Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134291
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.291, "Pared, Lucas Emanuel s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 89.058 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Lucas Emanuel Pared contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la causa (v. fs. 104/114).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Nolfi- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por resolución de fs. 139/142 el Tribunal de Casación lo declaró parcialmente admisible y contra la parcela de la decisión denegada la parte presentó queja, la que fue concedida por este Tribunal (v. fs. 159/161).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 168/172) dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y atribuye arbitrariedad fáctica al fallo impugnado al tener por cierto que los hechos ocurridos justifican la significación jurídica que se les ha asignado, incluyendo la configuración del particular elemento subjetivo necesario para que opere esa agravante, sin que exista en el expediente estructura probatoria adecuada para tal fin (v. fs. 131).
Cuestiona que el tribunal revisor se limitara a afirmar la verificación de esa ultraintencionalidad "...sin señalar al mismo tiempo cuáles son los elementos probatorios en los que ancla [...] el elemento subjetivo distinto del dolo consistente en el accionar con conocimiento y voluntad" en el caso (fs. 132 vta.).
Alega que la calificación legal se sustentó a partir de una premisa incorrecta, al haber ponderado erróneamente -entre otros elementos- la declaración del principal testigo Mereles. Precisa que la defensa esgrimió oportunamente estos agravios, en alusión a que el imputado no se trenzó en lucha con la víctima Martínez, ni esgrimió arma alguna, ni atacó con la motocicleta que conducía tal como se lo reclamaba su consorte, y que en realidad lo que hubo fue un forcejeo entre este y la víctima, y un disparo en dicho contexto fáctico.
Expresa que los planteos formulados en tal sentido, quedaron huérfanos de tratamiento, en tanto el órgano revisor no indicó en la sentencia un solo elemento de prueba (indicio, testimonio, pericia, etc.) que permita aseverar que la muerte de Martínez fuera proyectada y procurada como medio para facilitar el desapoderamiento; si se tiene en cuenta que Pared no portó arma de fuego ni efectuó disparo y tampoco intimidó a las víctimas con su moto (v. fs.133/135).
Agrega que ante el escenario descripto, surge evidente la orfandad probatoria con relación a la ultraintención subjetiva requerida y destaca que el sentenciante carecía de un andamiaje probatorio adecuado para sustentar que, al amparo de las probanzas recolectadas en autos, el homicidio cometido por otro, tuvo por finalidad indefectible facilitar la consumación del robo, y optó por desprenderlo sin más de las características del suceso mismo, proceder que considera inadecuado y arbitrario (v. fs. 136 vta.).
Concluye que el tribunal revisor incurrió a partir de una arbitrariedad fáctica en una errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal al aplicar una figura calificada sin tener verificados los presupuestos fácticos que le son propios, con vulneración de la garantía del in dubio pro reo, toda vez que los requisitos relativos a la fuerza probatoria que debe presentar una hipótesis fáctica no son más que una derivación de dicha manda (v. fs. 137).
En suma, solicita se declare erróneamente aplicada la ley sustantiva al caso con relación a la imputación dirigida contra su asistido, y se subsuman los hechos en el art. 165 del Código Penal (v. fs. 137 cit.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, criterio que comparto (v. fs. 168/173).
III.1. Las circunstancias fácticas que fueron comprobadas en la causa dan cuenta que "...el día 23 de enero de 2014, en horas de la tarde, en circunstancias en que Eber Martínez y Eusebio Mereles iban circulando par calle 609 entre 117 y 118 de La Plata en el motovehículo marca Honda XR 125 cc, de color blanco y negro, propiedad del primero de los mencionado[s], se les pone a la par otro motovehículo con dos sujetos a bordo, quienes previa intimidación con un arma de fuego -que exhibía el acompañante- intentan sustraerles la moto, obligándolos a detenerse. Una vez detenidos, Eber Martínez al intentar abalanzarse sobre los sujetos, recibe un impacto de bala, comenzando a forcejear con el acompañante que portaba el arma, el cual efectúa varios disparos más, impactando tres de ellos a la altura del pecho, produciéndole lesiones que a la postre le provocan la muerte. Seguidamente Mereles, intentando defender a su compañero, comenzó a forcejear con el mismo sujeto, logrando sacarle el arma, mientras que el otro sujeto que conducía, realizaba maniobras intimidatorias consistentes en arrojarle el motovehículo a la humanidad de la víctima con el objeto de amedrentarlo -colaborando de esa manera en la sustracción de la moto-, momento en el cual su compañero se escapa de Mereles, se incorpora, trata nuevamente de sustraer la moto de Martínez, mas como no lo logra, se sube a la moto marca Honda de su compinche y ambos se dan velozmente a la fuga" (fs. 46/47 y 106 vta./107 del inc. casatorio).
III.2. Frente a similar planteo llevado en el recurso de casación, en orden a la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal -ver en particular las fs. 83 vta./86 vta.-, el tribunal intermedio se ocupó, contrariamente a lo señalado por la defensa, de explicar y fundar las razones por las cuales dio por acreditado el elemento subjetivo cuestionado.
En efecto, el magistrado Borinsky (a quien adhirió el doctor Violini) -en lo que interesa destacar- sostuvo que la motivación del fallo resistía el agravio de la defensa en su intento de conmover la materialidad del hecho y la participación de Pared en el mismo (v. fs. 107).
Tras una reseña de la prueba valorada por el tribunal de juicio, fue contundente al señalar que: "... Conforme surge de la cuestión primera de la sentencia, al momento de referirse a la misma, el Tribunal señaló acertadamente que, el testigo presencial Eusebio Mereles explicó que su compañero Martínez se trenzó en lucha, defendiendo la motocicleta de su propiedad, por lo que los delincuentes no dudaron en dispararle, quedando notoria la ultrafinalidad dolosa requerida por el tipo, es decir, la intención de dar muerte a Martínez para facilitar el despojo. Además, luego de los disparos, Mereles intervino para intentar detener al agresor, mientras Pared le arrojaba la motocicleta, persistiendo en la intención de concretar el robo, el que no se consumó por razones ajenas a la voluntad de los coautores. Así, el órgano de juicio calificó el hecho como homicidio agravado por la causa, al tener por acreditado el vínculo entre la voluntad homicida y el hecho sustractivo. Toda vez que el fin pretendido era la comisión del robo, las constancias probatorias reseñadas permiten inferir, sin lugar a hesitaciones, que existió una clara vinculación entre aquél y el homicidio subsiguiente, con el claro propósito de facilitarlo" (fs. 111 vta. y 112).
Asimismo, precisó que la atribución de coautoría a Pared se rige por el principio de imputación objetiva recíproca, de acuerdo con el cual lo que haga cualquiera de los coautores es imputable a los demás; cada uno responde por la totalidad del hecho, supone la aceptación por todos de lo que va a hacer cada uno de ellos, señalando que el acuerdo alcanzado podía ser anterior o coetáneo (autoría sucesiva) y expreso o tácito. Y -ya ingresando a evaluar la actuación de Pared- sostuvo que el imputado fue el que manejaba la motocicleta, y se dispuso (junto a su consorte) a intentar apoderarse ilegítimamente de la motocicleta de Martínez, ambos se dirigieron al lugar de los hechos portando un arma de fuego, y luego de efectuados los disparos Pared no cesó en su accionar -ya que procedió a tirarle la motocicleta a la víctima Mereles- intentando concluir exitosamente el robo, el que finalmente quedó tentado, por razones ajenas a su voluntad (v. fs. 112 y vta.).
IV. Como se advierte, el tribunal revisor, lejos de limitar su competencia, abordó el reclamo de la defensa contra la aplicación del referido inc. 7 del art. 80, se pronunció por su desestimación y brindó las razones que lo llevaron a mantener dicha subsunción jurídica con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en autos.
La decisión cumplió con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia.
Los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Con ser cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo, debidamente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte incursionar en temas de índole probatoria (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; P. 127.032, sent. de 17-V-2017; e.o.). En síntesis, el planteo se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Para revisar la prueba de los hechos y su valoración por la vía de la arbitrariedad, es preciso demostrar que las conclusiones que se impugnan son el producto de un error grave, grosero y manifiesto, que deriva en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa, que conducen irremediablemente a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 337:1252; 321:507; 308:248 y 306:1115, a contrario sensu).
En el remedio bajo estudio, el señor defensor solo expone una opinión personal, divergente a la del juzgador, que no plasma la concurrencia de la arbitrariedad fáctica denunciada. Tampoco evidencia que el reproche practicado contra este sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. En suma, la arbitrariedad aducida no ha logrado ser patentizada a efectos de revertir la suerte de lo decidido (art. 495, CPP y su doctr.).
De igual modo, cabe señalar que el recurrente exige que la ultrafinalidad del tipo penal debe concurrir ex ante a la ejecución del hecho, y sobre ello, tiene dicho esta Suprema Corte de Justicia que para que resulte aplicable la figura del inc. 7 del art. 80 del Código Penal "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito", es decir, que exija una especie de preordenación (conf. causas P. 116.777, sent. de 8-VIII-2014; P. 114.997, sent. de 10-XII-2014; P. 120.850, sent. de 9-IX-2015; P. 133.316, sent. de 11-XI-2020; entre muchas otras).
Lo alegado en derredor de la afectación de la garantía del in dubio pro reo (v. fs. 137) carece de un desarrollo argumental autónomo, ante su vinculación con la pretensión antes desestimada, por lo que también debe ser rechazado (doctr. art. 495, CPP) sin perjuicio de lo cual tiene dicho reiteradamente esta Corte local que la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el tribunal revisor- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (conf. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; e.o.); circunstancias que no vienen demostradas en el caso por el defensor (art. 495, CPP).
Por lo demás, si la parte estimara que el tribunal anterior ha incurrido en omisión de tratamiento de algún planteo esencial, debió reclamar por la vía prevista para ello (conf. doctr. art. 491, CPP).
En consecuencia, manteniéndose incólumes sus presupuestos, corresponde confirmar la calificación legal actuada.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2021 17:24:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2021 21:05:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2021 09:08:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:07:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:58:22 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/11/2021 09:23:45 hs. bajo el número RS-157-2021 por SP-GELEMUR BERNARD LUCIANA.
Fin de la sentencia