de homicidio simple" (fs. cit. y vta.).
Reclamó la recalificación del hecho en tales términos, por considerar que no obran pruebas de que su asistido haya querido, aun eventualmente, la muerte de L. P., en quien impactó el disparo efectuado para consumar un robo, sin poder explicar ni la ciencia ni los testigos, cómo impactó en la nuca de la menor si la dirección de disparo era contra el mismo sentido en que venían ella y sus hermanos y el automotor cuya sustracción se perseguía, habiendo posiblemente ingresado en su nuca luego de rebotar en otro sitio, no pudiendo prever Gumucio el resultado acaecido. Agregó que "...el dolo eventual en el caso, claramente, lo fue de las lesiones gravísimas, siendo este el resultado del disparo que accidental e inexplicablemente, rebotó en algo e impactó en la menor en el curso de un robo calificado por el uso de armas de fuego" (fs. 66 y vta.).
I.2. Por otra parte, planteó la violación al debido proceso, la defensa en juicio, la transgresión al principio acusatorio y a la reformatio in pejus (v. fs. 67).
Manifestó que, habiendo las partes en el trámite del juicio abreviado pactado una calificación legal y una pena, resulta arbitraria la incorporación por parte del Tribunal de casación penal de la agravante prevista en el art. 41 bis del Código Penal, que no había sido contemplada en dicho acuerdo ni aplicada por la instancia de grado (v. fs. cit.).
Estimó que la casación vulneró el principio de igualdad pues el órgano compulsó las causas de los coimputados Galiano y González Bascuñán y no obstante, al subsanar los errores de la jurisdicción de grado mutando la calificación legal a la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en tentativa, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego y en poblado y en banda, "...debió corregir también excluyendo este último agravante (en poblado y en banda) pues para la misma plataforma fáctica que tuvo como coautores penalmente responsables a Galiano, González Bascuñán y Gumucio, no puede condenarse a éste a dicha agravante, cuando los otros dos intervinientes en el hecho, no lo fueron, sin conculcarse el principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN)" (fs. 68).
I.3. Luego planteó la transgresión al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia, de conformidad con los arts. 18 de la Constitución nacional, 15 de la Constitución provincial, 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. cit. vta.).
Se agravió por la decisión de, mutada la calificación legal, fijar la pena de su asistido y no reenviar a la primera instancia a fin de dar la oportunidad a las partes de debatir sobre la pena a imponer y -por caso- incorporar nuevas circunstancias atenuantes sobrevinientes (v. fs. cit. y 69).
En síntesis, expresó que la defensa se veía imposibilitada, dada la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, de discutir el monto de la pena impuesta, en contraposición con la garantía de la doble instancia como revisión amplia del fallo condenatorio (v. fs. 69).
I.4. En subsidio, se refirió a la violación al derecho del condenado a ser oído (conf. arts. 8.1, CADH; 14.1, PIDCP y 41, Cód. Penal) -v. fs. 70 vta.-.
Alegó que se vulneró el derecho del imputado a ser oído al habérsele impuesto pena sin tomar contacto de visu (v. fs. cit.).
Citó, en apoyo a su postura, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Maldonado" y "Pin", y por este Tribunal en P. 73.366 y P. 85.467 (v. fs. cit. y 71).
Sostuvo que, al encontrarse comprometido un estándar de derecho internacional, desoírlo implica comprometer la responsabilidad del Estado argentino (v. fs. 71 y vta.).
I.5. Finalmente se refirió a la arbitrariedad por falta de fundamentación del monto de la pena impuesta, la violación al debido proceso y a la defensa en juicio (v. fs. 71 vta.).
Adujo que se fijó una pena sin justificar su elección en una escala penal que parte de cinco años y cuatro meses de prisión (v. fs. cit.).
En definitiva, requirió que se case el fallo, también en este tramo.
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la impugnación (v. fs. 164/177).
III. Coincido con lo así dictaminado, el recurso no progresa.
III.1. El Tribunal de primera instancia tuvo por acreditado que "...el día 4 de junio de 2014, siendo aproximadamente las 17:10 horas, una persona de sexo masculino, en compañía de otras tres del mismo sexo, previo acuerdo de voluntades y con un plan trazado, en la intersección de las calles Warnes y Lomas Valentina de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús, interceptaron el rodado marca Renault Clío, dominio LPJ-037, el que era conducido por su propietario Juan Francisco Lizuain y ocupado en su asiento delantero derecho por Leandro Carlos Brandoni y en el asiento trasero por Pablo Daniel Grillo, y mediante el empleo de armas de fuego que portaban les efecto[uaron] uno o dos disparos para lograr la detención del rodado, impactando uno [...] hiere en la cabeza a L. A. P., de 5 años de edad, la que se hallaba en la línea de disparo caminando junto a su hermano por la calle Warnes a metros antes de llegar a Lomas Valentina, produciéndole lesiones por lo que debió ser trasladada a un nosocomio y ser intervenida quirúrgicamente corriendo peligro de vida. Una vez detenido el vehículo los cuatro sujetos se acercan al mismo y obligan a salir a sus ocupantes sustrayéndoles dinero y otros objetos de valor, para luego dos de ellos abordar el automóvil y darse a la fuga con éste, mientras que los otros dos huyen por Lomas Valentina" (fs. 6 vta.).
Frente al recurso articulado por la defensa, el Tribunal de Casación Penal hizo lugar al reclamo de falta de acreditación del dolo contemplado por el art. 80 inc. 7 del Código Penal, aunque destacó que, de contrario a lo planteado, sí mediaba dolo homicida (v. fs. 43 vta. y 44).
En esa dirección, explicó que concurría en su modalidad eventual en el marco de los arts. 42 y 79 del digesto de fondo: "Es que no concurren al caso circunstancias que permitan afirmar que el individuo aquí juzgado no fuera consciente del peligro generado con su comportamiento para la vida de L. P., pues no escapa al conocimiento normal, el dato a partir del cual, ya blandir un arma de fuego de alto poder vulnerante, puesta en condiciones de uso inmediato -repárese en que la producción del disparo requiere el ejercicio voluntario de desactivación de todos los seguros e inhibidores mecánicos de prevención- del modo en que [...] Gumucio lo hizo, supone la posibilidad concreta y previsible de producir no sólo un daño en la salud del sujeto pasivo sino también su muerte, más aún cuando, como en el caso, se descerraja efectivamente un disparo, en el marco de un robo, previo rumbear la puntería hacia donde se encontraba la persona ofendida. Ello muestra que la conducta desarrollada por Gumucio fue realizada, aunque lo haya sido con una distinta finalidad, incluyendo en sus cálculos la concreción del riesgo de muerte por él introducido" (fs. 44 vta.).
Recordó que los testimonios "...permitieron establecer que el acusado [...] -junto a otras tres personas-, protagonizó el robo del automóvil Renault Clío, dominio LPJ-037 propiedad de Juan Francisco Lizuain, quien lo conducía en compañía de Leandro Carlos Brandoni y Pablo Daniel Grillo. Que los delincuentes lo abordaron en plena vía pública, mediante disparos de arma de fuego que el acusado Gumucio efectuó para lograr la detención del rodado, impactando uno de ellos en la cabeza de la menor de 5 años de edad L. A. P., quien se hallaba en la línea de disparo caminando junto a su hermano, produciéndole lesiones que obligaron a una intervención quirúrgica urgente corriendo peligro de vida. Que luego de lograr la detención del vehículo, los cuatro sujetos concretaron su finalidad primigenia y sustrajeron dinero y otras pertenencias de sus ocupantes dándose a la fuga dos de ellos en el automóvil propiedad del señor Lizuain" (fs. 45 vta.).
En esa línea, sostuvo que "[e]l accionar del agente, de adverso a lo sostenido por el recurrente, evidencia que aquel asumió una conducta de por sí idónea, como lo es la de efectuar disparos con un arma de fuego a plena luz del día en un sitio y horario altamente transitado, para la producción del resultado mortal con el pleno conocimiento de que, cuanto menos eventualmente, la muerte de una persona era una consecuencia de previsible concreción en el caso" (fs. 46).
Y postuló que "...los hechos probados permiten establecer, tanto el riesgo serio de lesión del bien jurídico vida como su aceptación, requeridos por el dolo condicionado que prevé, en el plano subjetivo, la figura penal de homicidio" (fs. 47).
III.2. Frente a lo así resuelto por el órgano a quo , se develan inidóneos los cuestionamientos de la recurrente vinculados con la errónea aplicación de la ley sustantiva pues -en rigor- solo trasuntan una opinión discrepante, sin rebatir adecuadamente los extensos fundamentos dados para considerar acreditado el dolo de la tentativa de homicidio simple, cuanto menos en su modalidad eventual (art. 495, CPP).
Nótese que la parte se limita a insistir, dogmáticamente, en que la calificación correcta del hecho era la de robo doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por haber causado lesiones gravísimas (art. 166. incs. 1 y 2, segundo párrafo, Cód. Penal), trayendo como fundamento casi exclusivo del planteo que así fue encuadrado el hecho en la causa seguida a los restantes intervinientes Galiano y González Bascuñán (v. fs. 64/66).
Mas no explica las razones por las cuales ahora pretende se aplique la calificación legal obtenida por los nombrados -recaída en una sentencia que, por lo demás, no se encuentra firme (v. fs. 184/186)-, siendo que el pronunciamiento del Tribunal de Casación que así la estableció data del 4 de abril de 2017 (v. certificación cit.), es decir, que es anterior a la solicitud de juicio abreviado formulada por Gumucio (del 2 de noviembre de 2017) y que diera lugar a la sentencia de fs. 4/9, sin que nada de esto fuera siquiera mencionado por la defensa, como tampoco lo hizo en el recurso de casación interpuesto a fs. 15/24 vta.
A ello corresponde adunar, en lo relativo al principio in dubio pro reo y en atención a su eventual raigambre federal, que el reclamo se sustenta en la particular interpretación del plexo probatorio que realiza la defensa, mas no en una real situación de incertidumbre que se le haya planteado al juzgador. Y tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación fáctica para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva (causas P. 103.093, resol. de 14-VII-2010; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 112.573, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 115.269, resol. de 27-XI-2013; e. o.).
En el caso, las objeciones no superan la exposición de una ponderación discrepante del plexo probatorio, sin evidenciar la falta de prueba objetiva de cargo que hubiere imposibilitado arribar a un pronunciamiento condenatorio en los términos referidos.
III.3. En cuanto a la denuncia de violación a la garantía de la reformatio in pejus, a tenor de la incorporación de la agravante contenida en el art. 41 bis, no ha de progresar pues, frente a la petición de la defensa de que la conducta de Gumucio no se subsumiera en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, en tentativa, por no haberse acreditado el dolo de aquella figura, el órgano casatorio hizo lugar al planteo y mutó la calificación legal por la de tentativa de homicidio simple agravada por la utilización de arma de fuego y -tras obliterar también como agravantes la peligrosidad demostrada en la modalidad de los hechos y la emergente de otra condena- disminuyó la sanción de catorce a doce años de prisión.
Y tiene dicho esta Corte que, en estos casos, para poder encuadrar en un supuesto de infracción de la prohibición de reformatio in pejus , la parte debe realizar un esfuerzo significativo tendiente a explicar y demostrar acabadamente por qué pese a la disminución de la sanción, la apertura revisora requerida sólo por su parte irrogó un perjuicio al imputado (causas P. 125.894, sent. de 28-XII-2016, de conformidad con el criterio de P. 76.215, sent. de 6-VII-2005; P. 60.325, sent. de 5-IV-2006; P. 73.199, sent. de 20-VI-2007 y más recientemente en P. 117.331, sent. de 24-II-2016).
Dicha carga procesal no ha sido evidenciada por la recurrente, quien se limita a insistir en que la agravante genérica no fue aplicada por el sentenciante de grado, sin hacerse cargo de la nueva calificación legal operada en sede casatoria y argumentar -eventualmente- porqué sería más gravosa que la recaída en primera instancia (art. 495, CPP).
Tampoco prospera el agravio desde la arista de la violación a los principios de igualdad ante la ley y reformatio in pejus que la defensa trae a remolque de la calificación legal de la sentencia de los partícipes del hecho Galiano y González Bascuñán, puesto que resulta el fruto de una reflexión tardía, en tanto no fue llevado a conocimiento de las instancias previas siendo que, ya en tales oportunidades, contaba con actualidad (doctr. art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 126.079, sent. de 21-III-2018; P. 131.533, sent. de 11-IX-2019; P. 132.720, sent. de 29-IV-2020; e. o.).
Por lo demás, y como ya fuera expuesto ut supra , la sentencia invocada no ha adquirido firmeza, extremo del cual la parte nuevamente se desentiende (v. certificación de fs. 184/186).
Las denuncias de violación al debido proceso, a la defensa en juicio, así como la transgresión al principio acusatorio, son genéricas y carecen de desarrollos argumentales que les den un sustento autónomo. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.