Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 122967
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara la extinción de la acción penal por prescripción por vulneración del plazo razonable del proceso penal y, en consecuencia, se dispone el sobreseimiento de L. F. V. (arts. 15 último párr., Const. prov.; 18, Const. nac.; 8.1., CADH; 14.3.c., PIDCP; XXV, DADDH; 323 inc. 1 y 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 122.967, "V., L. F. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 25.070 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al pronunciamiento dictado el 19 de agosto de 2021, en el entendimiento de que resulta aplicable, en lo pertinente, lo resuelto en el expediente "Espíndola, Juan Gabriel" (Fallos: 342:584), a cuyos fundamentos y conclusiones se remitió en razón de brevedad, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, revocó la sentencia apelada y ordenó el dictado de un nuevo fallo, por quien corresponda, con arreglo a lo resuelto (v. fs. 208 vta. y 209).
Vueltos los obrados a este Tribunal, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Máximo Tribunal federal ordenó el dictado de un nuevo fallo luego de juzgar aplicable al caso, en lo pertinente, lo decidido in re "Espíndola" (Fallos: 342: 584).
II. Los hechos adjudicados al menor F. L. V. acaecieron el 2 de junio de 2010 (cuatro hechos) y la condena del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil fue impuesta por su intervención como coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por su comisión con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada por ningún modo, reiterado -cuatro hechos- los que concurren materialmente entre sí (v. fs. 8/19 vta.).
III. De la compulsa de la causa se infiere que la sentencia mencionada fue dictada el 17 de septiembre de 2013 (v. fs. 8) y que la revisión efectuada por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, confirmatoria de la anterior, fue efectuada por el fallo de 14 de marzo de 2014 (v. fs. 32/39 vta.).
La Defensa Oficial dedujo recurso extraordinario el 3 de abril de 2014 (v. fs. 64/77).
La Suprema Corte de Justicia admitió el remedio intentado el 9 de marzo de 2016, según el sistema anterior a la ley 14.647 (v. fs. 89/91), dictaminando el Subprocurador General el 15 de abril de 2016 (v. fs. 93/98), dictándose la providencia de autos para sentencia el 22 de abril de 2016 (v. fs. 99).
El 28 de junio de 2017 el Tribunal pronunció sentencia y rechazó la vía de inaplicabilidad de ley articulada por la defensa del menor V. (v. fs. 104/115).
La defensa oficial interpuso recurso extraordinario federal el 17 de agosto de 2017 (v. fs. 121/137), confiriéndose traslado a la Procuración General -previo recibir la notificación del imputado- el 29 de septiembre de 2017 (v. fs. 147). El dictamen fue efectuado el 26 de octubre de 2017 (v. fs. 165/167).
Por último, esta Corte dictó resolución denegando dicho remedio el 28 de marzo de 2018 (v. fs. 169/172); más allá del tempestivo anoticiamiento a la defensa (13 de abril de 2018), la causa tuvo una importante demora para la notificación por parte del órgano de mérito de ese decisorio al causante, la que recién se materializó el 2 de marzo de 2020 (v. fs. 195 y vta.), a pesar de los sucesivos reclamos para su cumplimiento (v. fs. 174, 179, 183, 185 y 187).
IV. Dejando a salvo que el aspecto temporal dista sustancialmente del antecedente aplicado para resolver, cabe señalar que la causa no posee complejidad, no se observan maniobras dilatorias de las partes y la mayor demora en su resolución se vislumbra en el ejercicio de la etapa recursiva, una vez satisfecha la doble conformidad judicial, esto es desde la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial que fuera desestimado por esta Corte.
Más allá que desde el arribo del expediente y dado los trámites previos que era menester realizar en el sistema anterior a la reforma de la ley 14.647 (B.O. 5-XII-2014), no aparecen como irrazonables los plazos cumplidos de acuerdo a la reseña efectuada en el numeral III (este se amplía considerablemente con los casi dos años que se demoró en notificar al menor V.), deberá resolverse que en autos se ha violado el plazo razonable de duración del proceso y finiquitar la potestad persecutoria estatal en función de lo ya decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver el voto conjunto del que participé in re "Espíndola", P. 119.455, resol. de 29-V-2019).
V. En consecuencia, debe declararse la extinción de la acción por prescripción en la presente causa respecto de L. F. V., en la medida en que ella constituye la vía jurídica idónea para determinar el cese de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo, en resguardo del derecho constitucional a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (arts. 15, último párr., Const. prov.; 18, Const. nac.; 8.1., CADH; 14.3.c., PIDCP; XXV, DADDH -art. 496, CPP-) y disponer su sobreseimiento (art. 323 inc. 1, Cód. Procesal Penal).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara la extinción de la acción penal por prescripción por vulneración del plazo razonable del proceso penal y, en consecuencia, se dispone el sobreseimiento de L. F. V. (arts. 15 último párr., Const. prov.; 18, Const. nac.; 8.1., CADH; 14.3.c., PIDCP; XXV, DADDH; 323 inc. 1 y 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/11/2021 12:48:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 11:14:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 11:44:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2021 12:41:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 12:48:13 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/11/2021 13:28:51 hs. bajo el número RS-147-2021 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia