Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134629
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.629, "Sarmiento, Samuel Alejandro s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.247 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de febrero de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro que -con integración unipersonal y mediante el procedimiento de juicio abreviado- condenó a Samuel Alejandro Sarmiento a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79 y 41 bis, Cód. Penal; v. fs. 50/53 vta. y 2/11 vta.).
La defensa oficial -que intervino por haber sido sustituida la particular- dedujo contra el fallo del Tribunal intermedio una "instancia de reposición y/o nulidad" (v. fs. 77/79), que fue resuelta por el juzgador el 4 de febrero de 2020, desestimando el recurso de reposición y la petición de nulidad (v. fs. 81/82 vta.).
Frente a tal decisión, la defensora adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, formuló un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 84/88), que fue concedido por el órgano intermedio el 16 de octubre de 2020 (v. fs. 95/97).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 101/104), dictada la providencia de autos (v. fs. 106) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensora oficial alega ante esta Corte la afectación a la garantía de la defensa efectiva en el marco de la revisión amplia del fallo condenatorio al denunciar una situación de indefensión producida por la defectuosa interposición del recurso de casación contra la sentencia de mérito por el letrado que intervino con anterioridad (v. fs. 85).
Sostiene que no se aseguró de manera sustancial el efectivo ejercicio del derecho de defensa, a pesar de la expresa voluntad del acusado, ya que, pese a la cuestionable actuación del defensor particular al interponer el recurso de casación, el tribunal intermedio rechazó el planteo respectivo (v. fs. 86 vta.).
La recurrente considera que la decisión de la Casación es, por lo tanto, arbitraria. Por un lado, porque reduce el alcance de la garantía del doble conforme, entendida como la posibilidad "...de plantear un recurso ordinario accesible y eficaz que le permita la revisión amplia de la sentencia de mérito, al considerar que, en el caso -en el que la propia fiscal de Casación ha descripto al recurso como 'escrito exánime cuyos difusos agravios y deficiencias argumentativas dificultan notoriamente su contestación' -, la pretensión defensista no es más que una discrepancia con la estrategia adoptada por el anterior letrado". Por el otro, porque pretende sustituir el incumplimiento del deber del defensor de plantear, de modo adecuado y suficiente, los agravios provocados por un pronunciamiento de condena para que este pueda ser revisado ampliamente por un tribunal superior, con la facultad del órgano revisor para conocer más allá del agravio cuando sea a favor del imputado (v. fs. 86 vta. y 87).
Citando los precedentes "Schenone", "Portillo", "Rodríguez" y "Palacios" de la Corte federal, se agravia interpretando que la Casación, en su decisión del 4 de febrero de 2020, no se pronunció sobre los derechos constitucionales afectados a pesar de que la situación de indefensión ameritaba la solución propuesta por esa parte, incluso de oficio. Explica que el deber de garantizar en un proceso penal un auténtico patrocinio corresponde también a los tribunales inferiores, razón por la cual el tribunal intermedio debió declarar la nulidad y retrotraer las actuaciones para que se articularan de manera efectiva las vías recursivas disponibles (v. fs. 87 y vta.).
Invoca que, en supuestos similares, la Corte federal resolvió que una negligencia de entidad del letrado compromete la defensa en juicio e invalida lo actuado con posterioridad de modo que, en estos autos, corresponde entender que la situación de indefensión de Sarmiento se extendió -por circunstancias ajenas a él- hasta la intervención de la defensa oficial y que, por ello, debe habilitarse la eventual interposición de un nuevo recurso de casación (v. fs. 87 vta. y 88).
II. El Tribunal Oral en lo Criminal n° 6 de San Isidro -con integración unipersonal- condenó a Samuel Alejandro Sarmiento, en un procedimiento de juicio abreviado, a la pena de diez años y ocho meses de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego (v. fs. 2/11 vta.).
Al ser notificado en su lugar de detención, Sarmiento consignó "Apelo" en forma manuscrita en el acta labrada por el Servicio Penitenciario (v. fs. 17), manifestación que fue tenida como reserva de recurrir ante la Casación y, en función de la cual, la magistrada que intervino dispuso correrle vista a la defensa particular para que le diera sustento técnico (vs. fs. 17/18).
III. El codefensor particular, doctor Luis Carlos Galtieri, interpuso recurso de casación (v. fs. 24/28), manifestando que criticaba la sentencia "...atendiendo las expresas instrucciones" de Sarmiento (v. fs. 25).
Comenzó diciendo, muy vagamente, que cuestionaba "...la construcción de la sentencia" a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio "...en punto a la función de la lógica empleada por el Tribunal para responsabilizar penalmente" a Sarmiento porque, según dijo, "...las razones que llevan a la convicción sincera que llevan a la verdad sobre el hecho juzgado resultan aparentes merced a una interpretación incorrecta o errada..." ( ibidem ).
La defensa también expresó que, al consultar a su asistido luego de que apelara, este le hizo saber que no había comprendido "...cabalmente la vía adoptada para la finalización del proceso, como tampoco sus consecuencias...", a pesar de que -previa explicación del codefensor- las aceptara en la audiencia prevista en el art. 398 del Código Procesal Penal ( ibidem ).
A su vez, se quejó de que en la sentencia impugnada no se habían regulado sus honorarios profesionales, privando de ese modo a Sarmiento de conocer la suma que debía abonar en tal concepto (v. fs. 26).
Lo expuesto fue toda la fundamentación brindada por el abogado a la impugnación de la sentencia de mérito, agregando únicamente que "...el fin del recurso que estoy interponiendo obedece a dar certidumbre al fallo dictado, que entiendo no existe por las razones expuestas..." (fs. cit.).
IV. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 28 de febrero de 2019, desestimó la impugnación por considerarla insuficiente, pues su motivación carecía -según lo afirmó- "...de un razonamiento de censura y crítica razonada...", calificándola de mera discordancia con el pronunciamiento atacado, "...sin siquiera mencionar apropiadamente el error que el fallo exhibe..." y sin haber explicado cuál sería la interpretación incorrecta que le atribuyó (v. fs. 51 vta.).
Añadió que en la decisión cuestionada se expresaron las razones que la sustentaron y que el desacuerdo de la defensa con esa fundamentación no implica, sin más, que el fallo presente defectos que merezcan su descalificación en términos constitucionales (v. fs. 52 y vta.).
En cuanto a la denuncia de que el procesado no había comprendido el significado de la opción por el juicio abreviado, el revisor la descartó en base a las explicaciones dadas sobre este asunto en la sentencia de origen: que Sarmiento había referido comprender las consecuencias del procedimiento escogido y haberlas aceptado libremente, descartando que su voluntad estuviera viciada (v. fs. 51 vta. y 52).
V. En el acto de su notificación, Sarmiento expresó la voluntad de recurrir dicha sentencia (v. fs. 61/63) y, el 4 de octubre de 2019, el acusado resolvió sustituir a su defensa particular por la oficial (v. fs. 71/72), por lo cual el órgano intermedio dispuso la intervención de esta última (v. fs. 76).
En consecuencia, la defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Biasotti, presentó un escrito mediante el cual asumió dicho rol y dedujo, con cita de los arts. 436 y 201 del Código Procesal Penal, una "instancia de reposición y/o nulidad". Allí peticionó -y se trató de la primera oportunidad que tuvo para hacerlo- que, previa declaración de nulidad, se retrotrajera el trámite recursivo para garantizar el efectivo derecho de defensa y el de revisión del fallo de condena por un tribunal superior, denunciando una situación de indefensión de su asistido por haberse interpuesto un recurso de casación "...que ni siquiera mínimamente se ha bastado a sí mismo..." (fs. 77 y vta.).
La defensora sostuvo que el recurso de casación articulado por el defensor particular era "...apenas un remedo de recurso" que no permite la revisión amplia de la condena. Continuó diciendo que, incluso, "...la Fiscal de Casación lo ha calificado como escrito exánime cuyos difusos agravios y deficiencias argumentativas dificultan notoriamente su contestación. Ha señalado, además, que el recurso no abastece las exigencias legales para su tratamiento..." (fs. 78 y vta.).
La parte transcribió también las consideraciones del Tribunal de Casación referidas a las características y déficit de la impugnación, para concluir que ninguna de tales deficiencias puede ser achacada al procesado, quien solo expresó su intención y su derecho de recurrir la condena. Afirmó que "...la exclusiva incuria del profesional interviniente" fue la que imposibilitó establecer el alcance y contenido de la impugnación y, con ello, se colocó al acusado en situación de indefensión. Por consiguiente, pidió la declaración de nulidad, por inoficioso, del recurso de casación y de todo lo actuado en consecuencia, para asegurar la posibilidad recursiva del encartado (v. fs. 78 vta. y 79).
VI. El 4 de febrero de 2020, la Casación no hizo lugar a la reposición y rechazó la nulidad intentada (v. fs. 81/82).
Para ello, entendió que los argumentos del reclamo se vinculaban con el éxito de la estrategia escogida por la defensa particular, más que con la idea de acreditar un verdadero estado de indefensión. Expresó que la declaración de nulidad es excepcional y requiere la demostración de la vulneración de las garantías del debido proceso o defensa en juicio, lo que consideró que no fue justificado (v. fs. 81 vta.).
Además, expuso que el imputado goza del derecho a contar con un abogado defensor que lo asista "...con sus conocimientos jurídicos a fin de velar por sus intereses, evento que en el caso fue debidamente ejercido, más allá del éxito de la pretensión defensista, pues no cualquier discrepancia con la estrategia de defensa adoptada por un letrado puede ser señalada como una defensa inadecuada, toda vez que esta opción quebrantaría la necesidad de garantizar que el abogado defensor tenga la posibilidad de construir su técnica de defensa con la mayor libertad posible" (v. fs. 81 vta. y 82).
Finalmente, agregó que, aun cuando puedan advertirse defectos en la técnica empleada, "...ello no constituye -en el caso- un obstáculo insalvable para el tratamiento de las infracciones que puedan ser advertidas por el órgano revisor y cuyo análisis se encuentra reconocido por el art. 435 del C.P.P." (fs. 82 y vta.).
VII. El dictamen de la Procuración General propone el rechazo de la impugnación (v. fs. 101/104). Sin embargo, considero que el recurso debe prosperar.
VII.1. A contrario de lo sostenido por la Casación, en este caso, no se advierte estrategia alguna en el recurso de casación deducido, pues su vacuidad es, precisamente, la negación de toda estrategia, y esto es así al menos en lo que refiere al planteo sobre la responsabilidad de Sarmiento y la "...verdad sobre el hecho juzgado", cuestionamientos carentes de todo fundamento y que constituyen tan solo un título, un rótulo que nada explica y que pone en evidencia el incumplimiento del deber de asegurar la defensa del imputado (v. fs. 25).
No resulta aceptable el criterio de la Casación de encuadrar la labor del defensor particular, materializada en el escrito de fs. 24/28, como una forma de ejercicio de la libertad profesional en la construcción de su "técnica de defensa" (v. fs. 82), ya que su desempeño no constituye la aplicación de técnica alguna, entendiendo por tal el empleo de un método, un procedimiento y la puesta en práctica de una habilidad, capacidad o destreza.
Sin perjuicio de que el letrado planteó una objeción acerca del consentimiento del acusado para el trámite abreviado, lo cierto es que, sobre el fondo de la responsabilidad de su asistido, la formulación es de carencia absoluta. De ese modo, el acusado fue privado del ejercicio del derecho a que la condena sea ampliamente revisada a través de un recurso sencillo y eficaz por un tribunal superior cuando existió una manifestación de voluntad al respecto (conf. CSJN, "Casal", sent. de 20-IX-2005), derecho que le asiste sea que se trate de un procedimiento común o de uno especial como lo es el juicio abreviado sustanciado en estos autos (conf. causa P. 90.327, sent. de 1-III-2006).
Como lo sostiene la recurrente, el pleno ejercicio de ese derecho no puede ser legítimamente reemplazado por el empleo por parte del Tribunal de la facultad (discrecional) prevista en el art. 435 del Código Procesal Penal, como lo pretendió el órgano revisor (v. fs. 82 y vta.).
VII.2. De conformidad con lo resuelto, en lo pertinente, en la causa P. 133.153 (sent. de 20-VIII-2020), debe decirse que queda en evidencia la ausencia de una efectiva defensa técnica en el trámite recursivo, que impidió tener por sustentada la voluntad recursiva del imputado (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 inc. 2, CADH; 14, PIDCP; 89 y concs., CPP; conf. causas P. 120.799, resol. de 1-VI-2016; P. 130.235, resol. de 25-IV-2018, de este Tribunal mutatis mutandi ; CSJN, "Schenone", sent. de 3-X-2006; "Pace", sent. de 17-V-2016; e "Iñigo", sent. de 26-II-2019, mutatis mutandi ).
Las irregularidades descriptas precedentemente debieron motivar al Tribunal de Casación Penal a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa en la etapa recursiva pues, a pesar de resultar muy clara la inaceptable precariedad de la impugnación interpuesta ante sus estrados, desestimó el recurso por falta de suficiencia técnica de los planteos en lo que concierne al fondo del litigio.
Si bien no puede pedirse al imputado que ensaye argumentos jurídicos, sí debe exigirse a su defensor que cumpla con dicha carga de manera efectiva (conf. CSJN, "Schenone", sent. de 3-X-2006), lo que evidentemente no aconteció en el presente caso.
Cabe recordar que el derecho a contar con una defensa técnica idónea y eficaz -y no meramente formal como aconteció en el caso- responde a la necesidad de lograr una mayor igualdad de posiciones entre el órgano de persecución penal del Estado y el imputado. En dicho marco, "...una de las formas de propender a la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado es, sin duda, el erigir a la defensa técnica en un presupuesto de la validez del procedimiento y, en fin, de la sentencia". Por ello, "...el defensor representa un instrumento idóneo para la realización del ideal de equiparar las posibilidades entre el acusador y su acusado, en miras a una decisión judicial" y resulta obligatorio en todo proceso penal (MAIER, Julio B., Derecho Procesal Penal. Fundamentos , Tomo I, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires, 2004, págs. 583-584).
En definitiva, la asistencia técnica con la que contó Samuel Alejandro Sarmiento al momento de la interposición del recurso de casación obrante a fs. 24/28 fue meramente formal e ineficaz en cuanto al fondo de la imputación penal, que pretendió cuestionar con fórmulas vacías, incumpliendo así con su esencial función de "...completar o complementar la capacidad del imputado para estar en juicio penal" (MAIER, Julio B., op. cit., pág. 551).
En efecto, "...no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor" (CSJN, Fallos: 310:1934; 327:103; 331:2520; "Iñigo", sent. de 26-II-2019).
VII.3. Por demás, conviene añadir que esta Suprema Corte (conf. causa P. 120.799, resol. de 1-VI-2016, entre muchas otras) ha sostenido - mutatis mutandi - que no podían ser soslayadas las especiales circunstancias del caso si el imputado fue anoticiado en su lugar de detención del fallo que le era adverso y manifestó su intención de recurrirlo consignando la expresión "apelo", pese a lo cual la defensa particular no cumplió con el deber que le impone su ministerio.
De allí que la actuación del defensor particular importe una clara afrenta a la garantía constitucional de la defensa en juicio en la etapa recursiva, que afecta la validez misma del proceso (doctr. CSJN, Fallos: 329:4248, in re "Schenone", sent. de 3-X-2006; y, en lo particular, mutatis mutandi , causa P. 97.228 -y su acum. P. 96.039- "Acuña", resol. de 22-IX-2010). Pues, al omitir cumplir mínimamente con la labor técnica que es de su incumbencia, no sustanció la voluntad recursiva de su defendido, implicando su intervención solo un tránsito aparente, que lo colocó en estado de indefensión.
Como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente indicado, "...si bien como principio, no compete a los jueces subsanar deficiencias técnicas de los abogados en sus presentaciones, las irregularidades descriptas precedentemente motivan que este Tribunal tome los recaudos necesarios al respecto a los efectos de salvaguardar, en esta instancia, la integridad del derecho de defensa y la voluntad recursiva del imputado...", puesta de manifiesto desde su lugar de detención (v. cons. 10° y 11°).
Ahora bien, más allá de que en el caso concreto Sarmiento manifestó su voluntad impugnativa mientras se encontraba privado de su libertad, si no hubiera sido así, esa circunstancia no exime a los órganos jurisdiccionales del deber de controlar que esté garantizado el derecho a su defensa técnica efectiva. Dicha garantía rige respecto de toda persona imputada en el marco de un proceso penal donde se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, por lo cual deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa del imputado (CSJN, Fallos: 311:2502; 320:854; 321:1424; 325:157; 327:3087, 5095; 329:1794 y 342:122), independientemente de que al momento de manifestar su voluntad impugnativa se encuentre efectivamente privado de su libertad o no (conf. causa P. 131.264, sent. de 26-XII-2018, mutatis mutandi ).
Y es que no resulta lógico supeditar el cabal cumplimiento de dicha garantía constitucional a la condición de que el imputado se encuentre privado de su libertad, ya que ello restringiría de manera irrazonable el rendimiento de la garantía en cuestión, agregando un requisito -privación de la libertad- que la norma no exige (conf. arts. 18, 28, 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH y 14, PIDCP; causa P. 133.153, sent. de 20-VIII-2020).
VII.4. En función de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del recurso de casación de fs. 24/28 y de lo actuado en consecuencia y dar vista a la defensa oficial -a la mayor brevedad posible- para que c
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