Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134321
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.321, "Criado, Alfredo Javier s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 97.193 y su acum. N° 97.310 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
En lo que aquí importa, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 8 de septiembre de 2020, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Alfredo Javier Criado contra la decisión de ese mismo órgano que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Morón que lo condenó a la pena única de cinco años y dos meses de prisión y multa de doscientos veinticinco pesos, accesorias legales y costas, comprensiva de la condena a cuatro años de prisión y multa de doscientos veinticinco pesos, accesorias legales y costas, dictada en causa n° 4.586 de su registro y de la pena dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 4 del mismo departamento judicial en causa n° 1.581 a la pena de un año y dos meses de prisión de ejecución condicional.
En el juicio de admisibilidad, luego de recordar las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal, explicó que, si bien no se cumplió con el recaudo del monto de la pena, la parte tachó de arbitraria la aplicación del método aritmético en la unificación de penas y denunció la violación de la garantía de defensa en juicio (conf. art. 18, Const. nac.), todo ello con la suficiencia necesaria para superar la etapa de admisibilidad (arts. 27 y 58, Cod. Penal; CSJN, Fallos: "Strada", "Di Mascio" y "Christou").
Oído el señor Procurador General a fs. 116/118 vta., dictada la providencia de autos a fs. 120 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el defensor oficial, doctor José María Hernández, tachó de arbitrario el fallo por falta de fundamentación en lo que respecta a la afirmación vinculada a que el método aritmético para unificar penas es una exigencia del art. 27 del Código Penal.
Alegó que el tribunal revisor no explicó los motivos por los cuales en los supuestos en los que se unifica una pena de ejecución condicional y su cumplimiento debe ser efectivo (conf. arts. 26, 27 y 58, Cód. Penal) se debe aplicar el método aritmético. Explicó que ello no es una exigencia que surja del art. 58 sino que es una facultad de quien juzga aplicar dicho método o el de composición (v. fs. 90 vta.).
Agregó que el fallo en crisis no abordó debidamente los agravios llevados en el recurso de casación referidos a que el modo en que se interpretó el art. 27 del Código Penal y la consecuente unificación de penas practicada resultan derogatorios del art. 58 del mismo cuerpo de leyes. Puntualizó que el voto mayoritario de la sentencia de casación dijo que la pena en suspenso debía cumplirse, conforme lo previsto en los arts. 26 y 27 del código de fondo, sin argumentación alguna (v. fs. cit. y 91).
Concluyó que "...el Tribunal de Casación confirmó la sentencia de origen que considera, por aplicación de los arts. 26 y 27 del [Código Penal], que la suma aritmética es el único método posible a utilizar para unificar penas cuando una de las involucradas fuera una pena cuya ejecución había sido dejada en suspenso", creando una excepción al régimen del art. 58 que regiría los demás casos de unificación de penas y también de condenas (v. fs. 91).
Por todo lo expuesto, afirmó que sostener que el art. 27 solo admite la aplicación del método aritmético para los supuestos en los que se revoca la condicionalidad de la primera condena lleva a la inconsecuencia de que cuando las penas a unificar son de cumplimiento efectivo la sumatoria de ellas no resulta obligatoria (por aplicación del art. 58, Cód. Penal) pero sí es obligatoria cuando una de ellas es una condenación condicional que se revoca; lo que supone una incoherencia por dejar en mejor situación supuestos de penas más graves (v. fs. 91 y vta.).
En definitiva, sostuvo que la arbitraria y asistemática interpretación del art. 27 se desentiende y tiene efectos derogatorios respecto del art. 58 así como de los fines que deben guiar la ejecución de la pena (conf. arts. 5.6, CADH; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 4 de Morón, luego de correr vista a las partes en los términos de los arts. 58 del Código Penal y 18 del Código Procesal Penal, dictó pena única de cinco años y dos meses de prisión y multa de doscientos veinticinco pesos, accesorias legales y costas, comprensiva de la condena a cuatro años de prisión y multa de doscientos veinticinco pesos, accesorias legales y costas, dictada en causa n° 4.586 de su registro y de la pena dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 4 del mismo departamento judicial en causa n° 1.581 a un año y dos meses de prisión de ejecución condicional, revocando la condicionalidad de esta última (v. fs. 24/29).
Para ello, afirmó que se trata de un caso de unificación de penas previsto en la primera parte del art. 58 del Código Penal pues no hubo violación a las reglas del concurso, en tanto el último delito se cometió durante el lapso en que Criado estaba sujeto al cumplimiento de las reglas previstas en el art. 27 del citado cuerpo de leyes.
Explicó que "...en el caso del art. 27 el sujeto debe cumplir la totalidad de ambas penas es decir, que las mismas se acumulan o adicionan, sin que puedan superar el máximo previsto para la especie de pena" (conf. art. 58 en función del 55, Cód. Penal; v. fs. 27).
III.2. Contra lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso de casación en el que denunció la errónea aplicación de los arts. 27 y 58 del Código Penal y solicitó la utilización del método de composición (v. fs. 38/41).
III.3. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 12 de marzo de 2020, en lo que interesa, por mayoría, rechazó la impugnación.
Mediante el voto del juez Carral al que adhirió el doctor Violini, de manera preliminar, se aclaró que se trata de un caso de unificación de penas pues la comisión del segundo delito -que motivó la aplicación del art. 58 del Código Penal- aconteció cuando la primera de las condenas había pasado en autoridad de cosa juzgada y aún no se encontraba agotada (v. fs. 58 vta.).
Manifestó que no se violaron las reglas del concurso real, de ahí que las condenas anteriores no desaparecen, sino que se nuclean, por lo que se mantienen incólumes las pautas valoradas en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 58 vta. y 59).
Aclaró que al tratarse de un supuesto de unificación de penas no es imperativo aplicar el sistema composicional, sino que es factible sumar aritméticamente ambas penas (v. fs. 59; conf. art. 58, primera parte, Cód. Penal). De este modo, el Estado pretende garantizar la unidad de reacción penal (v. fs. cit. y vta.).
Explicó que el art. 58 del Código Penal, en cuanto a la determinación de la escala penal a aplicar en los supuestos que prevé, se remite a los arts. 55 a 57 del mismo cuerpo de leyes, que regulan el concurso real de delitos y establecen la suma aritmética de las pautas máximas de los diversos hechos para determinar el límite superior de pena a imponer. En su apoyo, citó jurisprudencia de la que se desprende que la aplicación del método de la composición para establecer la pena única es opcional (v. fs. 60 y vta.).
Finalmente, sostuvo que "Sin perjuicio de lo enunciado en forma precedente, en este caso particular la discusión resulta ociosa porque la condena dictada en primer término consiste en una pena de prisión de ejecución condicional y, por lo tanto, de acuerdo a las normas contenidas en los arts. 26 y 27 del Código Penal, esa sanción que quedó en suspenso debe cumplirse a raíz de la comisión de un nuevo delito. Por lo demás, considero que la decisión del magistrado integrante del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Morón, operativiza lo previsto en la legislación que establece el alcance y contenido del régimen de la condena de ejecución condicional" (fs. 60 vta.).
IV. De lo expuesto se advierte que la denuncia de arbitrariedad, vinculada con la aplicación de los arts. 27 y 58 del Código Penal y con el método aritmético, es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
En efecto, la parte realizó una interpretación parcializada del fallo en crisis y dejó incontrovertidos parte de los fundamentos que le dieron sustento.
En tal sentido, no se hizo cargo del primer tramo de la sentencia, que sostuvo que en el caso no se violaron las reglas del concurso real de delitos por lo que se trata de un caso de unificación de penas (conf. art. 58, Cód. Penal), y que en estos supuestos es facultativa la aplicación del método de suma aritmética o de composición.
Contrariamente a lo sostenido por la defensa, de ningún tramo del fallo surge que el tribunal de casación haya sostenido que el citado art. 27 deje inoperantes las reglas del art. 58, sino que por el contrario, de la decisión apelada se advierte que la comisión del "nuevo delito" durante el plazo de cuatro años previsto en el art. 27 permitió afirmar que se trata de un supuesto de unificación de penas (conf. art. 58, primera parte) y no de condenas -por no haber violación a las reglas del art. 55 y siguientes del Código Penal-, por lo que la aplicación del método aritmético o composicional resulta opcional.
Por otra parte, tampoco se advierte en el escrito recursivo de qué modo podría resultar modificada la pena en cuestión con el método que procura la parte, ni el concreto perjuicio que el procedimiento unificatorio utilizado en la decisión cuestionada habría ocasionado a su asistido (conf. doctr. causas P. 58.385, sent. de 22-XII-1999; P. 65.324, sent. de 19-III-2003; P. 86.699, sent. de 10-IX-2003; P. 99.863, sent. de 31-X-2007; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; e.o.).
V. Para más, resulta pertinente agregar que el temperamento adoptado por el tribunal de casación se corresponde con la doctrina de esta Corte que en reiterados pronunciamientos sostuvo que la sentencia que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente no incurre por esa sola circunstancia en violación del art. 58 del Código Penal, pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 37.041, sent. de 13-II-1990; P. 53.068, sent. de 27-XII-1994; P. 57.780, sent. de 13-V-1997; P. 58.385, cit.; P. 65.324, cit.; P. 72.391, sent. de 22-XII-2004; P. 77.839, sent. de 10-X-2007; P. 105.351, cit.; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; e.o.).
VI. En conclusión, la parte debió evidenciar los motivos por los cuales en el caso en concreto correspondía aplicar el método de composición y no lo hizo.
Sus argumentos se reducen a meras opiniones genéricas y como tales insuficientes para demostrar la arbitrariedad que alega, cuyo objeto "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2021 16:00:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2021 17:11:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 07:52:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 10:54:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 11:05:56 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/10/2021 12:00:00 hs. bajo el número RS-124-2021 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia