Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134192
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.192-RC, "Adaro, Cristian Enrique Abel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 90.005 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de julio de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, que había condenado a Cristian Enrique Abel Adaro a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado criminis causae (v. fs. 66/70 vta.).
El señor defensor de Casación adjunto -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 74/78 vta.) que, el 11 de agosto de 2020, fue concedido por la aludida instancia (v. fs. 79/81).
Oído el señor Procurador General a fs. 88/91, dictada la providencia de autos (v. fs. 94) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial denunció la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa; la revisión aparente de la sentencia de condena que frustró el derecho al doble conforme y la violación a la presunción de inocencia (arts. 1, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1.2 "h", CADH y 14.1.5, PIDCP; v. fs. 75 vta.).
Sostuvo que, habiendo acudido al Tribunal de Casación Penal para la revisión del modo en que el tribunal de origen había considerado probado el hecho, la respuesta a esos reclamos consistieron en meras afirmaciones dogmáticas, carentes de análisis profundo de la prueba de autos (v. fs. cit.).
Afirmó que el órgano recurrido se limitó a desarrollar una serie de consideraciones genéricas que no alcanzaron a responder el planteo defensista. En concreto, sostuvo que no se contestó el principal agravio relativo a la falta de acreditación de que el robo hubiese sido realizado por Adaro, ya que no se había determinado la sustracción del dinero, celular o bicicleta de la víctima. A su entender, tales pertenencias podrían haber faltado con anterioridad al hecho dado que los familiares de la víctima hacía días que no lo visitaban (v. fs. 76).
De seguido, reiteró que, lejos de responder los argumentos vinculados a la errónea calificación legal, la Sala revisora se ciñó a realizar afirmaciones dogmáticas que no respondieron los cuestionamientos de esa parte sobre la no acreditación de la sustracción por parte de su defendido, ni mucho menos de la conexión ideológica entre el presunto delito contra la propiedad y el homicidio del señor Amarillo (v. fs. cit.).
Agregó que nada permitía excluir la hipótesis consistente en que los objetos hubieran sido sustraídos con posterioridad a la agresión y que ello tampoco fue examinado explícitamente, de manera tal que la revisión -a su criterio- no guardó relación con los agravios incoados (v. fs. cit. y vta.).
Señaló que ante la arbitraria valoración de la prueba se había alzado la defensa pretendiendo una profunda revisión; sin embargo, insistió en que el tribunal de casación desplegó su labor solo en apariencia y rechazó los reclamos sin evidenciar argumentos sobre los planteos llevados, afectando así el derecho al recurso del imputado (v. fs. 76 vta.).
Por último, invocó, en apoyo de su postura, el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y concluyó que la sentencia recurrida adolecía de debida fundamentación (v. fs. cit. y 77 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General en cuanto al rechazo del recurso interpuesto.
III.1. Como veremos a continuación, la decisión del tribunal de casación cumple con la obligación de fundar los pronunciamientos y con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de queja llevados a su conocimiento.
III.2. En el recurso de casación, la defensa denunció la arbitraria valoración de la prueba por entender que no había quedado suficientemente probada la conexión ideal entre el homicidio y el delito contra la propiedad, dado que las evidencias recogidas del juicio no permitían aseverar con certeza el encuadre legal escogido (v. fs. 44).
Así, explicó que resultaba arbitrario considerar a Adaro como autor del desapoderamiento de la suma de dinero que presuntamente la víctima había escondido dentro de una heladera, de un celular y de una bicicleta que, a consideración de dos familiares de Amarillo, habían sido sustraídos el día del hecho. Para fundar su cuestionamiento, indicó que esos testigos habían reconocido en el juicio que no veían a la víctima desde hacía dos o tres días contados desde el momento en que lo encontraron gravemente herido (v. fs. 44 vta.).
Sumó a lo expuesto que Emanuel Valle -único testigo que declaró en juicio y que estuvo presente en el momento del hecho- no observó que el imputado se hubiera llevado algún objeto consigo al retirarse de la vivienda, por lo que no resultaba admisible que lo hubieran considerado autor del desapoderamiento (v. fs. 45).
De seguido, atribuyó absurdo y arbitrariedad al razonamiento dirigido a sostener que, desde el plano subjetivo, se percibía la intención subyacente del apoderamiento, pues a partir del mínimo diálogo entre el agresor y la víctima antes del acometimiento recibido por esta última no podía extraerse de manera inequívoca el factor normativo que operaría de nexo con el homicidio (v. fs. cit. y vta.).
Por todo lo expuesto, la defensa entendió que devenía arbitrario considerar que hubiera existido un desapoderamiento de algún objeto -sobre todo cuando no se podría extraer esa conclusión de ninguna evidencia- y, en consecuencia, adjudicó el mismo vicio a la aplicación de la figura penal cuestionada, en tanto -a su juicio- el hecho juzgado no reunía los requisitos típicos del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 47).
En subsidio, solicitó la aplicación de las previsiones contenidas en el art. 165 del Código de fondo (v. fs. 47 vta.).
III.3. El Tribunal de Casación Penal, en primer lugar, reseñó la base fáctica que el sentenciante tuvo por acreditada y adelantó que la defensa no cuestionaba la autoría de su asistido en el hecho, sino la calificación legal asignada al evento (v. fs. 66 vta./68).
Aclarado lo anterior, juzgó que la significación jurídica era la de homicidio calificado por la causa en tanto el autor, ante la negativa de la entrega voluntaria del dinero por parte de Amarillo, decidió que se lo sustraería y, por ello, tomó el tronco que se encontraba junto a la salamandra y accionó contra aquel con múltiples golpes, concentrados mayormente en la cabeza, y una vez que quedó tendido en el piso, se apoderó de tres mil pesos y del teléfono celular de la víctima, dándose a la fuga del lugar, lo que reveló de manera inequívoca el dolo homicida vinculado ideológicamente con la sustracción referida (v. fs. 68 vta.).
Agregó, de acuerdo a lo sostenido por el tribunal, que "...ese plus intencional no necesariamente debe ser preordenado pudiendo surgir el designio motivante sin una previa reflexión, sino como una decisión adoptada en el desarrollo del hecho, que hace como una reacción homicida frente a la frustración del propósito del autor, en el caso la furia de Adaro se desató ante la negativa reiterada de la víctima a entregarle el dinero, por ello la golpeó en la forma relatada [...] y concretó el robo del dinero y el celular, y fueron las gravísimas lesiones inferidas en su ataque las que constituyeron la génesis del proceso que desembocó en la muerte de Amarillo" (fs. cit. y 69).
Por ello, concluyó que los motivos contra la calificación del hecho atribuido a Adaro y el cambio de encaje solicitado no podían prosperar (v. fs. 69).
IV. De la reseña efectuada, se advierte que el tribunal intermedio dio respuesta al reclamo de la defensa y, lejos de limitar su competencia, abordó la queja otorgando debido tratamiento a los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de casación, específicamente en lo relativo al mantenimiento de la calificación legal asignada al evento por el Tribunal sentenciante. La parte no ha reparado en lo resuelto por el juzgador, oponiendo -en cambio- un criterio discrepante, circunstancia que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Cabe agregar, con fundamento en todo lo antes transcripto, que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni el recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación al derecho al recurso.
Así, la afirmación de la defensa en torno a que el escrutinio llevado a cabo significó un "transito aparente" por dicha instancia (v. fs. 75 vta.), no se condice con lo sucedido en el caso, porque -como ya se dijo- el tribunal revisor abordó los planteos formulados y dio fundadas razones para descartarlos. En efecto, el planteo resulta huérfano de todo sustento argumental y, por tanto, indemostrado.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo condenatorio de Cristian Enrique Abel Adaro por el delito de homicidio agravado criminis causae, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de los motivos que permitieron mantener la calificación legal escogida.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/11/2021 12:12:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/11/2021 07:58:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 10:24:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 15:56:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:06:01 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/11/2021 16:48:14 hs. bajo el número RS-155-2021 por SP-GELEMUR BERNARD LUCIANA.
Fin de la sentencia