Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134883
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de G. A. B., con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.883, "B., G. A. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.276 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Genoud.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el día 15 de junio de 2017 declaró penalmente responsable a G. A. B. y luego de cumplido con el art. 4 de la ley 22.278, lo condenó a la pena de trece años y cuatro meses de prisión -en el marco de un proceso de juicio abreviado- por ser coautor de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causae agravado por el empleo de arma de fuego (arts. 40, 41, 41 bis, 42, 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 párr. segundo, Cód. Penal; 56 y 58, ley 13.634 y 4, ley 22.278; v. fs. 41/74).
La defensa oficial de G. A. B. interpuso un recurso de casación que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 13 de septiembre de 2018, rechazó.
Contra esa decisión, el entonces señor defensor oficial ante el tribunal referido, doctor Mario Luis Coriolano, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/104 vta.), que fue admitido por el órgano recurrido (v. fs. 105/107).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 111/114 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 116) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial tachó la sentencia recurrida de arbitraria por inobservancia de los arts. 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el fallo "Maldonado". Se quejó de revisión aparente del juicio sobre necesidad de la pena (art. 8.2."h", CADH); violación y errónea aplicación del régimen penal juvenil (v. fs. 100 vta.).
Señaló que el fallo recurrido no alcanzó el estándar que impone el principio de especialidad en la revisión de sentencias, al no haber fundamentado debidamente la revisión de la necesidad de la pena.
Consideró que Casación se limitó a reeditar los fundamentos de su par de la instancia, contrarios al derecho penal juvenil (v. fs. 102 vta.).
Denunció una interpretación ultra restrictiva y sesgada del fallo "Maldonado", haciendo hincapié en que no se prohíbe la valoración de la gravedad del hecho para evaluar la necesidad de pena, pero sin considerar otras circunstancias como el tratamiento tutelar y cumplimiento anticipado de los fines de la pena (v. fs. 103).
Mencionó que se desatendió la regla que indica que "...la mera 'gravedad del hecho' no puede fundar por sí sola la necesidad de pena, y que la respuesta que se dé al delito debe ser proporcionada no solo a sus circunstancias y gravedad, 'sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad'" (fs. 103 vta.).
Concluyó que el fallo cuestionado no abasteció los estándares mínimos de revisión de todo pronunciamiento judicial de condena en los términos de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni los específicos que impone el sistema penal juvenil, lo que habría derivado en el apartamiento de la doctrina del precedente "Maldonado" de la Corte federal (v. fs. 103 vta. y 104).
En consecuencia, peticionó que se case el pronunciamiento recurrido y se disponga el reenvío de la causa al tribunal revisor a efectos de que dicho órgano -integrado por jueces hábiles- dicte un pronunciamiento ajustado a derecho, solicitando asimismo la previa realización de una nueva audiencia de visu (v. fs. 104).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 111/114 vta.); el recurso no prospera.
III.1. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, declaró la responsabilidad penal de G. A. B. como coautor de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causae agravado por el empleo de arma de fuego, y fundamentó la necesidad de imponerle pena en los términos de los arts. 58 de la ley 13.634 y 2 de la ley 22.278 (v. fs. 24/34 vta.).
Cabe resaltar que las propias partes (el señor Fiscal, la defensa y el acusado B.) acordaron a través de un procedimiento abreviado la imposición de una pena de prisión de trece años y cuatro meses. En tal sentido, la señora magistrada de la instancia, bajo los principios rectores del fuero y con el norte en la resocialización del joven, coincidió con la imposición de una pena, "...teniendo en especial consideración los informes de las peritos psicóloga y asistente social, entiendo que la pena debe cumplirse bajo condiciones de encierro bajo el programa de jóvenes adultos" (fs. 27 y vta.).
Bajo las pautas de mensuración ponderadas a favor del justiciable (la minoridad del joven y la falta de antecedentes penales), y tras descartar una de las severizantes computadas por la Fiscalía (la nocturnidad), impuso el mínimo de la escala legal fijada en la ley sustantiva, en aplicación del art. 4 de la ley 22.278.
Destacó que la pena a imponer debe respetar los principios de proporcionalidad y culpabilidad del sujeto activo, siendo que no puede revestir igual entidad que la que debe ponderarse en una persona adulta.
Finalmente señaló que la pena escogida guardaba relación con los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige como pauta de valoración a los efectos de decidir la imposición o no de sanción penal al procesado y su quantum legal la consideración como factor rector del interés superior del niño (arts. 58 inc. 3, ley 13.634/07 y 3, CDN; v. especialmente fs. 25/28).
III.2. En el recurso de casación la defensa denunció errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto a la determinación del quantum punitivo y señaló que los jueces antes de imponer la sanción deben explicar acerca de la necesidad de su imposición.
Indicó que debió ponderarse como atenuante la mayor vulnerabilidad del joven y concluyó que se condenó a B. sin fundarse la necesidad de dicha sanción penal.
Solicitó que se revoque lo decidido y se lo absuelva. Subsidiariamente requirió se le imponga una pena conforme la reducción prevista en el art. 4 de la ley 22.278 (v. fs. 24/33 vta.).
III.3. Abocado a tratar las cuestiones presentadas, el Tribunal revisor, en primer término, efectuó diversas consideraciones en torno a la tarea de individualizar la pena en aquellos supuestos en que se ha considerado necesaria la imposición de una medida privativa de libertad respecto de quien, al momento de cometerse el hecho, era un menor de edad. Destacó que los criterios generales de orientación en el precedente "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 328:4343), facilitan la tarea de individualizar la pena, conforme al cual demarca que deben respetarse ciertos principios que diferencian el sistema penal de adultos del de responsabilidad penal juvenil.
Indicó que debía atenderse a los estándares para la aplicación de sanción, por el período más breve posible, previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad; así como que debía atenderse a lo receptado por el art. 4 de la ley 22.278 en cuanto prevé la posibilidad de reducción de la pena en la forma prevista para la tentativa (v. fs. 70 y vta.).
Dicho esto, efectuó un análisis integral de las circunstancias del caso concluyendo en que la sentencia recurrida no se hallaba desprovista de apoyo legal, no se habían vulnerado las previsiones del art. 106 del Código Procesal Penal, ni era el resultado de la mera voluntad del juzgador.
Destacó que la pena impuesta coincidía con la que las partes habían acordado al presentar la solicitud de juicio abreviado, y que el señor juez de la especialidad receptó favorablemente la propuesta de aplicar la reducción de la escala en los términos de la tentativa, conforme lo normado por el art. 4 de la ley 22.278, estableciendo la pena en el mínimo legal posible, conforme dicha escala (v. fs. 71 vta.).
Resaltó que el juzgador mensuró la pena dentro del especial marco de atribuciones establecidas en el art. 4 de la ley 22.278, "...resultando tales consideraciones satisfactorias de las exigencias allí establecidas" (fs. 71 vta. cit. y 72).
Mencionó que al dosificar la sanción se valoró la minoridad del joven al momento de cometer el injusto con cita del art. 40 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de culpabilidad en tanto se trató de un sujeto en etapa de formación y por tanto su inmadurez e inexperiencia lo colocaron en una situación de vulnerabilidad (v. fs. 72 cit.).
Advirtió que al dosificar la pena se atendió especialmente a su minoridad, considerando a la sanción ajustada a los principios constitucionales que guían la justicia penal minoril "...en tanto el principio de proporcionalidad y de culpabilidad por el hecho resultaron factores decisivos para su elección, herramientas que habilitan restringir la punición y merecimiento de pena que correspondería de acuerdo a la gravedad del delito y a las necesidades de prevención " (fs. 72 y vta.).
Explicó que ello se tradujo en la aplicación de una sanción reducida conforme el principio de benignidad y de culpabilidad disminuida, garantizando la diversidad de medidas en materia de derecho penal juvenil de conformidad con lo establecido por la regla 6.1 de las Reglas de Beijing (v. fs. 72 vta. cit.).
Adunó que la pena funciona también a nivel simbólico, en el sentido de que " ...resultaría contradictorio con los valores de nuestra sociedad que una persona que comete un hecho con terribles consecuencias, como la muerte de una persona para procurar la impunidad en un robo, no reciba ningún tipo de castigo o, más sencillamente, no responda por aquel acto, es decir, quede impune" (fs. 72 vta. cit. y 73).
Coligió que el pronunciamiento en crisis contó con apoyo legal y no era el resultado de la mera voluntad del juzgador, sino que, antes bien, había encontrado una correcta motivación, receptando las pretensiones puestas de manifiesto por las partes en el acuerdo de juicio abreviado suscripto voluntariamente y ajustado a los parámetros del art. 4 de la ley 22.278 (v. fs. 73).
IV.1. De todo lo expuesto se advierte que la sentencia recurrida cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
El órgano revisor abordó los agravios de la defensa llevados en el recurso de casación y los descartó, confirmando el fallo de origen en cuanto consideró necesario aplicar una sanción punitiva de encarcelamiento, y que el monto de pena aplicado además de haber sido respetuoso de lo acordado por las partes en el marco del acuerdo de juicio abreviado, se estableció en el mínimo posible de la escala de la tentativa (art. 4, ley 22.278), a la vez que se lo consideró proporcionalmente racional al grado de injusto endilgado y ajustado a los principios y fundamentos del régimen especial aplicable al caso.
Las consideraciones que trae la defensa de B. no alcanzan para controvertir los fundamentos brindados por Casación, en tanto se limitan a exponer una opinión discrepante con lo decidido, sin lograr evidenciar la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la pretoriana doctrina de la arbitrariedad (CSJN Fallos: 310:234), y ello conduce, sin más, a la insuficiencia del planteo (art. 495, CPP).
En efecto, fue la propia defensa la que al recurrir ante Casación destacó de las Reglas de Beijing, el principio rector del art. 71 inc. "b", que establece "...sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada... " (fs. 28 vta.).
Con respecto a esto último, el órgano intermedio recordó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Maldonado", toma en cuenta la "gravedad del hecho" como uno de los parámetros a medir, aunque no el único.
Yendo a los hechos concretos, quedó probado que B. tomó parte junto a otros en un accionar efectivamente grave y violento a través del cual intentaron despojar al joven Martín Dutra de sus pertenencias y, al no poder sacarle nada, le dieron una feroz golpiza (con las armas que portaban, golpes de puños y patadas) y luego le efectuaron un disparo que le ocasionó la muerte.
El elevado nivel de injusto quedó acreditado en la sentencia de primera instancia (y ratificado por Casación) con los elementos probatorios ponderados, por caso a través del testimonio de la testigo presencial Vanina Soledad Mansilla quien relató que pese a los pedidos de la víctima para que se detuvieran, los agresores continuaron con los golpes, afirmando que uno de ellos le pateó la cabeza "...como si pateara un penal" (sent. de primera instancia, en particular el protocolo de autopsia que da cuenta de los golpes recibidos, y la declaración de la testigo principal, Vanina Soledad Mansilla, fs. 13 vta. y 14).
Sin embargo, esta característica de los hechos por los cuales se impusiera pena a B. es abiertamente soslayada por la defensa, que insiste aquí -dogmáticamente- en que la necesidad de la pena no se encuentra motivada (art. 495, CPP).
IV.2. Por otro lado, tampoco prosperan los argumentos de la parte con sustento en el precedente "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343). En ese pronunciamiento el Alto Tribunal federal revocó una sentencia que había decidido no aplicar la reducción punitiva que de modo facultativo prevé el art. 4 de la ley 22.278; lo hizo por cuanto a su entender la Cámara no había dado fundamentos suficientes para ello, pero no declaró que la norma citada sea inconstitucional, ni interpretó que la facultad referida pase a ser obligatoria en todos los casos (v. cons. 41°).
Diferente es el supuesto que se da en el caso de autos, si se tiene en cuenta la pena para el delito por el que fue encontrado responsable (prisión perpetua, arts. 45 y 80 inc. 7, Cód. Penal), con la reducción contemplada en el art. 4 de la ley 22.278 (de diez a quince años de prisión, art. 44, Cód. Penal), se advierte que la pena de trece años y cuatro meses de prisión impuesta resulta proporcionalmente racional al grado de injusto endilgado y ajustada a los principios y fundamentos del régimen especial aplicable al caso -ley 22.278-, sin advertirse la transgresión a los criterios de la lógica y la experiencia, de manera que en modo alguno se podría afirmar que en autos se desconoció la legislación especial -cuya aplicación reclama la defensa- en base a su personal interpretación.
En definitiva, las respuestas dadas por el tribunal revisor demuestran el abordaje llevado a cabo sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna de los agravios sometidos a su escrutinio, no logrando justificar el recurrente que en el caso no se encuentre abastecida la garantía prevista en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni que lo decidido sobre el punto carezca de la fundamentación suficiente o haya vulnerado garantía o principio constitucional alguno tal y como refirió en el recurso (v. fs. 87 vta.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de G. A. B., con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2021 12:11:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2021 12:23:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 07:53:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 19:41:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 19:43:54 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2021 13:05:48 hs. bajo el número RS-131-2021 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia